“¿Qué valen las leyes si no se apoyan en las costumbres?”.

Horacio, Odas, III

Vivimos confundidos: no existe algo parecido al derecho al automóvil, sino el derecho a la movilidad. Claro que cualquier persona, si posee los recursos necesarios, tiene derecho a adquirir legítimamente un automóvil, pero eso es el efecto, el ejercicio de un derecho de propiedad, de una libertad económica, y no es equivalente a cosas como el derecho a la vivienda, a la educación o la salud. Meridian escribió un artículo sobre este tema en su sitio. Los derechos son universales y exigibles. Los bienes  no esenciales, como un auto, no.

Con base en el derecho a la movilidad, la autoridad establece la prioridad del sistema de transportación colectivo, que es más eficiente en mover cientos de miles de personas al día a costos económicos y ambientales significativamente más reducidos. Eso se traduce, en los hechos, quitar espacio al automóvil particular, o liberar los costos de estacionamientos privados, o establecer límites a su movilidad en tiempo, e incluso, en cobrar derechos por acceder a ciertos espacios públicos. El espacio no es reproducible ad nauseam. Si el automóvil fuera un derecho, no habría alternativa sino seguir haciendo lo que en Guadalajara hicimos por décadas: millones y millones de pesos a pasos a desnivel, a anchas avenidas, a segundos pisos, a que todo el espacio público sea una pista para que alguien la use para su auto. Y aunque lo hicimos, fue un error: la tasa de motorización de Guadalajara es la más alta de México, junto con Monterrey. La salud ambiental ha disminuido. El tiempo de ejercicio del derecho a la movilidad se ha dilatado, y todos, los usuarios de auto, los de transporte público, los de bicicleta y los de a pie, perdimos.

Me estremecen los datos que manejan algunos defensores del automóvil cuando buscan desmentir lo que todos los organismos internacionales y nacionales señalan: afirman que las emisiones del vehículo particular no provocan muertes por contaminación. Que su impacto sobre la atmósfera es poco significativo. Una fake news en una época de ideas claras sobre lo público y privado sería mal menor. Pero hoy, el relativismo y el falso pensamiento crítico (aquel que, a pretexto de la duda, va más lejos que el cartesianismo: incluso duda que duda) hacen que eso sea fuego. La duda juega contra los intereses públicos. Y estos son dos, muy básicos: que nos podamos mover lo más eficientemente posible, y que no nos enfermemos por la contaminación de la atmósfera.

¿Por qué son tan contaminantes los autos? “Conducir un vehículo de pasajeros privado es quizás la actividad diaria más contaminante que el ciudadano común realiza y, a diferencia de las chimeneas industriales, es prácticamente imposible medir las emisiones de cada uno de los vehículos que circulan en una zona determinada…”, señala la Guía metodológica para la estimación de emisiones vehiculares en ciudades mexicanas, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

“Los vehículos automotores propulsados por motores de combustión interna producen, en general, tres tipos de emisiones de gases contaminantes: a) emisiones evaporativas y b) emisiones por el tubo de escape, así como c) emisiones de partículas por el desgaste tanto de los frenos como de las llantas. Si la combustión de un motor fuera perfecta, el oxígeno en el aire convertiría todo el hidrógeno del combustible en agua y todo el carbono en dióxido de carbono. En la realidad, el proceso de combustión no es perfecto y, en consecuencia, los motores de los automóviles emiten varios tipos de contaminantes”, agrega.

“Por el tubo de escape: hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno partículas, bióxido de carbono, bióxido de azufre, plomo (sólo en el caso de gasolinas con plomo), amoniaco y metano. Emisiones evaporativas: hidrocarburos. La contribución de las emisiones de los vehículos automotores en México a las emisiones totales a nivel nacional es considerable. De acuerdo con el primer Inventario Nacional de Emisiones de México, 1999, los vehículos automotores contribuyeron con el 31 por ciento de las emisión de óxidos de nitrógeno, 62 por ciento de monóxido de carbono y 22 por ciento de las emisiones totales estimadas de compuestos orgánicos volátiles. Al mismo tiempo son una fuente importante de emisión de partículas y sobre todo de las partículas más finas, y aunque las emisiones son menores que las de otros contaminantes, sus impactos en la salud son mayores”.

En números: 14,220 muertes asociadas a la mala calidad del aire se registran en las tres principales zonas metropolitanas del país: México, Guadalajara y Monterrey, según datos de la Organización Mundial de la Salud; para Guadalajara son 3 mil muertes anuales, según análisis del Colectivo Ecologista de Jalisco que no ha sido actualizado, pero data de nueve años. 25%del parque vehicular de Jalisco está conformado por autos modelo 1989 hacia atrás, los cuales no tienen los aditamentos tecnológicos que evite una gran contaminación.

Ante esta lógica, buscar autos de menor consumo de combustible por kilómetro cuadrado, ayuda, pero la prioridad pública es que la gente se baje del auto y se suba al transporte público… o a la bici, o ande a pie, pero estos dos últimos casos no siempre son posibles, pues la ciudad está muy extendida territorialmente y tiene mal distribuidos sus espacios. Como adenda: no se trata de hacer una ciudad para el ciclista, tendría que ser en todo caso para el peatón ( el cual es muy mal atendido). Pero el ciclista requiere seguridad, y bastaría una cultura vial que le permita usar el mismo espacio público que otros vehículos, pero no existe. El modo de proteger al ciclista es con ciclovías. Nadie con sentido común pensaría que la bicicleta es la solución, cuando solamente es parte. La verdadera solución es el transporte público.  Esto lo comento porque los defensores del auto se victimizan con el tema de las ciclovías. Que aprendan a respetar y todo cambia.

¿TENDREMOS PRONTO EL CONDICIONAMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR A LA MANIFESTACIÓN DE UNA VERDADERA CULTURA VIAL, O SEGUIRÁN EN LO MERAMENTE RECAUDATORIO, PARA QUE CUALQUIER TROGLODITA PUEDA CONDUCIR UN AUTO?

Bajo estas premisas, se debe defender y empujar el contar con un programa de verificación real, eficiente, y que lo pague el dueño del auto. No se trata de ir contra el automovilista, se trata de que pague a precios reales el hecho de contaminar y de causar daños a la calidad de vida de las ciudades. Si esto se entendiera, se dejaría de subsidiar la gasolina, y se mejoraría su calidad. Pero los políticos no tienen interés en el tema ambiental; solo quieren votantes felices, aunque atenten contra sus derechos.

Cierro la columna con una magnífica opinión de Antonio Valdecantos, catedrático de Filosofía en la Universidad Carlos III, publicada por El País el 15 de julio de 2019. Muy a propósito del Día Mundial sin Auto, que se conmemora hoy, sintetiza muy bien ese culto individualista al auto, y acredita lo que es en un contexto de bienes públicos degradados: un privilegio.

“Cuando está en manos de la necesidad (horaria o económica), el urbanita moderno viaja en metro, mientras que, si recobra la libertad, se apresurará a pilotar su propio coche como el capitán la nave. Privar a alguien de la facultad de llegar con su automóvil al punto de la ciudad que quiera constituye, entonces, un atropello (casi literal) de la libertad, aunque no en el sentido en que esta suele ser tomada, sino en otro más siniestro: no es un atentado contra los derechos que uno tiene sobre su coche, sino contra los que este tiene respecto de uno. Quien decide qué coche comprar ejerce, seguramente, el acto paradigmático de lo que suele entenderse por libertad de elección, y sería propio de una sociedad totalitaria —se dirá enseguida— usurpar los derechos derivados de tal ejercicio, de modo que, si después de la compra surgen restricciones que impiden usar el vehículo elegido para llegar a la orilla misma de la tienda en donde se ha decidido seguir eligiendo, eso será un bellaco incumplimiento del contrato tácito que une al automovilista con la sociedad”.

“¡Que me devuelvan mi dinero quienes se llenan la boca hablando de cambio climático! ¿O es que no cabe responder a este reto estimulando innovaciones que incentiven la competitividad y el esfuerzo y que permitan, sobre todo, atenderlas sin salir del coche? ¿No saben que donde está el peligro crece también lo que salva? ¿Acaso no lo dijo Hölderlin, el mismo que habló de asaltar los cielos?”, refiere.

“A grandes peligros, pues, grandes salvaciones: ¿por qué no seguir agujereando el subsuelo de modo que el coche pueda maximizar, en el centro urbano mismo, su velocidad y su libertad de movimientos? ¿O es que esta clase de obras no crea riqueza y empleo de manera espectacular, permitiendo que la superficie quede liberada para ser espacio de ocio, turismo y cultura (y también de otras clases de comercio, con derecho a aparcamiento subterráneo)? ¿Cabe acaso una inversión más rentable y una aventura más cautivadora? Puede que todo esto sea cierto, pero quizá olvide la principal verdad del transporte y de la vida urbana. No es un hallazgo que resulte cómodo a todos, aunque muchos lo aceptarán con regocijo cínico: cuando velas por tus derechos como usuario automovilístico, los que en realidad defiendes son aquellos que tu coche reclama para sí, arrastrándote como a un remolque”.

