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2022-09-13
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Las cuentas alegres del plan para regresar sus tierras a los wixaritari

“La presencia de lo indio en muros, museos, esculturas y zonas arqueológicas abiertas al público se maneja, esencialmente, como la presencia de un mundo muerto. Un mundo singular, extraordinario en muchos de sus logros; pero muerto. El discurso oficial traducido en lenguaje plástico o museográfico, exalta ese mundo muerto como la semilla de origen del... Read More

“La presencia de lo indio en muros, museos, esculturas y zonas arqueológicas abiertas al público se maneja, esencialmente, como la presencia de un mundo muerto. Un mundo singular, extraordinario en muchos de sus logros; pero muerto. El discurso oficial traducido en lenguaje plástico o museográfico, exalta ese mundo muerto como la semilla de origen del México de hoy. Es el pasado glorioso del que debemos sentirnos orgullosos, el que nos asegura un alto destino histórico como nación, aunque nunca quede clara la lógica y la razón de tal certeza. El indio vivo, lo indio vivo, queda relegado a un segundo plano, cuando no ignorado o negado; ocupan, como en el Museo Nacional de Antropología, un espacio segregado, desligado tanto del pasado glorioso como del presente que no es suyo: un espacio prescindible”.

Guillermo Bonfil Batalla, México profundo. Una civilización negada

El México indio siempre está ahí: plural, heterogéneo, ubicuo, intensamente vivo en sus conflictos y sus demandas, que van desde obras materiales y justicia agraria, pasando por una evidente integración a las culturas urbanas, hasta una especie de “déjennos en paz” en sus santuarios remotos que contrasta con la paz sepulcral de las viejas culturas de los museos de antropología y las ruinas arqueológicas. Su persistencia es sumamente útil para subrayar la alteridad y el principio de contradicción que subyacen a cualquiera de los proyecto nacionales, por naturaleza, arbitrarios, falsificadores, mitómanos, monopolizadores, artificiales y abusivos.

Una sana inmersión en lo real inabarcable e incomprensible. Pero eso no evita que los grandes temas del desarrollo le apremien. Hay un común denominador aplicable a todas las comunidades mexicanas, sean hablantes del más de medio centenar de lenguas heredadas de quienes llegaron al país primero, hace 12 mil o trece mil años, desde las profundidades de Siberia, y que de acuerdo a los datos del INEGI y del Consejo Nacional de Población, son al menos 15 millones, o sean de esa mayoría de cultura occidental mestiza que se conformó a partir de las invasiones europeas del siglo XVI.

Si asumimos que cada lengua es un mundo distinto -pero con vasos comunicantes para propiciar entendimientos con los otros -, la riqueza cultural de este país no puede ser mejor descrita. Y todos demandan agua limpia, electricidad, vías de comunicación, productos y satisfactores que provee el comercio, educación, salud, libertades, respeto a las formas de propiedad, aplicación de la ley y seguridad. Todos demandan, en consecuencia, respeto a sus derechos como personas iguales y también como personas distintas. El principio de la igualdad de todos los hombres (nuestro género: Homo, remite a humus, tierra o limo, y nuestra especie, sapiens, “sabio”, aplica igual para los masculus -macho – o femina -hembra -, como pasa en todo el reino animal), la gran premisa conflictiva que sustenta al mundo moderno y globalizado, frente al derecho de mantener las propias expresiones culturales y modificarlas a ritmo y conveniencia de la “autodeterminación”.

