En una charla informal con periodistas, el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval contó que cuando recién llegó a la presidencia municipal de Guadalajara el ahora gobernador Enrique Alfaro, una de las primeras solicitudes que le hizo fue que le “entregara” el Siapa. Él respondió que no tenía problema, pero que sería un grave error, pues el entonces director Aristeo Mejía Durán era de los pocos hombres que sabían “dónde se cierran y abren las llaves del agua”.

Para bien y para mal, Sandoval Díaz tenía razón. Aristeo Mejía integraba un grupo de funcionarios públicos que se formaron en dependencias relacionadas con el agua, en una especie de servicio civil de carrera informal.

En ese grupo había de todo. Desde las cúpulas que integraron lo que también de manera informal se llamó el “cártel del agua”, comandado por Enrique Dau Flores, quienes dedicaron la mayor parte de su carrera a impulsar grandes proyectos hidráulicos, cuyas características fueron el millonario costo y el fracaso, hasta funcionarios de menor nivel que supieron cómo hacer negocio en cada área.

Pero también estaban los técnicos, entre quienes el líder era Mejía Durán, un hombre que sabía en estricto sentido cuál llave había que abrir o cuál cerrar, si se trataba de garantizar el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Su conocimiento sobre lo que había en las entrañas de la ciudad les permitía tomar decisiones cuando una fuente de abasto disminuía, cuando se presentaban incidentes y hasta la puesta en marcha de un plan de control de fugas.

Pero para la clase política, esa que no está familiarizada con la parte técnica, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) es solo un negocio. Lo es, principalmente, porque es uno de los eslabones en el desarrollo inmobiliario, por la entrega de factibilidades, ese documento que permite a un constructor asegurar a sus futuros compradores de vivienda que está garantizado el servicio del agua, aunque no sea así. Y lo ha sido también, y si no pregunten a los panistas, con la cartera vencida.

Pero regresando a las palabras de Sandoval Díaz, ahora sabemos que tenía razón. Finalmente Movimiento Ciudadano se quedó con el Siapa y no encontró a alguien que supiera dónde están las llaves que hay que cerrar o abrir.

La libertad de expresión y el acceso a la información son dos derechos constitucionales. En Jalisco, en los últimos años se han convertido en derechos permanentemente en riesgo.

Lo vimos recientemente con lo sucedido al equipo de noticias de MVS Jalisco, un espacio que se había convertido en una alternativa importante por su compromiso con el periodismo de investigación y con temas que afectan la vida de los jaliscienses: la inseguridad, la corrupción y la desaparición de personas. Lo hicieron durante el actual gobierno como con el anterior.

A ningún gobierno le gustan los cuestionamientos. Sin embargo, con los gobiernos de Movimiento Ciudadano y, en particular, con el gobierno estatal de Enrique Alfaro, no solo buscan reprimir las críticas y la vigilancia a su gestión, sino que quieren definir contenidos e imponer lo que ellos llaman su “narrativa”.

Para ello usan el presupuesto. Los recursos de comunicación social han sido utilizados solamente para enriquecer con contratos millonarios a los socios de EuZen, Indatcom y La Covacha, también los utilizan para ejercer presión sobre los medios.

Porque no podemos perder de vista que los medios de comunicación son empresas y, desafortunadamente, para muchos la publicidad oficial es su principal ingreso.

El problema es el manejo perverso de esos recursos, que no son de quienes están en el gobierno, sino que forman parte del dinero público, el dinero de todos los jaliscienses.

Con acciones más parecidas a la extorsión, desde Comunicación Social se imponen cabezas para las notas y líneas de discurso. Como en ningún gobierno, los medios son presionados para publicar lo que el gobierno impone. Quienes no están de acuerdo, no solamente quedan fuera de la asignación de recursos públicos para comunicación social, sino que también se convierten en el blanco de las críticas y descalificaciones del gobernador Enrique Alfaro.

Con todo esto, quienes pierden son los jaliscienses. Con la desaparición de espacios como el que conducía Víctor Hugo Magaña, perdemos todos.

