La promoción de juicios de amparo por parte de quienes reciben lo que se conoce como “pensiones doradas” no es una sorpresa. Entre la clase política muchas veces la vergüenza tiene como límite el bolsillo.

En muchos casos, seguramente se podrá acreditar que el pago es legal. Sin embargo, cada uno de ellos sabe las triquiñuelas a las que recurrió para recibir un pago que es inmoral, porque se financia con el trabajo de miles de burócratas.

En la mayoría de los casos, se trata de ex funcionarios que durante su vida laboral hicieron aportaciones con salarios bajos y, al llegar a un puesto de mayor nivel, hicieron el trámite para jubilarse con montos que superan los cien mil pesos mensuales.

Así, encontramos profesores que hicieron aportaciones con bajos salarios durante varias décadas y se jubilaron con sueldos de diputados o secretarios.

Hay también quienes tuvieron largos periodos sin trabajar, durante los recesos hicieron aportaciones irrisorias y que en unos cuantos meses cobraron el total de sus aportaciones, pero mantendrán los excesivos cobros de por vida. Eso, en caso de que sea verdad, porque existe la sospecha de falsificación de documentos o quienes simplemente acudieron ante algún amigo notario para que les acreditara sus inexistentes aportaciones.

Los beneficiarios de las pensiones doradas darán la pelea legal, incluso sabiendo que hasta el tope que se estableció en la reciente reforma sigue siendo un exceso, porque nunca aportaron lo suficiente para merecer el pago que reciben. Y también hay altas posibilidades de que ganen los juicios de amparo y que, sin pudor, siga llegando hasta sus bolsillos el fruto del trabajo de intendentes, secretarias, policías y trabajadores en general. Pero para esos políticos bien vale la pena pasar esa vergüenza.

La principal consecuencia de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez no admita el caos que existe en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es que no se toman medidas adecuadas ante la emergencia que se vive.

La realidad, hasta en los números más conservadores, que son los que admite el gobierno del estado, es que la situación en el Servicio Médico Forense es peor que la que llevó a funcionarios del anterior gobierno a utilizar dos tráileres para almacenar cuerpos. En esa ocasión, en los diferentes espacios había más de 800 cadáveres, mientras que las cifras actuales, según quien las maneje, oscilan entre los 3 mil y los 6 mil.

¿Qué es lo que ha provocado la situación actual? Sin duda la nueva realidad de las fosas clandestinas.

En un oficio del 28 de febrero de 2020, la entonces directora del Semefo, la doctora Martha Stephanía Robles Cervantes informó al director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Esparza, que enfrentaban una crisis por la acumulación de cuerpos, la imposibilidad de sacar adelante el trabajo y la falta de espacio.

La funcionaria explicó que esta situación comenzó a presentarse “desde el comienzo de la recuperación de indicios humanos en los sitios de inhumación clandestina, denominados como fosas, provocando una gran entrada de cuerpos, restos óseos y secciones anatómicas”.

Hace más de un año y medio que se registró esa alerta y no ha habido respuesta. Incluso, la funcionaria decidió renunciar ante la falta de atención por parte de sus superiores.

Hace unos días, el gobernador respondió molesto a la periodista Fátima Aguilar que no existe una crisis forense y que esta es fabricada por los medios de comunicación.

Pero el caos está ahí. Lo han documentado los medios de comunicación, las organizaciones que acompañan a familiares de desaparecidos y algunos organismos de investigación. El problema es que mientras el gobierno del estado siga negándolo, no entenderá que vivimos una situación de emergencia y que en esa misma proporción tendría que actuar.

Cada que se cuestiona la falta de resultados del Sistema Anticorrupción en el Estado, la respuesta es que no necesariamente debemos esperar que haya funcionarios públicos en la cárcel. Y es cierto. Sin embargo, si se revisan los números nos encontramos en el otro extremo, en el de la absoluta impunidad. Sí, en Jalisco la estructura ya está establecida, se tiene el entramado legal y toda la burocracia, pero la corrupción no se castiga.

