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2022-01-27
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AMLO el demoledor

LA ÚLTIMA NOVEDAD FUE LA REMOCIÓN DE 20 MIL ÁRBOLES EN UNA RUTA QUE, APARENTEMENTE, NO SE VA A UTILIZAR COMO TRAZO DEFINITIVO...

“El que piadoso desengaña amigos, tiene mayor peligro en su consejo que en su venganza el que agravió enemigos”.

Francisco de Quevedo y Villegas, Parnaso español

De escándalo en escándalo, sigue adelante el proyecto del Tren Maya. La última novedad fue la remoción de 20 mil árboles en una ruta que, aparentemente, no se va a utilizar como trazo definitivo, una vez que el proyecto comienza a penetrar a tierras donde el tren no había sido introducido en la historia centenaria de esa infraestructura en la península de Yucatán.

Partiré de la base de que hay buena fe y profesionalismo por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y que sus informes, a posteriori, son precisos. Pero ¿cómo creerles? Siendo la parte interesada en que se realice la obra, y sujeta a una enorme presión por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien ve en el proyecto su mayor herencia en el tema del desarrollo, es complicado asumirse como juez y parte. Me dirán que para ello existen otras instituciones específicamente ambientales, que deben ser garantes de que el Fonatur y las empresas constructoras hagan de forma adecuada su trabajo, y me citarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin olvidar entes autónomos como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Pero es justo allí donde ya estamos en problemas.

El afán lopezobradorista de borrar instituciones ya ha cortado varios brazos al importante sector ambiental. Bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción y la “austeridad republicana”, el mandatario ha condenado a desaparecer a una serie de entes que le daban mucho sentido al trabajo ambiental como vigilante de los proyectos de infraestructura.

En específico, el presidente anunció, con poca reacción de un sector ambientalista y académico, ya de por sí vapuleado todo el año por el acoso constante de políticos morenistas e instancias como el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) para rendir las armas de su autonomía y favorecer las doctrinas de la “cuarta transformación”, la desaparición del INECC y del IMTA. Y una reducción sustancial y sostenida de los presupuestos de la Conanp, que cambió de titular, y que tiene a su cargo nada menos que el manejo de todo el sistema de áreas naturales protegidas, que tan solo en los ecosistemas terrestres significa unas 31 millones de hectáreas (quince veces el tamaño de un país pequeño, como El Salvador) pero que si sumamos los ecosistemas marinos protegidos, ronda 90 millones de hectáreas, un país tan grande como Venezuela. El gasto destinado a la gestión de esta descomunal superficie es de …887.4 millones de pesos en 2022, esto es, 9 pesos y 85 centavos por cada hectárea protegida (https://www.cemda.org.mx/para-2022-el-presupuesto-de-las-areas-naturales-protegidas-baja-a-menos-de-10-pesos-por-hectarea/). No, pos guau. Obras son amores, no buenas razones.

Con los 156 mil millones de pesos presupuestados para el Tren Maya, se paga 176 veces el presupuesto de la Conanp. Y si consideramos la inversión promedio de 104 millones de pesos por cada kilómetro del megaproyecto, el gasto del organismo equivale a 8 kilómetros de un tren que, una vez terminado, rondará por 1,500 km de longitud. Y vayamos al presupuesto total de la Semarnat para 2022, de 40,795 millones de pesos ( de paso: 0.06 por ciento del gasto total federal, de 7 billones 88 mil millones de pesos), de los cuales, tres cuartas partes los ejerce la Conagua. Vale la pena el análisis siempre informado del analista guerrerense Octavio Klimek Alcaraz (https://suracapulco.mx/impreso/9/el-proyecto-de-presupuesto-2022-de-la-semarnat/#:~:text=El%20monto%20total%20del%20Proyecto,t%C3%A9rminos%20nominales%20o%20a%20pesos%20corrientes.):

“A manera de comprender los órdenes de magnitud, no se deja de observar que en 2022, el programa Sembrando Vida de forestación (no reforestación) encuandado en la Secretaría de Bienestar, tiene presupuestado ejercer 29,446.8 millones de pesos, es decir, un programa social suma a casi todos los programas de subsidios e inversión del sector Semarnat”.

Maqueta de una de las estaciones.

El detalle es la baja inversión, por ejemplo, de la Profepa, instancia que tiene el virtual monopolio de investigar infracciones y delitos ambientales (casi todos de orden federal) en todo lo largo y ancho del territorio nacional, y en todo tipo de giros productivos, desde agricultura y ganadería hasta industria, pasando por bosques, aguas nacionales, áreas naturales protegidas… son 776.4 millones de pesos para esa colosal tarea: Tres pesos con 88 centavos por cada hectárea del territorio emergido del país. ¿Usted se ha preguntado por qué los delitos ambientales no son perseguidos? Siga al dinero…que no hay. Por allí va la respuesta.

Respecto al INECC y al IMTA, llama la atención de que en noviembre les habían asignado, respectivamente, 175.5 millones y 211.4 millones de pesos, respectivamente. Luego, en diciembre, el presidente adujo la “austeridad republicana” para anunciar que serían absorbidos por la Semarnat y la Conagua, sin pérdida de empleos o derechos de sus trabajadores. Creo que eso retrata de forma clara la intención presidencial: no es reducir gastos en el servicio público (lo que de por sí sería muy discutible, pues el sector ambiental es una inversión institucional necesaria para que el país no se termine de degradar en sus bases ambientales), sino borrar autonomías. Y la autonomía de instituciones como el INECC y el IMTA ha dado enormes beneficios a este país, en términos de prevención: Exequiel Ezcurra, uno de los grandes ecólogos de este país, me comentaba hace días que el INECC surgió a raíz de dos grandes catástrofes ambientales que vivió el país en los años 90: la explosión de una planta de fertilizantes en Veracruz, que dejó más de mil muertes de personas que estuvieron expuestas a sus sustancias peligrosas, y las explosiones del colector del sector Reforma en Guadalajara, el 22 de abril de 1992, con más de 200 muertos oficiales.

“El caso es que si tú eres la instancia que da los permisos, la que emite los estudios y normas, y la que hace las inspecciones, la tentación de la corrupción crece. Incluso no sería necesario que hubiera un estímulo de dinero para torcer datos e inspecciones; por ejemplo, ¿qué funcionario no estaría tentado a cambiar las cifras de deforestación simplemente para demostrar que su gestión se hizo bien?”, me argumentaba el maestro hoy afincado en Los Ángeles, California. Una institución como el INECC es necesario que siga siendo autónoma, justamente para que la criba de datos, los procesos de investigación sobre la realidad, las propuestas de normas, se hagan con base en la realidad, y no los intereses económicos y políticos. “El servicio que se hace al país es enorme, se ahorran muchos millones en reparaciones, en resolver desastres, en evitar muertes por contacto con contaminantes; todos los países desarrollados tienen instancias autónomas en ese sentido, no lo ven como gasto, es una inversión enormemente valiosa y útil”, agregó el experto.

Y si regresamos al tren de la polémica, pareciera que se busca dejar a la buena voluntad de los constructores la posibilidad de que la obra realmente se ajuste a las leyes ambientales, y lo que es más crítico aún, a la realidad misma. Y es posible que los responsables del Fonatur sean buenas personas y con una ética a prueba de cualquier tentación.

PERO ASÍ NO FUNCIONAN LAS DEMOCRACIAS NI SE GARANTIZA A LARGO PLAZO QUE SE TOMARÁN LAS MEJORES DECISIONES.

Una democracia se basa en instituciones fuertes, autónomas, contrapuestas entre sí en términos de conocimiento y vigilancia. Parte de la premisa de que el director del Fonatur puede ser la mejor persona del mundo, con las mejores intenciones… o la peor. De que puede ser un buen ciudadano pero un mal funcionario público. O que puede ser un brillante burócrata pero con compromisos inconfesables. A final de cuentas, las instituciones se establecen con humanos estándar, no con santos o superhéroes. Y eso significa que el modo, los procesos, la transparencia, la rendición de cuentas, aplicará igual para un virtuoso que para un ladrón. Al primero le permitirá brillar con reconocimiento. Al segundo, le mandará el inquietante mensaje de que si se sale de lo que la ley y el Estado de derecho establecen, podría ser sujeto de acciones penales o civiles.

Y es por eso que el presidente de la república y todos sus servidores deben entender que las buenas intenciones no bastan. Que las vidas virtuosas a nivel personal son irrelevantes cuando no se tiene la capacidad para ejercer un gasto público. Y que demoler instituciones, a la larga, permitirá que esa subespecie de políticos depredadores y astutos que se enriquecen a costa del erario, vean la gran oportunidad de hacer negocios “ilícitos” que nadie les podrá comprobar. Es una paradoja, pues los votantes de López Obrador, en su mayoría, votaron contra la corrupción y el dispendio de la clase política mexicana. El camino no era demoler, sino mejorar y consolidar. Pero ya lo saben. Por eso creo que el tema de las buenas intenciones ya no puede ser argüido como la causa de este desastre. Ya mostraron demasiado claro cual es el verdadero proyecto político. El que tenga ojos para ver…

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara