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2022-03-17
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Impunidad, corrupción y violencia

LA IMPUNIDAD REINA EN JALISCO GRACIAS A UN SISTEMA DE JUSTICIA CORRUPTO...

La detención el pasado martes 15 de marzo del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por presuntos delitos electorales, levantó nuevamente la curiosidad en Jalisco acerca del combate a la corrupción y la persecución de servidores públicos por abuso de poder o por enriquecimiento ilícito. Pero los políticos profesionales que han abusado de su cargo para cometer ilícitos, favorecer a amigos empresarios o familiares, o desviar recursos públicos a su favor, pueden estar tranquilos pues en esta entidad las agencias encargadas de combatir la corrupción duermen el sueño de los “justos”.

Según datos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, desde 2018 cuando comenzó a operar esta instancia, se han abierto 4,047 carpetas de investigación, de las cuales en 1,701 se abstuvo de investigar, mientras 164 en carpetas se inició el proceso judicial pero apenas ha logrado cuatro sentencias condenatorias (Mural, 16 marzo 2022). Estos datos oficiales indican que los servidores públicos que cometen una irregularidad tienen 0.01 por ciento de ser condenados ante los jueces. Visto del otro lado, los políticos profesionales que se sirvan del cargo para beneficio personal tienen 99.99 por ciento de probabilidades de quedar impunes.

Pero la impunidad recorre todo el sistema de justicia en el estado. Como se sabe, Jalisco ocupa el primer lugar en desaparición de personas desde hace dos años. La primera semana de marzo fue noticia nacional que el estado rebasó los 16 mil casos de personas desaparecidas que lo confirma no sólo como la primera entidad mexicana con este delito, sino que lo pone a niveles de desaparición superiores a las que han ocurrido en contextos de violencia extrema ocurridas en América Latina, como la dictadura chilena que dejó poco más de tres mil desaparecidos entre 1973 y 1976. Jalisco tiene cinco veces más desaparecidos que los ocasionados por una dictadura militar tan sangrienta como la que encabezó Augusto Pinochet en ese país sudamericano.

A pesar de la gravedad en la propagación y proliferación del delito de desaparición forzada y cometida por particulares, en Jalisco apenas existen ocho sentencias condenatorias y 168 procesos judicializados, hasta agosto de 2021, según datos obtenidos por solicitudes de información por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) (https://bit.ly/35ZXFkT). Otra vez, las tasas de impunidad rebasan 99.99 por ciento. Es decir, los sicarios de los grupos criminales privados o los policías municipales o estatales que participan en la comisión de estos delitos tienen 0.01 por ciento de riesgo de ser detenidos y purgar penas en prisión por desaparecer personas.

El resto de los graves de delito de violencia que ocurren en esta guerra informal que padece la sociedad de Jalisco tiene también altas tasas de impunidad. En el caso de los feminicidios, de 2012 a septiembre de 2021 se han cometido 433 asesinatos de mujeres, de los cuáles se han dictado 54 sentencias condenatorias, lo que equivale a una tasa de impunidad de 87.5 por ciento, según documentaron los colegas de ZonaDocs en enero de este año (https://bit.ly/3MVjJgZ).

TASAS SEMEJANTES DE IMPUNIDAD OCURREN POR EL MÁS VIEJO DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA: LOS HOMICIDIOS INTENCIONALES.

En Jalisco solo 11 de cada 100 asesinatos violentos termina en sentencia condenatoria, es decir, 89 de cada 100 quedan impunes (https://bit.ly/3wfjwzl). Por donde quiera que se vea, la impunidad es la marca de la justicia en Jalisco. Se podría pensar que es así en todo el país, pero no lo es. Por ejemplo, en Nuevo León se detiene a 65 por ciento de quienes cometen asesinatos violentos, lo que contrasta notablemente con lo que ocurre en Jalisco.

Esto nos muestra que tenemos un sistema de justicia atrofiado, pero no es que esté saturado y rebasado sólo por una violencia generalizada que no deja de producir víctimas. Las altas tasas de impunidad no se pueden explicar solo por la cantidad de casos y la insuficiencia de recursos, que es la explicación justificatoria de las autoridades.

No se pueden explicar las altas tasas de impunidad que ocurren en Jalisco sin pensar en la corrupción. Los pagos y sobornos a todos los funcionarios implicados en las cadenas del sistema de justicia, desde los policías municipales que no levantan bien las actas correspondientes, hasta los ministerios públicos que alteran las carpetas de investigación o los jueces que se hacen de la vista gorda y dejan sin sentencia a criminales probados.

La impunidad reina en Jalisco gracias a un sistema de justicia corrupto y el resultado lo tenemos a la vista: políticos corruptos, feminicidas, desaparecedores y asesinos sueltos, libres e impunes paseándose a sus anchas en un estado dolido por los delitos y contextos graves de violencia y una crisis humanitaria de proporciones extremas.

Periodista independiente. Conductor de @CosaPublica2 en @RadioUdeG. Al pendiente de las resistencias vs el despojo y las luchas sociales