La Procuraduría Social del Estado de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado y el Sistema DIF Jalisco, fortalece las acciones del programa “Justicia con Perspectiva de Género”, una estrategia interinstitucional que busca garantizar el acceso efectivo a la justicia para mujeres privadas de la libertad que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Este programa tiene como objetivo identificar de manera proactiva a mujeres que cumplen con los requisitos legales para acceder a beneficios previstos por la ley, brindándoles acompañamiento jurídico gratuito y atención integral bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

A diferencia de los esquemas tradicionales, el programa analiza la historia de vida, el contexto familiar, social y económico de cada caso, reconociendo que muchas mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones de vulnerabilidad que dificultan el acceso a una defensa adecuada o a los mecanismos legales que les permitirían obtener un beneficio jurídico.

Gracias a este esfuerzo conjunto, previamente fueron liberadas 13 mujeres y recientemente cuatro más obtuvieron su libertad, alcanzando un total de 17 beneficiarias. Además, actualmente se realiza el diagnóstico y análisis jurídico de otras 28 mujeres para determinar su posible acceso a los beneficios de este proyecto.

La Procuraduría Social destaca que estas acciones no representan únicamente la obtención de una resolución jurídica favorable, sino una oportunidad real para reconstruir proyectos de vida. Muchas de las mujeres beneficiadas son madres y jefas de familia, por lo que su reinserción social permite fortalecer los vínculos familiares, contribuir al bienestar de sus hijas e hijos y recuperar su papel dentro de sus comunidades.

Asimismo, la libertad obtenida abre la posibilidad de continuar con sus estudios, incorporarse al mercado laboral y desarrollar actividades productivas que favorezcan su autonomía económica y su desarrollo personal.

El programa “Justicia con Perspectiva de Género” reconoce que la reinserción social efectiva requiere no solo del análisis jurídico, sino también del acompañamiento institucional y humano que permita generar condiciones reales para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y construyan una nueva etapa de vida.