En su tercer informe como Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí destacará el trabajo realizado por la universidad en las materias de salud, infraestructura educativa y cobertura estudiantil. 

En su mensaje programado para el próximo miércoles 6 de abril, el udegeísta resaltará que en tres años se ha logrado aumentar la matricula con 32 mil nuevos espacios y mejorar con equipo nuevo de más de 2 mil 600 aulas en lo ancho del estado. 

El tercer informe de actividades se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de abril.

«Nos bajaron el presupuesto y enfrentamos la pandemia, pero la UdeG no deja de crecer», adelantó Villanueva Lomelí a través de unos videos publicados en sus redes sociales.

El Rector recordó que desde hace tres años no se aumenta el presupuesto a las escuelas públicas y, sin embargo, la UdeG ha logrado posicionarse como la única universidad del país en admitir al cien por ciento a sus aspirantes de preparatoria. 

Además de iniciar la operación del CUTlajomulco y la Prepa 21 en Zapopan, informó que próximamente arrancarán las obras del Centro Universitario de Tlaquepaque. 

A través de los canales oficiales de la universidad, el Rector ha compartido algunos de sus logros al frente de la UdeG.

«Nuestra meta es que no pierdas tanto tiempo y dinero en trasladarte. Queremos acercar la UdeG a tu casa. Estamos transformando las escuelas para que puedas tener tu carrera más cerca, así es como construimos la universidad del futuro», manifestó. 

«Tenemos estudiantes de arquitectura que viven en Tlajomulco y pierden más de cuatro horas en el camión. Mucho gasto y mucho riesgo», agregó el Rector General. 

También, Villanueva resaltó el papel que ha jugado la Universidad de Guadalajara en el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19. 

«Tenemos una responsabilidad social que va más allá de las aulas. Agradezco la confianza de cada jalisciense que se hizo una prueba o se vacunó en nuestros modelos. Cuando Jalisco lo necesite la UdeG siempre estará ahí», aseguró. 

¿A quién le importan las reuniones de los partidos políticos? En realidad a muy pocos. Los cónclaves partidistas suelen ser encuentros de las dirigencias partidistas que poco interesan a las bases de militantes. Algo por lo demás normal, como sucede con todas las organizaciones masivas, cuyas élites directivas tienden a alejarse de sus bases constitutivas. La distancia entre las dirigencias y los agremiados tiene a ensancharse conforme el tamaño de la organización. De suerte que los encuentros que suelen celebrar los partidos políticos terminan en cónclaves donde se toman ciertas decisiones, se anuncian algunos acuerdos e inevitablemente ocurren grillas.

Hay quien argumenta que la vida interna de los partidos políticos debería ser asunto exclusivo de sus militantes. Ese argumento sería válido si las organizaciones políticas fueran privadas, como los clubes deportivos o de lectura. Pero al tratarse de entidades de interés público, y recibir financiamiento público, la vida interna de los partidos públicos debería ser tan pública como la actuación de cualquier dependencia pública en tanto sujeto obligado de transparencia y rendición de cuentas. La vida interna de los partidos políticos debería ser parte de una discusión pública más amplia y abierta, que incluya pero trascienda a los militantes, afiliados o simpatizantes. Aunque parezca un contrasentido, la vida interna de los partidos políticos debería ser más mucho más externa.

Parecería como si las millonarias prerrogativas que reciben los partidos políticos fueran una conquista laboral o un derecho inalienable, cuando en realidad se trata de un subsidio que se paga con los impuestos de todos. En ese sentido, todos los partidos políticos deberían de abrirse al escrutinio de la sociedad, no solo de su militancia. Pero como es no sucede, hay quien argumenta que los partidos políticos deberían ser financiados por su militancia, no por toda la ciudadanía.

A diferencia de una dependencia gubernamental que prestan servicios públicos, los partidos reciben subsidio sin ofrecer contraprestaciones. Sin embargo, soy un convencido de que por tratarse de entidades de interés público que compiten por el poder político deben ser preponderantemente subsidiadas a condición de mayores obligaciones de rendición de cuentas. Los partidos políticos son un mal necesario de toda democracia, pues sin ellos no puede existir la democracia.