Este 14 de febrero Guadalajara cumplió 479 años de su fundación. La capital de Jalisco es considerada una de las mejores para vivir en México; sin embargo, es también una urbe que poco a poco muestra su cara oscura.

Los tapatíos nos hemos familiarizado con una ciudad insegura, caótica, sucia y en permanente construcción, sobre todo desde que se apostó a un crecimiento vertical que, acompañado de la voracidad inmobiliaria, no ha cumplido con el objetivo de repoblarla, según se confirmó en el último censo del Inegi, el de 2020.

El espacio público, que tendría que permitirnos disfrutar a esta Guadalajara de la que nos sentimos orgullosos, cada vez es más acotado por la inseguridad. Sí, seguro aquí saldrán las cifras de las autoridades de una disminución de delitos. Pero quienes vivimos en territorio tapatío nos hemos acostumbrado a detalles como no utilizar un teléfono celular en la vía pública, no cargar objetos de valor, cuidar los horarios en los que visitamos los parques, a no caminar por calles solas u oscuras, entre otras medidas.

El colmo es que los delitos comunes, esos que merman poco a poco nuestro patrimonio, cada vez se denuncian menos. Las razones son simples, es un trámite tortuoso y que en la mayoría de los casos no sirve para que el delito se sancione y menos para que se repare el daño.

Guadalajara es también una ciudad que vive en permanente jaloneo con las empresas que tienen la concesión del aseo público. Las denuncias de la basura que se acumula, lejos de una exigencia para cumplan, se encuentran con respuestas de que son los ciudadanos los culpables por sacar la basura o llevarla a los puntos limpios cuando éstos no han sido vaciados.

La responsabilidad del deterioro en la calidad de vida de los tapatíos no es atribuible sólo a la actual administración y no es un tema de partidos políticos. Es más bien el acumulado de errores, omisiones y descuido de los últimos gobiernos.

Festejemos a nuestra Guadalajara, pero también mantengamos la exigencia de recuperarla, de que sea la ciudad en la que podamos vivir sin morir en el intento.

Este fin de semana llegó a Jalisco de nueva cuenta Yeidckol Polevnsky y sus colaboradores ofrecieron entrevistas con la “delegada”, precisando que se encontraba con el doctor Carlos Lomelí. Este lunes José Narro Céspedes subió a sus cuentas de redes sociales una fotografía en la que muestra su nombramiento como delegado de la dirigencia nacional en Jalisco y, por lo tanto, como responsable del proceso interno para seleccionar a candidatos a alcaldes y diputados. En los días anteriores se volvió a ventilar el conflicto legal que se sigue para destituir a Hugo Rodríguez como dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado.

Así llega Morena a la etapa de precampañas en Jalisco. Con los mismos conflictos, con la falta de reconocimiento a sus liderazgos y con un desorden que impide conocer cuáles serán las reglas para la definición de candidaturas.

Tal vez el único avance fue la emisión de la convocatoria para el registro de aspirantes, así como la advertencia que no se permitirá que en este proceso se descalifique a otros aspirantes ni al propio partido. Quien lo haga, no tendrá posibilidades de competir.

El panorama hasta ahora no parece alentador. Por un lado, el ex candidato a gobernador Carlos Lomelí sigue lanzando mensajes de que él será el candidato en Guadalajara, además que se le ratificó su liderazgo en Jalisco. Sin embargo, otros integrantes de Morena aseguran que el doctor sigue sin ser recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que significaría que todavía no tiene el perdón y, por lo tanto, tampoco el aval para participar como candidato.

También están los fundadores de Morena en el estado, quienes aseguran haber acompañado al presidente López Obrador desde aquellas épocas en que recorría el país armando su estructura. Esto, afirman, les da derecho a llevar mano en las candidaturas.

También están los que han dejado otros partidos políticos y por ello afirman tener derecho a candidaturas ante negociaciones que hicieron con los diferentes liderazgos de Morena.

Las encuestas siguen dando ventajas en Jalisco en diferentes espacios a Morena; sin embargo, esto obedece más al eco que todavía hay del presidente López Obrador que a los perfiles o al trabajo que hayan realizado en Jalisco. Es decir, si el desorden prevalece, solo seguirán derrochando esa simpatía.