El Gobierno del Estado de Jalisco condena la violación a la soberanía estatal y a la autonomía de los pueblos indígenas, cometida por la presidenta Municipal de El Nayar, Nayarit, quien ingresó de forma irregular a la comunidad wixárika de Tateikie de San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, y realizó actos de gobierno, acompañada por personal de su Gabinete y elementos de la Policía Municipal.

“No vamos a permitir que ninguna persona de otro estado viole la soberanía y tampoco vamos a permitir que vengan a hacer promoción político-electoral, violando suspensiones otorgadas por la SCJN. Hago un extrañamiento a la presidenta Municipal (de El Nayar) por haber hecho esto, y a la siguiente vez que esto suceda, vamos a tener que detener personas”, afirmó Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado de Jalisco.

Este ingreso constituye una transgresión a la suspensión vigente dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el marco de la controversia constitucional 108/2018, promovida por el Gobierno de Jalisco contra un decreto emitido en 2018 por el Gobierno de Nayarit, que pretende modificar los límites territoriales entre ambas entidades afectando directamente al municipio de Mezquitic y a la comunidad wixárika.

La resolución de la Corte establece con claridad que, mientras se resuelve de fondo el juicio, ninguna autoridad puede realizar actos de gobierno, nombrar autoridades ni intervenir en el territorio en disputa, por lo que las autoridades de ambos estados deben conducirse como lo hacían antes de la emisión de dicho decreto, reconociendo a esta comunidad como parte del municipio de Mezquitic, Jalisco.

Los actos de la presidenta Municipal de El Nayar, Imelda Escobedo, constituyeron una violación directa a la suspensión judicial y una invasión al territorio jalisciense, además de una falta grave contra los derechos y la autonomía del pueblo wixárika.

Como respuesta a esta acción, la comunidad retuvo a la alcaldesa, a su equipo de trabajo y a elementos de la Policía Municipal de El Nayar.

De forma inmediata el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, acudió a la comunidad para instalar una mesa de diálogo y negociación, en la que participaron representantes del Gobierno de Nayarit y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Como resultado de este esfuerzo, la presidenta Municipal de El Nayar, y su comitiva, fue liberada y acompañada de regreso a su municipio por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“Fue una acción inmediata del Gobierno de Jalisco para poderla liberar ante una imprudencia, pero también una violación a la soberanía del estado de Jalisco. Debo decir mi amplia molestia con la presidenta Municipal de El Nayar por haber invadido nuestro territorio, por ir a hacer promoción política”, señaló el Gobernador Pablo Lemus Navarro.

El Gobierno de Jalisco dará vista a la SCJN para que determine la responsabilidad de la presidenta Municipal, por el incumplimiento de la suspensión judicial y por la violación a la soberanía del estado.

Se mantendrá una coordinación permanente con el Gobierno de Nayarit para garantizar el cumplimiento de lo establecido por la Corte.

Cabe destacar que el 13 de marzo de 2025, la SCJN realizó un requerimiento al Municipio de El Nayar para dejar sin efectos actos violatorios de la suspensión, que consistieron en nombrar a un juez auxiliar en la misma comunidad.

Este requerimiento fue promovido por el Gobierno de Jalisco el 17 de enero de este año.

El Gobierno de Jalisco reitera su absoluto compromiso con el respeto a los pueblos indígenas, la defensa del territorio estatal y la vigencia del estado de derecho. No permitirá que se vulnere la soberanía ni que se violenten los derechos de las comunidades.