El papel del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado ha quedado evidenciado ante decisiones importantes en el Congreso local y los ayuntamientos, pero también ante el silencio cuando se registran hechos que causan indignación en la sociedad.

Ese silencio, que podría parecer inexplicable, tiene una razón. Desde la dirigencia nacional, que encabeza Alejandro Moreno, se ha dado la indicación de mantener la prudencia ante el gobierno de Movimiento Ciudadano, pues mantienen la esperanza de que se sumen a la alianza nacional con este instituto político y los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

Para la dirigencia nacional, el objetivo en 2024 es derrocar al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque en el camino se dilapide lo poco que tienen en los estados.

Por ello, ante temas como las megadeudas y  los nombramientos de funcionarios del Poder Judicial y de organismos autónomos, el PRI ha decidido respaldar ciegamente las propuestas emecistas, formando parte de su bloque mayoritario. Esto ha permitido al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez no solo tener la mayoría que le dieron los resultados electorales del año pasado, sino incluso una mayoría calificada basada en esa ilusión de gran alianza.

EN LOS AYUNTAMIENTOS LA SITUACIÓN ES SIMILAR, SOBRE TODO SI TOMAMOS EN CUENTA LA DÉBIL PRESENCIA PRIISTA EN LOS RESPECTIVOS CABILDOS.

El rechazo constante de Movimiento Ciudadano a negociar en la llamada Alianza Va por México no ha sido un problema para la dirigencia nacional priista, que mantiene la indicación de no causarle molestias al gobernador de Jalisco.

Incluso en temas en los que el PRI se ha animado a opinar, como son los feminicidios o la desaparición de personas, ha sido a título personal de alguna diputada y sin hacer demasiado ruido. Por su parte, la dirigencia estatal a cargo de Laura Haro simplemente guarda silencio.

“No debemos dinamitar la posibilidad de la alianza”, fue el argumento de un integrante de la dirigencia estatal priista cuando se le cuestionó en una reunión sobre la renuncia del PRI a ser oposición en Jalisco. Esa postura tampoco cambia con las acciones legales que el gobierno emecista ha emprendido contra una docena de ex funcionarios priistas, algunos en prisión, ni por las constantes descalificaciones del gobernador Enrique Alfaro a lo que se realizó la anterior administración, la del priista Jorge Aristóteles Sandoval.

Es más, ni siquiera la falta de resultados en torno al asesinato del ex gobernador ha despertado a los priistas.

Así que si esperamos que se conviertan en oposición, debemos olvidarlo. Ellos mantendrán la ilusión de que algún día los emecistas les lancen alguna señal de cariño.

Con la visita de Marcelo Ebrard a Jalisco a mediados de junio comenzó, de alguna manera, la competencia interna del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado. Lo podemos considerar así porque en el estado el partido no se ha preocupado por hacer su propio trabajo ni tener perfiles, y seguramente las próximas candidaturas dependerán de los lazos que se tejan con quienes tomen el control del partido y de las candidaturas federales.

En los anteriores procesos electorales, las candidaturas y los proyectos locales han sido arrastrados por las votaciones federales, por ello vemos  a los morenistas más preocupados por ser vistos en la organización de las visitas que realizan los aspirantes a la presidencia que por hacer un buen trabajo.

Podemos adelantar que las definiciones en el estado dependerán de quién logre colarse con el próximo candidato presidencial, que posteriormente podrá tejer acuerdos para definir todos los espacios.

Porque el trabajo de Morena como oposición en Jalisco ha sido decepcionante. Salvo algunas excepciones en regidurías o alguna diputada que eventualmente levanta la voz, han sido más propensos a los acuerdos bajo el agua con el gobierno emecista, de espaldas a los ciudadanos y privilegiando intereses personales.

LO ANTERIOR HA SIDO POSIBLE PORQUE ES UN PARTIDO EN EL QUE EL TRABAJO QUE SE REALIZA DESDE LOS CARGOS PÚBLICOS NO CUENTA.

El buen desempeño de un regidor o un diputado, o desde una delegación no será la carta de presentación para una candidatura, como tampoco habrá consecuencias para quienes prefieren los acuerdos que les beneficien personalmente.

A lo anterior se suma que la dirigencia nacional y los enviados de la misma a Jalisco tampoco se han preocupado por el comportamiento de sus funcionarios, ni siquiera cuando un mal desempeño en una delegación puede afectar la imagen del gobierno federal.

Tampoco el tema electoral ha sido un incentivo para los morenistas, que parecen renunciar a ser competitivos en Jalisco y seguramente esperan que el próximo candidato presidencial pueda arrastrarlos nuevamente, para quedarse con algunos espacios que les permitan seguir con chamba.