El automóvil “—su nombre lo dice todo— no quiere límites de ningún tipo y te ha elegido a ti para que maximices su uso mientras crees ser su dueño porque escogiste esa marca y ese modelo en lugar de otros. Lo tomas como símbolo de tu libertad cuando en realidad eres tú el juguete de sus designios. Como sabe que no puede volar, anhela correr sin límites por las arterias subterráneas de su ciudad. No le impidas entrar en el corazón de la urbe cuando quiera (¡el centro es más suyo que de nadie!) y, si la superficie le pone obstáculos, abre para él todas las profundidades de la tierra. Una vez lo elegiste tú a él, pero, desde entonces, él es tu señor más celoso (también el más deseado) y no serás capaz de escatimarle nada de lo que te exija”.

Buena reflexión para comprender que el derecho de una comunidad es a que vivan mejor todos sus miembros, no a que los derechos de unos se sacrifiquen a los de otros, porque en ese caso, solo se trata de privilegios.

“La presencia de lo indio en muros, museos, esculturas y zonas arqueológicas abiertas al público se maneja, esencialmente, como la presencia de un mundo muerto. Un mundo singular, extraordinario en muchos de sus logros; pero muerto. El discurso oficial traducido en lenguaje plástico o museográfico, exalta ese mundo muerto como la semilla de origen del México de hoy. Es el pasado glorioso del que debemos sentirnos orgullosos, el que nos asegura un alto destino histórico como nación, aunque nunca quede clara la lógica y la razón de tal certeza. El indio vivo, lo indio vivo, queda relegado a un segundo plano, cuando no ignorado o negado; ocupan, como en el Museo Nacional de Antropología, un espacio segregado, desligado tanto del pasado glorioso como del presente que no es suyo: un espacio prescindible”.

Guillermo Bonfil Batalla, México profundo. Una civilización negada

El México indio siempre está ahí: plural, heterogéneo, ubicuo, intensamente vivo en sus conflictos y sus demandas, que van desde obras materiales y justicia agraria, pasando por una evidente integración a las culturas urbanas, hasta una especie de “déjennos en paz” en sus santuarios remotos que contrasta con la paz sepulcral de las viejas culturas de los museos de antropología y las ruinas arqueológicas. Su persistencia es sumamente útil para subrayar la alteridad y el principio de contradicción que subyacen a cualquiera de los proyecto nacionales, por naturaleza, arbitrarios, falsificadores, mitómanos, monopolizadores, artificiales y abusivos.

Una sana inmersión en lo real inabarcable e incomprensible. Pero eso no evita que los grandes temas del desarrollo le apremien. Hay un común denominador aplicable a todas las comunidades mexicanas, sean hablantes del más de medio centenar de lenguas heredadas de quienes llegaron al país primero, hace 12 mil o trece mil años, desde las profundidades de Siberia, y que de acuerdo a los datos del INEGI y del Consejo Nacional de Población, son al menos 15 millones, o sean de esa mayoría de cultura occidental mestiza que se conformó a partir de las invasiones europeas del siglo XVI.

Si asumimos que cada lengua es un mundo distinto -pero con vasos comunicantes para propiciar entendimientos con los otros -, la riqueza cultural de este país no puede ser mejor descrita. Y todos demandan agua limpia, electricidad, vías de comunicación, productos y satisfactores que provee el comercio, educación, salud, libertades, respeto a las formas de propiedad, aplicación de la ley y seguridad. Todos demandan, en consecuencia, respeto a sus derechos como personas iguales y también como personas distintas. El principio de la igualdad de todos los hombres (nuestro género: Homo, remite a humus, tierra o limo, y nuestra especie, sapiens, “sabio”, aplica igual para los masculus -macho – o femina -hembra -, como pasa en todo el reino animal), la gran premisa conflictiva que sustenta al mundo moderno y globalizado, frente al derecho de mantener las propias expresiones culturales y modificarlas a ritmo y conveniencia de la “autodeterminación”.

Una de las regiones indias que mejor representan este conflicto y esta constante contradicción es la que la burocracia de los tiempos de Echeverría llamó Huicot (huicholes, coras y tepehuanos), es decir, las culturas que se denominan a sí mismas wixárika, náyeri y o’dam, dispersas en las regiones más remotas de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, donde en estos momentos, sus miembros ejercen de testigos forzados de la violenta disputa territorial entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, a la cual han debido ofrendar no pocas víctimas, además de seguir inmersas en el conflicto de largo aliento del empuje de límites entre los estados, que alientan invasiones mestizas que han generado, en más de un siglo, diferendos territoriales que no terminan de resolverse pese a las restituciones por los gobiernos postrevolucionarios de cientos de miles de hectáreas de los llamados “pueblos originarios”, tierras reconocidas y tituladas -uno de esos odiosos matices contra el discurso victimista de muchos multiculturalistas y del gobierno mexicano en funciones – por los reyes de las dinastías Habsburgo y Borbón durante los tres siglo del reino de la Nueva España.

El conflicto ha sido, pues, fomentado activa o pasivamente por los gobiernos estatales que hoy pretenden que no existe tal problema. Pero la indefinición de límites es un serio problema que violenta los derechos humanos de decenas de miles de aborígenes, sean mestizos o indios, y debe ser resuelto, quizás no para volver al pasado, pero sí para darle un sentido jurídico pleno a las responsabilidades omitidas, o que se ofrecen casi como beneficencia, de parte de cada gobernante en turno. Pero además, esas pretensiones de crecer a costa del vecino son las que han soportado la lucha de los particulares contra las comunidades indias. Es la misma historia en dos planos.

Los casos de las comunidades wixárika de Tatei-kie (San Andrés Cohamiata) y Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) son los que mejor ilustran el punto. Los despojos documentados a ambos núcleos indígenas permiten ver cómo sus invasores fueron alentados por los sucesivos gobiernos de Nayarit, al comienzo mismo de la historia de ese estado, creado en la constitución de 1917 (como una escisión de Jalisco, precisamente, algo que sus elites persiguieron al financiar al Tigre de Álica desde mediados del siflo XIX). Si se revisan los mapas oficiales de ambos estados, daremos con que en este momento no encajan bien. Ello se debe a que Nayarit no ha dejado de mover sus fronteras al oriente, y en algún punto entre Apozolco (La Yesca) y Florencia (Zacatecas), borra totalmente la continuidad territorial de Jalisco. De acuerdo a trabajos realizados por comisiones de límites de Jalisco, en los gobiernos de Guillermo Cosío Vidaurri (1989-1992) y Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2000), casi 3 mil kilómetros cuadrados han sido despojados a esta estado. La irrelevancia concedida al tema por sus sucesores, Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval Díaz y el actual, Enrique Alfaro Ramírez, demuestra de forma clara el punto de lo que el propio gobernador en funciones destacó el pasado 10 de septiembre en la cabecera comunal de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán, la tercera gran comunidad wixárika de Jalisco) ante el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Y decirle, presidente, que esta lucha que han dado nuestros pueblos originarios desde siempre, una lucha por justicia, una lucha que ha sido producto del abandono de muchos años, no es ni será sencillo revertir la realidad en la que viven estas comunidades […] todos los municipios de esta región requieren de una inversión muy, muy importante para poder recuperar todo este tiempo en el que la región norte de Jalisco estuvo olvidada”.

Seguirá olvidada mientras no se tome ese expediente espinoso de derechos territoriales que el jalisciense ignora. Y es que los despojos a las comunidades coinciden con los recorrimientos de las fronteras. Es decir, lo que fue el antiguo cantón de Colotlán se ha hecho más pequeño, al menos en tres mil kilómetros cuadrados, en buena medida a costa de los territorios indios.

Hechos que resultan incómodos para los gobiernos nayaritas: el nombre de ese estado deriva, como bien se sabe, del nombre que se dan en su lengua los coras: náyeris, que habitan al norte de la entidad, en el Gran Nayar. El catón de Tepic, que debería coincidir con el territorio del actual Nayarit, no incluía comunidades huicholas o wixárika, que siempre habitaron el cantón de Colotlán. Historiadores y sociólogos han documentado cómo se dieron los despojos.