Una de las regiones indias que mejor representan este conflicto y esta constante contradicción es la que la burocracia de los tiempos de Echeverría llamó Huicot (huicholes, coras y tepehuanos), es decir, las culturas que se denominan a sí mismas wixárika, náyeri y o’dam, dispersas en las regiones más remotas de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, donde en estos momentos, sus miembros ejercen de testigos forzados de la violenta disputa territorial entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, a la cual han debido ofrendar no pocas víctimas, además de seguir inmersas en el conflicto de largo aliento del empuje de límites entre los estados, que alientan invasiones mestizas que han generado, en más de un siglo, diferendos territoriales que no terminan de resolverse pese a las restituciones por los gobiernos postrevolucionarios de cientos de miles de hectáreas de los llamados “pueblos originarios”, tierras reconocidas y tituladas -uno de esos odiosos matices contra el discurso victimista de muchos multiculturalistas y del gobierno mexicano en funciones – por los reyes de las dinastías Habsburgo y Borbón durante los tres siglo del reino de la Nueva España.

El conflicto ha sido, pues, fomentado activa o pasivamente por los gobiernos estatales que hoy pretenden que no existe tal problema. Pero la indefinición de límites es un serio problema que violenta los derechos humanos de decenas de miles de aborígenes, sean mestizos o indios, y debe ser resuelto, quizás no para volver al pasado, pero sí para darle un sentido jurídico pleno a las responsabilidades omitidas, o que se ofrecen casi como beneficencia, de parte de cada gobernante en turno. Pero además, esas pretensiones de crecer a costa del vecino son las que han soportado la lucha de los particulares contra las comunidades indias. Es la misma historia en dos planos.

Los casos de las comunidades wixárika de Tatei-kie (San Andrés Cohamiata) y Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) son los que mejor ilustran el punto. Los despojos documentados a ambos núcleos indígenas permiten ver cómo sus invasores fueron alentados por los sucesivos gobiernos de Nayarit, al comienzo mismo de la historia de ese estado, creado en la constitución de 1917 (como una escisión de Jalisco, precisamente, algo que sus elites persiguieron al financiar al Tigre de Álica desde mediados del siflo XIX). Si se revisan los mapas oficiales de ambos estados, daremos con que en este momento no encajan bien. Ello se debe a que Nayarit no ha dejado de mover sus fronteras al oriente, y en algún punto entre Apozolco (La Yesca) y Florencia (Zacatecas), borra totalmente la continuidad territorial de Jalisco. De acuerdo a trabajos realizados por comisiones de límites de Jalisco, en los gobiernos de Guillermo Cosío Vidaurri (1989-1992) y Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2000), casi 3 mil kilómetros cuadrados han sido despojados a esta estado. La irrelevancia concedida al tema por sus sucesores, Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval Díaz y el actual, Enrique Alfaro Ramírez, demuestra de forma clara el punto de lo que el propio gobernador en funciones destacó el pasado 10 de septiembre en la cabecera comunal de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán, la tercera gran comunidad wixárika de Jalisco) ante el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Y decirle, presidente, que esta lucha que han dado nuestros pueblos originarios desde siempre, una lucha por justicia, una lucha que ha sido producto del abandono de muchos años, no es ni será sencillo revertir la realidad en la que viven estas comunidades […] todos los municipios de esta región requieren de una inversión muy, muy importante para poder recuperar todo este tiempo en el que la región norte de Jalisco estuvo olvidada”.

Seguirá olvidada mientras no se tome ese expediente espinoso de derechos territoriales que el jalisciense ignora. Y es que los despojos a las comunidades coinciden con los recorrimientos de las fronteras. Es decir, lo que fue el antiguo cantón de Colotlán se ha hecho más pequeño, al menos en tres mil kilómetros cuadrados, en buena medida a costa de los territorios indios.

Hechos que resultan incómodos para los gobiernos nayaritas: el nombre de ese estado deriva, como bien se sabe, del nombre que se dan en su lengua los coras: náyeris, que habitan al norte de la entidad, en el Gran Nayar. El catón de Tepic, que debería coincidir con el territorio del actual Nayarit, no incluía comunidades huicholas o wixárika, que siempre habitaron el cantón de Colotlán. Historiadores y sociólogos han documentado cómo se dieron los despojos.

