Por Claudio Quezada
Bajo el mismo nubarrón de inseguridad, delincuencia y violencia, las diferentes administraciones han fracasado en la tarea de frenar los peligros que amenazan a los tapatíos.
Son diez funcionarios los que han encabezado dependencias de seguridad durante los últimos trece años. La incompetencia, polémica e inexperiencia han sido constantes cuando se trata de ocupar la silla encargada de proteger la seguridad pública.
Desde la administración de Emilio González Márquez, pasando por la de Aristóteles Sandoval Díaz y a los primeros años del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez; a continuación se presenta un repaso de las dependencias y los titulares responsables de la seguridad en el estado.
GOBIERNO DE ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ (2018 – PRESENTE)
Con la entrada de la nueva administración, a órdenes del ahora gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el área preventiva y de procuración de justicia fueron nuevamente separados, en contra de las recomendaciones de académicos y especialistas.
Así, el mandatario formó el «Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco», órgano supervisor de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco.
Al mando de ambas dependencias, el expresidente municipal de Zapopan (2001-2003), Macedonio Támez Guajardo, fue nombrado como titular del Gabinete de Seguridad por sus credenciales como director de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Guadalajara (2007-2009).
En los siete meses de trabajo al frente del Gabinete, el gobernador destacó la disminución de incidencia delictiva durante primer semestre de 2020 y la puesta en marcha del C5; además, Támez Guajardo, presumió haber avanzado en la judicialización de casos y en la depuración de corporaciones municipales y estatales.
No obstante, su periodo se vio mancillado por el hallazgo de fosas clandestinas, por las detenciones ilegales y la brutalidad policiaca durante manifestaciones, así como por las presuntas amenazas al gobernador Enrique Alfaro por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En diferentes ocasiones fue criticado por colectivos de familias de personas desaparecidas, luego de que revictimizara en más de una ocasión a quienes se encontraban en fosas clandestinas, acusándolos de haber tenido vínculos con el crimen organizado.
Después de su destitución, el gobernador informó que el funcionario se integraría a su equipo de trabajo como parte de una restructuración de la coordinación.
Por su parte, la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco fue ocupada durante diez meses por el ex director operativo de la Policía de Guadalajara y ex Comisario de la Policía Estatal, Daniel Velasco Ramírez.
El General Retirado, fracasó en disminuir los homicidios, las desapariciones y los asaltos en los 125 municipios de la entidad, pues estos llegaron a dispararse durante su periodo al mando del órgano.
Velasco Ramírez presentó su renuncia en septiembre del año pasado, cuando fueron encontradas tres bolsas con restos humanos acompañadas de una cartulina en la que se le señalaba a él y a otros funcionarios de tener vínculos con el crimen organizado.
Tras la salida de Daniel Velasco Ramírez, Juan Bosco Pacheco Medrano (Comisario General de la corporación y Comisario de la Policía Vial) ocupó de forma interina la silla de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.
Actualmente el ex policía de Guadalajara preside de forma oficial la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que en noviembre del año pasado el gobernador Enrique Alfaro ratificara su nombramiento.
Encabezando el otro órgano del Gabinete de Seguridad, Gerardo Octavio Solís Gómez funge hasta el momento como único Fiscal General del Estado durante la administración de Enrique Alfaro.
Sin embargo, desde que inició en el cargo, Solís Gómez ha sido criticado por diferentes partidos y colectivos, y en más de una ocasión han exigido su renuncia.
Contra el fiscal ha sido interpuesto un juicio político por abuso de atribuciones presuntamente indebidas para favorecer a su hermano en un proceso penal-administrativo de fraude por mil 500 millones de pesos y, recientemente, compareció ante diputados y diputadas locales por las acciones de los elementos de seguridad durante las manifestaciones realizadas por la muerte de Giovanni.
Durante su gestión como procurador de Jalisco (2000-2005) recibió más de 700 quejas del personal de la Procuraduría del Estado por la violación de derechos humanos.
A finales de 2006 fue nombrado gobernador interino y antes de dejar el cargo, intentó crear una policía secreta para combatir a la delincuencia organizada; dicha solicitud no fue aprobada por el Congreso del Estado por presión de diferentes grupos civiles.