En el caso de Tatei-kie, por ejemplo, la comunidad de wixaritaris (así se denominan “las gentes” de cultura wixárika) más afectada por esos procesos, fueron mestizos nayaritas quienes se infiltraron como comuneros e impulsaron los afanes autónomos del anexo Xatsitsarie (Guadalupe Ocotán) y lograron separarlo de su cabecera. 25 mil hectáreas quedaron cercenadas y se conformó una comunidad que sigue reconociendo una primacía espiritual a Tatei-kie, pero no agraria ni política. Ese territorio se sumó al municipio de La Yesca, que también había crecido sobre pueblos como Huajimic y Puente de Camotlán a costa de Jalisco, en este caso, con despojos a la comunidad de Wuaut+a y su anexo Kurixi Manuwe (Tuxpan de Bolaños) por unas 20 mil hectáreas, de las que se restituyó una parte durante el gobierno de Vicente Fox (Puente de Camotlán), y queda pendiente el tema de Huajimic, con casi 10,500 hectáreas en posesión de ganaderos nayaritas que tienen escrituras y actos de posesión alentados por los gobernantes de Nayarit.

Tatei-kie no solamente padeció la escisión nayarita. Por causas no explicadas, al promover su reconocimiento y titulación que derivó en el decreto presidencial de 1965, omitió la reivindicación sobre las tierras del norte, Bancos de Calitique o san Hipólito (Uweni Mu Yewe), que habían sido ocupadas por el estado de Durango e incorporadas al municipio de Mezquital. Pero los wixaritari norteños no se dejaron y libraron una larga lucha jurídica con el ejido San Lucas de Jalpa, que había recibido sus tierras en dotación. Hoy han ganado la restitución legal con base en esos títulos virreinales de Tatei-kie que han derivado entre comunidades agrarias distintas en tres estados.

Por si fuera poco, San Andrés ha vivido desde hace pocos años otra embestida nayarita: el 18 de abril de 2018, ese estado, a través del Congreso local, pretendió “legalizar” la separación de casi 30 mil hectáreas (casi 40 por ciento de su superficie), con 12 poblados, al decretar su inclusión dentro del mapa oficial de esa entidad, pese a que constitucionalmente no tiene facultades para hacerlo.

Claudio Montellano de la Cruz, quien era presidente del comisariado de bienes comunales, acudió ocho días después, a las sedes del gobierno de Jalisco y del Congreso de este estado, a reclamar atención a su demanda de no padecer el abuso de los intereses del vecino. Me dijo que el trasfondo era un interés presuntamente minero que surgió en 2004 y que provocó la ambición de un grupo de comuneros, alrededor de 200 de una asamblea de 1,600, a quienes tanto el gobierno nayarita como los empresarios les habrían hecho promesas.

“Nosotros en su momento nos negamos a aceptar esa exploración y explotación mineral, y entonces buscaron dividirnos”, señaló. Como con Guadalupe Ocotán, casi 60 años antes. “Cuando los wixaritari hacen grupo y acuden a Nayarit, cuando se trata de solicitudes de anexión territorial, ellos [el gobierno nayarita] les hacen caso, mientras que a nosotros nuestro mismo estado [Jalisco] no nos atiende; un grupo de personas que fue allá al congreso nayarita para que les reconocieran ser parte de Nayarit, y aunque los medios de comunicación de allá dicen que son comunidades, en realidad son unos ranchitos, la comunidad única es Tatei-kie; es un grupo de personas el que está promoviendo esto, y nosotros hicimos una investigación, y vimos que sacaron credenciales de Nayarit para fraccionar a la comunidad, pero esto es un pleito interno, es un tema que llevamos con la Procuraduría Agraria, a la que hemos estado acudiendo a una mesa conciliatoria; ya hemos ido dos veces pero no han acudido ellos, nosotros estábamos haciendo eso y el Congreso de Nayarit sale con esa parte, que nos pega a nosotros», señaló.

– ¿Cuáles son los motivos que aducen para separarse de la comunidad?

– Dicen que porque nunca han tenido apoyo social, pero es normal que la comunidad no tenga apoyo por lo lejano que estamos, eso nos pasa a todos, no nada más a ellos; los demás compañeros están igual, la verdad es que ellos no asisten a las asambleas, no cumplen con sus obligaciones, por eso se quieren ir a Nayarit […] fue un abogado que les metió la idea de que se puede fraccionar la comunidad, hacer otro núcleo agrario, y fue que empezaron a hacer los trámites; y en lo que investigamos no se puede fraccionar, si no van a agarrar hasta tierras de tres estados, y es lo que no entienden ellos, y como nuestra comunidad abarca hasta Nayarit ahí quieren fraccionar. Tenemos 74,940 hectáreas, hablamos que nos quieren quitar 40 o 35 por ciento, como 30 mil hectáreas.

Los comuneros vieron en la tentativa del gobierno nayarita, una clara violación del derecho agrario mexicano, de la Constitución Política del país, y del derecho internacional, en particular, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en México tiene rango constitucional, y el cual garantiza a los pueblos aborígenes y tradicionales mantener su integridad territorial. El gobierno de Jalisco interpuso, semanas después, controversia por la anexión, pero sigue en suspenso la resolución final.

Creo que esto es suficiente para ilustrar el tema y explicar el modus operandi de los gestores políticos de Nayarit. Si los gobiernos de López Obrador y Alfaro Ramírez quieren resolver el conflicto más acuciante para la cultura wixárika, deben entender que para los wixaritari, la tierra no se negocia y no admitirán menos tierras que las que les otorgan las restituciones presidenciales de los años 50 y 60 del siglo pasado. Han luchado por 70 años y no se detendrán. Los indios se asumen como parte de Jalisco. Me lo dijo claramente el presidente de bienes comunales de Wuaut+a, Óscar Hernández Hernández , hace apenas un año, cuando recorrí la sierra: “nuestro decreto presidencial dice que se nos reconocen todas nuestras tierras dentro de Mezquitic, Jalisco, no del estado de Nayarit”.

Los gobiernos nayaritas también se ven como parte, y no árbitros de un conflicto entre particulares. “Nayarit castrado sin poderse defender, tener dentro del territorio casetas fitozoosanitarias de Jalisco […] pero no es posible que en Nayarit existan, óiganlo bien, instituciones públicas de Jalisco haciendo funciones en Nayarit, pues en qué situación quedamos. Son verdaderamente vergonzosas de la debilidad, no de un gobierno, de una sociedad y de los nayaritas. Y no somos débiles, que entiendan bien las autoridades, no la población, que no abusen”, dijo el indignado y desinformado (¿o cínico?) gobernador nayarita, Miguel Ángel Navarro, apenas el pasado 13 de julio de 2022.  Ese tono de víctimas ha marcado el discurso nayarita por décadas. Mientras a los gobernadores de Jalisco, con las excepciones señaladas, les importa un comino la suerte de sus pueblos indios (ya lo decía Fernando Benítez en el prólogo del tomo II de Los indios de México: Huicholes, en los lejanos años de Agustín Yáñez al frente de la gubernatura).

Y no se trata de que se regrese al pasado. Parece que buena parte de la invasión nayarita ya se ha consolidado por décadas de inacción de Jalisco. Los habitantes de viejos pueblos jaliscienses, como Apozolco, Huajimic o Puente de Camotlán, ya se asumen plenamente nayaritas y sería incluso contraproducente obligarlos a retornar a sus municipios originales. Pero lo menos que pueden hacer las autoridades de Nayarit es permitir la justicia por la vía de los hechos. Y bajo la premisa de que los derechos agrarios pueden existir al margen de las soberanías territoriales, no estorbar a las restituciones, que, de cualquier modo, los huicholes van a ganar en los juzgados y tribunales porque los primeros en tiempos son primeros en derecho, y sobre todo, porque los derechos agrarios no prescriben. Aquí no hay usucapion (prescripción a favor de los posesionarios) que aplique.

La buena noticia es que, desde los hechos de las primeras restituciones del año 2016, que terminaron en protestas airadas y bloqueos de parte de los posesionarios mestizos, gran parte de los dirigentes de estos y de las autoridades wixaritaris, llegaron al acuerdo de empujar juntos que los gobiernos se hagan responsables de actos y omisiones, y financien indemnizaciones a cambio del regreso del patrimonio de San Sebastián. Pero si el gobierno nayarita, inmerso en su regionalismo ramplón (que daña a su propia industria local más importante, el turismo, pues el gobernador Navarro decidió eliminar la marca Vallarta de los desarrollos turísticos del norte de la Bahía de Banderas, pese a que ya es una zona conurbada interestatal y a que esos sitios dependen del aeropuerto del destino jalisciense, que es el que le dio reputación internacional a la región), persiste en alimentar un discurso de víctimas para los posesionarios a los que el estado legalizó tierras de los indígenas de forma espuria, podría no darse una rápida y pacífica transición, como la ha prometido López Obrador. Un signo inquietante es que un grupo radical de posesionarios de Nayarit ya se alineó a ese discurso, e incluso aventura un presunto decreto virreinal de 1610 (anterior en un siglo al de Wuaut+a) como la base de sus escrituras. Huelga señalar que tal documento nadie lo ha podido exhibir: la escritura más vieja de Huajimic data de 1906.