En el caso de Tatei-kie, por ejemplo, la comunidad de wixaritaris (así se denominan “las gentes” de cultura wixárika) más afectada por esos procesos, fueron mestizos nayaritas quienes se infiltraron como comuneros e impulsaron los afanes autónomos del anexo Xatsitsarie (Guadalupe Ocotán) y lograron separarlo de su cabecera. 25 mil hectáreas quedaron cercenadas y se conformó una comunidad que sigue reconociendo una primacía espiritual a Tatei-kie, pero no agraria ni política. Ese territorio se sumó al municipio de La Yesca, que también había crecido sobre pueblos como Huajimic y Puente de Camotlán a costa de Jalisco, en este caso, con despojos a la comunidad de Wuaut+a y su anexo Kurixi Manuwe (Tuxpan de Bolaños) por unas 20 mil hectáreas, de las que se restituyó una parte durante el gobierno de Vicente Fox (Puente de Camotlán), y queda pendiente el tema de Huajimic, con casi 10,500 hectáreas en posesión de ganaderos nayaritas que tienen escrituras y actos de posesión alentados por los gobernantes de Nayarit.

Tatei-kie no solamente padeció la escisión nayarita. Por causas no explicadas, al promover su reconocimiento y titulación que derivó en el decreto presidencial de 1965, omitió la reivindicación sobre las tierras del norte, Bancos de Calitique o san Hipólito (Uweni Mu Yewe), que habían sido ocupadas por el estado de Durango e incorporadas al municipio de Mezquital. Pero los wixaritari norteños no se dejaron y libraron una larga lucha jurídica con el ejido San Lucas de Jalpa, que había recibido sus tierras en dotación. Hoy han ganado la restitución legal con base en esos títulos virreinales de Tatei-kie que han derivado entre comunidades agrarias distintas en tres estados.

Por si fuera poco, San Andrés ha vivido desde hace pocos años otra embestida nayarita: el 18 de abril de 2018, ese estado, a través del Congreso local, pretendió “legalizar” la separación de casi 30 mil hectáreas (casi 40 por ciento de su superficie), con 12 poblados, al decretar su inclusión dentro del mapa oficial de esa entidad, pese a que constitucionalmente no tiene facultades para hacerlo.

Claudio Montellano de la Cruz, quien era presidente del comisariado de bienes comunales, acudió ocho días después, a las sedes del gobierno de Jalisco y del Congreso de este estado, a reclamar atención a su demanda de no padecer el abuso de los intereses del vecino. Me dijo que el trasfondo era un interés presuntamente minero que surgió en 2004 y que provocó la ambición de un grupo de comuneros, alrededor de 200 de una asamblea de 1,600, a quienes tanto el gobierno nayarita como los empresarios les habrían hecho promesas.

“Nosotros en su momento nos negamos a aceptar esa exploración y explotación mineral, y entonces buscaron dividirnos”, señaló. Como con Guadalupe Ocotán, casi 60 años antes. “Cuando los wixaritari hacen grupo y acuden a Nayarit, cuando se trata de solicitudes de anexión territorial, ellos [el gobierno nayarita] les hacen caso, mientras que a nosotros nuestro mismo estado [Jalisco] no nos atiende; un grupo de personas que fue allá al congreso nayarita para que les reconocieran ser parte de Nayarit, y aunque los medios de comunicación de allá dicen que son comunidades, en realidad son unos ranchitos, la comunidad única es Tatei-kie; es un grupo de personas el que está promoviendo esto, y nosotros hicimos una investigación, y vimos que sacaron credenciales de Nayarit para fraccionar a la comunidad, pero esto es un pleito interno, es un tema que llevamos con la Procuraduría Agraria, a la que hemos estado acudiendo a una mesa conciliatoria; ya hemos ido dos veces pero no han acudido ellos, nosotros estábamos haciendo eso y el Congreso de Nayarit sale con esa parte, que nos pega a nosotros», señaló.

– ¿Cuáles son los motivos que aducen para separarse de la comunidad?

