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2022-01-13
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Villa Panamericana, la gran simulación

LA VILLA PANAMERICANA NO ES EN SÍ EL PROBLEMA, SINO QUE EL VERDADERO RIESGO ES QUE CON ESE PRECEDENTE LEGAL SE DEBAN GENERAR POR VÍA JUDICIAL NUEVOS PERMISOS SOBRE EL RESTO DE ESTE VALLE...

“…de todos los hechos culpables, ninguno tan grande como el de aquellos que, cuando más nos están engañando, tratan de aparentar bondad”

M.T. Cicerón, De los oficios, I, 13, 41

 

Pocos temas exhiben mejor los golpes bajos, el dolo y la hipocresía de los políticos jaliscienses como el ya largo caso del futuro de la Villa Panamericana, ese enorme pasivo heredado de la administración de Emilio González Márquez que ha quemado las manos de dos gobernadores posteriores y cuatro presidentes municipales de Zapopan. Pero también refleja la desinformación, la frivolidad, la inconsistencia y la inconstancia de una opinión pública que parece que juega casi siempre a desgarrarse vestiduras y a solamente acompañar con sus coros lastimeros las decisiones y los caprichos de esos líderes políticos, sin apenas incidir para cambiar el juego de simulaciones que se ha desplegado ya por una década.

La primera verdad

Que hoy pocos quieren reconocer, es que el congelamiento de la habitabilidad y la comercialización del inmueble fue un estatus que sobrevivió por diez años por mérito casi exclusivo del vilipendiado Parlamento de Colonias y de los vecinos de Rancho Contento, quienes instauraron juicios ante tribunales federales y el local de Justicia Administrativa, cuyas suspensiones impidieron cualquier progreso del negocio, pero de paso, dieron vida artificial al oportunismo de los políticos. Éste no podía durar demasiado, pues no podemos olvidar que aunque sea un negocio privado, hay en juego un capital cuantioso del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), y del Instituto Jalisciense de Vivienda (Ijalvi). Y no es que se reproche cuidar ese capital que a fin de cuentas es de los trabajadores del estado o directamente de nuestros impuestos, sino que se finja un amor por lo ambiental para quedar bien con la opinión pública, y al tiempo se hagan cosas para desatorar el negocio que dicen repudiar.

Segunda verdad

Llegado el tiempo, el gobernador Enrique Alfaro, quien cultiva la imagen de un político decidido y que da soluciones, no tuvo el menor remordimiento para ordenar una campaña de linchamiento judicial y mediático, particularmente contra el parlamento y sus aliados (Conciencia Pública, de Salvador Cosío Gaona) para obligarlos a desistirse, lo cual logró, como bien sabemos, hace un par de años. El acuerdo de desistimiento se firmó con la empresa compradora de los derechos de la villa, Green Life Capital, SAPI de CV, donde los quejosos buscaron dejar cláusulas como el blindaje contra nuevos derechos de urbanización en la misma zona de El Bajío del Arenal, así como la liberación completa de la superficie del inmueble que entra en el polígono de protección del bosque. El nuevo estado legal dejó abierta la posibilidad para que los empresarios vendieran los departamentos.

EL GOBIERNO DE JALISCO HA RECONOCIDO TÁCITAMENTE EL RIESGO QUE ESTO SIGNIFICA PARA QUE EL RESTO DE LA ZONA SEA INVADIDA DE URBANIZACIONES (BAJO EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD DE TODOS LOS CIUDADANOS ANTE LA LEY).

Por eso emitió el decreto de polígono de protección ambiental para todo el espacio contiguo, donde se ubican, por cierto, las zonas de más alta recarga de esa cuenca endorreica que abastece el subsuelo de una parte del área metropolitana de Guadalajara. El decreto sigue en pie pero enfrenta decenas de juicios de amparo que determinarán su futuro. El éxito de un decreto similar y más antiguo, en el vecino Cerro del Tajo, genera esperanzas, pero no se puede dejar de advertir que éste ha estado vivo por el impulso de los vecinos de esas colonias, decididos a defender al bosque La Primavera y que han invertido de sus bolsas para gestionar juicios y ser reconocidos como terceros en los procesos contra el acto de gobierno. En El Bajío, pese al enorme ruido de la opinión pública, no hay un soporte vecinal análogo, pues las únicas entidades que habían participado, fueron desplazadas bajo la eficaz campaña de propaganda, sin pruebas, de los intereses aviesos de sus dirigentes. Le corresponde al gobierno la tarea completa de defender el decreto.

Tercera verdad

Hay que decir, aunque no le guste a un sector importante de la opinión pública, que la Villa Panamericana no es en sí el problema, aunque su construcción haya estado plagada de ilegalidades. No se ubica sobre alguno de los sitios de alta recarga del acuífero y si cumple sus condicionantes -la duda social es legítima -, no debería ser una carga importante en contaminación (pues está obligada a tratar sus aguas). El verdadero riesgo es que con ese precedente legal se deban generar por vía judicial nuevos permisos sobre el resto de este valle. Eso sí sería desastroso.

