La Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para que el Gobierno de Jalisco no pueda gastar los 140 millones de pesos que recortó al Museo de Ciencias Ambientales. 

En tanto se resuelve el análisis a fondo, la SCJN determinó suspender la reasignación de los 140 millones de pesos que el Poder Ejecutivo pretendía destinar al Hospital Civil de Tonalá. 

En el recurso interpuesto por la universidad se incluyó a diferentes autoridades estatales como demandadas, pero solamente se aceptó al Poder Ejecutivo de Jalisco «toda vez que se trata de autoridades subordinadas». 

Villanueva y la comunidad universitaria en una de las marchas en contra del recorte.

La controversia admitida quedó bajo el número 135/2021, según los datos publicados ayer en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. 

Ahora, el Gobierno de Jalisco deberá responder la demanda y remitir «copias certificadas de todas las documentales» relacionadas con el oficio del 27 de agosto, en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 

De acuerdo al resolutivo de la Corte, la admisión se da respecto al «acto, acuerdo, resolución, determinación, decreto u orden cuyo contenido, finalidad y objeto sea bloquear, transferir a terceros, negar, impedir, condicionar o proceder a la reasignación de 140 millones de pesos, con lo cual se impide la realización del depósito o transferencia de recursos a la cuenta» de la Universidad de Guadalajara, «pese a ser una cantidad aprobada, asignada y dispuesta y destinada a una obra de construcción específica y, por ende, forman parte del patrimonio de la actora». 

Se pronuncian Gobierno de Jalisco y UdeG 

A través de un comunicado, el Gobierno del Estado informó que la continuación del Hospital Civil de Oriente sigue vigente, pues el dictamen de la Suprema Corte es «de carácter provisional». 

Además, reiteran que «en estos momentos sigue siendo una prioridad la construcción de un nuevo hospital en una zona que carece de este tipo de infraestructura, en lugar de construir un Museo». 

«Nosotros estamos atentos al tema. El asunto se admitió, no hay ninguna resolución del fondo del tema, ni se tiene que regresar nada; simplemente sigue un proceso, no ha habido todavía respuesta de parte del Estado, del Gobierno del Estado para explicar las cosas. No hay ningún riesgo en el tema, estamos tranquilos y atentos a cualquier resolución», comentó el gobernador, Enrique Alfaro. 

Tras la respuesta, el Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, lamentó la «cerrazón» del Gobierno Estatal. 

«Es lamentable seguir escuchando una cerrazón, seguir queriendo abrir un debate entre museo y hospital cuando Jalisco ha reasignado más de 8 mil millones de pesos este año», manifestó el universitario. 

Por último, hizo un llamado al Ejecutivo Estatal para resolver la disputa a través del dialogo, como lo han hecho en diferentes ocasiones. 

«Yo quisiera de todos modos seguir intentando ese dialogo. Que triunfe la razón, la legalidad, la división de poderes, y que triunfe el sentido común en el sentido de la importancia que tiene este museo y que tiene el hospital, y que no pongamos a competir dos obras que son necesarias para Jalisco, y que a Jalisco le sobra dinero para hacerlas», agregó. 

Los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Zapotlanejo, El Salto, así como el presidente del Consejo Municipal de Tlaquepaque, hicieron un llamado a las y los legisladores de la LXV Legislatura para dotar con fondos el Presupuesto de Egresos de la Federación y apoyar el equipamiento de las policías municipales. 

Esto, luego de que el año pasado se aprobara la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual dotaba de recursos a los municipios de todo el país para capacitar y equipar a los elementos de seguridad. 

«De no ser, resulta la necesidad en corto plazo, pone en serio riesgo la paz y la tranquilidad de las personas que, por mandato constitucional, estamos obligados a proteger y servir», se lee en la misiva. 

Un evento sobre seguridad en GDL.

«A un año de esta decisión tomada, todos los días nuestros policías salen a la calle con la encomienda de proteger y servir a la comunidad, sin embargo, cumplen su labor con mayores carencias y riesgos inminentes», agregan. 

En la solicitud, los alcaldes sostienen que las policías municipales son igual de necesarias que la Guardia Nacional, institución que se vio fortalecida con los recursos del programa eliminado. 

«En sus manos está la última oportunidad para no abandonar a los municipios en la tarea de garantizar la integridad y el patrimonio de las familias», añaden.

Por su parte, el Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, detalló que la intención de los municipios no es controlar la compra de insumos, sino garantizar que a los policías no les falte nada para el cumplimiento de su encomienda. 

