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2021-08-15
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En las regiones, ¿quiénes ganaron realmente las elecciones?

PARA LOS HABITANTES DE NUMEROSAS DEMARCACIONES RURALES DE MÉXICO, LA REALIDAD COTIDIANA ES YA ESE NARCOESTADO FEUDAL...

“Nada hay más socorrido ni más cómodo que atribuir a la fuerza lo que tiene su origen en la debilidad. La violencia la denuncia siempre; los espíritus violentos se paran siempre en los primeros pasos del desarrollo de sus ideas”.

Paul Valery, Moralités

A finales de marzo de 2021, el gobernador Enrique Alfaro se reunió con un grupo de candidatos a presidentes municipales en Casa Jalisco, y les espetó lo que ya para entonces se había convertido en su principal justificación pública para “matizar” la responsabilidad del orden estatal sobre la violencia imperante en muchas de las regiones de Jalisco: “es un tema federal”. Las poco tranquilizadoras palabras surgieron tras diversos atentados sufridos por candidatos de la agrupación política que lo llevó al poder, y de otros institutos políticos, que derivarían en algunos casos en homicidios.

La perplejidad y el miedo se apoderaban de muchos de los aspirantes a cargos públicos, sobre todo municipales, que fue el nivel que más vidas cobró en este último proceso comicial. Jalisco, de acuerdo al informe Crimen organizado y el proceso electoral 2020-2021, de Integralia Consultores (emitido el pasado 25 de junio), solo fue superado por Veracruz en número de candidatos asesinados: ocho en el estado del Golfo de México, seis en esta entidad donde la agrupación criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene asentada firmemente su bota.

Jalisco tiene a sus muertos célebres del proceso. Quizás el caso más sonado fue el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval, el 18 de diciembre de 2020, en un restaurante de Puerto Vallarta, hecho que no ha sido medianamente aclarado por la fiscalía estatal, pero que es interpretado como un claro desafío al gobernador Enrique Alfaro y al presidente Andrés Manuel López Obrador, por parte del CJNG.

El 2 de febrero de este año, fue asesinado a balazos el abogado Ernesto Valdez Alatorre, quien en 2012 se había postulado como candidato a la presidencia de Talpa de Allende por el partido Nueva Alianza, y fue regidor en el trienio 2012-2015. El 2 de marzo se registró el homicidio de Analuci Martínez Saldívar, ex regidora del PAN en Cuquío, quien se había postulado como precandidata a la presidencia municipal.  Diez días después, el alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla, de Movimiento Ciudadano, fue encontrado asesinado en un barranco del kilómetro 178 de la carretera federal 80. 

Las presiones del grupo criminal para imponer ciertas candidaturas pactadas o impedir la llegada a los cargos públicos de ciertos candidatos, quizás alcancen su expresión más acabada en el municipio de Jilotlán de los Dolores, en el límite con Michoacán, donde el candidato José Manuel Cárdenas Flores, de Morena, fue el único que se presentó tras la declinación forzada de sus competidores. La Guardia Nacional solo intervino los días previos para retirar mantas de protesta de pobladores, y renunciaron funcionarios de casilla en plena jornada electoral. 

Un candidato en la región Norte del estado -donde el aspirante al alcalde de Mezquitic por el PRI, Álvaro Madera López, permanece desaparecido desde el 4 de febrero -, fue franco cuando le propuse abordar públicamente el tema del peso electoral del CJNG, tres meses antes de la elección: “La verdad no quisiera entrarle al tema, soy candidato por esa zona y me han advertido que no me meta . Sí esta muy delicado el asunto. Hay un retén permanente de los grupos de Jalisco en el punto donde se juntan los Estados de Nayarit,  Zacatecas y Durango. Ni los wixaritaris se animan a salir. La semana pasada subió el ejército,  la guardia y marina , bajaron con muchos vehículos balaceados […] El propio gobierno estatal me pidió que no me arrime a esa zona. Esta semana estaba hablando con un wirra [huichol] de San Andres Cohamiata y mientras hablábamos me decía que estaban pasando varias camionetas con personas armadas. Yo les pretendía llevar un material que me pidieron y el me pidió que no se me ocurriera ir , que luego les llevará el material”.

El día de la elección, el “operativo electoral” de los sicarios impactó fuertemente en municipios de la Costa Sur del estado. Robo de urnas, intimidación y desaparición de funcionarios fueron la nota del día en los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Villa Purificación y Unión de Tula, donde se alteraron votos de unos diez mil ciudadanos.

EL PRINCIPAL PERJUDICADO FUE EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, QUE INEXPLICABLEMENTE, NO SE ATREVIÓ A DENUNCIAR LAS ANOMALÍAS ANTE LAS INSTITUCIONES ELECTORALES.

“Fue terrible, candidatos levantados y secuestrados por horas; sentimos terror, esto no fue una elección, fue darnos cuenta de la peor forma de que el crimen organizado tiene rostro, y no es posible celebrar elecciones libres de esta manera”, me comentó consternado un candidato de ese partido.

En realidad, el caso de Jalisco se parece mucho a otros estados donde diversas agrupaciones criminales impusieron sus condiciones en la jornada electoral. Sobresalió por el escándalo el caso Michoacán, donde el propio gobernador en funciones, Silviano Aureoles, denunció ligas de partidos con los cárteles  hegemónicos, en particular, los autodenominados Caballeros Templarios, quienes habrían empujado la candidatura a la gubernatura del morenista Alfredo Ramírez Bedolla. Otros dos casos que adquirieron notable difusión fueron los de Sonora y Sinaloa, donde el Cártel de Sinaloa habría impuesto una presunta alianza con los candidatos morenistas. Lo cierto es que los controles territoriales de las bandas criminales se han impuesto en numerosos territorios del país cobijados por la pasividad gubernamental, bien sintetizada en el eslogan pacifista del propio presidente de la república: “abrazos, no balazos”, cuyo fracaso ostensible se refleja en la estadística de casi 90 mil asesinados durante su mandato de 31 meses.

“Durante el proceso electoral 2020-2021 la violencia política estuvo presente en las 32 entidades federativas y en más de 535 municipios del país. El problema se expandió geográficamente, en comparación con las agresiones registradas en contra de políticos en el ciclo electoral 2017-2018, que abarcaron a un total de 440 municipios […] el Indicador de Violencia Política (IVP) de Etellekt había registrado un total de 935 agresiones o delitos globales, con un saldo de 100 políticos asesinados (de ellos 22 eran aspirantes y 14 candidatos con registro ante sus partidos: 36 aspirantes y candidatos en total). Tres de estas víctimas fueron asesinadas en Chiapas, durante la jornada electoral del 6 de junio”, señala el informe sobre violencia política de la consultora Etellekt.

“La lista de políticos asesinados [aspirantes y servidores públicos sumados] la encabezaron Veracruz y Chiapas, con 18 y 12 víctimas mortales, respectivamente. El 75% de las víctimas del total de delitos y homicidios dolosos registrados eran opositoras a los gobiernos estatales. De los aspirantes a cargos de elección municipales, el 90% eran a su vez opositores a los alcaldes de sus respectivos municipios donde competían. A pesar de que en la mayor parte del país, la jornada electoral transcurrió de manera exitosa, no hay que soslayar que, en todas sus modalidades, la violencia política durante el proceso atentó contra el libre ejercicio y disfrute de los derechos políticos y humanos, tanto de personas políticas como de la ciudadanía, y tuvo como finalidad el influir en los resultados constituyéndose una modalidad de fraude previa a las votaciones en las urnas”, añade la consultora. (el informe completo en https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J21-etellekt.html).

El caso de Jilotlán es el más representativo en Jalisco.

Por su parte, Integralia ya presentó también su informe del proceso electoral. Allí destaca los siguientes elementos:

“El crimen organizado busca controlar gobiernos locales para acceder a información privilegiada, obtener el resguardo de las policías municipales y acceder a recursos públicos. Interfiere en procesos electorales a través de actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos. En el proceso electoral 2020-2021, Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. De éstos, 64% aspiraban ocupar presidencias municipales”.