– Dicen que porque nunca han tenido apoyo social, pero es normal que la comunidad no tenga apoyo por lo lejano que estamos, eso nos pasa a todos, no nada más a ellos; los demás compañeros están igual, la verdad es que ellos no asisten a las asambleas, no cumplen con sus obligaciones, por eso se quieren ir a Nayarit […] fue un abogado que les metió la idea de que se puede fraccionar la comunidad, hacer otro núcleo agrario, y fue que empezaron a hacer los trámites; y en lo que investigamos no se puede fraccionar, si no van a agarrar hasta tierras de tres estados, y es lo que no entienden ellos, y como nuestra comunidad abarca hasta Nayarit ahí quieren fraccionar. Tenemos 74,940 hectáreas, hablamos que nos quieren quitar 40 o 35 por ciento, como 30 mil hectáreas.

Los comuneros vieron en la tentativa del gobierno nayarita, una clara violación del derecho agrario mexicano, de la Constitución Política del país, y del derecho internacional, en particular, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en México tiene rango constitucional, y el cual garantiza a los pueblos aborígenes y tradicionales mantener su integridad territorial. El gobierno de Jalisco interpuso, semanas después, controversia por la anexión, pero sigue en suspenso la resolución final.

Creo que esto es suficiente para ilustrar el tema y explicar el modus operandi de los gestores políticos de Nayarit. Si los gobiernos de López Obrador y Alfaro Ramírez quieren resolver el conflicto más acuciante para la cultura wixárika, deben entender que para los wixaritari, la tierra no se negocia y no admitirán menos tierras que las que les otorgan las restituciones presidenciales de los años 50 y 60 del siglo pasado. Han luchado por 70 años y no se detendrán. Los indios se asumen como parte de Jalisco. Me lo dijo claramente el presidente de bienes comunales de Wuaut+a, Óscar Hernández Hernández , hace apenas un año, cuando recorrí la sierra: “nuestro decreto presidencial dice que se nos reconocen todas nuestras tierras dentro de Mezquitic, Jalisco, no del estado de Nayarit”.

Los gobiernos nayaritas también se ven como parte, y no árbitros de un conflicto entre particulares. “Nayarit castrado sin poderse defender, tener dentro del territorio casetas fitozoosanitarias de Jalisco […] pero no es posible que en Nayarit existan, óiganlo bien, instituciones públicas de Jalisco haciendo funciones en Nayarit, pues en qué situación quedamos. Son verdaderamente vergonzosas de la debilidad, no de un gobierno, de una sociedad y de los nayaritas. Y no somos débiles, que entiendan bien las autoridades, no la población, que no abusen”, dijo el indignado y desinformado (¿o cínico?) gobernador nayarita, Miguel Ángel Navarro, apenas el pasado 13 de julio de 2022.  Ese tono de víctimas ha marcado el discurso nayarita por décadas. Mientras a los gobernadores de Jalisco, con las excepciones señaladas, les importa un comino la suerte de sus pueblos indios (ya lo decía Fernando Benítez en el prólogo del tomo II de Los indios de México: Huicholes, en los lejanos años de Agustín Yáñez al frente de la gubernatura).

Y no se trata de que se regrese al pasado. Parece que buena parte de la invasión nayarita ya se ha consolidado por décadas de inacción de Jalisco. Los habitantes de viejos pueblos jaliscienses, como Apozolco, Huajimic o Puente de Camotlán, ya se asumen plenamente nayaritas y sería incluso contraproducente obligarlos a retornar a sus municipios originales. Pero lo menos que pueden hacer las autoridades de Nayarit es permitir la justicia por la vía de los hechos. Y bajo la premisa de que los derechos agrarios pueden existir al margen de las soberanías territoriales, no estorbar a las restituciones, que, de cualquier modo, los huicholes van a ganar en los juzgados y tribunales porque los primeros en tiempos son primeros en derecho, y sobre todo, porque los derechos agrarios no prescriben. Aquí no hay usucapion (prescripción a favor de los posesionarios) que aplique.