Esta situación puede confirmarse después del informe que rindió hace unos días el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual dio a conocer que de 91 asuntos que han llegado como consecuencia de investigaciones al Tribunal de Justicia Administrativa, hay nueve resoluciones; sin embargo, seis de estas son absolutorias, es decir, se determinó que los funcionarios públicos señalados son inocentes y en las tres que sí se acreditaron faltas, los castigos fueron leves.

Entre esas resoluciones está el caso del arrendamiento de maquinaria pesada del programa A Toda Máquina, en el cual la Contraloría del Estado encontró faltas graves, pero el tribunal exoneró a los responsables por cuestiones de forma.

Otro dato que llama la atención del informe del observatorio es que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha judicializado 101 carpetas de investigación, pero solo en una ha habido sentencia y fue por un procedimiento abreviado, es decir, el funcionario señalado admitió la responsabilidad para tener acceso a una sanción reducida.

Además, el observatorio encontró que las instituciones que integran el sistema anticorrupción no trabajan de manera articulada, lo que debilita las investigaciones que podrían hacer de manera conjunta o cumpliendo la parte que a cada una le corresponde desde sus atribuciones.

Si, ver a funcionarios en la cárcel no tendría que ser lo que esperamos del sistema anticorrupción, pero tampoco que las instituciones que lo conforman se vuelvan los abogados de oficio de los funcionarios señalados.

Daniel llegó unos días atrás a Guadalajara. Años de trabajo en La Paz, Baja California para ahorrar algo de dinero, lejos de su familia. El día que llegó envió un mensaje a sus amigos del Álamo Industrial, mostrándoles la camioneta que acababa de comprar con el fruto de su esfuerzo. Sí, es la misma camioneta que le robaron y que le costó la vida.

“No creo que las cosas se arreglen cerrando las calles”, fue la respuesta del gobernador Enrique Alfaro ante la indignación de sus amigos y vecinos.

El gobernador no se refería a la calle que quedó cerrada porque en el piso estaba tirado el cuerpo de Daniel, a unos metros de la casa donde sus dos hijas lo esperaban. No, hablaba de la incomodidad que causó el cierre de la avenida Lázaro Cárdenas.

Los familiares, amigos y vecinos de Daniel se manifestaron porque su asesinato fue para ellos la gota que derramó el vaso de su paciencia. En las últimas semanas habían vivido una ola de asaltos, robo de autos y a casa habitación, sin respuesta de las autoridades.

Después del asesinato decidieron no conformarse con las visitas de funcionarios que les pedían calma y paciencia.

PARA ELLOS, LO PEOR YA HABÍA SUCEDIDO.

Así que cerraron Lázaro Cárdenas hasta que fueron recibidos en Palacio de Gobierno, donde autoridades estatales y de los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque (porque están justo en una de esas zonas limítrofes metropolitanas que se vuelven tierra de nadie) se comprometieron a aumentar la vigilancia y a que habría justicia.

Después vino la declaración del gobernador, reprobando el cierre de calles. Para el mandatario, esas protestas no son la solución. Y tiene razón. El mismo lunes, con todo y vigilancia, en el chat de los vecinos llegó un nuevo mensaje: “buenos días vecinos, otro intento de robo en la colonia, la persona está herida con arma de fuego”.

El próximo primero de noviembre José María Martínez Martínez rendirá protesta como diputado local por Morena. Lo hará a pesar de ser parte de una investigación que abrió la Contraloría del Estado, por las inconsistencias en su expediente de jubilación. Una vez que asuma el cargo, será difícil que veamos una sanción, porque la desaparición del fuero en Jalisco nunca implicó la desaparición en la práctica de la impunidad.

El caso de “Chema” Martínez es uno de los 70 que investiga la Contraloría del Estado y uno de los más de cien funcionarios y ex funcionarios que cobran pensiones mensuales que van de los cien mil a los 200 mil pesos.

¿Por qué entonces llama la atención de manera especial el ex panista? Porque apenas tiene 49 años de edad y se jubiló hace dos años, y porque no cumple con los años de cotización que establece la ley.

