La Contraloría Ciudadana del Gobierno de Guadalajara, informa que un servidor público, adscrito a la Dirección de Servicios Médicos, desvió más de 143 mil pesos de dos tarjetas que tenía bajo su resguardo, y eran destinadas para suministrar combustible a dos vehículos oficiales (camionetas Pick Up), por lo que fue suspendido del empleo y sancionada su conducta como una falta grave.
Después de iniciar el proceso de responsabilidad administrativa, se detectaron distintas irregularidades: no existía coincidencia entre las bitácoras de registro de combustible con los reportes de consumo de combustible que emite el proveedor y las fechas que presuntamente se suministró el combustible, no coincide con la ubicación del GPS del vehículo oficial.
“Este hecho de corrupción, quedó debidamente acreditado ya que el servidor público, adscrito a Servicios Médicos, sin fundamento jurídico, suministró gasolina a diversos vehículos que tenía asignados, se trata a todas luces de un desvío de recursos públicos con daño directamente al patrimonio del gobierno municipal que asciende a más de 143 mil pesos; hizo mal uso de dos tarjetas que tenía bajo su resguardo y que eran para el combustible de dos camionetas que son usadas para el trabajo administrativo, además, se probó que la ubicación de los vehículos no correspondía al día y hora que supuestamente se hacía la carga combustible”, señaló la Contralora Ciudadana, Cynthia Patricia Cantero Pacheco.
Por lo anterior, será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, previsto en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Dentro de la integración en la investigación realizada por parte de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, también se determinó la medida cautelar de suspensión del empleo o comisión para el servidor público.
La presente investigación se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para que resuelva de fondo el asunto, por ser de su competencia el conocer los hechos de corrupción que son calificados como faltas graves.
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