15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 6000 1 0 horizontal https://elrespetable.com 300 0 1
theme-sticky-logo-alt
Please assign a Header Menu.
2022-02-14
1672 Views

En riesgo de derrumbarse la protección a El Bajío

¿TENDRÁN LOS CIUDADANOS EL CORAJE Y LA LUCIDEZ PARA EXIGIR QUE SE DEJE DE ESPECULAR POLÍTICAMENTE CON EL DESTINO DE LAS ÁREAS NATURALES,?

“La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos…”.

Garret Hardin, La tragedia de los comunes

 

¿La protección de El Bajío del Arenal, ese valle hundido que se ubica entre el bosque La Primavera y el anillo Periférico poniente de Guadalajara, y que está identificado como sitio de alta recarga del acuífero metropolitano, está en riesgo? El instrumento (zona de recuperación ambiental) creado en 2019 por el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez para proteger el espacio no construido, bajo el argumento de que el litigio por la Villa Panamericana era caso perdido para la ciudad, y que era más valioso proteger las zonas no ocupadas (ambientalmente más valiosas) ha mostrado sus debilidades en un juicio de amparo concedido a favor de un particular, lo que entraña un riesgo real, en caso de que ese criterio jurídico impere en otras resoluciones judiciales.

La noticia trascendió apenas el viernes 11 de febrero, cuando se publicó como “tesis aislada” el criterio del amparo concedido en marzo de 2021, y ratificado en septiembre del mismo año. El efecto de la resolución es evitar que se aplique el decreto en el predio del quejoso, apenas una hectárea de origen ejidal ubicada en las inmediaciones del complejo del estadio Chivas Akron, el decreto de zona de recuperación ambiental que emitió el gobierno de Jalisco el 3 de septiembre de 2019 sobre 980.9 hectáreas.

Es la historia del amparo indirecto 2289/2019-II en el Juzgado Segundo de Distrito en materias administrativa y del trabajo, en Zapopan, confirmado en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. La base jurídica para concederlo es la violación a la garantía de audiencia, tras decidir que el decreto del ejecutivo no es un mero “acto de molestia”, sino que constituye una “privación de derechos” del propietario quejoso.

La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra los artículos 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establecen el procedimiento para la declaratoria de zonas de recuperación ambiental, y contra su primer acto de aplicación, consistente en el Decreto del gobernador del Estado de Jalisco por el que se establece como zona de recuperación ambiental ‘El Bajío’, con una superficie de 980.89 hectáreas, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, publicado el 3 de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial local, pues un predio de su propiedad se encuentra dentro de dicha superficie. El Juez de Distrito concedió el amparo para el efecto de que las autoridades responsables emitieran otro decreto en los mismos términos, siempre y cuando se respetara el derecho de audiencia del quejoso. En contra de dicha resolución, las autoridades interpusieron recurso de revisión argumentando que el decreto referido constituye un acto de molestia”, explica el documento publicado el viernes 11 de febrero de 2022 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Agrega: “Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el decreto señalado constituye un acto de carácter privativo del derecho de propiedad y posesión y no uno de molestia […] lo anterior es así, porque si bien es cierto que el decreto tiene la finalidad de establecer como zona de recuperación ambiental ‘El Bajío’ […]  para asegurar el uso y destino de la superficie que se encuentra circundante y funciona como zona de transición entre el área urbana y el área natural protegida en su categoría de área de protección de flora y fauna Bosque La Primavera, y constituye una medida de sustentabilidad ambiental y de seguridad contra el impacto ambiental que reciban del exterior, así como asegurar su conservación, protección, restauración y recuperación de las condiciones de su biodiversidad y los servicios ambientales que ésta provee, lo cierto es que para lograrlo impone limitaciones, modificaciones, restricciones y prohibiciones definitivas a los predios localizados dentro de ese polígono, respecto de los que los propietarios y poseedores y, en general, todas las personas que se interesen en el área relativa quedan vinculados a acatarlas. En ese orden de ideas, el decreto mencionado constituye un mandamiento privativo del derecho de propiedad y posesión, en términos del primer párrafo del artículo 14 constitucional y no un acto de molestia, conforme al primer párrafo del artículo 16 de la Constitución General, pues desde su emisión le depara perjuicio al particular en la libre disposición del inmueble de su propiedad o posesión, ya que limita, cambia, modifica, restringe y prohíbe definitivamente el uso que le pueda dar al bien, imponiéndosele obligaciones de hacer y de no hacer de forma unilateral, pues no obstante de que sea el legítimo propietario o poseedor, no puede disponer libremente de él”.

