La polémica en torno a los antecedentes penales del diputado del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, generó posicionamientos de distintas fuerzas políticas en el Congreso local y a nivel estatal.

Por un lado, la bancada del PT se dedicó a defender a su legislador; mientras, las dirigencias de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigen claridad y que deje su cargo como legislador.

Medios de comunicación locales dieron a conocer que el diputado Leonardo Almaguer estuvo preso por delincuencia organizada. Fue ingresado al Reclusorio Preventivo en Puente Grande el 5 de septiembre de 2004, después de haber sido detenido, junto con cinco personas más, por robo de camiones transportadores de cerveza. Dicho hecho tiene el número de averiguación previa 427/2004, de la Agencia Especializada de Robo a Vehículos de Carga Pesada.

En rueda de prensa, el diputado federal y dirigente estatal del PT, José Luis Sánchez González, alzó la voz para defender a Leonardo Almaguer.

Sánchez declaró que se trata de un “linchamiento político” en contra de Almaguer. “Estaremos apoyando al coordinador de nuestro grupo parlamentario, Leonardo Almaguer, que está siendo víctima de una ofensiva criminal por parte de este Gobierno de Pablo Lemus”, dijo.

Además, agregó: “Ante la guerra sucia y la campaña de calumnias que ha desatado el Gobernador debemos decir que no nos intimida ni doblegará”.

Sin embargo, las dirigencias de MC y PRI también emitieron posicionamientos en contra del PT y de Leonardo Almaguer.

Ambos partidos coincidieron en la necesidad de que se esclarezca la información y se garantice la idoneidad de quienes ocupan cargos públicos.

Por un lado, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Jalisco, encabezada por el diputado José Luis Tostado Bastidas y acompañado por su dirigente estatal, Mirza Flores, dio a conocer que solicitará a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) analizar la posibilidad de invitar al legislador del PT a comparecer ante el Pleno, con el objetivo de que explique su situación y brinde claridad sobre la información que ha circulado públicamente.

La dirigente estatal del partido naranja, Mirza Flores, expresó que el diputado ý el PT engañaron la confianza de la gente.

“Como sociedad tenemos que llamar a cuentas tanto a Morena como al PR, ese es el criterio que tienen ellos para que representen a la sociedad. Es una cadena de muchos eslabones de personajes con antecedentes delictivos, con antecedentes de delincuencia organizada, es sistemática la forma en la que Morena tiene elegir a personas para gobernar”, señaló la dirigente de MC.

Mirza mencionó también: “no es que corresponda a la gente el pasado de un político, sino que al ser servidores públicos, un representante popular no debe esconder su pasado, porque el cargo es público. Cuando un partido postula perfiles así no es que se les fue o se les pasó, sino que con tal de que una candidatura sea ganadora, no les importa el perfil, sólo importan los votos”.

El coordinador parlamentario de MC subrayó que el pronunciamiento no responde a un ánimo de persecución política, sino a la responsabilidad de fortalecer la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Legislativo. Añadió que la ciudadanía exige representantes que cumplan con los requisitos constitucionales y mantengan una conducta acorde a la función pública.

Por su parte, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumó al debate. Laura Haro Ramírez, presidenta del PRI Jalisco, cuestionó que la autoridad electoral haya permitido la elegibilidad de Leonardo Almaguer, al señalar que uno de los requisitos constitucionales para ocupar un cargo de elección popular es no contar con antecedentes penales.

La dirigente priista informó que instruyó al equipo jurídico del partido a analizar las acciones legales correspondientes y consideró que no se debe permitir que personas con este tipo de señalamientos representen a la ciudadanía. Asimismo, llamó a abrir un debate público sobre la idoneidad de quienes aspiren a cargos de representación, y se pronunció a favor de que se apliquen exámenes y pruebas de control y confianza a todas y todos los candidatos.

Tanto Movimiento Ciudadano como el PRI coincidieron en que el caso debe atenderse con transparencia y conforme a la ley, y señalaron la importancia de que las autoridades competentes y los partidos involucrados den respuesta ante los señalamientos.