La buena noticia es que, desde los hechos de las primeras restituciones del año 2016, que terminaron en protestas airadas y bloqueos de parte de los posesionarios mestizos, gran parte de los dirigentes de estos y de las autoridades wixaritaris, llegaron al acuerdo de empujar juntos que los gobiernos se hagan responsables de actos y omisiones, y financien indemnizaciones a cambio del regreso del patrimonio de San Sebastián. Pero si el gobierno nayarita, inmerso en su regionalismo ramplón (que daña a su propia industria local más importante, el turismo, pues el gobernador Navarro decidió eliminar la marca Vallarta de los desarrollos turísticos del norte de la Bahía de Banderas, pese a que ya es una zona conurbada interestatal y a que esos sitios dependen del aeropuerto del destino jalisciense, que es el que le dio reputación internacional a la región), persiste en alimentar un discurso de víctimas para los posesionarios a los que el estado legalizó tierras de los indígenas de forma espuria, podría no darse una rápida y pacífica transición, como la ha prometido López Obrador. Un signo inquietante es que un grupo radical de posesionarios de Nayarit ya se alineó a ese discurso, e incluso aventura un presunto decreto virreinal de 1610 (anterior en un siglo al de Wuaut+a) como la base de sus escrituras. Huelga señalar que tal documento nadie lo ha podido exhibir: la escritura más vieja de Huajimic data de 1906.

EL PLAN DE JUSTICIA

Andrés Manuel López Obrador estuvo este 10 de septiembre en tierras de la cultura wixárika jalisciense, y muy cerca del centro del mundo de esa cosmovisión: la cabecera comunal de Tuapurie está a pocos kilómetros de Teeka’ta. Es el primer presidente que pisa la comunidad, lo que demuestra que el uso de los símbolos sigue siendo la mayor habilidad de este gobernante de matriz populista. Hubo muchos compromisos de servicios, infraestructura, salud, y de protección de sitios sagrados. Pero el tema agrario fue reconocido como el centro de todo.

Alejandro Chanes Ortiz, el subprocurador agrario, informó en la reunión de “cinco temas recurrentes” que se presentan en diversas comunidades de la sierra: “La primera, es la invasión y despojo de tierras comunales y ejidales por terceros ajenos. Aquí hemos identificado al menos siete casos. Estos casos se atenderán conjuntamente con el INPI y la Procuraduría Agraria para establecer las acciones jurídicas y sociales correspondientes. El segundo, son las comunidades con inexistente o deficiente ejecución de resoluciones presidenciales. Tenemos seis casos identificados. Este problema se atenderá en base al diagnóstico que rendirán el INPI y la Procuraduría Agraria para detallar las acciones jurídicas correspondientes. El tercero, son los conflictos de límites de comunidades wixárikas con otros núcleos agrarios. Aquí hemos identificado 18 casos al menos. Para atender este problema se implementarán mesas de trabajo entre las comunidades afectadas y sus colindantes para poder establecer acuerdos de solución”.

El cuarto son las comunidades afectadas por la imposición de programas de certificación y titulación “que disminuyeron tierras reconocidas en resoluciones presidenciales”, y el quinto, “la actualización de padrones, este es un tema general de todos los núcleos wixárikas y es que no se encuentran al día en el reconocimiento de sus comuneros”.

El subprocurador reconoce como problemática “la falta de servicios por los gobiernos estatales por indefinición de límites entre entidades federativas, para lo cual se requiere un trabajo coordinado de la Secretaría de Gobernación, el INPI, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y la Procuraduría Agraria con las entidades federativas, con los gobiernos estatales para que se pueda establecer la línea de tratamiento de abastecimiento de estos servicios que son muy necesarios para las comunidades”.