Este fin de semana pasada tuvo lugar en Jalisco la reunión nacional de legisladores de Movimiento Ciudadano donde se anunció un plan de acción en torno a ciertos temas específicos, en su mayoría de corte social. Estas definiciones públicas permiten delinear la oferta política del partido, un ejercicio que tendrían que hacer todos los partidos frente a su electorado. Aunque pudiera parecer que estas reuniones son solo de interés para los militantes, en realidad son encuentros necesarias para el desarrollo democrático.

A PESAR DE QUE NO EXISTE UNA APERTURA REAL A LA SOCIEDAD, CUANDO MENOS SON ABIERTAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DE SUERTE QUE SU VIDA INTERNA SE VENTILA UN POCO PÚBLICAMENTE.

Más allá de trascendidos y grillas de la cúpula del partido, este tipo de reuniones deberían ser espacios de rendición de cuentas de los partidos políticos, donde se abran al escrutinio público en torno al cumplimiento de su oferta política y la evaluación de sus resultados como gobierno. Si Movimiento Ciudadano quiere honrar el nombre mismo de su instituto político tendría que diferenciarse de los partidos tradicionales de siempre por medio de reuniones como la del fin de semana que realmente sean diferentes. La visita a Jalisco del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, junto con medio centenar de legisladores locales de dos terceras partes de los estados del país ameritaba un ejercicio más abierto, participativo y sobre todo autocrítico.

El problema en la gestión del agua para la metrópoli no es un problema reciente. Por el contrario, el desabasto del vital líquido nos retrotrae a diversos sexenios en que el ‘cártel del agua’ impulsó proyectos deliberadamente fallidos e inconclusos, que derivaron en la construcción de diversos ‘elefantes blancos’. Eso sí, con jugosos negocios ‘al estilo Jalisco’. La presa El Zapotillo -iniciada en 2009- registra poco más de 30 mil millones de pesos invertidos a la fecha, no obstante, sigue inconclusa, y sin poder funcionar; el eternizado proyecto de El Purgatorio -iniciado en 2009-, apenas registra un avance del 56%, y actualmente exige poco más de nueve mil millones de pesos para poder ser culminado; la presa de Arcediano, es otro elocuente ejemplo, para el que se destinaron casi mil millones de pesos de 2001 a 2009, aunque nunca se construyó.

Casi 35 mil millones de pesos han sido dilapidados con proyectos de ‘papel de China’, megafraudes y/o ‘elefantes blancos’. Como El Zapotillo (aún sin funcionar), Arcediano, El Purgatorio, La Zurda Calderón y el programa ‘Todos con Agua’. Todos ellos han sido emblemáticos exponentes de los negocios al puro estilo Jalisco, esos en donde pierde deliberadamente la sociedad jalisciense, para que sean los vivales [corruptos (funcionarios) y corruptores (empresarios coyotes)] quienes terminen por amasar grandes fortunas en detrimento de la ciudad.

El mayor problema relacionado con la distribución del agua, tiene que ver con las fugas de agua en la red de agua potable. De acuerdo con IMCO “por cada 10 litros de agua distribuida, sólo llegan seis a sus usuarios, y los restantes cuatro se pierden en fugas”. Exactamente lo mismo sucede con el acueducto de Chapala, el principal proveedor de agua para la zona metropolitana, que pierde casi la mitad del volumen de agua extraído antes de llegar a la zona conurbada.

Y, EN EFECTO, NO ES EXACTAMENTE UN PROBLEMA DE ESCASEZ, SINO TAMBIÉN DE DESPILFARRO Y DESPERDICIO DE AGUA.

De acuerdo con el SIAPA, el consumo diario per cápita de agua en la ZMG es de 221 litros de agua. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que el consumo óptimo por persona ronda los 100 litros de agua diarios. Los habitantes de la metrópoli utilizan un 120% más de lo sugerido por la OMS.

Así que bien puede decirse que, con relación al agua, son tres los principales problemas que aquejan a los habitantes de la metrópoli: escasez del recurso hídrico; mala calidad del vital líquido; e inundaciones catastróficas en la ciudad en temporales de lluvias [pérdidas de muebles y/o enseres en cientos de viviendas]. En todos ellos, el SIAPA arroja, a la luz de todos, resultados deplorables. De forma que este organismo intermunicipal se ha distinguido no sólo por su terrible ineficiencia. Como dato se advierte que un total de 8 mil quejas ciudadanas fueron las que recibió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) durante el 2021, y fue el Siapa la entidad que acaparó mayor cantidad de reclamos, con mil 206, seguido de la Fiscalía, con mil 97.

