EL COLEGIO DE ABOGADOS INTERPONE UNA DENUNCIA EN CONTRA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO FEDERAL
El Colegio de Abogados de Jalisco presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la REPÚBLICA (PGR) en contra del delegado federal, Carlos Lomelí Bolaños.
Acusaron que Lomelí usa los programas sociales para promocionar su persona.
Además, la denuncia también es en contra de la funcionaria María de Jesús Padilla Romo y en contra del regidor de Teocaltiche, José Luis Cárdenas Amador.
“Nos parece que los nuevos funcionarios del Gobierno federal en Jalisco, como Carlos Lomeli, están actuando de manera indebida, ya que están aprovechando los programas sociales, que se pagan con los impuestos de los ciudadanos, para promocionarse como si se tratara de una campaña política. Es un pésimo síntoma que el nuevo gobierno permita que sus funcionarios actúen de esta manera. Estos funcionarios deben de ser sancionados”, se puede leer en el comunicado firmado por la asociación.
Según se refiere en el mismo comunicado, tanto Lomelí como Padilla Romo habrían citado a lecheros y ganaderos de los Altos de Jalisco a una reunión, pero la propaganda que usaron fueron los nombres de los funcionarios y no los logos oficiales del Gobierno federal.
“De la misma manera, en esta convocatoria no fue identificado el escudo nacional, ni se incluyó la leyenda ‘Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social’. Lo anterior, es una obligación legal que los funcionarios públicos deben de cumplir”, explicó el Colegio de Abogados.
Los abogados acusaron a Luis Cárdenas, regidor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Teocaltiche, de haber publicado un evento con la imagen de Carlos Lomelí sin incluir logos de ninguna institución gubernamental, con la intención de asociar programas sociales con la imagen del delegado, según el comunicado.
“Al parecer no se distingue la diferencia entre propaganda de campaña y comunicación institucional”, sostiene la asociación jurídica.
Los abogados reconocieron que puede haber un desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios, pero insisten en que ello no les exime de cumplirla.
Aseguraron que darán seguimiento a su denuncia.
«Queremos vivir en un verdadero estado de derecho, en el cual los servidores públicos obedezcan la ley, no que se la pasen por alto motivados por sus intereses político-electorales», recalcaron.