EL PLAN DE JUSTICIA

Andrés Manuel López Obrador estuvo este 10 de septiembre en tierras de la cultura wixárika jalisciense, y muy cerca del centro del mundo de esa cosmovisión: la cabecera comunal de Tuapurie está a pocos kilómetros de Teeka’ta. Es el primer presidente que pisa la comunidad, lo que demuestra que el uso de los símbolos sigue siendo la mayor habilidad de este gobernante de matriz populista. Hubo muchos compromisos de servicios, infraestructura, salud, y de protección de sitios sagrados. Pero el tema agrario fue reconocido como el centro de todo.

Alejandro Chanes Ortiz, el subprocurador agrario, informó en la reunión de “cinco temas recurrentes” que se presentan en diversas comunidades de la sierra: “La primera, es la invasión y despojo de tierras comunales y ejidales por terceros ajenos. Aquí hemos identificado al menos siete casos. Estos casos se atenderán conjuntamente con el INPI y la Procuraduría Agraria para establecer las acciones jurídicas y sociales correspondientes. El segundo, son las comunidades con inexistente o deficiente ejecución de resoluciones presidenciales. Tenemos seis casos identificados. Este problema se atenderá en base al diagnóstico que rendirán el INPI y la Procuraduría Agraria para detallar las acciones jurídicas correspondientes. El tercero, son los conflictos de límites de comunidades wixárikas con otros núcleos agrarios. Aquí hemos identificado 18 casos al menos. Para atender este problema se implementarán mesas de trabajo entre las comunidades afectadas y sus colindantes para poder establecer acuerdos de solución”.

El cuarto son las comunidades afectadas por la imposición de programas de certificación y titulación “que disminuyeron tierras reconocidas en resoluciones presidenciales”, y el quinto, “la actualización de padrones, este es un tema general de todos los núcleos wixárikas y es que no se encuentran al día en el reconocimiento de sus comuneros”.

El subprocurador reconoce como problemática “la falta de servicios por los gobiernos estatales por indefinición de límites entre entidades federativas, para lo cual se requiere un trabajo coordinado de la Secretaría de Gobernación, el INPI, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y la Procuraduría Agraria con las entidades federativas, con los gobiernos estatales para que se pueda establecer la línea de tratamiento de abastecimiento de estos servicios que son muy necesarios para las comunidades”.

Allí estuvieron tanto el gobernador nayarita como el gobernador de Jalisco. López Obrador dijo frente a ellos:

“Creo que ha sido un buen trabajo de las autoridades tradicionales que se pongan de acuerdo más allá de los límites comunitarios, de los límites de los pueblos y de los límites de municipios y de estados, porque es una región y así debe verse. Vamos a dar cumplimiento al plan que ustedes nos presentan […] vamos a enfrentar el problema agrario y yo siento que en esta región es el principal problema, lleva ya mucho tiempo, ha habido diferencias, hay confrontación, y es muy claro que se trata de una lucha de comunidades indígenas con propietarios privados, pequeños, medianos y grandes. Y es hasta un asunto cultural, hay diferencias que se tienen que resolver mediante el diálogo y lograr que todos nos respetemos y nos veamos como hermanos”.

De esta manera, “independientemente de lo jurídico, tiene que haber un acuerdo para que se resuelva el problema de fondo y en definitiva, en lo jurídico, ya todos lo sabemos, llegar hasta la última instancia es un viacrucis, porque siempre hay un nuevo recurso, ya es el terreno de los leguleyos, que no necesariamente son abogados, ya es la complicación burocrática, las chicanas y la corrupción y todo lo que se padece en los juicios. Por eso lo mejor es llegar a un acuerdo, si ya se tienen avanzados, avanzadas resoluciones en lo agrario ya en ciertas instancias buscar la conciliación, y decirles a ustedes, que son los dueños originarios de las tierras, porque esa es la verdad, decirles que, de todas formas, tenemos que hablar con los propietarios o poseedores actuales, a los particulares y ofrecerles alternativas, esto es compensarlos, se llama indemnización, podemos hacerlo, y todo ese recurso que se requiera está disposición de ustedes”.

López Obrador, quien recibió hace dos meses a una caravana de comuneros de Wuaut+a que tras recorrer más de mil kilómetros a pie, arribaron a palacio nacional, les había prometido que las tierras regresarían a sus dueños originales antes del final de este año. Ahora cambió la versión: “Y yo espero que antes de que termine nuestro gobierno podamos cumplir restituyéndoles sus tierras […] no vamos a usar la fuerza, todo por la razón, nada por la fuerza, decía el presidente Juárez”.

Pidió a los dos gobernadores “que nos ayuden en este plan, a Enrique Alfaro, al doctor Miguel Navarro, para que se hable con los propietarios. Y que, desde luego, nos ayude, como lo ha venido haciendo, Adelfo Regino, de nuevo Víctor Martínez, para avalúos, bienes nacionales, y Josefina Elizabeth Bravo, que tiene como encomienda la conciliación de los pueblos originarios […] que se pongan de acuerdo y que se vea cuánta es la tierra en conflicto, que se hagan avalúos y que podamos nosotros hacer un planteamiento a los propietarios”.

Sin embargo, matizó: “Algunos a lo mejor no van a aceptar, pero otros sí, como ya lo han venido haciendo, porque no les va a ir mal, no es una arbitrariedad, no es despojo, es reconocerles que tienen un derecho de posesión y que por eso van a tener una recompensa, pero que la verdad no hace falta ir a ningún tribunal, es nada más conocer la historia”. Aquí salta una pregunta absolutamente pertinente: ¿las autoridades comunales, que han sido muy pacientes en los temas legales, estarán dispuestas a que no se les entregue todo? Sin dudar: la respuesta es “no”.

LO ESPERAN EN NOVIEMBRE… PERO IRÁ EN FEBRERO DE 2023

No se pueden evitar vientos de conflicto entre los comuneros de San Sebastián, que recibieron del presidente, a finales de mayo pasado, la promesa -por escrito – de que se les regresarían todas las tierras -no hasta 2024, y no con dudas sobre esa posibilidad – … en diciembre de 2022.

“Recibió a la comitiva, y firmó ese acuerdo. La palabra del presidente no solo lo compromete de forma honorable, como persona, sino que es jurídicamente vinculatoria”, me comentó ayer un líder wixaritari de Tuxpan. La clave para esto es que se terminen de desahogar los juicios, que deriven en sentencias y ejecuciones, o que se alcancen por la vía de conciliación, mediante pagos, la entrega de todos los predios, con la cual, los posesionarios renunciarían completamente a cualquier reclamo posterior. “No nos interesa ninguna indemnización para nosotros, exigimos la tierra completa”, fue enfático el dirigente cuando le plantee la idea que nuevamente mueve el gobierno nayarita, de indemnizar a los comuneros a cambio de parte de sus predios.

El subprocurador agrario dio detalles de los avances específicos en la negociación del problema territorial de Wuaut+a: “Me es muy grato informar también que la comisión presidencial integrada por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y la Procuraduría Agraria el pasado 30 de mayo para la restitución de 10 mil 357 hectáreas demandadas por la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños se ha avanzado: En los convenios de conciliación con dos familias de ganaderos para la restitución de tierras se tiene unos acuerdos preliminares con cada uno de ellos y se espera que la última semana de este mes se arribe a los convenios correspondientes en base a avalúos…”.

Otro grupo de ganaderos “se acercó al procurador agrario solicitando tener un nuevo diálogo de ellos con el comisariado de bienes comunales para buscar la ruta de conciliación conjunta”, se realizará en Tepic el 30 de septiembre.  El 30 de agosto pasado se programaron 20 audiencias de ejecución de juicios concluidos de restitución en favor de la comunidad.

“El 2 se septiembre la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México y la Procuraduría Agraria fueron invitadas a participar en la asamblea de comuneros de San Sebastián, en donde solicitaron fundamentalmente el apoyo para impulsar tres juicios agrarios en el Tribunal Unitario Agrario número 16, con sede en Guadalajara, lo que ya se realizó, ya se habló”.

El subprocurador prometió estar al pendiente y dar celeridad “a los acuerdos con los posesionarios con los que se están llevando a cabo negociaciones lo que se tiene programado realizar en este mes”. Por último, “a raíz de una reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación, y donde estuvo el señor gobernador de Nayarit, se acordó que el 28 de septiembre próximo habrá una reunión entre el señor gobernador de Nayarit, la Comisión Presidencial y los órganos de representación de la comunidad indígena”.