Mientras que en 2019 fueron 126 las colonias de la ZMG que denunciaron haber recibido agua sucia (con tierra, lama y hasta con larvas); en lo que va de 2022, el número asciende ya a 140 (y las que faltarían por sumarse en lo que resta del año). Ni para recaudar es bueno el SIAPA: en diciembre pasado, se dio a conocer que cuatro de cada 10 usuarios forman parte de su ¡cartera vencida!, misma que asciende a unos cuatro mil millones de pesos.

Agua sucia, un problema desde 2019 en la ZMG.

El fundador del consorcio Vidanta, Daniel Chávez Morán, amigo y asesor de Andrés Manuel López Obrador, intentó ser el vehículo de salvación de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, al poner una de las empresas de la familia, KEI Partners, perteneciente a su hijo Iván Chávez, como fachada para hacer creer que en sus oficinas José Ramón desempeñaba el cargo de asesor legal de desarrollo y construcción de la empresa, dando pie a un nuevo presunto conflicto de intereses, dado que aún cuando en su conferencia mañanera el presidente negó cualquier “problema de interés” con este empresario, notas e investigaciones periodísticas, han puesto en entredicho la afirmación del Ejecutivo, siendo que según publicó un diario de circulación nacional en primera plana el jueves 17 de febrero, el gobierno de López Obrador le ha entregado entre 2019 y 2020 la ampliación hasta por 15 años de tres concesiones para ocupar playas de Nayarit, Jalisco y Guerrero, así como un permiso para construir un teleférico sobre el río Ameca, que conectará dos megaproyectos turísticos en Jalisco y Nayarit. 

 Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),  reveló los actos por los que sí podría presumirse un conflicto de interés en este asunto:

 “Grupo Vidanta, consorcio turístico fundado por Daniel Chávez Morán, empresario, amigo y asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió en 2020 la ampliación por 15 años de una concesión para ocupar una playa, así como un permiso para construir un teleférico sobre el río Ameca, que conectará dos megaproyectos turísticos en Jalisco y Nayarit.

La concesión y el permiso fueron otorgados el mismo año en que el hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, obtuvo la visa para trabajar en Estados Unidos por gestión e invitación de KEI Partners, empresa inmobiliaria fundada en Houston por los hijos del fundador de Vidanta, quienes también han tenido participaciones accionarias en compañías de ese consorcio turístico.

En junio del mismo año Chávez Morán fue nombrado por López Obrador como su representante en la supervisión del tramo del Tren Maya que atraviesa la Riviera Maya, en donde Vidanta también tiene un conjunto de hoteles que serán beneficiados con la obra ferroviaria.

KEI Partners fue fundada en octubre de 2018 en Houston, dos meses antes de que AMLO ocupara la presidencia.

 Concesión para usar playa hasta el año 2035

De acuerdo con la prórroga de la concesión DGZF-508/05, autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se le permite a Desarrollo Marina Vallarta SA de CV utilizar por 15 años 84 mil 447 metros cuadrados de playa, considerada zona federal, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, sede del bastión de grupo Vidanta.

La concesión original había sido otorgada en 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, y vencía en mayo de 2020. La prórroga autorizada por Rodrigo Hernández Aguilar, director de Zona Federal Marítimo Terreste, permitirá que Vidanta utilice la playa hasta el año 2035.

Según el documento de autorización, la concesión renovada es para uso de muro de contención, palapas, restaurante, albercas, áreas verdes, así como para realizar eventos y actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas en general.

En noviembre de 2012, Medio Ambiente ya había autorizado una modificación a ese título de concesión para obras como módulo de regadera, accesos a la playa, embarcadero, módulos de palapas, un campamento tortuguero, dos albercas, un restaurante, y un muro de contención, entre otras.

De acuerdo con los registros, Desarrollo Marina Vallarta SA de CV está conformado por los hoteles Sea Garden, Grand Luxxe y Celebrate Park, cuyos socios son Daniel Jesús Chávez Morán y Daniel Omar Chávez.

