Para preparar la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo cerró una etapa de coordinación con los poderes Judicial y Legislativo, universidades, notariado, barras y colegios de abogados.

A través de mesas técnicas, revisaron el marco jurídico estatal y construyeron propuestas para su armonización. El proceso comprende 97 ordenamientos locales, entre leyes y reglamentos.

Tatiana Esther Anaya Zúñiga, consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, destacó que esta transformación debe responder a las necesidades cotidianas de la población.

“Cuando una persona enfrenta un divorcio, una controversia por la guarda y custodia de sus hijos, una reclamación de alimentos, una sucesión, un conflicto contractual o un problema relacionado con su patrimonio, no está pensando en la estructura normativa del sistema. Está buscando una respuesta”, indicó la consejera.

En Jalisco, el Código de Procedimientos Civiles fue expedido en 1938, hace casi 88 años, y su última reforma legislativa publicada data de 2021.

El nuevo modelo incorpora oralidad, medios digitales, notificaciones electrónicas y simplificación procesal.

En materia familiar, deberá fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones de vulnerabilidad.

El Poder Judicial tendrá un papel central en la aplicación de las nuevas reglas y en la preparación de las capacidades humanas, tecnológicas y operativas.

“Desde el Poder Judicial estamos trabajando en la implementación de los exhortos en línea. Ya tenemos el juicio en línea y un convenio de colaboración firmado con el Poder Ejecutivo para que las comunicaciones entre instituciones sean cada vez más ágiles y transitemos del papel a la tecnología”, señaló Wuendy Alhelí García García, Magistrada presidenta de la Novena Sala Especializada en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

“También contamos con diplomados y una maestría que actualmente imparte el Supremo Tribunal. Ya comenzamos con el proceso de adecuación de las salas civiles y seguimos avanzando”, agregó.

El Código Nacional deberá aplicarse en todo el país, a más tardar el 1 de abril de 2027.

En Jalisco, el Congreso deberá emitir la declaratoria de vigencia, previa solicitud del Poder Judicial. Entre esa declaratoria y el inicio de su aplicación no debe exceder los 120 días naturales.

“El Código Nacional ya existe. Lo que nos toca es preparar a Jalisco para que funcione: revisar leyes, adecuar instituciones, preparar juzgados, capacitar personas, construir sistemas digitales, garantizar interoperabilidad y prever presupuestos”, explicó Alondra Getsemaní Fausto de León, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco.

Tatiana Anaya Zúñiga propuso calendarizar los trabajos e integrar las comisiones propuestas para formular la armonización.

En esta ruta participan José Luis Leal Campos, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, quien respaldó el proyecto desde su inicio, así como Héctor Basulto Barocio, presidente de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, quien presentó los cinco ejes temáticos para organizar los trabajos.

El encuentro se realizó en el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Con el cierre de esta etapa, las instituciones avanzaron hacia la construcción de propuestas legislativas para que la transición se traduzca en una justicia civil y familiar más cercana, clara, humana y efectiva.