El grupo de universidades que integraron el Comité de Evaluación para la elección de las consejeras y consejeros de la Judicatura del Estado, expresaron mediante un desplegado su inconformidad con la decisión de los legisladores de desconocer el proceso de evaluación desarrollado por sus representantes.
“Las universidades realizamos una batería de preguntas considerando los conocimientos que son necesarios e indispensables para la función que se realiza en el Consejo de la Judicatura”, se lee en el desplegado.
Esto, después de que varios aspirantes pidieron anular la prueba, argumentando que el examen contenía anomalías y errores que auspiciaron la reprobación de la mayoría de los aplicantes. La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso, encargada de llevar a cabo el proceso de elección de los consejeros, permitió que aprobaran todos los aspirantes a pesar de que la mayoría no pasó el examen.
“Es fundamental señalar que en todo momento el Comité Evaluador aseguró igualdad de condiciones para todas y todos los aspirantes, que el resultado final de la evaluación es complemente confiable y sí se permite medir el nivel de conocimiento en la materia, por lo tanto, el instrumento y el proceso sí otorgan información para seleccionar a los más capacitados”, refutaron las universidades, quienes elaboraron, aplicaron y calificaron el examen teórico-práctico.
Lamentaron que los diputados del Congreso desecharan los resultados del proceso de evaluación, y señalaron que tampoco tomaron en consideración las evaluaciones de perfiles realizadas el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por último, consideraron que el resultado final es estrictamente responsabilidad de los diputados, pues fueron ellos quienes decidieron no utilizar la evaluación aplicada como un filtro de perfiles.
“Como las instituciones más importantes del Estado de Jalisco lamentamos que se ponga en duda la honestidad, honorabilidad y ética de nuestros representantes. El trabajo realizado estuvo siempre apegado a la legalidad y en congruencia con la invitación formulada por el Congreso y el encargo encomendado”.
El documento lo firmaron la Universidad de Guadalajara (UDG), la Universidad Panamericana (UP), la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) y el Tecnológico de Monterrey.
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