La Secretaría de Medio Ambiente refiere que Desarrollo Marina Vallarta SA de CV ha cumplido con el pago de derechos como concesionaria y ocupante de la zona federal marítima terrestre y pone como ejemplo que en 2018 pagó 3.8 millones de pesos por el uso de playa.

Un segundo refrendo de concesión, en la misma zona, fue otorgado a Desarrollo Marina Vallarta, empresa perteneciente al Grupo Vidanta, en la playa Boca de Tomates, en Puerto Vallarta, Jalisco.

En este caso la ampliación del plazo de concesión fue sobre una superficie de 1,816 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y 3 mil 224 metros cuadrados de terreno ganado al mar, en donde hay colocadas palapas, área de alberca y estructuras para cubrir juegos infantiles.

La concesión caducaba en noviembre de 2019, pero la Secretaría del Medio Ambiente aprobó una prórroga por siete años más en septiembre del 2019, unos meses antes del vencimiento

La Secretaría del Medio Ambiente otorgó una tercera ampliación de concesión a Vidanta en una superficie de más de mil metros cuadrados en Playa Diamante, en Acapulco.

La resolución para extender por 15 años más la concesión de playa y zona federal marítimo terrestre se aprobó el 30 de agosto de 2019, pero comenzará a contar a partir del 5 de marzo del 2020, según dice el documento consultado por MCCI.

Grupo Vidanta obtuvo por primera vez la concesión de la playa el 3 de febrero del 2005 para el uso de chapoteaderos, alberca, asoleadero y escaleras con acceso a la playa en Avenida de las Palmas sin número, en el desarrollo turístico Playa Diamante, en Acapulco. La concesión vencía en 2020, y se otorgó una ampliación un año antes de su caducidad.

Por el uso de ese espacio, que se ubica en una de las zonas turísticas más exclusivas del país, la empresa ha pagado un máximo de 131 mil 999 pesos al año entre 2014 y 2018. Así lo indica la resolución emitida por la subsecretaría de gestión para la protección ambiental de la Semarnat, en donde la compañía presentó como un requisito la copia de los recibos de pago que ha hecho a nombre del ayuntamiento de Acapulco en ese tiempo.

Finalmente, Desarrollo Inmobiliario Marina Vallarta –empresa de Grupo Vidanta- obtuvo una nueva concesión de 3 mil 888 metros cuadrados en Acapulco, de acuerdo con el resolutivo 116/2020, del 13 de marzo de 2020.

El empresario Daniel Chávez.

 Permiso exprés para teleférico

Las empresas RGL Arrendadora de Inmuebles S.A. de C.V y Desarrollo Marina Vallarta que forman parte del mega consorcio hotelero Vidanta, están a cargo de la construcción de teleférico que servirá como vía de comunicación entre dos complejos hoteleros localizados en Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco.

Las compañías presentaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el teleférico ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 6 de diciembre del 2019. Tres meses después, en marzo del 2020, el mismo director general de Riesgo Ambiental de la secretaría, Juan Manuel Torres Burgos, aprobó el proyecto.

La MIA fue aprobada a pesar de que los municipios de Puerto Vallarta, en Jalisco y Bahía de Banderas, en Nayarit, no habían enviado su opinión técnica a la Semarnat, según indica el dictamen firmado por Torres Burgos.

Este transporte, que ha sido bautizado como “SkyDream Parks Gondola” por la propia empresa, conectará al ya existente hotel Vidanta Nuevo Vallarta con VidantaWorld, un nuevo megacomplejo turístico que está en construcción, de acuerdo con la página de internet del consorcio hotelero.

El nuevo desarrollo tendrá tres parques “de ensueño” con atracciones como ruinas antiguas, selva y parque acuático, según se puede leer en el sitio de internet.

En la MIA consta que el transporte privado estará suspendido sobre un cableado de acero de un kilómetro y será sostenido por 7 torres, por donde navegarán los pasajeros a bordo de góndolas. El teleférico tendrá dos estaciones y en cada una habrá un paradero para bajar y otro para subir, además de que contará con baños, rampas, escaleras, andadores y cuartos de servicio.