El 26 de mayo pasado los diputados locales aprobaron finalmente una reforma constitucional que permitiría a Jalisco salir del pacto fiscal. El problema es que la reforma estableció generalidades para el proceso en caso de que los gobernadores en turno decidan recurrir a esta medida.

Con lo anterior parece más bien una reforma para complacer al gobernador Enrique Alfaro Ramírez en un pleito con el gobierno federal que se vio obligado a suavizar, pues al mismo tiempo extendió la mano para pedir apoyo para el financiamiento de dos proyectos importantes para el estado, la Línea 4 de Tren Ligero y la presa El Zapotillo con todos sus cambios.

Pero regresando al pacto fiscal, la primera sensación que queda con la reforma aprobada por los diputados es la inutilidad del gasto en la consulta, en asesores y en organizadores de lo que parecía apuntar a un “nos vamos”. Pero no, la consulta no alcanzó la participación necesaria, la comisión que se creó para llevar al proceso terminó sin concretar una propuesta seria y las millonarias asesorías que se pagaron son papelitos guardados en algún cajón.

Así que lo que nos queda son cambios a los artículos 15, 35 y 50 de la Constitución. En el caso del primero, para establecer que el estado puede adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ceder sus facultades para el cobro de sus impuestos; sin embargo, se agrega también que el estado contará con un Sistema Tributario Estatal que tendrá como atribuciones encargarse “de que las personas físicas y jurídicas contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias del Estado e incentivar su cumplimiento voluntario”. También se determina que de los impuesto recaudados, deberá participar a los municipios.

Hasta ahí, no tenemos nada. Suponemos que los detalles vendrán en reformas posteriores a la legislación secundaria, en particular a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para definir las nuevas facultades tributarias.

El segundo artículo modificado es sobre la posibilidad que tendrá el Congreso del Estado para autorizar al gobernador a celebrar convenios de coordinación fiscal y, por mayoría calificada, cuando el gobernador lo proponga, salir del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Para que eso suceda, se precisa, tendrá que darse una petición “de manera motivada y previa revisión” para demostrar “que ya no se cumplen las condiciones que justificaron su adhesión y que el Estado puede hacerse cargo de la conducción de la política fiscal”.

OTRA VEZ HABLAMOS DE GENERALIDADES PARA UN PROCESO DE UN TEMA SUFICIENTEMENTE SERIO.

Finalmente el artículo 50 se cambia para establecer que el gobernador en turno podrá “dentro de los tres primeros años de su encargo y por una sola ocasión” revisar la participación del estado en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Para que el gobernador en turno pueda plantear la salida del pacto fiscal, deberá “demostrar que ya no se cumplen las condiciones que justificaron la adhesión” y que puede hacerse cargo del cobro de impuestos. De nuevo, no hay reglas claras para este proceso de salida.

En cuanto al gobernador actual, tendrá seis meses para hacer esta revisión, que empezarán a contar a partir de que publique la reforma en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Eso dicen los artículos transitorios, que también nos quedan a deber las reformas a la legislación para el proceso de revisión de la posible salida del pacto fiscal, pues solo hablan de los cambios necesarios sobre las nuevas facultades en materia tributaria.

El proceso de revisión sobre la posibilidad de salir del pacto fiscal comenzó con la instalación de la mesa que se haría cargo coordinar los trabajos, en noviembre de 2020, por lo que en año y medio el gobierno de Enrique Alfaro no pudo concretar un solo cambio en la relación fiscal con la Federación. Veremos cómo lo resuelve en los seis meses que tiene o si la reforma es un simple “nos vamos pero nos quedamos”.

“Secretario de Transporte Jalisco. No a cargo de Policía Vial ni semáforos”, se puede leer en el cargo de Diego Monraz en su cuenta de Twitter. Seguramente este deslinde de tareas del funcionario tiene que ver con las quejas que por esta vía recibe de manera constante sobre estas dos funciones que mantienen en un caos de locura las calles y avenidas de la ciudad.

Efectivamente, si revisamos las atribuciones que la actual estructura de gobierno le concede a Diego Monraz, no están éstas de las que se deslinda. Lo que llama la atención es que lo mencione de manera expresa y en una red social, pues no parece políticamente correcto.

A lo anterior se suman las declaraciones que recientemente hicieron los presidentes municipales de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro; de Zapopan, Juan José Frangie y de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora, sobre el caos que se vive en la metrópoli por la ausencia de la policía vial. Los alcaldes se confrontaron incluso con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien salió en defensa del modelo actual, mientras que desde la Secretaría de Seguridad se lanzó un paliativo enviando a las calles a un grupo de estudiantes para tratar de ordenar algunos cruceros con mayores problemas.

