Para la mayor parte de los hombres que participan en la política, la equidad y la paridad en el acceso a los espacios por razones de género no es un derecho, sino una concesión. Desde ahí parten para tomar las decisiones, para regatear siempre que pueden y, cuando ya no les es posible, buscar por dónde dar la vuelta a la ley.

Por eso, la resolución que este fin de semana emitió el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, revocando de manera parcial el acuerdo que había tomado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sobre los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género en las candidaturas a munícipes, es muy importante desde diferentes ángulos.

El primero de ellos, el que tiene que ver con la conquista de derechos y que éstos no puedan revertirse, sin importar quién lo ordene. El Instituto Electoral es un árbitro que, como otros organismos de membrete autónomo, dependen económicamente del Poder Ejecutivo, por lo que sus decisiones algunas veces tienen una revisión previa; la resolución que había emitido parecía tener esa característica.

Por ello, es muy importante que el Tribunal Electoral no permitiera que se violara la progresividad de un derecho de participación ciudadana, como es el acceso a las candidaturas.

La resolución también es importante porque lleva a los actores políticos a dejar de caminar por un lado en el discurso y por otro en los hechos. En corto, he escuchado a muchísimos políticos hablar de las dificultades para tener buenos perfiles de mujeres en las candidaturas, que éstas quieran participar o que sus esposos o parejas les permitan hacerlo, muchas veces con el argumento de la inseguridad. Pero las dificultades para alcanzar buenos perfiles también aplican a las candidaturas que se destinan a los hombres y, tal vez, en mayor grado.

Finalmente, permitió a muchas mujeres dedicadas a la vida partidista darse cuenta que sus compañeros no son tan feministas como ellas pensaban y que siguen creyendo que los lugares que tienen los obtuvieron porque la ley los obliga y no porque tengan las condiciones y capacidad para ocuparlos. Fue, de alguna manera, un “amiga, date cuenta”.

Hace algunas semanas autoridades municipales de Cañadas de Obregón visitaron el poblado de Talicoyunque. La intención era encontrar una salida a las necesidades de servicios y de certeza sobre la tierra de sus habitantes.

Talicoyunque en es un pequeño poblado olvidado por todas las autoridades. Pero no como muchos pueblos de nuestro país. Es un poblado consecuencia de la voracidad, la corrupción y la falta de planeación de gobiernos de todos los partidos políticos.

En ese pequeño poblado de vida reciente, fueron reubicados los habitantes de los poblados que serían inundados por la construcción de la presa El Zapotillo. Son todos los que creyeron en las autoridades, los que confiaron que ahí encontrarían incluso una vida mejor que la que podían tener en Temacapulín,  Acasico y Palmarejo.

Ante el fracaso del proyecto de la presa, más por la corrupción y los abusos de quienes lo impulsaron, el poblado de Talicoyunque quedó en el limbo. Nunca fue recibido por el municipio y las autoridades federales y estatales no cumplieron las promesas que hicieron.

Este 5 de octubre murió Enrique Dau Flores, un político priista. A él se atribuye el liderazgo para impulsar algunos proyectos hidráulicos y de generación energética en Jalisco, en particular las presas de El Zapotillo y Purgatorio, con todas las consecuencias sociales que estas trajeron. Enrique Dau fue el líder de lo que algunos llamaron el cártel del agua.

Y más allá de los reconocimientos y ceremonias que seguramente habrá en honor a Enrique Dau, ojalá que esta nueva etapa que tendrá que darse en torno a los grupos políticos que impulsan estos proyectos, se abra una pausa para que se repare el daño que se ha hecho a desplazados y despojados, desde Arcediano, Huentitán, Purgatorio, Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

Esperemos que la deuda social que deja este grupo encabezado por Dau, empiece a saldarse.

Si todo sale como lo anunciaron las autoridades estatales y federales, estamos a unos días de que los ciudadanos puedan utilizar la Línea 3 de Tren Ligero. Esto sucederá más de seis años después que las obras comenzaron y alrededor de tres años después que los primeros plazos que se fijaron. En el camino, surgió un sobrecosto de más de 17 mil millones de pesos, quebraron muchos negocios, decenas de casas y edificios públicos e históricos resultaron con daños y los habitantes de la zona metropolitana aprendieron a trasladarse con los cierres y afectaciones viales que trajeron las obras.

A pesar de todo eso, en uno de los discursos del gobernador Enrique Alfaro el 2 de septiembre pasado, cuando llevó a funcionarios públicos, empresarios y a otros invitados a dar un paseo por los 21.5 kilómetros de este nuevo sistema de transporte, prácticamente hizo un llamado a darle vuelta a la página y valorar la importancia de la obra.

Según el gobernador, deberán ser las instancias correspondientes las que se encarguen de revisar si hubo irregularidades en las obras.

Hay una parte en la que podríamos concederle la razón. Si la Línea 3 funciona de manera adecuada y puede abrirse a los usuarios la próxima semana, sin duda cambiará la forma de moverse por la Zona Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, hay daños que ocasionó que deben repararse y no todos saldrán de las auditorías.

En algunos de los tramos, sobre todo en la avenida Revolución, la obra luce semiabandonada, los camellones son de tierra, no se repusieron los árboles talados y hay puntos en que hasta son utilizados para tirar la basura.

Además, las autoridades federales no han querido siquiera escuchar a las personas cuyas casas resultaron afectadas y no han sido restauradas. Esto, sin contar que al menos hay dos edificios históricos dañados por la tuneladora que no han sido reabiertos y hasta ahora no se conoce si podrán usarse nuevamente.

No. En la Línea 3 hay muchas aclaraciones pendientes sobre las anomalías, el sobre costo y, al margen de que quede lista, éstas deben aclararse, debe existir la reparación de los daños causados y se debe sancionar a los responsables.

La posibilidad de que en Jalisco exista un “sótano del poder”, desde donde se dirigen campañas de desprestigo o sucias, o se inflan de manera artificial tendencias en redes sociales, es un tema que debe preocupar a los jaliscienses, sobre todo porque se financia con recursos públicos.

De alguna manera, quienes formamos parte de la vida pública hemos aprendido a lidiar con estas campañas. Las acciones que se emprenden desde la empresa Indatcom, para desacreditar a políticos, activistas, actores sociales, periodistas o medios de comunicación, han inundado las redes sociales desde hace varios años, como en menor medida lo hicieron de otras formas y con menor intensidad los gobiernos de Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval.

La forma de enfrentarlos ha sido diversa. Algunos los bloquean o los silencian. Aquí cobra fuerza el refrán “ojos que no ven, corazón que no siente”. Pero siguen vivos y siguen haciendo daño.

Para algunos expertos en comunicación, lo que ha sucedido en los últimos años en las redes sociales y no solo con las empresas que prestan servicios a los gobiernos de Movimiento Ciudadano y al gobernador Enrique Alfaro, sino también al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido Movimiento de Regeneración Nacional, es debido a la falta de regulación.

Pero el problema es que siempre que los políticos diseñan una norma, encuentran la forma de darle la vuelta. No podemos esperar que en este caso sea distinto.

Por ello, además de la regulación, es importante quitar el velo y que los ciudadanos conozcan lo que sucede y a partir de ahí decidan. Porque el masivo acceso a las redes sociales tiene también una consecuencia terrible al disfrazar de verdad una mentira.

Además, es necesario exigir cuentas y que se transparenten los millonarios contratos. Es necesario saber lo que hacen estas empresas y cuáles son los resultados que entregan porque insisto, viven del dinero de los jaliscienses.