Las góndolas estarán a una altura de hasta 48 metros y pasarán sobre los complejos turísticos de la empresa, por la carretera federal 200 Tepic-Puerto Vallarta así como por una parte del Río Ameca. Desde ellas, dice el documento, se podrán observar campos de golf y un lago artificial paisajístico que RGL Arrendadora ya estaba construyendo cuando solicitó la aprobación del proyecto.

El recorrido abarca tres propiedades: dos de ellas pertenecen a RGL Arrendadora de Inmuebles y una más es zona federal que le fue concesionada a la misma compañía por CONAGUA desde agosto de 1999 y abarca un terreno de más de 657 mil metros cuadrados.

 Protestas por “ecocidio”

Desde 2018 la prensa de Nayarit y Jalisco ha documentado protestas de habitantes de la zona en contra de Grupo Vidanta por la construcción del megacomplejo cerca del río Ameca. Entre las quejas que se han reportado está la presunta modificación del cauce del río, el daño de los animales y la vegetación que hay en el lugar.

En diciembre del 2018 se realizaron protestas en contra de Grupo Vidanta por parte de habitantes de la zona. “Ecocidio”, “desvío del río Ameca”, daño a los animales y a la vegetación del lugar son algunos de los reclamos de la población que fueron documentados por medios locales.

 Alonso Cortés, uno de los organizadores de esa marcha, presuntamente fue amedrentado para que desistiera de convocar a la manifestación, en donde se denunció que la empresa desvió el cauce del río Ameca, entre otras presuntas irregularidades.

En marzo del 2019 la comunidad de Jarreteras, en Bahía de Banderas, Nayarit, convocó a otra manifestación. Esta vez aseguraron que la compañía estaba dañando las casas que están pegadas a las megaobras, por la construcción de bordos que separan al pueblo del desarrollo turístico, según indicaron reportes periodísticos. 

 Más permisos en Los Cabos

En 2020, año en que José Ramón López Beltrán comenzó a trabajar para los hijos del fundador de Vidanta, ese consorcio turístico obtuvo al menos 35 permisos o concesiones federales.

Además de los permisos ya mencionados en Nuevo Vallarta, se otorgaron otros en Los Cabos.

El 21 de octubre del 2020 las empresas Desarrollo Inmobiliario Marina Vallarta y RGL Arrendadora de Inmuebles consiguieron un permiso de la Semarnat para ampliar varias partes del Mayan Palace Regency del Desarrollo Mayan Palace East Cape, en los Cabos, Baja California Sur.

Esta autorización les permitió ampliar la construcción de este hotel de lujo por dos años más y modificar varios aspectos, como ampliar el área de construcción del edificio Gran Luxxe I de 53 mil metros cuadrados a 59 mil para hacer un SPA y una terraza con alberca.

En el documento también se aprobó la modificación de otros aspectos, como ampliaciones a un almacén de obras, un cuarto eléctrico para bombeo de agua, una obra civil para tanques de combustible y un almacén temporal de residuos peligrosos.

El 3 de septiembre del 2007 ambas compañías recibieron la autorización condicionada en materia ambiental de la Semarnat para construir el Mayan Palace Regency del Desarrollo Mayan Palace East Cape, en los Cabos, Baja California Sur.

El 21 de noviembre del 2019 comenzaron el proceso administrativo ante la delegación de la Semarnat en el estado para cambiarlo y en octubre del 2020 la delegación de la Semarnat en BCS autorizó su petición. 

En su defensa, Daniel Chávez Morán aclaró que Grupo Vidanta no ha solicitado ni recibido concesión alguna de parte del gobierno actual, sino que todas las concesiones de playa y uso en sus resorts turísticos fueron obtenidas en sexenios anteriores, las cuales se han ido actualizando y renovando.

El empresario abundó que la única excepción es un título de concesión de una asignación para escurrimientos por una superficie de 11,663.74 m2 recibida el 19 de abril de 2021.

Por otro lado, Chávez Morán aseguró que Grupo Vidanta no participará en la construcción del octavo parque solar más grande del mundo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto luego de que la empresa donó 2,000 hectáreas de terreno en Puerto Peñasco Sonora.

