Para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos en el servicio público, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, encabezada por la Tatiana Anaya Zúñiga, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que preside Luz del Carmen Godínez González, formalizaron la firma de un convenio de colaboración interinstitucional.
El acuerdo establece bases para la formación y profesionalización del personal jurídico, la revisión conjunta de criterios normativos y la difusión de buenas prácticas legales que garanticen un ejercicio público con enfoque de derechos.
También contempla la creación de una mesa técnica permanente para el seguimiento de los compromisos asumidos por ambas instituciones.

Anaya Zúñiga subrayó la relevancia de este acuerdo como parte del compromiso del Gobierno de Jalisco para consolidar un estado respetuoso de la legalidad y los derechos fundamentales.
“Consideramos que todas las áreas, y en lo específico, las áreas jurídicas que dependen del Poder Ejecutivo, deben estar siempre capacitadas con esta visión de respetar los derechos humanos de las y los ciudadanos. Respetar los derechos humanos de quienes trabajamos y formamos parte”, dijo la consejera Jurídica.
La presidenta de la CEDHJ destacó que la capacitación y la sensibilización son herramientas esenciales para abrir nuevos paradigmas dentro del servicio público, al dotar de mayores capacidades frente a una realidad jurídica y social cada vez más cambiante y desafiante.


“Cuenten con todo el compromiso de esta Comisión y con mi reconocimiento al Gobierno del Estado y al Gobernador (Pablo Lemus), quien siempre ha promovido estos canales de diálogo. Las Comisiones de Derechos Humanos debemos evolucionar con el tiempo; ya tenemos más de 70 años desde que se crearon, y no podemos quedarnos inertes ante los cambios tan dinámicos de la sociedad”, expresó Godínez González.
La firma de este convenio refleja la voluntad conjunta de ambas instituciones por fortalecer la confianza ciudadana y consolidar una administración pública guiada por la ética, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.





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