Allí estuvieron tanto el gobernador nayarita como el gobernador de Jalisco. López Obrador dijo frente a ellos:

“Creo que ha sido un buen trabajo de las autoridades tradicionales que se pongan de acuerdo más allá de los límites comunitarios, de los límites de los pueblos y de los límites de municipios y de estados, porque es una región y así debe verse. Vamos a dar cumplimiento al plan que ustedes nos presentan […] vamos a enfrentar el problema agrario y yo siento que en esta región es el principal problema, lleva ya mucho tiempo, ha habido diferencias, hay confrontación, y es muy claro que se trata de una lucha de comunidades indígenas con propietarios privados, pequeños, medianos y grandes. Y es hasta un asunto cultural, hay diferencias que se tienen que resolver mediante el diálogo y lograr que todos nos respetemos y nos veamos como hermanos”.

De esta manera, “independientemente de lo jurídico, tiene que haber un acuerdo para que se resuelva el problema de fondo y en definitiva, en lo jurídico, ya todos lo sabemos, llegar hasta la última instancia es un viacrucis, porque siempre hay un nuevo recurso, ya es el terreno de los leguleyos, que no necesariamente son abogados, ya es la complicación burocrática, las chicanas y la corrupción y todo lo que se padece en los juicios. Por eso lo mejor es llegar a un acuerdo, si ya se tienen avanzados, avanzadas resoluciones en lo agrario ya en ciertas instancias buscar la conciliación, y decirles a ustedes, que son los dueños originarios de las tierras, porque esa es la verdad, decirles que, de todas formas, tenemos que hablar con los propietarios o poseedores actuales, a los particulares y ofrecerles alternativas, esto es compensarlos, se llama indemnización, podemos hacerlo, y todo ese recurso que se requiera está disposición de ustedes”.

López Obrador, quien recibió hace dos meses a una caravana de comuneros de Wuaut+a que tras recorrer más de mil kilómetros a pie, arribaron a palacio nacional, les había prometido que las tierras regresarían a sus dueños originales antes del final de este año. Ahora cambió la versión: “Y yo espero que antes de que termine nuestro gobierno podamos cumplir restituyéndoles sus tierras […] no vamos a usar la fuerza, todo por la razón, nada por la fuerza, decía el presidente Juárez”.

Pidió a los dos gobernadores “que nos ayuden en este plan, a Enrique Alfaro, al doctor Miguel Navarro, para que se hable con los propietarios. Y que, desde luego, nos ayude, como lo ha venido haciendo, Adelfo Regino, de nuevo Víctor Martínez, para avalúos, bienes nacionales, y Josefina Elizabeth Bravo, que tiene como encomienda la conciliación de los pueblos originarios […] que se pongan de acuerdo y que se vea cuánta es la tierra en conflicto, que se hagan avalúos y que podamos nosotros hacer un planteamiento a los propietarios”.

Sin embargo, matizó: “Algunos a lo mejor no van a aceptar, pero otros sí, como ya lo han venido haciendo, porque no les va a ir mal, no es una arbitrariedad, no es despojo, es reconocerles que tienen un derecho de posesión y que por eso van a tener una recompensa, pero que la verdad no hace falta ir a ningún tribunal, es nada más conocer la historia”. Aquí salta una pregunta absolutamente pertinente: ¿las autoridades comunales, que han sido muy pacientes en los temas legales, estarán dispuestas a que no se les entregue todo? Sin dudar: la respuesta es “no”.

LO ESPERAN EN NOVIEMBRE… PERO IRÁ EN FEBRERO DE 2023

No se pueden evitar vientos de conflicto entre los comuneros de San Sebastián, que recibieron del presidente, a finales de mayo pasado, la promesa -por escrito – de que se les regresarían todas las tierras -no hasta 2024, y no con dudas sobre esa posibilidad – … en diciembre de 2022.

“Recibió a la comitiva, y firmó ese acuerdo. La palabra del presidente no solo lo compromete de forma honorable, como persona, sino que es jurídicamente vinculatoria”, me comentó ayer un líder wixaritari de Tuxpan. La clave para esto es que se terminen de desahogar los juicios, que deriven en sentencias y ejecuciones, o que se alcancen por la vía de conciliación, mediante pagos, la entrega de todos los predios, con la cual, los posesionarios renunciarían completamente a cualquier reclamo posterior. “No nos interesa ninguna indemnización para nosotros, exigimos la tierra completa”, fue enfático el dirigente cuando le plantee la idea que nuevamente mueve el gobierno nayarita, de indemnizar a los comuneros a cambio de parte de sus predios.