Además agregó: “Es falso que tengamos la intención de invertir en Islas Marías. Celebramos con gusto la decisión por parte del Gobierno de México de no permitir la construcción de nuevos hoteles y mantenerlas única y exclusivamente como recinto de conservación natural, histórico y cultural para investigadores, así cómo para excursionistas mexicanos y extranjeros”. 

Ya he comentado en otras ocasiones que no se sabe a ciencia cierta quien asesora al presidente, pero seguramente es la misma persona que orienta a su hijo José Ramón. El nombre no lo sabemos, pero con seguridad debe ser su peor enemigo. 

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LA OBSESIÓN CON JUAREZ 

El año de 1972, que Echeverría instituyó como “el año de Juárez”. Era tal la presunta veneración que Echeverría declaraba por el llamado “Benemérito de las Américas”, Benito Juárez García, que no admitía bromas sobre el expresidente mexicano.

El comediante Manuel Valdez, que llevaba el nombre artístico de Manuel “Loco” Valdés, hizo una broma en su programa de televisión con el nombre del impulsor de las Leyes de Reforma.

En una de sus rutinas cómicas, preguntó: “¿Quién fue el presidente bombero? Pues Bomberito Juárez. ¿Y quién lo ayudaba? Su esposa, ‘Manguerita’ Maza de Juárez”.

Se colaron rumores de que Valdez había sido detenido, pero años después del incidente, su nieto, Iván Valdés, reveló que el comediante sólo había recibido una dura reprimenda telefónica de la Secretaría de Gobernación.  

“LA TRANSFORMACIÓN QUE HEMOS INICIADO”

El primero de septiembre de 1972 el presidente Echeverría rindió su segundo informe de gobierno y sin más explicaciones advirtió: «Si la represión arbitraria resulta del abandono de los procedimientos legales y políticos, la demagogia y la agitación estéril son consecuencia de soslayar la verdadera naturaleza de los problemas. No aceptamos que se confunda la delincuencia con la política. La violación de la ley ha de combatirse con los procedimientos previstos por nuestro sistema normativo. Los conflictos políticos deben resolverse por medio del diálogo, la negociación y los actos legítimos de autoridad. Los problemas más graves han de solucionarse por medio de las transformaciones que ya hemos iniciado».

El presidente del Congreso de la Unión en 1972, Celso Humberto Delgado, al responder el informe, se centró en un elogio de la “política de la guayabera” del mandatario:

“Esta ocasión es propicia para echar abajo una vieja práctica en el Congreso de la Unión –una vieja práctica protocolaria– y entrar de lleno a llaneza de la contestación del informe… Somos testigos de la sencillez con que se está trabajando… En chamarra, en guayabera, sin corbata, va destruyéndose el protocolo; hablando sin ambigüedades…».

 INHIBICIÓN DE INVERSIONES, ESPIRAL INFLACIONARIA 

La primera mitad del sexenio echeverrista se había ido entre movimientos sindicales que demandaban mejores salarios y mayores prestaciones; movilizaciones de campesinos que incluyeron ocupación de tierras en distintos estados de la República, guerrilla urbana y rural y actos de terrorismo en el Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero y Jalisco; luchas de colonos y toma de presidencia municipales y de palacios de gobierno como protesta por actos gubernamentales (las tomas de alcaldías llegaron a varios cientos y fueron llamadas ‘insurgencia municipal’), según la hemerografía de la época.

Además, la política populista del echeverrismo había inhibido la inversión y propiciado la animadversión del sector privado hacia el gobierno; éste había emprendido el derroche de recursos sin orden, concierto, ni planeación. La economía comenzaba a mostrar signos alarmantes.

En su tercer informe de gobierno, el primero de septiembre de 1973, ante el inicio de una inminente espiral inflacionaria y tras un agrio acuerdo con la cúpula empresarial, Luis Echeverría Alvarez anunció que un convenio comprometía al sector industrial a mantener sin variación los precios de los artículos de consumo “necesario”, que tendría vigencia del 31 de julio de 1973 al 31 de marzo de 1974. 

Explicó, ante los miembros del Congreso de la Unión: “Durante ese lapso, sólo trasladarán a precios los movimientos en los costos básicos de producción o comercialización que en conjunto excedan un 5 por ciento de los actuales. De este modo, no se incrementarán indebidamente los márgenes de utilidad y se evitará una especulación que los empresarios responsables y nacionalistas deben ser los primeros en condenar”. 