Cuarta verdad

El hoy presidente municipal de Guadalajara, y por casi seis años alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, aprovechó el tema para erigirse artificialmente en un defensor del ambiente. Pero el diablo está en los detalles: el aspirante a la gubernatura por Movimiento Ciudadano no ha reconocido públicamente que mantuvo conflictos legales recientes con algunos integrantes de la empresa compradora, Green Life Capital, por un negocio que incluso llegó a los juzgados. Es inevitable ver en su postura adversa al negocio allanado por Enrique Alfaro, una oportunidad de desquite. Incluso se atrevió a asegurar que no conocía a esos empresarios, caso particular de  Gerardo Huerta Hoyos y de Jaime Moreno Cardeña, quienes han fungido en el pasado reciente en cargos de representación empresarial e incluso hay fotografías que evidencian su relación con el munícipe.

Pero además, Lemus Navarro ha sido acusado de “tiempista” con el tema. Fuera por su conflicto personal o fuera por lo que le redituaría en imagen, advirtió que no otorgaría “habitabilidad” al inmueble por más resoluciones que se recibieran del Tribunal de Justicia Administrativa… y cumplió. Pero la regla cambió al salir de Zapopan. Las omisiones de su jurídico están documentadas: el ayuntamiento no respondió oportunamente en algunas instancias del proceso que la empresa interpuso en su contra, y el TJA, el otro actor-villano que funciona muy ad hoc para esta forma de hacer política,  anegada en la simulación. 

El investigador Miguel Magaña Virgen puso los puntos sobre las íes hace apenas cinco meses: “Hay muchos casos donde es muy fácil ganarles a los ayuntamientos, y lo digo entrecomillado porque todo depende del nivel y acopio de información que pretenda. Cuando alguien entra a un partido arreglado de que va a perder, pues pierde. Me parece que esto es solamente una pantalla ante la sociedad de que el ayuntamiento se está rasgando las vestiduras […] no solamente la Villa, el fraccionamiento, la escuela preparatoria que está ahí, una universidad tecnológica, o sea, se está ‘encementando’ El Bajío, están tapando la filtración…” (entrevista con la periodista Sonia Serrano, El diario NTR Guadalajara, 6 de agosto de 2021).

En el mismo texto, Jorge Carlos Ruiz, titular de la Contraloría Ciudadana, ventiló también las presiones contra las agrupaciones civiles: “El ayuntamiento de Zapopan no ha hecho bien las cosas, rogamos al Parlamento de Colonias que este acuerdo lo ventilen y estarán ahí los actores, también lo tengo que decir, han sido presionados, amenazados por el mismo gobierno de Jalisco, el mismo ayuntamiento ¿para qué? Para que ya dejen de estar en este litigio”. Entre las muchas omisiones zapopanas se gran calado está la falta de actualización de los planes parciales en la zona, y no haber aprobado la capa del ordenamiento ecológico local que propuso el consultor de la actualización de ese instrumento, donde se planteaban las medidas de conservación de El Bajío. Se supone que el ordenamiento no se autorizó para la zona porque los planes parciales tendrían la tarea de proteger. Pero ni uno ni otro, hasta ahora.

Y en específico, en agosto pasado, una inspección ordenada por el tribunal al ayuntamiento no fue realizada y derivó en que se diera por cumplido ese requisito previo. Y el 22 de noviembre pasado, como es de conocimiento público, el TJA (antes TAE) ordenó que se diera habitabilidad al inmueble. Y de acuerdo a la ley en la materia, el municipio contaba con cinco días para interponer un recurso, pero tampoco lo realizó. Claro, el costo político será para el actual alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, mientras Lemus Navarro mantiene su imagen incólume rumbo a la candidatura para suceder a Alfaro en Casa Jalisco.

 

En resumen: todos, pero especialmente miembros de los gobiernos, se quejan de las decisiones del TJA. Lo inexplicable es que si han sido gobierno con mayoría legislativa, no han sido capaces de reformar la ley que lo sustenta, justo para evitar los excesos que se le adjudican. Les parece mejor solo quejarse y dejar que los magistrados allanen negocios inmobiliarios.  Es el modus operandi de una clase política omisa y simuladora: el TJA consuma la tropelía  e indignados gritan ¡al ladrón!

¿De verdad piensan que el ciudadano es tan estúpido como para creer que el teatro que ha hecho posible por dos décadas el crecimiento anárquico de Guadalajara no se puede desmontar con mejoras legislativas e institucionales? ¿Con una Procuraduría de Desarrollo Urbano que sí represente ciudadanos? ¿Con planes parciales realmente consolidados con participación ciudadana? ¿Con pleno respeto a los ordenamientos ecológicos estatal y municipales? ¿Con sanciones efectivas contra la impunidad de los constructores? ¿con una zonificación clara y firme sobre la base del riesgo y la fragilidad ambiental? Los hechos son amores, no buenas razones. Las autoridades se lavan las manos y dirigen la indignación contra el TJA. Si los actos de este violan la ley, sus decisiones serían impugnables; ¿dónde están recursos y expedientes de responsabilidad? ¿No se interpusieron o no han prosperado? ¿O será que las omisiones están en otro lado?

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara