Para coordinar estrategias permanentes que garanticen el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y paraestatales, la Contraloría del Estado y la Coordinación General de Transparencia del Gobierno de Jalisco formalizaron un Convenio General de Colaboración Institucional.

El instrumento fue firmado por María Teresa Brito Serrano, Contralora, y Marco Antonio Cervera Delgadillo, Coordinador General de Transparencia del Gobierno del Estado, quienes destacaron que la confianza ciudadana se sostiene en los principios de integridad, legalidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción, pilares señalados en los antecedentes del convenio.

La Contralora destacó que con una coordinación y vinculación institucional será posible avanzar en este nuevo esquema de transparencia.

“El trabajo de ustedes (unidades de transparencia) es un insumo que requerimos en la Contraloría del Estado para fortalecer a las auditorías en materia de transparencia, alentando a los sujetos obligados al cumplimiento de su responsabilidad”, afirmó.

Agradeció la asistencia a la formalización del convenio, resaltando que éste precisa un camino de trabajo previo que evolucionará con una agenda coordinada.

Cervera Delgadillo resaltó el profesionalismo de quienes integran las unidades de transparencia y señaló que el objetivo primordial del convenio es la colaboración institucional.

“La magnitud del trabajo exige no avanzar en solitario. Los resultados se entregarán a la Contraloría del Estado como órgano garante”, señaló.

Esta colaboración, dijo, busca cumplir la instrucción del Gobernador, Pablo Lemus Navarro, de alcanzar los máximos niveles de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, posicionando a Jalisco como líder nacional en la materia.

Los compromisos centrales establecen que la Contraloría realizará revisiones y auditorías especializadas a portales de transparencia, así como la atención y resolución de solicitudes de información y protección de datos personales.

La Coordinación General de Transparencia analizará los medios de impugnación, revisiones preventivas, ejercicios de usuario simulado, y verificaciones in situ para detectar incumplimientos en medidas de protección de datos.

El convenio también instruye a ambas partes a impulsar programas de capacitación, dirigidos a personal estratégico de unidades de transparencia y órganos internos de control, tanto estatales como municipales, con el fin de elevar los estándares de cumplimiento y operación institucional.

La colaboración prevé la designación de representantes técnicos, la instalación de mesas de trabajo y un seguimiento periódico de avances. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2030, con posibilidad de prórroga y modificaciones por acuerdo común.