Echeverría en uno de sus informes de Gobierno.

CONTRA LOS FIFÍS SETENTEROS

“Los grupos privilegiados siempre confunden el progreso general con el suyo propio y combaten todo cambio que amenace sus beneficios particulares (…) En todo momento hemos tenido presente que un programa como el que hemos emprendido, se encontraría ante la oposición de sectores, grupos y personas con la mirada puesta en el pasado, con intereses en conflicto frente a las mayorías y con acciones e ideologías ajenas a los propósitos nacionales”, admonizaba Echeverría.

 El presidente del Congreso, Luis Dantón Rodríguez, combinó en su respuesta la fórmula fácil de secundar el discurso presidencial y tributar el elogio:  “El pueblo de México ha sentido la entereza con que se han tomado las decisiones, el valor personal, la responsabilidad política de afrontar las consecuencias, así como la suprema determinación de sostener las instituciones cuando se trata de proteger los valores esenciales de la República o de sus soberanía.

“(…) No sólo se ha rechazado el sistema que otorgue beneficios a una minoría privilegiada y los niegue a los grande sectores del pueblo, sino también se ha adoptado la decisión de enfrentarse al poder económico de las corporaciones internacionales y de los países industrializados, mediante instrumentos que exijan un trato justo y equitativo como la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados».  

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PARTE I: El sexenio de Echeverría, más presente que nunca gracias a AMLO

LECCIONES DE BIENESTAR A LA ONU

En efecto, Echeverría había presentado su famoso tratado económico en la asamblea de las Naciones Unidas y lo había promocionado en los países que había visitado, una buena parte de los cuarenta que recorrería en todo el sexenio, a pesar de que precisamente en materia económica México caminara al precipicio.

Al respecto, el historiador Daniel Cosío Villegas comentó en un artículo periodístico: “Echeverría cree que su voz será escuchada  y atendida por todos los mexicanos, desde luego, pero también por los grandes monarcas y jefes del universo”.

En 1974 apareció un libelo denominado Danny, discípulo del Tío Sam, anónimo, en el que se atribuían a Cosío Villegas, de manera absurda, vínculos con el gobierno de los Estados Unidos.

El historiador y economista pidió a Echeverría, de manera privada, que se deslindara de tal difamación. El mandatario lo invitó a comer para limar asperezas, pero nunca se aclaró el asunto, según reseña el historiador Enrique Krauze en su libro La presidencia imperial. 

Echeverría en evento de la ONU.

Se había opuesto a implantar el control de cambio frente a la fuga de divisas. Se había opuesto al proteccionismo del mercado interno, pero lo sobreprotegió. Había anunciado una cruzada anti inflacionaria pero subió los salarios de los trabajadores sin el respaldo de una economía sin presiones, por lo que se trataba de un aumento ficticio; “se fletaban costosas comitivas para regañar a media humanidad, leyéndole la cartilla de sus deberes económicos, cuando esa era precisamente  la media humanidad invitada oficialmente a prestarnos dinero”, reseña Krauze.

En su informe de 1974, Echeverría regañó otra vez a las que consideraba egoístas clases privilegiadas, como responsables de la crisis económica mayúscula que se iba configurando:

“Combatimos, en la medida de nuestras fuerzas, los efectos negativos de la inflación internacional. En esta tarea es indispensable la colaboración de todos los sectores de la población, pero sobre todo de los más beneficiados. (…) Las clases de menores ingresos sólo con su trabajo pueden cumplirla; las que tienen recursos pueden hacer mucho más, si dejan de lado los gastos suntuarios en actividades productivas. El interés por lo superfluo debe sujetarse a las necesidades colectivas más urgentes…”. 

El diputado Fedro Guillén, presidente del Congreso, respondió el informe: “Allí, por el Mezquital, deberían ir estos guardadores de dólares… Debían ir los que se quejan de la inflación pidiéndoles paciencia a los trabajadores… Cuántos datos podríamos oponer a ese murmurador de café, a ese impenitente político que arregla los mundos desde su rincón de dominó, en las aldeas, a veces en las altas academias”.

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