A dos años del inicio de la actual administración, la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, amplió la cobertura territorial para favorecer a grupos en situación de vulnerabilidad y acercar servicios jurídicos gratuitos.
El modelo de atención se realiza bajo una premisa central: llevar la justicia más cerca de las personas y de las comunidades que más la necesitan.
La dependencia consolidó mecanismos de atención directa, fortaleció la justicia con perspectiva de género y la coordinación interinstitucional para acercar servicios jurídicos gratuitos a quienes más los necesitan, logrando brindar más de300 mil servicios.
Héctor Pizano Ramos, Procurador Social del Estado de Jalisco, destacó la ampliación de la cobertura de servicios en el estado, el fortalecimiento de los mecanismos de representación jurídica gratuita, la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y mujeres privadas de la libertad, así como la coordinación institucional para acercar la justicia a la ciudadanía

“La Procuraduría Social (…) es una institución pequeña con una responsabilidad enorme, que es equilibrar el sistema de justicia, acompañar a quienes no tienen a nadie más que a nuestro Estado”, expresó Pizano Ramos.
El titular de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco subrayó que los resultados obtenidos reflejan el esfuerzo de una institución que, con recursos limitados, busca atender de manera más cercana y eficiente a las y los jaliscienses.
Asimismo, puntualizó que uno de los principales avances es la expansión de la red de atención de la Procuraduría Social. Durante estos dos años, la institución pasó de 42 a 87 oficinas de atención en operación, lo que representa un crecimiento de más del 100 por ciento en su presencia territorial.
La atención también se extendió directamente a las localidades mediante el Módulo Itinerante Identidad y Justicia, además de su participación en las Brigadas Yo Jalisco, una estrategia coordinada entre diversas dependencias. De marzo de 2025 a octubre de 2026, el Módulo Itinerante brindó 72 mil 188 servicios, recorrió 43 localidades y acumuló 130 días efectivos de atención directa a la población.
Esta participación forma parte de un mismo modelo de atención: estar presentes en el territorio, escuchar a la ciudadanía y acercar las instituciones hasta donde se necesitan.



El funcionario comentó que el crecimiento fue posible mediante la coordinación con los gobiernos municipales, que facilitaron espacios y condiciones para la instalación de nuevas oficinas, permitiendo que los servicios jurídicos estén más cerca de las comunidades y evitando que las personas tengan que trasladarse grandes distancias para recibir orientación y atención.
En materia de acceso a la Justicia con Perspectiva de Género, una estrategia de representación jurídica gratuita dirigida a mujeres privadas de la libertad, mediante la revisión integral de sus casos y la búsqueda de alternativas legales que favorezcan su acceso efectivo a la justicia y su reinserción social.
El modelo considera las circunstancias jurídicas, familiares y sociales de cada mujer, así como sus responsabilidades de cuidado, para identificar posibles alternativas legales y mecanismos previstos en la legislación.
Durante 2026, realizaron 112 entrevistas individuales y actualmente 150 mujeres cuentan con sus expedientes en revisión. Como resultado de esta intervención, 25 mujeres recuperaron su libertad mediante mecanismos legalmente procedentes, como la suspensión condicional del proceso y acuerdos reparatorios.
A estas acciones se suma la participación de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco en Diálogos por la Paz Territorial, una estrategia que permite fortalecer la presencia institucional y acercar orientación jurídica a mujeres privadas de la libertad.


El 21 de octubre de 2026, la Procuraduría Social participó en una jornada realizada en el Centro de Reinserción Femenil del Estado de Jalisco, donde brindó atención y orientación jurídica a 161 mujeres privadas de la libertad.
La cercanía también se construye a través del diálogo y la coordinación. En estos dos años, el Comité Interinstitucional de Mejora y Evaluación de la Procuraduría Social (CIMEPS), se consolidó como un espacio de trabajo conjunto entre autoridades, sociedad civil, academia y sector productivo.
Actualmente, cerca de 89 instituciones participan en este esfuerzo, orientado a construir soluciones y fortalecer políticas públicas y mecanismos de protección de derechos humanos.
A partir de los trabajos del CIMEPS se han establecido prioridades para fortalecer la prevención, detección y atención de problemáticas como la trata de personas y la explotación de niñas, niños y adolescentes, además de impulsar herramientas para identificar zonas de riesgo y mejorar la actuación Institucional.
Asimismo, trabajan en la construcción de un Protocolo Estatal de Atención Integral para Personas Adultas Mayores, mediante mesas interinstitucionales que involucran a instituciones de los sectores público y privado.
“Más allá de cifras, cada servicio para nosotros es una persona que recupera su identidad, una familia que accede a la justicia, una comunidad que se fortalece (…) Estamos seguros de que cuando las instituciones se coordinan, los derechos se garantizan”, concluyó Pizano Ramos.





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