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2022-02-03
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Fiscalía infiltrada

ES DE ILUSOS PENSAR QUE LA SALIDA DE SOLÍS GÓMEZ CAMBIARÁ LAS COSAS...

La sorpresa no debería ser que Gerardo Octavio Solís Gómez haya presentado su renuncia como titular de la Fiscalía General de Justicia del estado, sino por qué un funcionario público con sus antecedentes de violaciones a derechos humanos, fue designado para el cargo. Y la sorpresa mayor es por qué se le mantuvo en el cargo con hechos tan graves en materia de violación de garantías individuales como fue el Halconazo del 5 de junio de 2020, cuando elementos de la corporación a su cargo, torturaron y cometieron desaparición forzada contra decenas de manifestantes que protestaban por la muerte de Giovanni López a manos de policías, en mayo del mismo año.

Como se recuerda, tras darse a conocer el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, hubo una protesta frente a Palacio de Gobierno el jueves 4 de junio que derivó en enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales. Una parte de los manifestantes descargó la ira incendiando una patrulla de la policía estatal y causando daños a la entrada de la sede del Poder Ejecutivo. La respuesta oficial fue la detención de varios manifestantes.

Desde esa noche del jueves 4 de junio, se convocó a una manifestación en Casa Jalisco al día siguiente para pedir la liberación de los detenidos y castigo a los responsables del asesinato de Giovanni López. En el transcurso del viernes 5 de junio, se decidió llevar la protesta a la sede de la Fiscalía General de Justicia a la Calle 14 de la zona Industrial.

Pero la protesta no pudo llevarse a cabo pues se montó un dispositivo represivo integrado por decenas de policías ministeriales (y otros personajes vestidos de civil) que impidieron la llegada de manifestantes mediante golpes, torturas y desaparición forzada.

Protestas por el «halconazo» del 5 de junio.

Ese día el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, viajó a Colima para participar en una reunión de la Alianza Federalista y, según dijo, no se enteró de los hechos hasta entrada la noche del viernes. Al día siguiente, el sábado 6, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que ofreció disculpas por la violencia contra los manifestantes, anunció que no se presentarían cargos contra los detenidos y luego dijo que él no dio la orden de reprimir a los manifestantes.  

Fue entonces que sostuvo que la orden de reprimir (mediante detenciones, torturas y desapariciones forzadas) fue tomada por mandos y policías ministeriales infiltrados por la delincuencia organizada. Después anunciaría una investigación profunda que, como suele suceder, nunca llegó. Se detuvo y proceso a dos mandos medios que, como suele suceder, se declararon chivos expiatorios.

QUE LA FISCALÍA, POLICÍAS E INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTÁN INFILTRADAS POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, NO ES UNA NOVEDAD PARA LOS JALISCIENSES.

La novedad es que el propio gobernador del estado lo reconociera. La gravedad de los hechos es que a pesar de ese reconocimiento el gobernador siguiera en el cargo el titular de la fiscalía estatal infiltrada por el crimen organizado.

Ahora que Solís Gómez anunció su renuncia al cargo, la mayoría de la prensa ha hecho, justificadamente, un balance cuantitativo del desempeño de la Fiscalía a su cargo. Hay índices a la baja como delitos patrimoniales y varios índices al alza, como feminicidios, violencia familiar, delitos contra la libertad, seguridad sexual, desapariciones y de presencia de centros de exterminio en el estado.

Pero más allá del análisis cuantitativo del desempeño de Solís Gómez al frente de la Fiscalía estatal, el dato cualitativo es que encabezó una institución infiltrada por el crimen organizado.

Si la afirmación del gobernador es cierta, el aparato de procuración de justicia de Jalisco, sostenido por todos los jaliscienses, no trabajaba para investigar los delitos y llevar ante el sistema judicial a los responsables de esos delitos, sino para proteger a grupos del crimen organizado. Y sabemos que el grupo del crimen organizado en Jalisco es, hoy por hoy, el grupo delincuencial más violentos y poderoso del país y con operaciones en varias partes del mundo: el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Un cártel que para garantizar sus negocios del capitalismo ilegal, el tráfico y producción de drogas, necesita asesinar, masacrar, desparecer, descuartizar cuerpos o deshacerlos en químicos, abrir fosas clandestinas y ejecutar a quienes decidan con tal de mantener la marcha de sus negocios.

Gerardo Octavio Solís.

Todos los discursos del gobierno del estado de que los delitos van a la baja y que los ciudadanos tienen mayor seguridad en Jalisco se estrellan contra esta cruda realidad: el aparato de procuración de justicia está infiltrado por el cártel predominante en la plaza y el más poderoso del país.

Es de ilusos pensar que la salida de Solís Gómez cambiará las cosas. Y es muy preocupante que para sustituirlo se postule a Joaquín Méndez Ruiz, colaborador cercano y yerno de Solís Gómez. El movimiento es apenas el reemplazo de una pieza del rompecabezas. Si los diputados del Congreso del Estado aprueban al candidato enviado por el  gobernador estarían poniendo a cargo de la Fiscalía a un miembro del grupo que ha encabezado una fiscalía infiltrada.

Pero no debería de sorprendernos. Esta fase del capitalismo mexicano se caracteriza por modos de acumulación de capital violentos y sangrientos, en un contexto de yuxtaposición de la soberanía estatal con las soberanías reales que imponen las empresas del capitalismo ilegal. En este contexto decir “fiscalías infiltradas” es pleonasmo. Desde hace tiempo el aparato policial, de procuración de justicia y el judicial, al igual que todo el aparato estatal, permite la infiltración porque al final son parte del mismo aparato gubernamental que permite el régimen de acumulación que beneficia por igual a empresarios, políticos y jefes de plaza.

Periodista independiente. Conductor de @CosaPublica2 en @RadioUdeG. Al pendiente de las resistencias vs el despojo y las luchas sociales