Con la iniciativa Ley Renta Segura, el vice coordinador del Grupo Parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, Omar Enrique Cervantes Rivera, propone transformar el mercado de rentas en el estado, para integrar un nuevo modelo basado en la justicia alternativa, la equidad entre arrendadores e inquilinos y la certeza jurídica como base para una convivencia urbana más humana.

Así lo manifestó el legislador, al presentar a detalle las reformas que plantea ante académicos, especialistas en derecho civil y urbano, representantes ciudadanos y autoridades del sector vivienda, en un ejercicio de diálogo y consenso efectuado en el patio principal del Palacio legislativo.

Ahí, Cervantes Rivera resaltó que esta propuesta “busca sentar las bases de un mercado inmobiliario más transparente, equitativo y eficiente, donde la certeza jurídica sea un derecho para todos y no un privilegio”.

Más del 30% de la población accede a la vivienda en la modalidad de renta. Sin embargo, más de la mitad de quienes lo hacen no tienen ningún contrato de arrendamiento.

“Esto significa que miles de familias habitan viviendas sin contratos, sin protección jurídica, sin mecanismos claros para resolver estos conflictos. Al mismo tiempo, los arrendadores tampoco cuentan con garantías suficientes ante los incumplimientos, lo que genera una desconfianza abrupta, a que se compliquen demasiado los requisitos para la renta, y a que se estén encareciendo las rentas”.

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“Con estas reformas, Jalisco puede convertirse en referente nacional en arrendamiento formal, construyendo desde el Congreso un modelo de vivienda más justo, sostenible y humano”, aseguró el legislador.

La iniciativa, denominada oficialmente Ley para la Formalización del Arrendamiento y Mecanismos de Justicia Alternativa en Materia de Vivienda, reforma y adiciona disposiciones del Código Civil, la Ley de Justicia Alternativa, la Ley de Vivienda y la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco.

La Ley Renta Segura articula su propuesta en torno a seis ejes:

• Seguridad jurídica en la tenencia habitacional.
• Acceso efectivo a la justicia alternativa.
• Creación de un contrato modelo validado por el Instituto de Justicia Alternativa (IJA).
• Fortalecimiento del Registro Estatal de Vivienda.
• Incorporación de la Cultura de Paz como principio rector.
• Coordinación interinstitucional entre Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), el IJA y los municipios.

Los beneficios esperados incluyen menos conflictos judiciales, prevención de desalojos arbitrarios, mayor confianza entre arrendadores e inquilinos, formalización del mercado de vivienda en renta y reactivación del parque habitacional ocioso. También se proyecta una disminución del gasto público derivado de la carga judicial civil.

El diagnóstico que dio origen a la iniciativa revela la magnitud del reto. En 2023, el Poder Judicial del Estado de Jalisco registró 132 mil 397 asuntos en primera instancia, de los cuales el 40% correspondió a materia civil, la de mayor litigiosidad.

Los juicios por arrendamiento pueden durar de 11 a 16 meses, y hasta dos años y medio si incluyen apelaciones o amparos. Esta prolongación afecta tanto a propietarios como a arrendatarios, generando un desgaste económico y emocional.

Sin embargo, Jalisco cuenta con un activo valioso: su liderazgo en justicia alternativa. El Instituto de Justicia Alternativa (IJA) opera 31 oficinas en todo el estado y, tan solo en 2023, recibió 43 mil 395 solicitudes de mecanismos alternativos, de las cuales el 65.6% correspondió a materia civil.

El director del IJA, Dr. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, destacó los resultados de la mediación preventiva: “Blindar los contratos de arrendamiento con cláusulas de mediación ha sido una estrategia efectiva: antes representaban el 40% de los casos civiles, hoy son menos del 20%”.

Según Zepeda Lecuona, los convenios con cláusulas preventivas han logrado reducir en 45% los litigios por arrendamiento en el estado.

Explicó que la iniciativa “democratiza el acceso a los contratos con calidad preventiva”, permitiendo que no solo quienes pueden pagar servicios privados, sino también cualquier ciudadano, acceda a instrumentos que otorgan certeza jurídica.

Resaltó además que resolver conflictos mediante el IJA cuesta al erario público 2,600 pesos, frente a los 28 mil pesos que implica un juicio tradicional: “Antes había personas que ni siquiera rentaban sus inmuebles por temor a conflictos. Hoy, con la validación preventiva, se garantiza certeza tanto al arrendador como al inquilino”, puntualizó.

Finalmente, Zepeda Lecuona subrayó que esta política fortalece la competitividad de Jalisco y aporta al cumplimiento normativo en sectores como el inmobiliario y el empresarial. “Creo que es una buena noticia y que el sistema judicial en Jalisco está contribuyendo a la competitividad y a la confianza económica”, concluyó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara, Karen Julieta Correa Cabrales, expresó el respaldo de su gremio a la Ley Renta Segura, destacando su relevancia para fortalecer la confianza y la formalidad en el mercado del arrendamiento.

Subrayó que el sector “vale hoy unos 22 mil millones de pesos al año”, lo que refleja la importancia económica del alquiler de vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, resaltó la utilidad de los convenios de justicia alternativa, los cuales —dijo— “se han convertido en una herramienta realmente eficaz para nosotros”, al brindar respaldo jurídico a los contratos de arrendamiento.

Nuestro diputado @OmarCervantes_R presentó una iniciativa que impulsa contratos justos, mediación y registro ante el Instituto Jalisciense de la Vivienda, con el objetivo de brindar certeza tanto a arrendadores como a inquilinos. pic.twitter.com/0JhoSlfDtv

— Bancada Naranja Jalisco (@DipCiudadanos) November 11, 2025

La dirigente de la AMPI hizo un llamado a la cooperación institucional: “Queremos trabajar en conjunto con el gobierno para promover que se sigan utilizando estos métodos”, y enfatizó en la necesidad de reforzar la seguridad y la confianza en las relaciones entre propietarios e inquilinos.

La Ley Renta Segura forma parte de la ruta legislativa “Vivienda, Derecho al Techo”, impulsada por Movimiento Ciudadano bajo la conducción de Omar Cervantes. Este plan integra 72 propuestas para construir el Plan Estatal de Vivienda en Jalisco, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las personas.

Entre las iniciativas destacan la reforma al artículo 4º constitucional para asegurar el derecho a una vivienda adecuada, la creación de un padrón de viviendas deshabitadas, la regulación de plataformas de alojamiento temporal y el programa “Mi Primera Renta”, dirigido a facilitar la independencia habitacional de las juventudes jaliscienses.

En la presentación oficial también participaron el magistrado presidente de la Segunda Sala Especializada en Materia Penal, Armando Ramírez Rizo, en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como el director de Gestión Sectorial y de Políticas Públicas del IJALVI, Salvador Dueñas Rodríguez.

Acudieron, además, la vicepresidenta el Colegio de Corredores Públicos del Estado A.C., Carla Paula Schmidt Mendivil; junto con el presidente del Colegio Mexican American Bar Association Capítulo Jalisco A.C., José Lucio Jiménez García.