«Para avanzar hacia la solución, es necesaria una distribución más equitativa de los recursos que le permita a cada nivel de Gobierno cumplir a cabalidad con las funciones que le mandata la Constitución», escribió en sus redes sociales. 

Los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara, de distintas expresiones políticas, estamos haciendo un llamado a la Cámara de Diputados para que se contemplen fondos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para apoyar a las policías municipales. pic.twitter.com/Rgknh1PfXN

— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 11, 2021

Establecer un tope de poco más de 106 mil pesos mensuales a las ‘pensiones doradas’ preexistentes, pero sobre todo a las futuras, en los hechos, supone afectar fundamentalmente a ex funcionarios públicos de que ganan más de 120 mil pesos al mes [consejero, magistrado, gobernador, secretario de Estado, diputado, regidor, etc.] y no precisamente al cuerpo burocrático del Estado que, en promedio, gana 15 mil pesos mensuales, y que realmente sirve a algún poder, orden de gobierno, dependencia o ente público de Jalisco, durante toda su vida laboral y asegura un derecho social con el pago de sus aportaciones. Lo anterior, porque quienes se jubilan con sueldos de un cargo electivo (un diputado, senador, secretario de Estado o magistrado, p. ej.), siguen pagando las aportaciones ‘de su bolsillo’, y no de una relación laboral vigente, con la intención de que, en algunos años, habrán de devengar una ‘pensión dorada, VIP’.

No necesariamente la reforma aprobada en el Congreso es inconstitucional, porque se restringen únicamente las pensiones por encima de los 106 mil pesos para poder sostener la viabilidad financiera del sistema pensionario, que garantiza un derecho para miles de burócratas al servicio del Estado, de acuerdo con estudios actuariales. Si no existiera esa problemática, entonces sí se justifica la acción de inconstitucionalidad de la CNDH.

No obstante, esto se resolverá a través de un juicio de ponderación y test de proporcionalidad, en la SCJN, por la evidente colisión de derechos a la pensión y jubilación VIP de unos cuantos, que erosionan todo el fondo del IPEJAL, frente al derecho a la pensión y jubilación de decenas de miles de pensionados y afiliados al Instituto —que reciben préstamo, atención médica y medicinas (aunque siempre escasean)—.

Recordemos que existen dos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo rubros “JUBILACIÓN, PENSIÓN DE. NO ES SALARIO.” y “JUBILACIÓN, PENSIÓN POR, Y SALARIO. NO SON EQUIPARABLES”; en el sentido de que es inexacto considerar que, al momento de realizar el cálculo del monto de pensión, éste necesariamente deberá sustituir de manera íntegra y equivalente el salario que venía percibiendo el trabajador antes de su retiro.

POR LO TANTO, ES INCORRECTO CONSIDERAR QUE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ÉSTE PODRÁ REDUCIRSE, MÁXIME CUANDO DE TUTELAR EL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL SE TRATE.

Finalmente, teniendo en cuenta que ningún derecho es absoluto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo Directo en Revisión 2690/2014, se pronunció respecto a los alcances del reconocimiento y protección del derecho a la seguridad social en los instrumentos internacionales sosteniendo entre otras cosas que “…la protección del derecho a la seguridad social implica la adopción de un sistema con diferentes planes, en cuyo diseño los Estados gozan de un margen de configuración, para lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente, mediante planes que deben ser sostenibles, a fin de asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer este derecho.”

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró contar con un gran respaldo ciudadano al pronunciar ante legisladores su Tercer Informe de Gobierno. 

«Acudo con orgullo y con el respaldo ciudadano aún en la adversidad para rendir este Tercer Informe (…) Jalisco tiene rumbo, hemos defendido la soberanía y autonomía del estado. Hemos actuado con honestidad. No hemos parado un solo día de trabajar. Hemos hablado con la verdad y de frente», manifestó el mandatario desde Palacio Legislativo. 

Entre las acciones realizadas, destacó el papel de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la estrategia para enfrentar la pandemia de Covid-19 y el regreso seguro en las aulas, el cual alcanza ya un 85 por ciento de presencialidad. 

Igualmente, indicó que los niveles de deuda son adecuados y manejables, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República coloca a Jalisco en el lugar 14 con menor endeudamiento. 

En el tercer informe en el Congreso.

«Claro que se perdieron empleos en la pandemia, pero con las medidas y estrategias, la tasa de desocupación de empleo está por debajo de la media nacional», expuso. 

De acuerdo al gobernador, la economía de la entidad también creció pues la actividad económica durante el primer trimestre de 2021 aumentó en un 2.2 por ciento. 

Como lo hizo a inicios de semana, el mandatario resaltó en tema de seguridad que Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en incidencia delictiva. 

Presumió baja en todos los delitos, como el robo de vehículos en un 52.19%, el robo a negocio en 53.07%, a personas en 45.57% y a casa habitación en 52.60%. 

También las desapariciones en el estado se redujeron respecto al año 2020 y hubo un aumento a las localizaciones de personas desaparecidas, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentados por Alfaro Ramírez. 

«Jalisco es hoy un estado más seguro que hace tres años. Lo digo de frente y con claridad, aunque a nuestros adversarios les genere dolor de estómago y se retuerzan del coraje. Me parece lo más mezquino regatearle el esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad, porque ha sido un esfuerzo compartido», señaló. 

La certificación de policías pasó en los últimos tres años del 11 al 78 por ciento y el estado de fuerza incrementó un 7 por ciento su personal respecto al 2018. 

Al tocar el tema del Sistema Público de Transporte Público, dio crédito al ex gobernador Aristóteles Sandoval y al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conclusión de la Línea 3 del Tren Ligero; sin embargo, adelantó que con o sin el apoyo del Gobierno Federal, el próximo año arrancará la obra de la Línea 4. 

«Nosotros terminamos una obra que nos dejaron tirada, que dejaron abandonada, pero nunca le voy a regatear a mi amigo Aristóteles la idea de impulsar ese proyecto», manifestó. 

El diputado Manuel Alfaro.

Antes de su mensaje, el diputado priista, Manuel Alfaro, acusó al gobernador de colgarse logros de Aristóteles Sandoval; incluso, recriminó la impunidad del homicidio del ex funcionario. 

«También tengo que reconocerle al presidente de México que sin su apoyo la obra hubiera quedado abandonada, pero lo que se hizo después, alrededor de la obra de la Línea 3, son obras que tuvimos que financiar con recursos estatales y municipales», señaló. 

Quienes también se mostraron críticos en los temas de inseguridad, feminicidios, desapariciones y economía fueron las bancadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

También la diputada Mara Robles Villaseñor en tres ocasiones pidió la palabra la cual se le fue negada; al final del evento recriminó el rechazo al mandatario. 

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) acusó al Gobierno de Jalisco de intentar deslegitimar las recientes caminatas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) a través de infiltrados, los cuales serían presuntamente contactados por operadores políticos de Movimiento Ciudadano (MC). 

«Denunciamos ante la opinión pública que operadores políticos, al servicio del partido Movimiento Ciudadano, están llevando a cabo acciones para infiltrar las manifestaciones que realiza la Universidad de Guadalajara», se lee en un desplegado de la FEU. 

En concreto, denuncian que gente vinculada al secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí, estarían solicitando a los manifestantes «declarar que desconocían las razones de la manifestación y que los recompensarían con puntos de calificación en sus materias por participar en la marcha». 

Alumnos de la Preparatoria 3 durante la caminata del día de ayer.

Y es que durante el transcurso del día de ayer, diversos medios de comunicación recogieron testimonios de jóvenes asegurando recibir puntos extra a cambio de su asistencia a las marchas. 

«El día de ayer tuvimos algunas denuncias por parte de universitarios, de gente que ha acudido a las dos anteriores marchas, de gente que se acercó, que no era propiamente de la comunidad universitaria, jóvenes y un poquito con una actitud distinta», señaló el director del Sistema de Educación Media Superior de la UdeG, César Barba Delgadillo. 

«Nosotros inferimos por lo que nos comentaron quienes hacían esas denuncias, que podían ser infiltrados por gente de gobierno», sostuvo. 

Ante los hechos, las autoridades universitarias ya se encuentran investigando y recolectando evidencia sobre las presuntas infiltraciones.

«En lugar de escuchar las justas demandas de la comunidad universitaria, ahora intentan desprestigiar un movimiento que está poniendo el ejemplo al manifestarse de manera ordenada, pacífica y civilizada», sostiene el documento firmado por la FEU. 

Hasta el momento, la UdeG ha entregado en cuatro de sus caminatas más de 26 mil 100 firmas ciudadanas que se oponen al recorte presupuestal del Museo de Ciencias Ambientales.