En abril de 2016, Pascual Beltrán del Río publicaba en “Bitácora del Director” en Excélsior que “Además de la escandalosa falta de seguridad con la que se manejan los datos personales de los ciudadanos –hoy 87 millones de nombres y direcciones podrían estar en manos de criminales o mercaderes–, la noticia de la filtración del padrón electoral también habla de las prácticas de la clase política para asignar contratos de servicios.
Al reconocer que la copia de la lista nominal que estaba en una nube de Amazon pertenecía a Movimiento Ciudadano, el líder de ese partido, Dante Delgado, afirmó que la colocación de los datos en ese sitio “se hizo por recomendación de la empresa Indatcom”.
El INE, en el actual proceso electoral en diferentes estados, entregó la lista nominal en papel y ya no en electrónico a los diferentes partidos. ¿Por qué? Porque Indatcom, junto con la Covacha y Euzen, forman parte del triángulo dorado de las contrataciones de MC a nivel nacional y en los municipios de Jalisco.
No es ningún secreto y resulta ridículo negar que estas empresas son las que llevan las campañas de MC en todo el territorio y además eso no tiene nada de malo, MC puede contratar a quién le dé la gana. Claro que si te obligan como munícipe a hacer contrataciones caras a quien al partido le dé la gana y no a quien tú quieras, pues ahí hay otro problema que parece más cobro de derecho de piso que otra cosa.
En lo personal creo que las empresas funcionan como paraestatales en casi toda la forma y ninguna de las obligaciones de rendición de cuentas.
Es decir, al igual que una paraestatal, Indatcomal es una organización en la que el Estado (de Jalisco) es el mayor accionista.
Enrique Alfaro, Pablo Lemus y Rafael Valenzuela.
En este caso el ejecutivo estatal -que encabeza Enrique Alfaro- si no cuenta con una parte muy grande del capital social, sí representa el grueso de los ingresos de la empresa en algo que parece más un acuerdo político que comercial. O sea como si la hubieran comprado con nuestro dinero pues, pero no para nuestro bien.
Al igual que una paraestatal, el triángulo dorado opera como una empresa privada, con sus estatutos legales, su patrimonio, objeto, denominación y propósitos, pero una paraestatal real opera bajo la tutela del Estado y aquí el Estado, los diputados locales y federales, los senadores y los munícipes, operan bajo la tutela de las empresas y sobre todo de sus liderazgos, cuyos nombres no diré para no enfrascarme en discusiones con Rafael Valenzuela. No se pueden entender las tonterías que sube a Twitter Verónica Delgadillo de otro modo, nadie es tan bárbaramente incompetente sin ayuda.
Es decir, para las empresas está a todo dar, operan las estrategias del poder público y el desgaste lo llevan los actores políticos; ejercen la administración, gestionan políticas públicas y recursos, colocan a sus empleados y socios en cargos de gobierno y se ahorran nómina. No están bajo el escrutinio público ni deben rendir cuentas como un funcionario porque esta supra paraestatal es un poder que se esconde bajo el amparo de las adjudicaciones directas. Es un actor político disfrazado de entidad jurídica administrada de forma autónoma, con aportes estatales, cuyas ganancias no son destinadas a proyectos de inversión pública ni regresan al Estado, como debería ser una paraestatal verdadera. Es decir toda la miel y cero problemas, bueno cero problemas a menos que dejes el padrón electoral en la lonchería o te equivoques de cuenta en una campaña y acabes embarrando al Gobierno de Zapopan en un delito electoral.
Un delito que por cierto, en teoría y gracias al cambio de las leyes en la materia ocurridos en esta administración federal, podría tener consecuencias catastróficas como destitución y cárcel para funcionarios de alto nivel. Obvio esto no va a ocurrir, pero el efecto indatcomal va a hacer que la quemazón esté dura. Porque ése es el otro problema. Ahorita las empresas que deberían ser los escudos del reino de los hombres naranjas en la larga noche de la cuarta transformación, son en realidad los generadores de la crisis, como un comal sólo sirven para calentar tortillas y no para enfriar problemas.
Por eso en minutos Pablo Lemus salió a deslindarse. Un acto que funciona en lo mediático pero no en lo legal. Si usted va a un hospital y le cortan por error un brazo, el hospital no puede lavarse las manos diciendo que corrió al cirujano por imbécil, tiene que responder legalmente. Esa le toca a Pablo Lemus y ya veremos como la torea, que seguramente lo hará.
Pero el resto del mundo naranja también está bajo el efecto indatcomal.
En Puebla por ejemplo donde se les “olvidó” registrarse como proveedores, puede calcularse a cuanto vale el tuit basados en los costos de la empresa en Zapopan, (como no se registraron, ya no pueden decir que video a gobierno vale mil pesos, a candidato vale dos pesos, no pueden maquillar las cifras) y seguramente veremos que los puros servicios del comal ajustan para reventar los topes de campaña.
Ahora ya se ve humo también en Durango, donde la empresa estrella de MC también está metiendo la mano, tal vez por eso Jorge Álvarez Máynez, secretario de hacer negocios propios con el partido Movimiento Ciudadano, se enojó tanto con Pablo Lemus y le reclamó hacer pública su cuita ante la empresa que él llama comunidad (como si la empresa a la que le contratas el cable fuera una comunidad nomás porque te entretienen sus programas).
Máynez reclama porque ahora va a salir más caro contratar a Indat Comal que nomás perder por madriza sin canción bonita de por medio (porque votos no consiguen) y eso hace que la tarjeta de presentación del grupo del triángulo dorado que eran las empresas que habían hecho a Alfaro, ahora ya no sirva porque se convirtieron en las empresas que acabaron de deshacer a Cárdenas en Puebla con factura de desgaste para Lemus.
Pobres de los empresarios, haber sido el top en las listas de Spotify con Na na ná no va a ajustar para pagar las cuentas de la comunidad que mantienen.