De este modo, la tesis aislada se publica para que los juzgados y tribunales que atiendan casos similares, la tomen en cuenta en su argumentación. Si se confirma en cuatro juicios más, la vida del decreto estará decidida, aunque no necesariamente es el final: podrá renerse el procedimiento bajo la premisa de respetar el derecho de audiencia.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial me envió un apunte en el que presenta sus matices de este asunto: “Le concedieron el amparo a una persona respecto a su predio, porque constitucionalmente no se cumplió con el derecho de audiencia. Esto es, no se le notificó para que acudiera a un procedimiento en el que pudiera dar sus argumento antes de que se emitiera el decreto. Pero solo se afecta el decreto en su predio. El resto de la superficie del decreto sigue intacta. Esa resolución no nos quita la posibilidad de notificarlo para que presente por escrito sus argumentos y volver a emitir el decreto sobre su predio”. No obstante, “el mismo riesgo lo tenemos en 48 juicios de los 80 que tenemos en trámite. Tenemos identificadas las superficies de esos 48”. Además, van 32 juicios con tendencia favorable para el Estado, de los cuales 16 ya están resueltos y ganados, asegura la dependencia. Hay que señalar que la sentencia del 10 de marzo de 2021 apunta un dato inquietante: no se presentaron en el juicio argumentos de defensa contra los agravios aducidos por el particular, lo que según el juez, allana el camino para concederle la protección judicial demandada.

Las Villas Panamericanas.

UN DERECHO AMBIENTAL QUE NO ALCANZA

¿Qué dicen los especialistas en derecho? Recabé la opinión de cinco abogados reconocidos en las áreas de amparo o en derecho ambiental. Esto me dicen:

“Es, hasta donde se aprecia, una sentencia a favor de un quejoso (en amparo las sentencias tienen el principio de la relatividad, es decir , afectan o favorecen solo al impetrante) luego entonces no modifica el decreto en lo general . Está protegiendo a alguien en específico”, dijo el ex diputado local y notario público Salvador Cosío Gaona. “Es una tesis aislada . Pero de alguna manera sienta un inicio de posible criterio que pueda ser adoptado en otros amparos. Y si se conjugan cinco se convierta en jurisprudencia”.

Añade que “un acto de molestia es aquel que afecta de manera temporal”, mientras que “un acto privativo  es uno que causa perjuicio fundamental”. Al ser una sentencia de revisión de un colegiado, “es última instancia y está firme […] en síntesis apretada : un acto privativo , como fue calificado el resultado del decreto , no puede determinarse sin derecho de audiencia y tras un proceso en que se llegue a una resolución cumpliéndose los elementos formales de audiencia y defensa Y el decreto fue unilateral”.

La abogada ambientalista Agustina Rodríguez Morán, me dio una explicación detallada del tema, y puso el dedo en la llaga: No contamos en Jalisco con la legislación ambiental adecuada para defender los bienes públicos.

“En los amparos que se presentaron por parte de propietarios de superficie incluida en el decreto, para poder acceder a este amparo, debían demostrar algunos supuestos: uno, que el decreto es un acto privativo: porque ello significaba la obligación del Estado de dar garantía de audiencia previa a su emisión. Dos, que el decreto les afectaba en su interés jurídico: con títulos de propiedad y pruebas periciales de ubicación de la superficie dentro del polígono. Y Tres, que la autoridad nunca llevó a cabo un procedimiento previo a la publicación del decreto, en el que diera esa garantía de audiencia a los propietarios”.