José María Martínez Martínez dejó de pagar sus cuotas al Instituto de Pensiones del estado (Ipejal) en 2012, cuando terminó la diputación local por el Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, para reactivarse presentó una carta certificada por un notario, en la que asegura que en 2013 pidió su incorporación al régimen voluntario.

En el Ipejal no hay rastro de ese documento. Aún así, en 2018, durante la gestión del también ex panista Iván Argüelles, se le dio por válido y se le entregó una cuenta a pagar de cuotas atrasadas de más de 4 millones de pesos.

Para enrarecer aún más el caso, la deuda de “Chema” fue pagada por una empresa y además incompleta. Aún así, desde 2019 ya cobra su pensión de más de 108 mil pesos mensuales que, encima de todo, ya es un derecho de por vida.

Además de la investigación de la Contraloría, el Ipejal anunció que se presentó una iniciativa de reforma para topar las pensiones, incluidas las vigentes, basado en disposiciones internacionales sobre viabilidad de sistemas pensionarios.

La duda es si esto sucederá antes del primero de noviembre.

El mes pasado la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses abordó el tema de la crisis que enfrenta por la saturación de los diferentes espacios, sobre todo ante la recuperación de cuerpos de fosas clandestinas.

La decisión que se tomó fue utilizar las dos cámaras de refrigeración que se compraron para el resguardo de cuerpos por Covid 19, las cuales prácticamente no se utilizaron.  Por estos refrigeradores, la Secretaría de Administración pagó 6.7 millones de pesos, los cuales salieron de la triangulación que hizo el gobierno del estado con la deuda de 6 mil 200 millones de pesos.

Actualmente los cuerpos que son rescatados de las fosas clandestinas, casi todos fraccionados, son colocados en cajas de plástico, sin identificar, violando todos los protocolos que deben seguirse y, lo más grave, permitiendo que se pierda información importantísima para la identificación de estas personas.

La medida se tuvo que tomar, según informó en comunicación interna la ex titular del Servicio Médico Forense al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque ya no había lugar para resguardar las secciones anatómicas. Como si fueran partes de objetos, empezaron a guardarlos en contenedores de plástico, que a su vez se apilaron en los pasillos de las cámaras refrigerantes.

DISPONER DE UN LUGAR PARA RESGUARDAR DE MANERA DIGNA LAS PARTES DE CUERPOS RESCATADOS DE LAS FOSAS CLANDESTINAS ES MUY IMPORTANTE.

Sin embargo, sigue siendo apenas un paso. La solución de fondo debe ser la estrategia que se seguirá para la identificación.

Porque el origen de este problema es la tragedia que vive Jalisco, estado que mantiene el liderazgo nacional en la cantidad de cuerpos encontrados en fosas clandestinas y uno de los primeros lugares del país en el número de sitios de inhumación ilegal.

Hasta ahora, las autoridades estatales han guardado silencio en torno a la crisis forense. No escuchan ni ven lo que sucede. Y, por ende, tampoco ofrecen soluciones integrales.

No era difícil adivinar que Morena sería víctima de Morena. Un partido que transitó por las traiciones, las imposiciones y los pleitos internos, no podía esperar buenos resultados. Eso, sin contar que salvo contadas excepciones, su papel como oposición en los ayuntamientos y el Congreso del Estado ha sido invisible.

Después de los resultados electorales de 2018 y los problemas con las empresas del que fuera candidato a gobernador y posteriormente superdelegado del gobierno federal, Carlos Lomelí, el partido Movimiento de Regeneración Nacional entró en una pausa. No se reagrupó, no trabajó ni creó estructura.

La definición de candidaturas despertó a los morenistas de su letargo, pero solo para enfrascarse en una encarnizada disputa por los cargos de decisión en el partido, en primer lugar, y posteriormente en el pleito por las candidaturas.

La dirigencia nacional de Morena nunca se tomó en serio a Jalisco. Por ello, nunca hubo respaldo a la dirigencia estatal que encabezó Hugo Rodríguez, pero tampoco definió quién tenía el mando en el estado. Por eso, dependió del músculo que mostraron en cada momento Yeidckol Polevnsky o el senador José Narro. Esta indefinición provocó que los morenistas en Jalisco, ya de por sí dispersos, no mostraran respeto a ninguno. Aún así, cada uno encontró una manera de imponerse.