Pese a esto, es digno de atención que Wuaut+a, el pueblo indio más poblado y extenso del mundo wixárika (casi dos tercios de la superficie total reconocida a esta cultura), no haya mandado representación en la gira por la justicia de los antiguos aborígenes del Gran Nayar que encabezó López Obrador el pasado fin de semana, que incluyó presencia en asentamientos coras y tepehuanos. “Para nosotros la justicia consiste en entregar la totalidad de nuestras tierras, no tenemos nada más que decir mientras eso no se cumpla”, me dijo el líder comunal huichol.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió al presidente no menospreciar el reclamo de San Sebastián ni ralentizar su solución, aunque insistió en negar el evidente problema de límites interestatales en que se traslapa: “quisiera yo insistir, simplemente, en que pudiera usted, como siempre lo ha hecho, poner mucha atención en el tema de San Sebastián, porque lo que hicieron los compañeros de esta comunidad de marchar hasta la Ciudad de México, que usted amablemente los recibió, creo que es una muestra de la lucha que ellos están dando de la manera como quieren defender sus tierras, se lo decía a mi amigo el doctor Navarro, no es un conflicto entre estados vecinos y hermanos, es un asunto de justicia, de que puedan restituirles su tierra”. ¿Navarro le reclamó al Alfaro la invasión de Jalisco a sus territorios, aunque se traten de tierras arrebatadas a Jalisco y a los wixaritari en las décadas previas? Nada ha trascendido, aunque el mandatario morenista ya ha mostrado sus escasas luces y su regionalismo barato en estos temas. A ver si no se convierte en un obstáculo para alcanzar un proceso pacífico y justo.

Concedamos el beneficio de la duda. Pero ya está en curso la octava década desde el decreto presidencial del presidente Ruiz Cortines. Y de promesas cumplidas a medias y a fuego muy lento, los wixaritari de Wuaut+a y de Tatei-kie están llenos.

“La libertad de prensa es origen y fundamento de todas las libertades; cuando se le suprime, inmediatamente surge el tirano…”.

 Francois René, vizconde de Chateaubriand. Memorias de Ultratumba.

Polarizar es parte central en el deporte de ser autócrata (o de aspirar a serlo), y aunque a priori, un discurso político, por su naturaleza, consiste en ofrecer una visión de la realidad, en este caso, como no media la buena fe, sino el deseo de poder, deliberadamente no se buscará reflejar la realidad misma, aunque debemos dar por descontado que el inescrupuloso autor sí aspira a que su discurso sea tomado como la verdad simple y llana.

Pero es un discurso sobre una realidad trastocada, donde se acentúan algunas características reales y se minimizan o pasan por alto otras, se tamiza entre generalizaciones seductoras (que explotan la desconfianza del individuo en el Estado y el gobierno, pero también en otras organizaciones e instituciones que dependen críticamente de la confiabilidad que despiertan en los ciudadanos, como la prensa y los organismos sociales), se introducen mentiras y clichés moralistas (donde los ricos, los ilustrados, los críticos y los opositores siempre resultan sospechosos) y se extraen conclusiones arbitrarias y frecuentemente negativas, con el propósito de sumergir a los ciudadanos en una espiral emocional que lleve a veredictos pesimistas o de plano desesperanzadores sobre un sistema democrático, de manera que como electorado, vean como mal menor dar el poder a ese hombre providente que asegura tener la solución a tan dramático cuadro de desastres, corrupción e injusticias de la “mafia del poder”.

Polarizar es, pues, la construcción de una “narrativa”. Es verdad que no solamente los autócratas polarizan: hay sistemas democráticos donde la polarización refleja sencillamente posiciones encontradas sobre temas generalmente de principios (el aborto, el matrimonio de minorías sexuales,  la igualdad de mujeres y hombres, la igualdad política) que no son negociables para quienes sustentan las posturas a favor y en contra; también se suele dar de forma casi “natural” una polarización en debates específicos sobre desarrollo institucional o económico, uso de los bienes públicos, determinación de la ampliación de derechos en temas sujetos a disponibilidad de recursos fiscales (los subsidios y el acceso a medicinas) o de existencia física de algunos bienes que cuyo acceso se quiere establecer como derecho (y por tanto, universal), como el agua (no es lo mismo en un país desértico que en Canadá o la Amazonia), los parques o los autos particulares. Pero son discusiones planteadas en el eje de la discusión democrática y que tienen salida institucional en la representación política de órganos como el congreso, donde los diputados sí están obligados a construir al menos mayorías para sacar adelante algunos consensos.

La polarización que induce en México el presidente Andrés Manuel López Obrador es otra cosa. Se trata de imponer una visión única del mundo y condenar todo lo que no la confirma. Y para eso necesita el poder, poder suficiente como para imponerla y reducir al silencio a quienes hoy se quejan de su obstinación. Los “normalizadores” -aquel núcleo de líderes de opinión que critican algunos aspectos de las políticas lopezobradoristas, pero consideran que el de AMLO es un episodio democrático no peor al de sus antecesores, y por tanto, que no pavimenta el camino a un autoritarismo, por más que lo anuncie en sus discursos y sus decisiones plagadas de unilateralismo – aseguran que la polarización está en la realidad de la miseria y la desigualdad (quizás son los mismos que confunden la igualdad necesaria de hombres y mujeres con un nuevo lenguaje “no sexista” que por alguna razón, no modifica la desigualdad real), como si estuviéramos en el kínder y no entendiéramos que toda realidad es diversa, tiene puntos extremos y es de suyo conflictiva, pero que esto demanda políticas integrales y complejas, transparencia y rendición de cuentas, monitoreo y creación de sinergias sociales, y no discursos simplones de buenos (Yo, el presidente; y mis correligionarios) y malos (todos los que se me oponen).

Hay que decir: los normalizadores siempre han existido para dar una lectura menos inquietante de los cambios a regímenes autoritarios. No se asusten, no perderán sus derechos, no hay una amenaza a bienes irreparables. En los casos más extremos: son discursos radicales, para “su base”, pero es un moderado. O bien: miente como los otros, es perverso como los otros, la oposición no es mejor (y el deliberado intento de agrupar a los críticos más variopintos del autoritarismo lopezobradorista en el cajón de la “oposición”)…ergo: da lo mismo, esta democracia es una impostura y no merece sobrevivir.

¿Este contexto sirve para explicar la guerra declarada contra los periodistas por el presidente?

Aquí van algunos apuntes reflexivos, fruto en muchos casos del debate honrado con honrados opinadores de redes sociales que no ven las cosas como yo:

1. ¿Por qué el ataque a la prensa por el presidente es tan peligroso? La prensa nunca ha sido considerada un gran valor por la sociedad tradicional mexicana, que sigue siendo mayoría; no hemos logrado construir un país de ciudadanos. A la gran mayoría de los mexicanos sencillamente no les interesa la crítica al Estado y a los poderes sino en la medida en que es un espectáculo, y esto ya era verdad hace medio siglo, sin redes sociales. Como no se ha construido una mayoría crítica, la prensa ha sido vista con recelo y siempre se buscan segundas o terceras intenciones en las historias periodísticas. Antes de las redes ya se ignoraba a los periódicos y solo se consumían medios electrónicos con alto contenido emocional. El periodismo siempre ha sido tema de minorías, algo de clase media, grupos de poder y activistas, que sí supieron reconocer el valor nivelador de una denuncia periodística para enfrentar a los intereses de los poderosos. AMLO comprende bien esa ecología y utiliza a los medios y periodistas de piñata, pues el costo de hacerlo es bajo: puede vertebrar su polarización y hacerlos villanos, pues no pagará consecuencias en una sociedad que ya era indiferente al papel del periodismo. Para esto, sus sacrificios simbólicos (“autos de fe en efigie”) son figuras mediáticas, como Carlos Loret o Carmen Aristegui. Lo paradójico es que una parte de la sociedad pasa de la indiferencia al encono porque compra el argumento de que el periodista es el enemigo. Yo veo una relación directa y clara entre esos linchamientos simbólicos y la violencia contra periodistas; la sociedad no solo descree, sino que permite esa violencia porque considera prescindible el periodismo crítico (que solo crítica, que pone sal en la herida, que incomoda, que desune, que violenta la solidaridad).

2. Esto no es un problema de borregos idiotas que se dejan manipular, aunque estos nunca faltan; es echar a andar un proceso de avasallar lo que ya está endeble (la precarización del periodismo es brutal en México) y cuya desaparición en los entornos autoritarios es como un concierto de simulación en que los medios se acercan a la narrativa oficial, porque no tiene costos reales al político que lo promueve y a la sociedad parece darle lo mismo. Bajo este contexto sí encuentro una correlación entre la campaña de AMLO y el descenso de la credibilidad periodística.

3. En defensa del periodismo: si la realidad se transmite de manera inquietante es simplemente porque es inquietante. El deterioro del Estado de derecho es brutal y los periodistas deben narrarlo. La calidad de esa narrativa varía, como siempre, pero es altamente perverso condenar a una profesión completa por sus versiones más carentes. Lo que yo veo, más bien, es que el alimento puramente emocional viene de las redes de bots oficiales que buscan generar tendencia para consolidar las líneas de las conferencias Mañaneras; debería llamar la atención que las acusaciones del presidente no van medularmente contra el periodismo emocional o “amarillo”, sino contra el periodismo de hechos, de datos, de análisis, de amplificación de denuncias contra el discurso oficial, de visibilización de disidencias.

