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2021-10-07
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La reforma eléctrica, la verdad de las mentiras

NADIE LE PUEDE REPROCHAR FINGIMIENTO A AMLO EN SU JUEGO DE RECENTRALIZAR EL PODER Y FORTALECER AL ESTADO A COSTA DE LOS PRIVADOS, EN LA MEDIDA EN QUE ESO HA SIDO EXPLÍCITAMENTE SU DISCURSO LEGITIMADOR...

“El entendimiento humano no está hecho de luz pura, sino que está sometido a las influencias de la voluntad y las emociones, hecho que origina saberes ilusorios; el hombre prefiere creer lo que quiere que sea verdadero”

Francis Bacon, Novum Organum

En política, desde siempre, se enfrentan pretensiones de verdad. Sea que se trate de deliberadas mentiras construidas para agradar y generar apoyo en los electores, ciudadanos o súbditos, con fines que pueden ser aviesos, o por el contrario, honestos, faltaba más; sea que quien las sustenta, crea a pie juntillas que dice la verdad, que eso que transmite es la clave de lo público, incluso de la historia del país y de la evolución de la especie, y aun así logre agradar. O fracase, faltaba más. Pero ante tanta colusión de intereses de corto y largo plazo -y colisiones, faltaba más-, es difícil pensar que el camino de la política es el tránsito hacia lo verdadero. Por eso es necesaria la labor crítica. Aunque esta tampoco se exime de participar de bajas o elevadas pasiones que a final de cuentas la pueden condicionar. Somos humanos, faltaba más.

Lo cierto es que esas versiones de verdad están una vez más en la arena política en México, con la agresiva campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, de convencer a los electores, y en particular, a los diputados y senadores, para que aprueben una reforma constitucional que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la vieja paraestatal creada en el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964), que le dio al país muchos años de soberanía energética, desarrollo… y corrupción, deficiencias en la generación y mala calidad en el suministro de los hogares mexicanos. Es uno de los símbolos del viejo nacionalismo que el presidente expresamente quiere rescatar. Hay que apuntar que la acción del régimen en 1960, fue posible porque se vivía en una economía cerrada, de “sustitución de exportaciones”, y era baja la inversión extranjera. Hoy estamos en tiempos de globalización y acuerdos comerciales que el presidente de origen mexiquense jamás se habría imaginado.

Un resumen que ha elaborado el despacho consultor JDSupra (https://www.jdsupra.com/legalnews/iniciativa-de-reforma-constitucional-9814944/), destaca la iniciativa de reforma en los siguientes 12 puntos:

Uno, “el sector eléctrico, incluyendo la generación, transmisión, transformación, distribución y suministro de energía eléctrica, se establece como área estratégica reservada exclusivamente al Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad. CFE generará al menos el 54% de la electricidad requerida en el país, mientras que el sector privado podrá generar hasta el 46% de la electricidad requerida”.

Dos, “el servicio público de abastecimiento de energía será prestado exclusivamente por CFE, quien podrá adquirir energía eléctrica del sector privado. Para tal efecto, CFE celebrará contratos de cobertura financiera bilaterales de largo plazo para la compra de energía y capacidad, o realizará compras de energía y capacidad de corto plazo mediante un proceso competitivo de despacho basado en los menores costos de producción ofertados” (sic).

Tres, “la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos desaparecerán y sus funciones serán asumidas por la Secretaría de Energía”. Cuatro, “la Iniciativa propone la reintegración de CFE como un monopolio estatal integrado horizontal y verticalmente que opera de forma autónoma como un único organismo gubernamental (a diferencia de su organización actual conformada por una empresa productiva estatal y una serie de subsidiarias y filiales), manteniendo solo una subsidiaria y tres filiales.

EL ESTADO, A TRAVÉS DE CFE, SERÁ RESPONSABLE DEL SEN, QUIEN TAMBIÉN SE ENCARGARÁ DE PRESERVAR LA SEGURIDAD Y LA SUFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL SUMINISTRO CONTINUO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TODA LA POBLACIÓN”.