Con la salida de Macedonio Tamez Guajardo al mando del Gabinete de Seguridad, el testigo pasó a Ricardo Sánchez Beruben, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, quien a pesar de no contar con experiencia en materia de seguridad está actualmente al mando de Juan Bosco Medrano Pacheco y de Octavio Solís Gómez.
El nuevo designado para coordinar la dirección del Gabinete de Seguridad, inició su servicio público en la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal, colaboró en la Oficina de la Presidencia y llegó adjunto al equipo de Movimiento Ciudadano (MC) de cara a la campaña del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Desde entonces, Sánchez Beruben encabezaba la Dirección de Análisis y Evaluación desde Casa Jalisco, en donde coordinaba los programas y proyectos del Gobernador.
GOBIERNO DE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ (2013 – 2018)
Fue durante la administración del priísta, cuando se aprobó la reforma que edificaría a la Fiscalía General del Estado de Jalisco: fusión entre la entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. Con ello, Luis Carlos Nájera pasó a ser el primer fiscal general de Jalisco, adjudicándole responsabilidad total en temas de seguridad.
En 2015, Nájera dejó la Fiscalía en medio de acusaciones. Tres años más tarde, Nájera Gutiérrez fue atacado por un comando del CJNJ al interior de un restaurante en el que sólo resulto con una herida en la mano).
Durante su gestión resaltan los 108 funcionarios locales asesinados y los 39 narcobloqueos en 25 municipios desde que arrancó la iniciativa «Operación Jalisco».
Tras la salida de Carlos Nájera, el Congreso local avaló el nombramiento del entonces secretario de Trabajo, Eduardo Almaguer. Durante sus dos años al mando del órgano, se registraron un promedio de tres homicidios dolosos al día y un incremento en el robo con violencia.
En 2017, Almaguer anunció que abandonaría su puesto para competir por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en busca de la gobernatura del estado.
En su remplazo, el gobernador de Jalisco nombró a Raúl Sánchez Jiménez como nuevo Fiscal General, funcionario que durante 19 años se desempeñó como agente del Ministerio Público.
Sin embargo, Sánchez Jiménez no llegó al año en el puesto, pues en 2018 fue separado de su cargo por el escándalo de los tráileres con cuerpos no identificados estacionados en la Zona Metropolitana de Guadalajara bajo el resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El entonces Fiscal responsabilizó a Marisela Gómez Cobos, encargada del despacho de la Fiscalía General de autorizar la salida de los tráileres de ciencias forenses mientras él se encontraba de vacaciones.
Para entonces, Gómez Cobos fue nombrada cabeza de la Fiscalía por un periodo de tres meses y fungió como cuarta y última persona en dirigir el órgano durante la administración de Aristóteles Sandoval.
GOBIERNO DE EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ (2007 – 2013)
Cuando el panista Emilio González Márquez llegó a la gobernatura de Jalisco en 2007, el designado de la Procuraduría de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, además de lidiar con unos de los sexenios más cruentos, se vio envuelto en una miríada de escándalos y pesquisas en su contra.
A inicios de enero de ese año, al procurador del estado se le acusó de haber participado en una fiesta en la que se abusaron de menores de edad. Años más tarde, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) deslindó de los cargos al funcionario; sin embargo, a pesar de la polémica en su contra y de la exigencia pública para destituirlo de su cargo, González Márquez lo mantuvo en el puesto durante su mandato.
Al mando de la Procuraduría se recuerda la aparición de cuerpos en camionetas abandonadas, cadáveres en carreteras, balaceras en sitios públicos e inclusive enfrentamientos con granadas.
Por su parte, al frente de la Seguridad Pública del Estado, el titular del Ejecutivo nombró al entonces jefe de la Policía de Guadalajara (2003-2006), Luis Carlos Nájera Gutiérrez como titular de la dependencia.
Criticado por organismos defensores de derechos humanos, Nájera Gutiérrez ha sido acusado de tortura ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la represión a jóvenes manifestantes durante la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea de 2004; también se ha vinculado con el acontecimiento al actual Fiscal Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez.
Luis Carlos Nájera fue el único funcionario del gobierno de Emilio González Márquez en continuar en el gabinete de Aristóteles Sandoval, quien al iniciar su mandato como gobernador lo ratificó en el puesto.