4. En esencia, no creo que las grandes audiencias ligadas el presidente reclamen un periodismo profesional; lo que reclaman es que la prensa se adhiera al relato presidencial y a su épica. Y les importa un bledo que ese no sea el papel de la prensa; solamente les interesa el periodismo cuando son víctimas o son afectados directos. Mi experiencia de más de tres décadas me permite decirlo con alta dosis de certidumbre.

5. Sin duda, creo que un ciudadano crítico debe cuestionar qué son los medios y cómo se financian; quiénes son sus dueños y qué intereses representan. Pero lo que un ciudadano crítico no pretendería es poner en primer lugar esos cuestionamientos y no la calidad de los datos y las pruebas ofrecidas en un reportaje. Es posible que ciertos medios tengan más estímulos para ofrecer reportajes críticos, pero esa condición previa no funciona para desacreditar la información ofrecida.

LA INFORMACIÓN SE DESACREDITA SI NO ESTÁ BIEN SUSTENTADA O SI ESTÁ MAL INTERPRETADA. NADA MÁS.

6. El ecosistema de los medios es diverso e inciden en él los más diversos intereses. Si hay fuerzas de oposición que buscan financiar periodismo crítico respecto a una administración, eso es perfectamente legítimo. De ese modo funcionan las democracias: esas pulsiones interesadas y quizás mezquinas, ayudan a construir un contrapeso efectivo. Aquí tiene aplicación es extraordinario aforismo de Bernard de Mandeville: “los vicios privados se convierten en virtudes públicas”. Y de acuerdo en visibilizar esos intereses, y cuestionarlos, siempre que entendamos que no sirven para desacreditar la calidad de un reportaje; un reportaje solo se puede desacreditar si presenta datos falsos o no verificados. Pero además, un reportaje siempre es un panorama provisional de algo; en la medida en que salen nuevas evidencias se confirma, se consolida o se desacredita. Pero jamás, por ejemplo, porque Latinus tiene un grupo de empresarios enemigos de AMLO, podemos deducir que sus revelaciones son falsas. Solo pueden ser falsas si dicen mentiras o verdades a medias o plantean razonamientos defectuosos.

7. En México hay muchos poderes fácticos y deben ser cuestionados. Siempre que no perdamos de vista que no existe nadie con más poder simbólico y real que el presidente de la república. Tampoco podemos olvidar que sus acciones generan efectos buenos o malos, pero sus omisiones más. Y como está obligado con nosotros, pues nos representa, siempre deberá ser más cuestionado. Esa es otra regla de oro de la vida democrática y de la prensa.

8. La indiferencia de la población al periodismo hace irrelevantes a los periodistas. Y si ya eran socialmente irrelevantes, y de pronto se convierten en conspiradores en virtud de una narrativa oficialista, lo que era sospechoso se convierte en culpable. Si a la gente le preocupara el periodismo y los periodistas, sería políticamente costoso atacarlos y sería escandaloso matarlos. No hay tal cosa, esos asesinatos están normalizados, no provocan demasiados sobresaltos. Siempre la impunidad toma el camino sencillo: si no existen sanciones efectivas por suprimir a un grupo de personas problemáticas para los intereses en juego, entonces el costo de hacerlo es menor. Es incentivo por omisión. La altísima tasa de homicidios y de desaparecidos es prueba de que si no hay acción punitiva del estado, o reacción enfática de la sociedad, el costo de esos delitos es considerablemente menor.

9. Pareciera contradictorio ver el ataque de AMLO a los periodistas influyentes y millonarios (ad hominen, para no responder a lo que debería responder como persona pública) y contemplar el saldo de atentados contra periodistas sin recursos y fama. Pero la clave de la propaganda es que son periodistas. El mensaje de AMLO es desafortunadísimo porque ataca al periodismo crítico aunque a veces personalice. No hay manera de confundirse: el señor ha dicho que en tiempos de grandes transformaciones, los verdaderos periodistas toman partido. También ha señalado a los periodistas agredidos que si se portan mal “ya saben lo que les pasa”. De manera que insisto en señalar al menos una correlación directa (los discursos no suelen ser causa directa, pero crean el clima, el ambiente propicio para que los periodistas concretos sufran a manos de personas concretas -que por cierto tampoco son Bejarano, Sheinbaum o Noroña, sino personas comunes-; no hace falta, el relato aceptado justifica a los agresores). Me parece que la responsabilidad de AMLO es directa en la tragedia del gremio, y se debe señalar con toda claridad. Las ideas pueden matar cuando el ambiente es propicio, es simple.

10. Los críticos de la democracia liberal se han empecinado en minar la credibilidad de la prensa y en ese sentido, lo que AMLO dice todo el tiempo es normal; lo hacían antes Chávez, Maduro, Lula, Evo, Correa y Ortega, por citar a los más famosos. Como cualquier institución, la prensa no es perfecta, pero basta con que subrayes sus carencias y sus sesgos para construir un discurso de total desacreditación. Podríamos proceder igual con otras empresas y con otras profesiones, pero el interés está aquí justo porque el trabajo de los medios y de los periodistas es aportar crítica, fundamentalmente, al poder, y sobre todo, al poder político. ¿Por qué más al poder político? Porque nos representa a todos y nos debe cuentas, creo que es elemental. Ni de lejos creo que la desacreditación nazca de las audiencias, y no es porque sean idiotas; es porque están expuestas a la narrativa política, y toda narrativa política tiene una coherencia interna, pues está construida para seducir . Es muy parecido a la propaganda de los evangelizadores, te dice el mensaje de lo bueno y luego te dicen que las demás religiones están equivocadas e incluso son diabólicas. No te presentan datos y ecuaciones que comprueben su superioridad, no es la naturaleza del fenómeno propagandístico. Como periodista creo que en todos los medios de comunicación dominantes, así como en los alternativos, hay profesionales que hacen muy bien su chamba, y eso no lo pueden controlar los “comunicadores dominantes”. Creo también que el análisis a profundidad de los problemas no elimina el papel básico de los periodistas como críticos del poder, e insisto, sobre todo del poder gubernamental, y entre estos, el presidencial. Eso es básico en esta profesión por las causas ya aludidas. El que convierte esto en un tema de discursos es el presidente y su presunto derecho de réplica lleno de excesos y de medias verdades y mentiras. Obviamente va a encontrar quiénes le respondan del otro lado, el tira la piedra para eso. Y quienes le contestan son comunicadores que tienen la titularidad en medios, pero no siempre son los periodistas mismos. Ese exceso de ruido es polarizante, pero sería más simple al presidente -si realmente fuera demócrata – no exponerse y limitarse a responder con precisión, lenguaje sobrio y documentos lo que los reportajes dicen y considera equivocado. Pero al presidente le interesa el ruido, eso es el libreto de cualquier populista. Y la fábula, con algunos elementos de verdad, de que del otro lado están los que conspiran contra él, le resulta particularmente valiosa. Nuevamente, el periodista aporta el elemento disruptor que tiene a su cargo desmontar ese fraude, y entonces, se le ve peligroso.

11. Hay muchas opiniones respecto al acoso presidencial al periodismo, pero creo que la mayoría de los periodistas, los respetables y los no respetables según como lo entienda cada persona, estamos de acuerdo en que la descalificación cotidiana de la presidencia afecta más al oficio que a Loret. Me parece que ese es el objetivo del presidente, tomar “vidas ejemplares” para mandar a los 4,500 periodistas del país el mensaje de que no pueden ejercer el periodismo crítico contra un proceso revolucionario “pacífico”. Es verdad que el proceso de degradación de la profesión y la quiebra de su modelo de negocios ya estaba en marcha y es complejo; lo aprovechó López Obrador y lo utiliza a su favor: agarra al perro flaco por muchos sexenios y le carga las pulgas.

12. No hay una sola manera de hacer crítica. Eso demuestra que la polarización es artificial y tiene objetivos políticos. No hay dos relatos, hay muchos, pero hay una sola presidencia, muy poderosa, que es objeto central de la crítica de los periodistas honrados y eso será mientras sigamos siendo una democracia representativa con valores liberales. Esa que no le gusta al presidente AMLO y a sus amigos de viaje latinoamericanos, todos ellos caudillos a la cabeza de regímenes que van de “democracias híbridas” a abiertas dictaduras.

“Todos los héroes acaban por hacerse muy fastidiosos”

Ralph Waldo Emerson, Hombres representativos

Enrique Alfaro Ramírez, el político habilidoso que supo montarse en el desprestigio de sus rivales y crear un discurso polarizador muy eficaz para convencer a los electores de que era diferente, para bien; que era el hombre necesario, el héroe que iba a sacar a la sociedad jalisciense del marasmo mediocre de muchas décadas, y cuya obstinación en denunciar corrupción de la partidocracia le generó una amplísima adhesión entre amplios sectores contestatarios de la sociedad civil (que se tradujo en su muy mexicana incorporación a la nómina a lo largo de los sucesivos gobiernos que ha encabezado), hoy se encuentra agotado. Su figura ya no concita admiración, respeto ni reconocimiento, sino hostilidad, desprecio, y en algunos casos, muy justificadamente, miedo.

¿Cómo se hundió quien en algún momento fue visto como un formidable zoon politikon (en griego: “animal político”) que pintaba para trascender las fronteras del estado, arribar a las “grandes ligas”, y a una candidatura presidencial, y finalmente regresar a Jalisco el protagonismo en la arena política nacional, perdido, quizás, desde la extraña muerte del general Ramón Corona, el vencedor de Manuel Lozada, El Tigre de Álica en La Mojonera, ex embajador en España y muy popular gobernador que provocaba recelos en don Porfirio Díaz, bajo la oportuna mano asesina de Primitivo Ron, en 1889?

La política es un oficio complejo porque aborda la “cosa pública”, y eso significa que se enfrentan y negocian los más diversos intereses de todas las clases y grupos de la sociedad. Alfaro Ramírez, nacido a la política en el PRI y después su principal denostador, no era un improvisado. En casa creció entre las conversaciones sobre los desafíos de la administración pública de una entidad tan enorme y compleja como es la Universidad de Guadalajara (UdeG), regida entre 1983 y 1989 por su padre, Enrique Alfaro Anguiano, uno de los pocos cargos políticos que compiten en relevancia con los del gobernador en turno.

Luego de estudiar ingeniería en el Iteso (no siguió en la UdeG probablemente por el agravio que significó a su familia el arribo como rector de Raúl Padilla López, sucesor de Alfaro Anguiano, cuyos intereses defenestró, para asumirse como verdadero refundador de la casa de estudios, que se mantiene como su feudo político desde hace más de tres décadas), accedió hacia la política de la mano de su tío César Gabriel (de trato afable y conciliador, a diferencia del impulsivo carácter del hoy gobernador), y sobre todo, de quien ha reconocido como su verdadero padrino político: el empresario y ex senador Raymundo Gómez Flores, que se enriqueció notablemente con desarrollos habitacionales populares en las cercanías de la Central Camionera Nueva, creada por el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo a mediados de los años 80 del siglo XX, y que después, emergió entre los empresarios ricos de México, de la mano de las privatizaciones del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (Grupo Dina).

No se trata de un rumor. El día de su toma de protesta como presidente municipal de Guadalajara, el 30 de septiembre de 2015, me tocó ser testigo de su apoteosis: iba a sacar de su “crisis” a Guadalajara y a limpiar la ciudad de los corruptos. Y entre los pocos nombres que se llevaron su reconocimiento, precisamente el del ya entonces político retirado a su familia, con los negocios inmobiliarios ya como su actividad sustantiva (vecinos de business de la familia propia: en la zona de El Nixticuil, Zapopan, los desarrollos de los Gómez Flores y de los Errejón Alfaro, primos del mandatario, han impuesto las políticas de urbanización por más de una década).

LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE

Era la fase más alta de la construcción del personaje público. Con la fuerza de sus asesores políticos (yo tengo la teoría de que los politólogos, una carrera relativamente nueva en las universidades del país, como asesores, han sido muy eficientes en la fabricación de políticos cínicos y calculadores, pero es una discusión que tenemos pendiente) y de “sus” empresas de comunicación (ojo, empresas que han vivido de recursos públicos desde los años del gobierno en Tlajomulco, 2010-2012), Euzen. Covacha e Indatcom, se había convencido a muchos activistas sociales que la respuesta al desencanto partidista era justamente ese hombre enérgico y directo. Qué decir de buena parte de la sociedad tapatía, que votó masivamente por él. Recuerdo que la noche de su toma de protesta como alcalde, en la Plaza Liberación, un parroquiano llevaba un letrero que decía: “Alfaro, contigo se les aparece el chamuco a los corruptos. Expúlsalos”.

Esa enorme habilidad para vender a un personaje más allá de la medianía democrática (eso es justamente el liderazgo populista: la venta de superhéroes para salvar la república… suprimiéndola) ha pasado factura con el paso de los años. La ira bíblica, los raptos sentimentales, el afán de “comunicación directa” con el pueblo (la admiración de Enrique Alfaro por Andrés Manuel López Obrador no es solo retórica convenenciera), transmiten ahora la imagen de un político inflexible, vulgar en su enfrentamiento con personalidades de la sociedad inferiores a su representación, obsequioso con quienes le superan (al presidente solo lo pelea… cuando está lejos), y enfermo de protagonismo. Un aspirante a influencer que necesita subir tuits y videos para llenar las redes engañado por sus asesores sobre la real forma en que los ciudadanos desencantados lo ven.

 

Es irremediable que esto lo llevara a relaciones tiránicas con los periodistas, donde prima la hipocresía propia y de sus asesores, que no vacilan en presionar por la cabeza de comunicadores incómodos, con el poder que dan los recursos públicos que manejan para “convencer” (ninguna evolución en relación a sus antecesores, que al menos eran más discretos), pero que se abre a los periodistas externos a Jalisco, e incluso se atrevió en su programa de arte público, a rendir homenaje a periodistas caídos (una pluma gigante de dudoso gusto estético) mientras denostaba a periodistas reales y los acusaba de formar parte de una conspiración “de los de siempre”. Los aromas de Tlajomulco…llevan a Macuspana, Tabasco.

(Acotación: como suele suceder con las críticas a los gremios, siempre hay una parte de razón en las acusaciones: muchos periodistas que han hecho fortuna a la sombra del poder, forman parte de una tradición de taras que viene de la época de predominio del viejo PRI. Lo grave es que termina como pretexto para perseguir -por ahora, solo discursivamente – a los periodistas reales, los que reportean en la calle, los que viven el oficio y sacrifican su tiempo y a veces su vida a dar noticias del modo más profesional posible).

EL CAMPEÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

La hipocresía es inherente a las democracias representativas. Y contra la hipócrita o desinformada crítica de los “sinceros”, de los que sostienen la “congruencia” como máxima virtud (congruencia es a fin de cuentas una relación entre pensamiento y acción: si yo creo que el asesinato es moralmente bueno, y asesino, soy congruente. Si yo creo que la caridad buena y la práctico, también), creo que no es malo que exista y se le reconozca. La hipocresía a veces permite a la gente no matarse (por ejemplo, las relaciones entre países: el matón Putin, siempre congruente, despedaza Ucrania; el quizás hipócrita Biden denuncia los crímenes de guerra, por conveniencia geopolítica, ¿entonces tú amas a Putin, tan congruente como Hitler?). Dicho esto, podemos aceptar que los movimientos políticos redentoristas, como el de Enrique Alfaro, se ofrecen a la sociedad como una alternativa a los hipócritas “de siempre”. Y son tan eficaces en transmitirlo, que convierten el tema en su talón de aquiles. Y ese es el eje del creciente desprestigio de la figura del gobernador. Humano, demasiado humano (Friedrich Nietszche).

Ya he abordado en otro momento el tema de la captura de la sociedad civil: a los que hizo sus amigos, les dio la justicia de la nómina y la gracia de dar el barniz necesario de civismo a un gobierno que, como todos los del pasado, está conformado con políticos profesionales (https://elrespetable.com/2019/09/05/alfaro-el-asalto-a-la-sociedad-civil/). Es muy grave que en su búsqueda vulgar (AMLO dixit) de poder (esa sí, por disfrazada, muy hipócrita), esta clase de políticos busquen despedazar la institucionalidad política, cuando un verdadero demócrata plantearía la corrección y consolidación de esas instituciones, su efectiva ciudadanización. Pero la propuesta de Alfaro es completamente obradorista (aunque haya emergido de un partido, Movimiento Ciudadano, que como Morena, recibe prerrogativas de ley y financiamiento público): convertirse en el hombre necesario para que la sociedad entera avance. Eso lleva a someterla, por las buenas y por las malas, a la llamada sociedad civil. Enrique Alfaro no fue diferente al presidente de la república, que tiene a sus feministas, sus ecologistas y activistas sociales propios, y ataca a los que no controla. La amenazante personalidad que despliega la “sinceridad” alfarista y el uso de recursos públicos contra disidentes (campañas de desprestigio en prensa y redes, verbi gracia) busca someterlos, por la mala. Y por eso hay prensa buena y prensa mala, activistas buenos y activistas malos. Eso tiene además la función de alimentar la fábula del héroe victorioso (para lo cual es indispensable la debilidad de esos malvados narrativamente todopoderosos).