Cinco, “el Centro Nacional de Control de Energía, que se separó de CFE en 2013 para convertirse en el operador independiente del SEN y del Mercado Eléctrico Mayorista, se reintegrará a CFE. CFE determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como las tarifas para usuarios finales, y se encargará del despacho económico de todas las unidades de generación, en cumplimiento de criterios de confiabilidad, continuidad y estabilidad”. Seis, “Los generadores privados autorizados a participar en la generación de energía para ser vendida a CFE (hasta el 46% antes mencionado), se sujetarán a la planeación y control del SEN por parte de CFE y la regulación aplicable en materia de continuidad y confiabilidad. La generación privada que podrá continuar (bajo un nuevo régimen legal) incluye la energía generada por: productores independientes de energía (pero sin considerar excedentes), centrales eléctricas construidas después de la reforma energética de 2013 (incluyendo aquéllas que suministran energía bajo contratos adjudicados a través de las subastas de largo plazo del CENACE) y centrales de autoabastecimiento ‘auténtico’, en la medida en que hayan operado conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”.

Siete, “a diferencia de reformas constitucionales anteriores en las que se reconocieron los derechos adquiridos de aquéllos que ya realizaban actividades afectadas por la reforma en cuestión, la Iniciativa contempla que, a partir del día en que entre en vigor el decreto de reforma, se cancelarán todos los permisos actuales de generación de energía, todos los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado y todas las solicitudes de permisos pendientes de resolución”. Ocho, “todos los certificados de energía limpia se cancelan”.

Nueve, “CFE será responsable de la ejecución de todas las actividades de transición energética en materia electricidad. El desarrollo de industrias requeridas para la transición energética se establece como ‘sector prioritario’, el cual se desarrollará bajo una ‘política industrial para la electricidad’, que abarcará desde la transformación de recursos naturales, hasta la fabricación de equipos para usos finales, ciencia y tecnología nacional, propiedad intelectual del Estado de tecnologías, sistemas y equipos, manufactura por entidades públicas de componentes y equipos considerados críticos, y financiamiento de la banca de desarrollo y el mercado interno para la creación de entidades públicas, sociales y privadas de capital nacional”.

Diez, “se eliminan todas las referencias a empresas productivas del Estado dedicadas a la exploración y extracción de hidrocarburos. Por tanto, a pesar de que la Iniciativa no lo indica, se asume que Pemex (al igual que CFE) dejará de ser una empresa productiva del Estado y volverá a ser un organismo público”. Once, “no se otorgarán concesiones para la explotación de litio y otros ‘minerales estratégicos’ necesarios para la transición energética, pero esta restricción no se aplicará a las concesiones mineras existentes donde previamente se hayan realizado actividades de exploración de litio aprobadas por la Secretaría de Economía”. Y doce: “se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el decreto de reformas (lo cual ocurriría en la fecha que entre vigor la reforma)”.

Esto ha estado acompañado de una campaña de medios bajo la muy endulzada retórica de “la electricidad era tuya, te la vamos a devolver”, en que se busca asegurar el respaldo popular; a la par, el presidente deja de atacar al PRI, el partido del presidente López Mateos, con la esperanza de que aporte sus 77 votos en la cámara baja porque de otro modo no podrá sacar adelante su propuesta. Pero si hace falta, usa amenazas más o menos veladas. Un “castigo” será mencionar en sus “mañaneras” los nombres de los diputados que voten en contra de la iniciativa. También les dijo a los priistas que tienen la oportunidad de recuperar el legado de López Mateos y darle la espalda definitiva al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. El mensaje: “¿Van a seguir con el salinismo como política o [se] va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos?”.

Las críticas a este modelo monopólico estatal han sido diversas. Las representa bien el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que publicó en su cuenta de twitter: “La reforma en materia energética para favorecer a  @CFEmx  tendría consecuencias altamente negativas al elevar los costos de la electricidad, dañar el medio ambiente, y atentar contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional”.

La directora del organismo, Valeria Moy, detalló en una columna de opinión: “Apelar a la soberanía es un recurso manipulador. Hace que, en la discusión del proyecto, se recurra a argumentos más relacionados con sentimientos patrióticos que con los aspectos técnicos y realistas de las implicaciones de la propuesta […] A todos nos gustaría, creo, que los mexicanos —personas físicas e industria— tuvieran acceso a energía eléctrica de calidad a precios competitivos. Considerando, además, los efectos climáticos y sociales, deberíamos de buscar una política pública que considere la generación de energía eléctrica a través de fuentes más ‘limpias’ cuidando el impacto social en las comunidades en las que se genera”.

“La iniciativa plantea que la CFE generará mínimo el 54% de la energía eléctrica y podrá comprar el 46% a los productores privados, quienes, a su vez, solo podrán vender la energía que generen a la propia CFE. La CFE, a su vez, será el único que podrá venderla. De esta manera, la CFE tendrá un rol monopólico por un lado, y monopsónico, como único comprador, por otro. La competencia, permitir el número necesario de jugadores en un mercado, tiene resultados positivos para los consumidores. Tomemos los costos de generación de energía como ejemplo. En 2020, el costo promedio de la energía producida por CFE fue de 1,413 por megawatt-hora. La generación privada a partir de energías renovables tuvo un costo promedio de 401 pesos por la misma unidad de referencia y el costo promedio de los productores independientes de energía fue de 1,124 pesos por megawatt-hora. CFE genera electricidad hasta 252% más cara que lo que puede hacerlo el sector privado”, agrega la experta.

“Hoy, en la ‘inyección’ de energía a los sistemas prevalecen criterios de costo y medioambientales. Con la propuesta, no queda claro cuál será el criterio de despacho. La exposición de motivos enfatiza la intención de fortalecer a la CFE independientemente de los mismos. La propuesta, además, obliga a CFE a realizar actividades en las que hoy pierde dinero. De esta manera, la presión sobre las finanzas públicas, que tendrán que entrar al quite para mantener a la empresa artificialmente a flote, será cada día mayor [y a esa presión sumemos la de las pensiones que no hará más que crecer, la de Pemex y las que se acumulen estos años]”.

“La propuesta, además, elimina a los reguladores y convierte a la CFE en jugador y en árbitro. Nada bueno puede salir de un juego en el que las reglas no solo no están claras. Y bueno, pues también podríamos hablar de los impactos medioambientales y del retroceso que significa para el país regresar a la producción a través de combustibles fósiles y contaminantes”. La opinión completa, en https://imco.org.mx/la-energia-que-queremos/.

La controversia es enconada, porque hay mucho en juego. El tipo de país que diseña esa reforma es muy distinto al que hoy prevalece. El Estado regresa como jugador principal de las energías, y se ponen en prioridad secundaria el cumplimiento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pues el modelo productivo de la CFE depende centralmente de combustibles fósiles. Se abre el espacio para múltiples demandas de los actores privados afectados, e incluso de los socios comerciales del país, sobre todo, Estados Unidos y España.

Pero la propaganda en torno a la reforma es eficaz, apela a los sentimientos. Tiene una base de realidad: los abusos de empresas o los laxos acuerdos para obtener a renta territorios de tenencia social o privada, con apoyo de instituciones del Estado mexicano, para instaurar generadores, sean solares o eólicos, sobre la base de la violación de derechos ejidales, son expedientes reales, y nada extraños. Los ejidos y muchas comunidades indígenas suelen estar controladas por caciques que se enriquecen con acuerdos de este tipo a costa de los derechos de las asambleas. Hay en el tema un estudio para encontrar la fórmula para el pleno respeto de los derechos de propiedad -sea de los dueños originales o de los adquirientes – sin lo cual, la inversión en el campo mexicano seguirá como una lejana ilusión.

Sin embargo, esos expedientes deberían canalizarse y ser juzgados en lo específico, Condenar con base en ello toda la reforma de 2013, es un exceso. Hay también otros señalamientos contra los actores privados, como su uso de la conexión al sistema eléctrico nacional, o los subsidios a la actividad, pero hay que señalar que en ningún lugar del mundo se ha podido desarrollar un sector de energías renovables sin apoyos gubernamentales.

