Con el objetivo de frenar la operación irregular de viajes de pasajeros en motocicleta contratados mediante plataformas digitales y proteger la vida de las y los usuarios, la diputada Alejandra Giadans, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco, presentó la iniciativa denominada “Cero Motos por Aplicación”.

En rueda de prensa junto con el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, la legisladora enfatizó que, aunque las plataformas comercializan esta modalidad bajo argumentos de menor costo y mayor rapidez, se trata de un servicio expresamente prohibido en la legislación estatal, por ello con esta iniciativa se busca un incremento directo a las sanciones para las empresas operadoras y castigos más severos por reincidencia.

“Un viaje de seis kilómetros cuesta casi el doble en auto, pero lo que el anuncio calla es quién paga el resto de la cuenta cuando algo sale mal en el traslado. Si la aplicación lo comercializa, la aplicación responde (…) Esta reforma busca endurecer la sanción para las empresas (…) Es decir, para quien la conduce no estamos subiendo sanciones ni imponiendo nuevas, ya que, si la app lo comercializa, la app responde”, detalló la diputada.

• Incremento en sanciones económicas:
• Multa a plataformas: Pasa del rango actual (150 a 200 UMA, equivalente a cerca de 23 mil pesos) a un esquema de 200 a 300 UMA (aproximadamente 35 mil pesos).
• Reincidencia: Se contempla la •duplicación de la sanción económica si cometen la infracción dentro de los 30 días posteriores, alcanzando un estimado de 70 mil pesos.
• Conductores: La sanción para quienes conducen la unidad se mantiene sin incrementos, en el rango ya establecido de 150 a 200 UMA (cerca de 23 mil pesos). Alejandra Giadans detalló que, en cuanto a la siniestralidad vial en el estado, entre enero y agosto de este año perdieron la vida 87 personas que se desplazaban en motocicleta, registrándose el mayor impacto en jóvenes de entre 20 y 29 años. Precisó que la medida no criminaliza ni castiga doblemente al conductor que recurre a este medio de sustento, reiterando que la infracción aplica de forma exclusiva al transporte de pasajeros. La legisladora señaló que una plataforma digital ya retiró de manera voluntaria el botón de transporte en dos ruedas en la entidad, demostrando que es viable técnicamente desactivar la función de forma inmediata. Por lo que hizo un llamado a las demás compañías del sector a seguir ese ejemplo. “Desde la Comisión de Movilidad he sostenido una idea clara: legislo sobre el derecho de la gente a la seguridad vial y a llegar bien, porque llegar a casa no tiene descuento”, concluyó Alejandra Giadans. A su vez, el secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz, respaldó la iniciativa y señaló que Jalisco vuelve a colocarse como referente nacional en seguridad vial. Calificó el tema como un asunto de la mayor relevancia no solo para la entidad, sino para todo el país “Con una sola vida que se salve a partir de esta nueva iniciativa, sabemos que valdrá la pena entrar a una discusión seria y sensata”, sostuvo el funcionario estatal. Monraz Villaseñor informó que este planteamiento se llevará a la próxima reunión de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), organismo que preside, y refirió que organismos internacionales como la OMS y la OPS mantienen una alerta sobre la mortalidad vinculada al crecimiento desordenado de motocicletas en ciudades de América Latina. El secretario explicó que las plataformas ya habían sido formalmente notificadas mediante oficio desde hace un año sobre la ilegalidad de este servicio, advirtiendo que los traslados en unidades de bajo cilindraje, con falta de mantenimiento, sin capacitación adecuada y sin equipo reglamentario representan un peligro inminente de lesiones permanentes o fatales para las y los usuarios.

Reiteró que se mantienen operativos constantes que han permitido el retiro de 92 motocicletas bajo a esta modalidad por aplicación. Ambos funcionarios hicieron un llamado a las empresas a desactivar el botón de viajes en moto y las y los ciudadanos a no utilizarlos ante el peligro que representan.