Bajo ese sustento, “se han estado concediendo amparos para el efecto de que a los quejosos no se les aplique el citado decreto, ni en sus criterio, ni en inspección por parte del Estado, ni tampoco le permite a Zapopan aplicarlo…”.

Es decir, solamente trascendió uno de varios juicios en el mismo sentido. Por eso, añade, la autoridad estatal “debe iniciar un procedimiento en el que le indique al quejoso que pretende afectar su superficie; debe integrar elementos científicos y técnicos que demuestren y justifiquen la importancia ambiental de esa superficie, y debe permitirle al propietario demostrar lo contrario. Concluido ese procedimiento, si los criterios técnicos ambientales son suficientes para sustentar la protección, ahora sí emitir su decreto”.

– ¿Entonces debe empezar de nuevo?

– Y hacerlo bien.

– ¿Por qué los amparos no han procedido con el decreto de el cerro El Tajo (decreto de enero de 2018 emitido por el ex gobernador Aristóteles Sandoval contra urbanizaciones en la montaña enclavada al sureste del bosque La Primavera) y sí con El Bajío? Son decretos similares…
– Si pides por transparencia el expediente administrativo que se formó para la emisión del decreto, sólo encontrarás copias simples de una EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) de El Bajío hecha para Zapopan, y de un estudio que no es específico para determinar zona de recuperación ambiental. Y el propio decreto. Es decir, no tiene cómo defenderse jurídicamente.

– ¿Y el caso de El Tajo es diferente?
– El decreto de El Tajo tiene dos elementos. Tiene un ETJ [Estudio Técnico Justificativo] de zona de recuperación ambiental y tiene una consideración, aunque chiquita, pero la tiene, en materia de protección civil. Digamos que está mejor sustentado. Y en el fondo de estos amparos, lo que ha hecho tardado que se resuelvan es justamente las pruebas periciales en materia de protección civil y en materia ambiental. Pero te anticipo que la mayoría serán concedidos solo por el tema de la garantía de audiencia como en el caso de El Bajío.

– Pero hablamos de un fundamento en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico. ¿es entonces una ley inconstitucional?
– Esta tesis no lo dice expresamente. Pero yo entiendo que la ley también debería ser declarada inconstitucional porque debe prever ese procedimiento en el que se otorgue garantía de audiencia.

– Entonces estamos frente a un castillo de naipes; todo podría caerse.
– Así es. Sierra de Cuale, aunque sea área natural protegida, y con una consulta previa, también se ha caído por lo mismo.

– ¿Cómo defender el derecho de la comunidad a proteger bienes comunes?
– De entrada, opino que corrigiendo la ley e imprimiendo un buen procedimiento administrativo previo. Pero eso de nada servirá si la autoridad no integra técnica y científicamente  esos procedimientos, estudios que justifiquen y demuestren la importancia ambiental de conservación y restauración.

– No tenemos entonces las leyes y los sistemas adecuados para proteger el patrimonio natural
– Están incompletas.

Cerro El Tajo.

Carla Aceves también es abogada por la UdeG y se ha especializado en derecho ambiental. De entrada aclara: “Es una tesis aislada del tribunal que se cita, y a pesar de ser constitucional solamente tendría efectos para los quejosos, no erga omnes (en latín: “para todos”), mucho menos efectos retroactivos.

Atendiendo al fundamento constitucional al que remite, sin duda podría ‘echar abajo’ el decreto para quienes de buena fe y previo al decreto adquirieron sin gravamen o restricción alguna, propiedad ( o posesión legítima) dentro del perímetro. Este criterio nos remite a una vieja colisión entre el derecho administrativo puro y el derecho ambiental. La tesis defiende el derecho de quienes adquirieron previo al decreto toda vez que al ser una zona de recuperación impone, de hecho, restricciones y/u obligaciones que deben observarse, al menos en lo sucesivo”.

Entonces, añade, “mi interpretación es que esta tesis beneficia a los quejosos, en razón de que desde la perspectiva administrativa si han visto violentado su derecho, pero la controversia puede continuar en razón de que el Colegiado no está considerado la naturaleza indivisible y colectiva del servicio (s) ambiental (es) que se pretende remediar, proteger y preservar. Esto último, además, tiene incidencia en el derecho colectivo y difuso del acceso a un ambiente sano. Ello es además de vital importancia en ese predio en particular, considerando la función de recarga que cumple no solamente respecto del Bosque La Primavera, sino para la microcuenca entera”.

En su opinión, desde la perspectiva administrativa, “el ideal sería que les indemnizaran a los afectados, como debería ser en cada caso de derechos afectados por decretos de áreas naturales protegidas, reservas”, pero, advierte, “no es comparable un derecho patrimonial individual contra un derecho colectivo y difuso, de claro interés social”. Y apunta: “con frecuencia los tribunales administrativos buscan salirse por la tangente, particularmente sustentados  a aspectos incontrovertibles como un legítimo derecho de propiedad el cual ciertamente fue violentado…y era claro que habría amparos […] pero esta tesis ni siquiera explora el espíritu del decreto, ni la naturaleza del bien; mucho menos la colisión de intereses (particulares de propiedad) contra los difusos y colectivos ambientales que defiende el Estado”.

– El problema es, ¿cómo obligas a los juzgadores a entrar en esa materia?
–  No es posible hacerlo y por ello es urgente que haya tribunales ambientales especiales y juzgadores debidamente capacitados. Al estar “incrustado “ el derecho ambiental en el administrativo no hay manera de distinguir criterios o que prevalezca uno sobre otro. Sin duda es preocupante. Y hay intereses muy fuertes que podrían influir en los criterios de algunos juzgadores.

Finalmente, la abogada Patricia Moreno González, también con amplia experiencia en derecho ambiental, revela un matiz interesante que podría reducir el impacto negativo de una decisión judicial.

“Es verdad que existe un alto riesgo de crear jurisprudencia con esa tesis aislada; pero también existe la posibilidad de que haya resoluciones en sentido contrario, es decir, crear contradicción de tesis. Quizás mi opinión resulte muy optimista, pero si cayera el escenario en que algún tribunal se pronuncie con mayor perspectiva de derechos humanos, alta sensibilidad y responsabilidad de las consecuencias ambientales en perjuicio de la colectividad por encima del derecho de uno o varios particulares, esto podría llevar quizás a una situación compleja, aunque de crearse este escenario, se podría denunciar la contradicción a la Suprema Corte para que se emita un criterio uniforme…”.

CIUDADANOS ACOSADOS

Uno de los problemas del decreto de El Bajío es que no tiene el componente ciudadano que sí conlleva el emitido para El Tajo. El gobierno de Aristóteles Sandoval permitió que los vecinos de la Unión de Colonos de la Puerta Sur, que impugnaron hasta ahora con éxito el desarrollo Santa Anita Hills, de los empresarios inmobiliarios Gómez Vázquez Aldana, son terceros dentro de los juicios promovidos contra el decreto de 2018, por lo que se le dedica energía y talento de los ciudadanos a fortalecer la defensa que debe hacer el Estado del decreto en una de las zonas con mayor valor inmobiliario del área metropolitana. En contraste, el gobierno de Enrique Alfaro se dedicó a perseguir y mermar la resistencia ciudadana contra la Villa Panamericana, por lo que los vecinos de Rancho Contento y la agrupación Parlamento de Colonias se desistieron de los amparos contra la venta de la villa, y quedaron completamente marginados en la defensa del decreto.