El subprocurador agrario dio detalles de los avances específicos en la negociación del problema territorial de Wuaut+a: “Me es muy grato informar también que la comisión presidencial integrada por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y la Procuraduría Agraria el pasado 30 de mayo para la restitución de 10 mil 357 hectáreas demandadas por la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños se ha avanzado: En los convenios de conciliación con dos familias de ganaderos para la restitución de tierras se tiene unos acuerdos preliminares con cada uno de ellos y se espera que la última semana de este mes se arribe a los convenios correspondientes en base a avalúos…”.

Otro grupo de ganaderos “se acercó al procurador agrario solicitando tener un nuevo diálogo de ellos con el comisariado de bienes comunales para buscar la ruta de conciliación conjunta”, se realizará en Tepic el 30 de septiembre.  El 30 de agosto pasado se programaron 20 audiencias de ejecución de juicios concluidos de restitución en favor de la comunidad.

“El 2 se septiembre la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México y la Procuraduría Agraria fueron invitadas a participar en la asamblea de comuneros de San Sebastián, en donde solicitaron fundamentalmente el apoyo para impulsar tres juicios agrarios en el Tribunal Unitario Agrario número 16, con sede en Guadalajara, lo que ya se realizó, ya se habló”.

El subprocurador prometió estar al pendiente y dar celeridad “a los acuerdos con los posesionarios con los que se están llevando a cabo negociaciones lo que se tiene programado realizar en este mes”. Por último, “a raíz de una reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación, y donde estuvo el señor gobernador de Nayarit, se acordó que el 28 de septiembre próximo habrá una reunión entre el señor gobernador de Nayarit, la Comisión Presidencial y los órganos de representación de la comunidad indígena”.

Pese a esto, es digno de atención que Wuaut+a, el pueblo indio más poblado y extenso del mundo wixárika (casi dos tercios de la superficie total reconocida a esta cultura), no haya mandado representación en la gira por la justicia de los antiguos aborígenes del Gran Nayar que encabezó López Obrador el pasado fin de semana, que incluyó presencia en asentamientos coras y tepehuanos. “Para nosotros la justicia consiste en entregar la totalidad de nuestras tierras, no tenemos nada más que decir mientras eso no se cumpla”, me dijo el líder comunal huichol.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió al presidente no menospreciar el reclamo de San Sebastián ni ralentizar su solución, aunque insistió en negar el evidente problema de límites interestatales en que se traslapa: “quisiera yo insistir, simplemente, en que pudiera usted, como siempre lo ha hecho, poner mucha atención en el tema de San Sebastián, porque lo que hicieron los compañeros de esta comunidad de marchar hasta la Ciudad de México, que usted amablemente los recibió, creo que es una muestra de la lucha que ellos están dando de la manera como quieren defender sus tierras, se lo decía a mi amigo el doctor Navarro, no es un conflicto entre estados vecinos y hermanos, es un asunto de justicia, de que puedan restituirles su tierra”. ¿Navarro le reclamó al Alfaro la invasión de Jalisco a sus territorios, aunque se traten de tierras arrebatadas a Jalisco y a los wixaritari en las décadas previas? Nada ha trascendido, aunque el mandatario morenista ya ha mostrado sus escasas luces y su regionalismo barato en estos temas. A ver si no se convierte en un obstáculo para alcanzar un proceso pacífico y justo.

Concedamos el beneficio de la duda. Pero ya está en curso la octava década desde el decreto presidencial del presidente Ruiz Cortines. Y de promesas cumplidas a medias y a fuego muy lento, los wixaritari de Wuaut+a y de Tatei-kie están llenos.

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara