Como resultado del trabajo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, la Fiscalía del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso contra 70 probables agresores de mujeres, tras desarrollar investigaciones del 16 al 31 de julio de este año.

Entre los delitos que se investigan se encuentran la violencia familiar, delitos contra la dignidad de las personas, feminicidio, abuso sexual, homicidio, lesiones, secuestro, trata de personas y ultrajes, por hechos registrados en el periodo comprendido de 2022 a 2026.

La sujeción a proceso penal de los 70 imputados se realizó en estricto cumplimiento al debido proceso y al marco jurídico, constatando la solidez de los elementos de prueba de esta representación social.

De los procesados, 56 fueron conducidos al trámite mediante citatorio judicial expedido por el Órgano Jurisdiccional, nueve mediante la ejecución de órdenes de aprehensión, cuatro fueron asegurados en flagrancia operativa y uno más procesado por reposición del procedimiento.

Las conductas ilícitas se registraron en distintas demarcaciones territoriales de la entidad, esto es, 19 asuntos en Guadalajara, 14 en Zapopan, 11 en Tlajomulco de Zúñiga, diez en San Pedro Tlaquepaque, cinco en Tonalá y tres en Puerto Vallarta, mientras que los expedientes restantes corresponden a otros municipios.

Los análisis de los expedientes muestran que la prevalencia de los probables responsables se ubica dentro del entorno cercano o afectivo de las víctimas, figurando cónyuges, concubinos, exparejas, familiares y terceros conocidos.

Tras la vinculación formal a proceso, la autoridad judicial impuso las medidas cautelares para salvaguardar la seguridad de las afectadas e impedir la interrupción del procedimiento.

A 50 personas se les fijaron medidas cautelares diversas, mientras que a siete se les dictó prisión preventiva —oficiosa o justificada— ante la alta lesividad de los delitos.

El resto de los vinculados accedió a la suspensión condicional del proceso, mecanismo alternativo sujeto a supervisión judicial y al cumplimiento de condiciones específicas para la resolución de la controversia.