A fin de cuentas, las preguntas de fondo que todos deben contestar: ¿los mexicanos recibirán realmente energía más barata? ¿Se cumplirán las metas de reducción de emisiones de gases generadores de cambio climático? ¿Habrá servicio óptimo, oportuno y continuo para más de 22 millones de hogares del país, y arriba de 200 mil comunidades? ¿Los sectores de la economía contarán con un servicio regular, de calidad y precio justos? Esas son las dudas que no se pueden contestar con mera propaganda.

De paso, un costo extra lo pagará, sin duda, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El coqueteo abierto del presidente ya ha dividido a ese declinante instituto político. No hay la menor duda de que los electores le van a cobrar al antiguo partido oficial si rompe el acuerdo opositor que le permitió sobrevivir en las elecciones de 2021, y vota a favor de la reforma.

PERO LA AMBIGÜEDAD DE LA DIRECTIVA NACIONAL Y LAS POSTURAS DE ALGUNOS LÍDERES DEBEN GENERAR DESAZÓN ENTRE MUCHOS DE LOS VOTANTES DEL TRICOLOR.

El presidente del PRI Jalisco, Ramiro Hernández García, tan parco usualmente para meterse en estas discusiones, ha dado una postura inusual a favor de conservar la alianza. La publicó esta semana en sus redes sociales: “Desde el PRI Jalisco Oficial  esperamos que nuestras diputadas y diputados cumplan con el compromiso que establecimos con los electores de ser un contrapeso de la 4T. Hasta ahora la posición de la Dirigencia Nacional ha sido en el sentido de que habrá un proceso de análisis de la iniciativa sin que esto implique una decisión de votarla a favor. Confiamos en el sentido estratégico de nuestra Dirigencia para hacer sentir el valor real de la fracción en las decisión de la cámara y que con argumentos y votos defender los intereses del país y de los mexicanos. Refrendamos nuestra convicción y compromiso de seguir  luchando por las mejores causas de los mexicanos”.

Lo que no dice el dirigente es que al tricolor solo le quedan de dos sopas: o se afianza como oposición y mantiene su institucionalidad, en busca de constituirse en un genuino partido socialdemócrata, o se funde, de una buena vez, con Morena, hermanado por el nacionalismo revolucionario tan paleopriista que el partido de López Obrador ostenta abiertamente.

Son tiempos de disputa entre pretensiones de verdad, pues eso es la política. Nadie le puede reprochar fingimiento a AMLO en su juego de recentralizar el poder y fortalecer al Estado a costa de los privados, en la medida en que eso ha sido explícitamente su discurso legitimador. Habría que dudar sobre el Jauja que promete detrás de ese nacionalismo y estatismo tantas veces quebrados en la historia de América Latina. ¿Estará el presidente mintiendo deliberadamente, o cree honestamente que su fórmula es el verdadero modelo para la prosperidad de las mayorías?

A fin de cuentas, mentir es normal en política. Un libelo-folleto aparecido en Inglaterra en 1712, prometía revelarlo todo en una extensa obra que no se publicó: El arte de la mentira política. Llamó la atención por su atribución al irlandés Jonathan Swift, un feroz satírico de la política inglesa y autor de un gran clásico, Los viajes de Gulliver, y por su cínica argumentación:

“La mentira política es el arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables […] se requiere más arte para convencer al pueblo de una verdad saludable que para hacer creer y aceptar una falsedad saludable”, pues “no existe ningún derecho a la verdad política […] la abundancia de mentiras políticas es una distinción clara de la verdadera libertad inglesa”.

Añade: “siempre hay algunas personas dotadas de gran credulidad. A estas personas competerá difundir lo que los otros han acuñado; ya que ningún hombre suelta y expande la mentira con tanta gracia como el que se la cree”. De ahí que la duda quede, y es posible que el presidente sí piense que es verdad que tras la reforma eléctrica viene la prosperidad. O que, por el contrario, tengan razón los que ven inminente el caos. O que llegue una versión intermedia de las dos “verdades”, pues, faltaba más, la verdad se disfraza de mentira y viceversa; es que el mundo es complicado.

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara