Los diputados que conformaron la LX Legislatura dejaron ir la posibilidad de retirarse como la primera que se libraba de escándalos.

DESCUIDARON EL ÁREA JURÍDICA, QUE FUE  LA VÍA POR LA QUE SE DIERON BASIFICACIONES  

Los diputados que conformaron la LX Legislatura, que terminó el último día de octubre, dejaron ir la posibilidad de retirarse como la primera que se libraba de escándalos. Aunque en menor escala a sus antecesores, de cualquier forma dispusieron de millones de pesos para reparto entre trabajadores, y descuidaron el área jurídica, que fue la vía por la que se dieron basificaciones. Esto, sin contar que muchos se fueron sin rendir cuentas del dinero que gastaron en “casas de enlace”, lo que seguramente será observado cuando se revisen las respectivas cuentas públicas.

Cuando llegaron al Congreso del Estado, los integrantes de la pasada Legislatura  se encontraron un paro laboral por falta de pago, tanto de trabajadores de base como supernumerarios, y las cuentas bancarias vacías. Eso sí, los legisladores que los antecedieron, rescindieron los contratos de los supernumerarios, que ya no tuvieron que quedarse.

Ante ese escenario, los legisladores aseguraron que ellos no cometerían los mismos errores, emprendieron acciones legales para revertir 219 bases que se concedieron de manera ilegal y contrataron colaboradores, también bajo la figura de supernumerarios, que se irían con ellos al final de la Legislatura.

Y se fueron. Sin embargo, en días recientes se conoció que eso significó un desembolso de más de 34 millones de pesos para el Congreso del Estado. En principio, los ex diputados aseguraron que los pagos correspondían a un finiquito, que es el conjunto de prestaciones que corresponden a un trabajador, por las labores que ya realizó. Es decir, las partes proporcionales de sus prestaciones.

Más tarde, cuando los medios de comunicación revisaron los pagos, se conoció que hubo algo más. Sin informarlo antes, los ex diputados decidieron entregar a quienes fueron sus colaboradores un “bono” equivalente a tres meses de salario, con el pretexto que así garantizaban que posteriormente no hubiera demandas laborales contra el Poder Legislativo por despido injustificado.

Lo lamentable es que no fue todo. Un medio de comunicación local corroboró que hubo trabajadores que apenas estuvieron cuatro semanas en el Congreso y cobraron el equivalente a cuatro meses de trabajo.

O algunos trabajadores a quienes el último mes les aumentaron el sueldo de manera considerable, para que el “bono” que les entregaron fuera de un monto más elevado. Ese fue el caso de un asesor de la ex diputada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya Hernández, quien por cierto cobró el bono más alto.

Otro tema que comenzó a salir a la luz desde hace varios meses, cuando el Congreso aprobó, con varios meses de retraso, su Presupuesto de Egresos de 2015, fue el de las basificaciones a través de sentencias laborales. ¿Cómo se realizó? Trabajadores que habían recibido una base ilegal e incluso algunos que se acreditó que eran “aviadores”, fueron despedidos; éstos acudieron al Tribunal de Arbitraje y Escalafón y con facilidad ganaron juicios que decretaron pagos por montos altos, reinstalación y la entrega de una base.

A lo largo de la Legislatura, los diputados fueron enfáticos en que ellos sí habían cuidado que esos despidos fueran con respeto a la ley. Pero luego no supervisaron a su área jurídica, que de pronto comenzó a perder todos los casos, emitiéndose alrededor de cien sentencias laborales en los últimos meses en contra del Congreso del Estado.

Aunque ninguno de los trabajadores despedidos ha querido declararlo formalmente, hay versiones que afirman hubo arreglos para dejar perder los juicios, a cambio de un porcentaje del monto que se dictara en el laudo.

Antes de irse, los diputados ya había tenido que incluir en la plantilla de personal a cuatro trabajadores que ganaron su base en un juicio: Jaime Miguel Arteaga Aguilera, Juan Ignacio Gómez Ramírez, Darío Laureano Guzmán y Óscar Magallanes de la Rosa, tres de ellos con salarios superiores a 40 mil pesos mensuales.

Junto con esos cuatro casos, había también ya once trabajadores que tuvieron que ser reinstalados, porque el Tribunal de Arbitraje y Escalafón consideró que su despido fue injustificado.

Como en cada comienzo de Legislatura, los diputados que recién llegaron en noviembre aseguran que se investigarán estos casos, y otros que llegaron posteriormente. También que habrá una revisión de los pagos irregulares de bonos. Pero sólo parece un capítulo repetido.

El otro asunto que seguramente saltará cuando comiencen a revisarse las cuentas públicas de la Legislatura LX, es decir, las de 2013 y algunos meses de 2012 y 2014, será el tema de los recursos que recibieron para “casas de enlace”, es decir, ese sobresueldo de más de 92 mil pesos que cada diputado, con excepción del priista Miguel Castro Reynoso y la perredista Celia Fausto Lizaola, recibió.

Los diputados se fueron y cuatro de ellos ni siquiera se preocuparon por entregar cuentas. Se trata de los ex coordinadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rafael González Pimienta, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Enrique Velázquez González, así como los priistas Avelina Martínez y Héctor Pizano Ramos, este último actualmente secretario del Trabajo.

Además, por ese concepto el Congreso del Estado emitió cheques por alrededor de 51.5, pero las cuentas que rindieron los diputados que sí entregaron comprobantes, apenas superan los 40 millones de pesos. Es decir, habría otros diez millones de pesos sin justificar.

Cuando se hablaba de este tema, los ex diputados aseguraban que debía tomarse en cuenta que, a partir de febrero de 2014, ellos suspendieron el cobro de esta prestación. Pero eso no los exime de la rendición de cuentas del dinero que sí se gastaron.