Así fue que se tomaron las decisiones de las candidaturas. Algunas porque quienes fueron candidatos se acercaron primero a esos dos personajes que tenían el control y otras porque ofrecieron poder dejando a sus anteriores partidos políticos. Es decir, en muy pocos casos se revisaron los perfiles.

Por eso el resultado de este domingo 6 de junio no es una sorpresa. Jalisco no le interesó a Morena y pagó las consecuencias. O bien, cobra fuerza ese rumor que parecía absurdo de un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que no metiera las manos en el estado.

“El desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada”, señala la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El término molestó al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, porque se utilizó para dar nombre a lo que sucedió el fin de semana en el municipio de Teocaltiche. Ahí, habitantes de diferentes poblaciones tuvieron que huir de sus hogares ante los hechos de violencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó la salida de unas 600 personas, aunque hay quienes aseguran que pudieran ser más de mil.

Lo que viven los habitantes de Teocaltiche es similar a lo que sucede en muchas comunidades de municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde la debilidad institucional de los ayuntamientos y la ausencia de los gobiernos estatal y federal ha hecho que esos territorios sean controlados por la delincuencia organizada.

Y eso, las autoridades lo saben. En la pasada elección de gobernador, uno de los candidatos aseguró que al menos 80 por ciento de las policías municipales eran dirigidas por una persona nombrada por el Cártel Jalisco Nueva Generación o con su aval.

En la presente elección, el Partido Revolucionario Institucional confirmó que al menos en un municipio la delincuencia organizada no le permitió registrar candidato a la alcaldía, además que varios partidos han señalado en corto que hay municipios donde les permitieron registrar candidatos, pero no hacer campaña.

Pero eso no es lo peor. Lo más grave es lo que miles de jaliscienses viven al tener que seguir las reglas del cártel, sobre lo que pueden y no pueden hacer. Sí, la delincuencia, que en muchas regiones de Jalisco es la única autoridad.

En una charla informal con periodistas, el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval contó que cuando recién llegó a la presidencia municipal de Guadalajara el ahora gobernador Enrique Alfaro, una de las primeras solicitudes que le hizo fue que le “entregara” el Siapa. Él respondió que no tenía problema, pero que sería un grave error, pues el entonces director Aristeo Mejía Durán era de los pocos hombres que sabían “dónde se cierran y abren las llaves del agua”.

Para bien y para mal, Sandoval Díaz tenía razón. Aristeo Mejía integraba un grupo de funcionarios públicos que se formaron en dependencias relacionadas con el agua, en una especie de servicio civil de carrera informal.

En ese grupo había de todo. Desde las cúpulas que integraron lo que también de manera informal se llamó el “cártel del agua”, comandado por Enrique Dau Flores, quienes dedicaron la mayor parte de su carrera a impulsar grandes proyectos hidráulicos, cuyas características fueron el millonario costo y el fracaso, hasta funcionarios de menor nivel que supieron cómo hacer negocio en cada área.

Pero también estaban los técnicos, entre quienes el líder era Mejía Durán, un hombre que sabía en estricto sentido cuál llave había que abrir o cuál cerrar, si se trataba de garantizar el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Su conocimiento sobre lo que había en las entrañas de la ciudad les permitía tomar decisiones cuando una fuente de abasto disminuía, cuando se presentaban incidentes y hasta la puesta en marcha de un plan de control de fugas.

Pero para la clase política, esa que no está familiarizada con la parte técnica, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) es solo un negocio. Lo es, principalmente, porque es uno de los eslabones en el desarrollo inmobiliario, por la entrega de factibilidades, ese documento que permite a un constructor asegurar a sus futuros compradores de vivienda que está garantizado el servicio del agua, aunque no sea así. Y lo ha sido también, y si no pregunten a los panistas, con la cartera vencida.

Pero regresando a las palabras de Sandoval Díaz, ahora sabemos que tenía razón. Finalmente Movimiento Ciudadano se quedó con el Siapa y no encontró a alguien que supiera dónde están las llaves que hay que cerrar o abrir.