Una de las claves más importantes en el desarrollo de una sociedad es la inversión en la acrecentación, o en su caso, la conservación de los bienes públicos.  ¿Qué son los bienes públicos? La economista Ana Cabello afirma: “Un bien público es aquel cuyo consumo es indivisible y que puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión. Usualmente su gestión está a cargo del Estado. En otras palabras, un bien público es, en general, accesible para cualquier persona sin mayor restricción. Su titularidad y administración le pertenece normalmente al gobierno o autoridad correspondiente. Algunos ejemplos de bienes públicos son el alumbrado de las calles, los parques, las playas, entre otros” (https://economipedia.com/definiciones/bien-publico.html).

EVIDENTEMENTE, EL AGUA CAE DENTRO DE ESTA LÓGICA. PERO SI SE CONSIDERA QUE SE TRATA DE UN CICLO, LA AUTORIDAD ESTARÍA OBLIGADA A PRESERVARLO, LO QUE INCLUYE LOS SITIOS DONDE SE RECARGA AL SUBSUELO.

Hay que decir que el decreto estatal de 2019 incluye todos los sitios más importantes de absorción en la valle de El Bajío, pero que el Ayuntamiento de Zapopan presidido por Pablo Lemus dejó pasar una valiosa oportunidad (¿con mala intención o buena fe?) para consolidarlo con el programa de ordenamiento ecológico local (POEL). El consultor contratado para el asunto, Gabriel Torres González, del CIESAS, presentó una propuesta integral.

En el documento de consulta del POEL, que se consultó durante 2018 se establece a la zona de El Bajío como un espacio con política de “aprovechamiento sustentable”, pero define además siete polígonos especiales de protección ambiental al interior de la demarcación, tendientes a impedir la urbanización en los principales sitios de recarga de agua, lo que condiciona fuertemente el desarrollo urbano en la zona.

“…construcciones como la Villa Panamericana y el Estadio Akron ya están construidos y cuentan con autorizaciones de impacto ambiental otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). Queda por exigir que las condicionantes establecidas se cumplan. Pero la gran oportunidad es que 90 por ciento de la planicie aún se encuentra en breña, lo que significa que es posible mantener las condiciones ambientales para la recarga del acuífero”, escribí en septiembre de 2019 en el diario NTR Guadalajara.

Como política general, la propuesta fue hacer la zona de “aprovechamiento sustentable” dada la importante alteración del sistema natural. No obstante, unas 550 hectáreas son puntos clave a proponer como polígonos especiales de protección ambiental, y suman siete; algunos de ellos rebasan el territorio de El Bajío propiamente dicho, pero influyen en sus procesos biológicos e hidrológicos.

La propuesta fue desechada por el ayuntamiento de Zapopan. La responsable de Gestión Integral de Ciudad del municipio, Patricia Fregoso, me dijo en ese tiempo que al ser zona donde había planes parciales vigentes, no correspondía incluir la capa de ordenamiento ecológico, lo que es una decisión controvertida por diversos expertos en desarrollo urbano. Y a priori, se pensaría que una buena generación de planes parciales consolidarían el proceso… pero no existe hasta ahora algo así. El ayuntamiento ha dejado ir la oportunidad (el POEL ya estaba consultado y era defendible en tribunales), mientras al gobierno del estado se le podría caer, al menos temporalmente, el decreto.

Guadalajara amanece hoy en su 480 aniversario, con una mala noticia. Parece que será cuesta arriba establecer un verdadero sistema de protección no solamente para la zona de amortiguamiento del bosque La Primavera, sino en general para los servicios ambientales de la propia conurbación, de los cuales dependen el futuro de la ciudad. ¿Tendrán los ciudadanos el coraje y la lucidez para exigir que se deje de especular políticamente con el destino de las áreas naturales, es decir, dejar de jugar a que se defiende, pero las iniciativa son endebles y son derrotadas judicialmente? Es el momento de hacerlo.

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara