Tras comprobarse su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer, que era estudiante de medicina, un hombre permanecerá durante dos años en prisión preventiva mientras continúan las indagatorias hacia una sentencia.

Lo anterior es resultado de los datos de prueba obtenidos por la Fiscalía del Estado, pues fueron suficientes para que un órgano jurisdiccional resolviera hoy el auto de vinculación a proceso.

De acuerdo con las investigaciones, la joven de 22 años —originaria de Guanajuato y se encontraba en Jalisco para continuar con sus estudios superiores—, fue reportada como desaparecida, ya que no se tenía conocimiento de ella desde el 14 de septiembre.

Los indicios obtenidos suponen que solicitó un servicio de transporte a través de una plataforma digital que, al parecer, fue atendido por el presunto responsable, Eduardo Issac “N”, a bordo de una motocicleta.

Una vez que se reportó su desaparición, la representación social inició labores de búsqueda para dar con el paradero de la joven; su cuerpo, sin vida, fue localizado el 16 de septiembre en el poblado de las Agujas, en el municipio de Zapopan.

Las indagatorias de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia permitieron identificar al presunto causante y solicitar una orden de aprehensión en su contra.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado el 17 de septiembre en el municipio de Tala, a través de un operativo de seguridad.

Eduardo Issac “N”, fue llevado desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado hasta un complejo penitenciario para ponerlo a disposición de un juzgado. La defensa, tras formular su imputación, se sujetó a la duplicidad del término constitucional para fijar hoy la fecha de la audiencia de vinculación.

En la audiencia, realizada en los juzgados de Puente Grande, se resolvió la vinculación a proceso por el delito de feminicidio, por lo que Eduardo Issac “N”, permanecerá en prisión preventiva oficiosa por dos años, mientras que se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias que permitan avanzar hacia una sentencia.