Ante la aprobación en comisiones de la reforma que pretende que los consejeros del Comité de Participación Social (CPS) trabajen gratis, políticos y líderes de opinión sostienen que podría tratarse de un «revanchismo» por parte del Legislativo contra el Comité del Sistema Anticorrupción.
La presidenta del CPS, Annel Vázquez Anderson, lamentó que diputados locales aprueben una medida sin considerar los criterios ya emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La titular explicó que en Baja California se presentó un caso similar, en donde se pretendía que los integrantes del Comité trabajaran gratis; sin embargo, la Corte avaló que se tenía que cobrar un salario por su labor.
«Esta modificación va en contra de los derechos y principios protegidos por la Constitución, como el mínimo vital y la libertad de trabajo. Incluso va en contra del principio de la dignidad humana y eso no lo digo yo, lo dice la Corte en un caso igualito en Baja California», manifestó Vázquez Anderson.
Y es que apenas el día de ayer, los diputados aprobaron, en la Comisión de Estudios Legislativos y Vigilancia, la reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción y con ello, la eliminación de percepciones a las que tienen derecho los integrantes del CPS.
Tras la sesión, Annel Vázquez comentó sentirse tranquila, pero decepcionada; incluso consideró que es una «venganza» de los diputados por impulsar designaciones con base en méritos.
Recordó que las funciones del Comité son de observación y recomendaciones, pues participan en la elaboración de políticas anticorrupción, criterios de evaluación y generación de insumos técnicos para el sistema.
«Casi estoy segura de que en el Congreso se va a aprobar la reforma (en el Pleno), pero estoy tranquila porque sé que estamos del lado correcto de la historia; en términos jurídicos por la acción de inconstitucionalidad que dijo la Corte y en términos morales porque hemos luchado contra la captura de los cargos públicos porque básicamente es corrupción y seguiremos dando la batalla», expuso.
En respuesta, la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Mirza Flores Gómez, argumentó que la iniciativa se fundamenta en los altos sueldos que perciben los integrantes y rechazó que se trate de una vendetta.
«No se están eliminando sus facultades, simplemente dentro del Congreso lo que se pretende es darle voz a la gente, a la ciudadanía que cada día pide y exige que los funcionarios tengamos sueldos muchos más apegados a la realidad», justificó la diputada emecista.
Actualmente el Comité de Participación Social lo conforman cinco integrantes, y cada miembro recibe mensualmente 70 mil 748 pesos.
Además de esta disposición, actualmente existe una medida que prohíbe a los miembros del Comité ocupar durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza que impida el libre ejercicio de los servicios que prestan.
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La iniciativa fue respaldada por los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), del Partido Acción Nacional (PAN) y rechazada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con la abstención del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Aunque el próximo viernes el Pleno Legislativo pondrá a votación la medida, diversos actores políticos se han manifestado en contra de la iniciativa presentada desde 2020 por el diputado Jesús Hurtado.
CPS, duro crítico al Congreso
El CPS ha sido un organismo que ha criticado duramente a la actual legislatura: en más de una ocasión, han señalado inconsistencias en diversos procesos que ha llevado a cabo el Congreso.
Durante el año pasado, en el proceso para seleccionar nuevos consejeros de la Judicatura, el Comité declaró que los diputados “violentaron” los términos de la convocatoria presentada y que dicho proceso fue “tramposo”, ya que se eligió a personas que no cumplían con los requisitos señalados.
Por otra parte, este año el CPS también señaló que la designación del nuevo titular del órgano de Control del Congreso no cumplía tampoco los requisitos ni experiencia.
MC y PAN buscan llevarnos al pasado.- Futuro
El partido local, Futuro, ha expresado que la reforma que quiere aplicarse al CPS es con el objetivo de debilitar dicho organismo.
“Una vez más, Movimiento Ciudadano y sus aliados buscan llevarnos al pasado”, se comunicó a través de las redes sociales de Futuro.
Futuro subrayó que el CPS tiene la facultad de incidir en el proceso de revisión de designaciones en Jalisco, por lo que de eliminarles el sueldo a los consejeros, se neutralizaría uno de los contrapesos formales que existen en Jalisco.
“Sólo piensan en sus intereses y están dispuestos a hacer lo que sea para deshacerse de quienes les incomodan”.
Al respecto, el regidor electo de Zapopan y uno de los líderes de Futuro, Pedro Kumamoto, compartió: “no, a este gobierno no le gustan los organismos ciudadanos, ni que haya voces que les cuestionen. Esta es la reforma inconstitucional que busca hacer Movimiento Ciudadano y @EnriqueAlfaroR en Jalisco”.
Futuro reprobó dicha reforma y aseguró que se continuará vigilando el proceso en el Congreso.
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