El Gobierno de Jalisco obtuvo una resolución definitiva a su favor para la protección ambiental e hídrica de Bosque de los Colomos, específicamente en la zona de Colomos III, consolidando la defensa de estos predios como bienes de dominio público.

La Consejería Jurídica del Estado informó que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió por unanimidad a favor del estado, en un fallo considerado histórico para la conservación del patrimonio ambiental y del agua en la entidad.

“El Bosque de los Colomos se defiende. Hoy, y legalmente, el bosque es y seguirá siendo de las y los jaliscienses. El compromiso de nuestro señor Gobernador, Pablo Lemus, y su instrucción ha sido clara: que defendamos el Bosque de los Colomos como un asunto prioritario en beneficio de las y los jaliscienses. Seguimos trabajando, al estilo Jalisco”, afirmó Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Estado de Jalisco.

La resolución deriva de acciones emprendidas desde 2017 para recuperar diversos predios en Colomos III, entre ellos un polígono de 1.21 hectáreas, terrenos adquiridos hace más de un siglo con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara.

Durante años, estos espacios fueron objeto de disputas legales luego de que particulares intentaran apropiarse de ellos para desarrollar proyectos inmobiliarios. En 2024, un juzgado de distrito había fallado a favor de los particulares; sin embargo, dicha resolución fue impugnada por el Gobierno estatal.

“Lo público es de todos y no se privatiza. La resolución fue muy clara al reconocer que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Por lo tanto, determinó que el procedimiento de recuperación es una medida cautelar y provisional justificada por el interés colectivo”, señaló la Consejera Jurídica, Tatiana Anaya.

El tribunal federal confirmó que el procedimiento aplicado por el Gobierno del Estado fue legal y constitucional, al validar que existe la obligación de actuar de forma inmediata para proteger bienes públicos frente a riesgos de deterioro o uso indebido.

Además, se determinó que el juicio de amparo promovido por particulares no era la vía adecuada para disputar la propiedad de los terrenos, reforzando así la legitimidad de las acciones emprendidas por el estado.

“No violamos el derecho de audiencia de nadie ni privamos derechos a los particulares, porque nadie tiene porqué apropiarse de lo que nos pertenece a todas y a todos”, dijo Tatiana Anaya.

El fallo también respalda el principio de que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, y que su defensa responde al interés colectivo.

“Rescatamos esta zona por la máxima utilidad pública: proteger nuestro medio ambiente y garantizar el abastecimiento de agua para toda la ciudadanía”, señaló Tatiana Anaya.