El Gobierno de Jalisco fortaleció los mecanismos de vigilancia ciudadana y transparencia al actualizar los lineamientos de la Contraloría Social, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
La titular de la Contraloría del Estado de Jalisco, María Teresa Brito Serrano, firmó el Acuerdo 08/2026, mediante el cual se moderniza este mecanismo de participación ciudadana que permite a beneficiarios supervisar la correcta entrega de bienes y servicios, además de funcionar como herramienta preventiva contra la corrupción.
Entre las principales innovaciones destaca la implementación obligatoria del Sistema Electrónico de Seguimiento Informático de Contraloría Social (SESICS), que centraliza la gestión, validación y seguimiento de reportes, garantizando mayor trazabilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos.
Asimismo, se incorpora el Informe de Comité de Contraloría Social Simplificado, diseñado para programas de entrega única, lo que permitirá a la ciudadanía reportar observaciones de manera directa durante la recepción de apoyos, reduciendo cargas administrativas.
La actualización también establece procesos más ágiles con plazos definidos —como un máximo de tres revisiones para validación—, con el objetivo de disminuir rezagos y mejorar la eficiencia institucional.
En cuanto a la organización, se precisan las atribuciones de cada instancia: la Contraloría del Estado asumirá funciones de coordinación y monitoreo, mientras que las dependencias serán responsables de la planeación, promoción y seguimiento de las acciones.
Los nuevos lineamientos obligan además a generar materiales informativos con lenguaje claro y accesible, con el fin de fomentar una participación más incluyente.
Se reafirma el carácter voluntario y autónomo de los Comités de Contraloría Social, fortaleciendo sus facultades para solicitar información pública, emitir reportes ciudadanos y presentar denuncias ante posibles irregularidades.
Finalmente, se incorporan medidas preventivas para la gestión de riesgos y sanciones en caso de incumplimientos, incluyendo la intervención de áreas jurídicas cuando existan omisiones o retrasos en los procesos.
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