(Otra acotación: que buena parte de los críticos de Alfaro estén ligados o sean simpatizantes del populismo lopezobradorista, no los descalifica a priori. Este es el pantano de la política y las motivaciones van desde el odio puro y sincero al agresivo y arrogante gobernador hasta la real búsqueda de resultados porque el gobernador “sincero” le dio la espalda a movimientos que utilizó en su ascenso al poder. El caso de los activistas de Temacapulín me parece emblemático en el segundo caso. También creo que muchos lopezobradoristas son sinceros en su creencia de que el rezago de Jalisco es efecto del desgobierno de Alfaro y no de los errores kilométricos de su héroe morenista. Es la coartada perfecta para la incapacidad del gobierno federal).

El “frontal” y “sincero” mandatario, durante sus años en Tlajomulco y, sobre todo, Guadalajara, utilizó de forma descarada a sus soldados de la sociedad civil para criticar a quien a partir de 2013 despecharía en Casa Jalisco, el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Esa clase de críticas con tufillo de desinformación y dolo que ahora, que alcanzó el poder, tanto odia. ¿Buscaba Enrique Alfaro que le fuera mal a Jalisco, como le gusta hoy decir para desacreditar a sus críticos? No, buscaba descarnadamente el poder (lo que ahora juzga inmoral, pues tal vez cree que su llegada a Casa Jalisco, con una interpretación de vulgata marxista-revolucionaria, es el parteaguas que si no llevará a la utópica abolición del estado, al menos si enterrará la política de élites para siempre -¿será posible que eso pase por la mente de los políticos-redentores? Me parece que al menos sí es uno de sus sueños húmedos -). 

La postración de los ciudadanos capturados por la nómina no tendría mejor imagen simbólica que la del pasado 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, cuando la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, y las principales mujeres de su gabinete (en cuanto a nombres y números, es herético dudar en la vocación feminista del mandatario; lo mismo que pasa con López Obrador con su más de 50 por ciento de mujeres en el gabinete) le entregan un reconocimiento por su compromiso con la lucha feminista (ese mismo día, oh odiosas comparaciones, el Pontifex maximus de la república caciquil mexicana, posa en una amplia fotografía con decenas de funcionarias de su gabinete, mientras en la calle, miles de mujeres protestaban contra los feminicidios y la ausencia de derechos).

Margarita Sierra, prestigiosa activista que encabezó muchos años los destinos de la Feria Internacional del Libro (FIL), ha sido una herramienta muy útil para la agenda ciudadana alfarista. En marzo de 2018, la desaparición en Tonalá de los jóvenes videoastas Javier Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, llevó a una potente campaña de medios encabezada por la hoy secretaria, y directora de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), de donde eran los desaparecidos. “Es una desaparición forzada, porque quienes los levantaron dijeron que eran de la Fiscalía, además tenemos dos semanas de desaparición y ni una palabra, o sea el gobierno ni la Fiscalía no dicen nada”, dijo entonces (https://origenoticias.com/caso-de-estudiantes-del-caav-es-una-desaparicion-forzada-margarita-sierra/).

Evidentemente estaba en todo su derecho y era congruente con lo hecho a lo largo de su vida (https://mobile.twitter.com/lamagasierra/status/977758642148552704?lang=bg ). Las manifestaciones contra el gobierno de Sandoval Díaz subieron de la tono, al grado que se pidió la renuncia del mandatario, quien sugirió que la activista buscaba renta política a favor del alfarismo, lo que arreció la campaña en su contra. Aristóteles reculó a responsabilizarla y enfrentó el problema. “Emplearemos toda la capacidad de fuerza e inteligencia del Estado al tiempo que seremos y tendremos permanente comunicación con los familiares; los estudiantes de Jalisco no deben de tener ninguna duda de que estamos compartiendo la indignación… también compartimos esta rabia e indignación que sienten, y desde luego, a nosotros nos toca hacer justicia”, declaró el entonces gobernador.

Y en su cuenta de Twitter, @AristotelesSD, publicó: “Es absolutamente justificada la indignación que el caso de los tres estudiantes despierta en la sociedad. Como padre estoy dolido y conmocionado; como autoridad cumpliré el compromiso que hice con los familiares de las víctimas de seguir investigando”.

LA CAÍDA DE BELEROFONTE

Con la llegada al poder, ese compromiso directo con las causas de la sociedad ha desaparecido, o se ejerce en lo oscurito, como en las cortes monárquicas.  El gobernador en funciones no tolera disidencias, no cambia de opinión (corrección, por alguna razón lo hizo recientemente con las madres buscadoras de Sonora, a las que primero calificó de traer “agenda oculta” y que luego elogió; pero con Alfaro, las golondrinas no hacen verano) y niega de plano los problemas, en una entidad donde, por citar uno de sus problemas más graves, el crimen tiene tomadas regiones enteras. Mientras la propaganda alfarista destaca el descenso estadístico de algunos delitos (“Existen tres clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras, y las estadísticas”, dijo alguna vez Mark Twain, citando al premier británico Benjamín Disraeli), cuando no hay escapatoria, se va por el recursos de culpar al gobierno federal y su “abrazos no balazos” (y como suele pasar con la mentira política, a veces los rompecabezas de cada mentira arman una verdad: por ejemplo, en este caso, que los omisos son todos).

Resulta que, como le sucede a López Obrador a nivel nacional, Jalisco tiene  más muertos y desaparecidos que nunca en poco más de tres años de administración. No hay realmente un cambio que le indique al ciudadano que las cosas, al menos, se detuvieron. Enrique Alfaro no puede dar, hoy, garantía a sus gobernados de que no serán asaltados, violentados o asesinados. Y tiene lógica, porque los problemas son complejos y requieren instituciones fuertes. Pero el discurso de salvador lo contradice.  Las instituciones de seguridad son, en México y Jalisco, más débiles que nunca, y el crimen, más fuerte y ubicuo.

Esta desoladora verdad deja poco margen a la construcción del caudillo. Entonces, en la emulación firme del caudillo de la nación, salen ideas huecas y pretenciosas como las refundaciones y las consultas fiscales, cuya única virtud es recordar al gobernante sus responsabilidades constitucionales… y dar un pequeño aliento a su popularidad, aunque se desvíen recursos valiosos para acciones sustantivas: la consulta ciudadana de 2021 se llevó 29 millones de pesos. Por hablar de un tema popular esta mañana, los incendios del bosque La Primavera: el área natural protegida recibió en 2022, 700 mil pesos menos que en 2021. Las prioridad de la propaganda se come todo.

De hecho, la idea de esta columna me la dio ese afán de influencer que el gobernador, ayer, exhibió una vez más: su amor por el protagonismo saturó su cuenta de Twitter de mensajes sobre el combate del incendio forestal en el bosque. Su afán de heroísmo lo llevó a mencionar la detención del presunto responsable, ¿un demócrata busca el lucimiento personal o permite a sus funcionarios y servidores públicos trabajar tranquilos?

Como está tan deteriorada la figura de Alfaro Ramírez, las crítica no se hace esperar. Pero además, se genera una seria duda sobre si lo que informa es realidad o propaganda. “¿Nadie de los suyos le sugiere que su sobreexposición mediática ya no es recomendable, ante el desgaste de su estilo beligerante y la creciente hostilidad que provoca? No ayuda a sus secretarios queriendo aparecer como experto en todo, siempre sobrado y desafiante. Ya no genera credibilidad.  Cosecha lo que sembró su arrogancia”, escribí en mi cuenta de Twitter. Una hora después, rematé: “Es tal el descrédito de la figura del gobernador, que incluso si dice la verdad la termina convirtiendo en algo sospechoso. Y eso es muy malo para cualquier institución, no se diga un gobierno, que debe vivir del crédito que le dan los ciudadanos”.

¿Por qué Enrique Alfaro no puede ya seguir el camino del héroe que tan bien le sigue saliendo al presidente López Obrador? Porque es solamente un gobernador, y no tiene todos los recursos para imponer su relato. El hombre más poderoso en el México presidencialista es, lógicamente, el presidente en turno. Nos queda AMLO para rato, polarización exitosa y propaganda potente, pero me temo que estamos asistiendo al declive de Enrique Alfaro Ramírez como personaje.

Las encuestas de popularidad nacional son duras con él: su falta de compromiso con el movimiento opositor, su amor-odio con el presidente, su violento estilo de enfrentar a sus adversarios, ya han marcado el camino. Si Alfaro quiere salvar su gobierno y los buenos proyectos que sin duda tiene, deberá renunciar a ser la estrella de concierto. Es curioso: parece que este hombre intolerante que usa la democracia para sus fines, no tiene más camino que hacerse moderado y demócrata… o sumarse a las filas de Morena, en busca de una renta inmediata. Pero es muy dudoso que el presidente de la república quiera apostar por su declinante capital político.