El fondo de estos cuestionamientos es el caos vial, pero también hay un tufo de diferencias políticas al interior de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, que no habíamos visto desde que comenzaron a hacerse de espacios públicos, salvo en la postura de Pablo Lemus sobre la Villa Panamericana y respecto a la policía metropolitana.

ESAS DIFERENCIAS TIENEN QUE VER ESENCIALMENTE CON DOS ASPECTOS: LAS PRIMERAS SEÑALES DE DISPUTA CON MIRAS A LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL 2024 Y LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS AL INTERIOR DE LOS GOBIERNOS EMECISTAS.

Pero también la molestia ante las fallas que ha dejado el sistema de coordinaciones en el gobierno del estado, cuyas decisiones dependen principalmente del jefe de Gabinete, Hugo Luna Vázquez.

Para algunos secretarios y alcaldes, desde las coordinaciones se toman decisiones y se hacen planes que, cuando no salen bien, resultan en responsabilidades para los secretarios y sus subalternos y no para las y los coordinadores. Muchas de esas fallas, aseguran, están relacionadas con la toma de decisiones desde escritorios, sin conocimiento práctico del funcionamiento de las diferentes áreas y, sobre todo, sin consultar con los secretarios.

Para acentuar esas diferencias, el gobernador Enrique Alfaro no ha dudado en respaldar a su jefe de gabinete y a sus coordinadores, lo que ha aumentado la molestia al interior de los equipos, y también ha dejado las primeras grietas en ese liderazgo hegemónico del mandatario sobre los naranjas.

Más allá de los tiempos que en que Cynthia Cantero Pacheco decidió primero pedir licencia para separarse del cargo y luego renunciar a la presidencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei), lo que tendría que preocuparnos es el riesgo de que el gobierno del estado se apodere del organismo.

Y no es que el Itei haya caminado alejado de los gobernadores en turno, pero hasta ahora se habían cuidado las formas, ya que los avances en materia de transparencia habían sido una carta que los gobiernos acostumbran presumir.

Lo que incomodó a la clase política de Jalisco, cuando Cantero Pacheco decidió buscar la Contraloría de Guadalajara sin pedir la autorización del gobernador Enrique Alfaro o de los diputados, fue que no previeron los movimientos para aprovechar y garantizar que tendrían el control sobre el organismo.

Que un funcionario vaya de un cargo a otro es, en realidad, lo más normal entre la clase política. Por ello, podemos asegurar que ese no fue el problema para la ex presidente del Itei.

Los últimos dos gobiernos estatales, encabezados por el priista Jorge Aristóteles Sandoval y por el emecista Enrique Alfaro Ramírez, han buscado de manera reiterada bloquear la transparencia en el estado. Si, resulta curioso, pero incluso el gobierno del panista Emilio González Márquez fue más transparente e intentó avanzar en la materia.

En el anterior y en el actual gobierno, lo que se ha buscado es colocar en las áreas de transparencia del gobierno a personas que sean expertas, pero para encontrar la forma de negar la información o, al menos, obstaculizar el acceso a la misma, simular que se cumple con la información fundamental y llevar la férrea defensa ante peticiones, quejas y juicios de los ciudadanos.

TANTO EN EL GOBIERNO DE SANDOVAL DÍAZ COMO EN EL DE ALFARO RAMÍREZ SE HAN TOMADO MEDIDAS PARA REDUCIR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DIFICULTAR LA ENTREGA DE LA MISMA.

Los ciudadanos tienen que enfrentarse cada vez de manera más frecuente a nuevos obstáculos para tener acceso a la información. En el caso de los periodistas, por ejemplo, se condiciona el pago de altas cantidades en fotocopias, aun cuando se soliciten versiones electrónicas, la información se entrega incompleta o testada de manera que es incomprensible o se niega, por lo que es necesario casi siempre interponer recursos, lo que vuelve más engorroso el proceso.

Ante este panorama, la autonomía del Itei se vuelve indispensable. Los jaloneos que se dieron para que Natalia Mendoza, suplente de Cantero Pacheco pudiera asumir como comisionada y como presidente, fueron el primer mal presagio de la intervención del Ejecutivo. A esto se suma el desafortunado papel que han jugado los comisionados Salvador Romero y Pedro Antonio Rosas, acatando todas las órdenes que les llegan desde Casa Jalisco.

La transparencia en Jalisco ha sufrido descalabros en los últimos dos gobiernos, pero no se puede permitir que el órgano garante sea reducido, como ha sucedido con otras instituciones autónomas en el estado.