Los márgenes de victoria “en 64% de los municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos fueron más altos que el promedio nacional. Además, sólo en diez de esos municipios ganó el partido de la víctima. De los 28 municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos, Morena obtuvo el triunfo en ocho; el PAN gobernará en siete; MC en cinco; el PRI en cuatro; el PVEM en tres, y Unidad Ciudadana en uno.

Morena obtuvo el triunfo en seis de los diez estados con las tasas de homicidio doloso más altas y en 22 de los 50 municipios con las tasas de incidencia delictiva más altas del país”, agrega (El informe completo en https://integralia.com.mx/web/index.php/2021/06/25/reporte-especial-crimen-organizado-y-el-proceso-electoral-2020-2021/).

Un notable habitante de la costa de Jalisco me preguntó al día siguiente de la jornada electoral: “¿ningún nivel de gobierno hace algo para contrarrestar las actividades delictivas de estos grupos?”. Sin esperar respuesta, se contestó en voz alta: “pareciera que esta región no pertenece a México. La verdad, el clima esta enrarecido y no parece haber acuerdos entre cárteles, entre estos y las diferentes instancias de gobierno; las finanzas municipales están en números rojos, los que ganaron no saben cómo le van a hacer para enfrentar la situación económica y todo está tenso. No creo que haya transiciones tersas y amistosas […] lástima que no puede uno elegir la época en la que quiere vivir, pero ésta es muy compleja. Esperemos los cambios de gobierno en octubre para tener una idea mas clara del rumbo que van a tomar los gobiernos. Ya tiene un rato que la actividad delincuencial está incidiendo en la vida de los pueblos. Le imprimen su huella”.

Me confirmó el vacío dejado por la ausencia del Estado mexicano, notable a partir del 1 de mayo de 2015, en que las fuerzas de Nemesio Oceguera derrotaron el operativo Jalisco. “Vacíos que de inmediato son aprovechados por la maña. No dejan cabos sueltos. Si el gobierno no los aprovecha, ellos sí. No existen los vacíos en el poder, y todas las fuerzas están bien metidas en eso. Nunca duermen. Lo bueno es que ahorita no se han sacado escaramuzas, bloqueos o ejecuciones masivas, como que los malosos tienen la consigna por parte de sus jefes de no andar de exhibicionistas. Pero ahí están a la expectativa, solo que con perfiles bajos, hasta parecen bien portados…”.

Testigo de ese control público y ostensible del CJNG en su región, me confesó preocupado: “aquí en la población en la que vivo, hay familias de estos individuos; algunos viven juntos en casas rentadas, se la llevan mas o menos tranquila, pero se les debe temer, no son sembradores ni cultivadores, son sicarios. Los veo con precaución y trata uno de ni saludarlos. Ya está pasando algo que no es sano: nos estamos acostumbrando a convivir, hasta cierto punto a tolerarlos y eso no es para nada bueno. Ellos no cambiarán y siempre serán una amenaza”.

Luego esbozó la especie de narcoestado que se ha naturalizado en la costa de Jalisco: “por ejemplo, te debe dinero una persona, por la razón que quieras, no te paga; tú quieres recuperar tu dinero y como no hay forma civilizada de hacerlo, en lugar de demandar por la vía civil, vas con ellos y les pides el favor. Ellos actúan, pero te cobran. Y no hay garantía de que el mismo método no te lo apliquen a ti o a tu familia. Ya hay varios casos de esos. Tal cual, un narcoestado, con total libertad para imponer su ley. Hasta ahora han sido digamos civilizados, pero tener el poder económico y de las armas, lo que no pronostica nada bueno”.

Para los habitantes de numerosas demarcaciones rurales de México, la realidad cotidiana es ya ese narcoestado feudal. La ley y los derechos humanos están supeditados al capricho de los jefes de plaza y sus esbirros. En algunos casos se ejerce de forma discreta y silenciosa; en otras, como la zona de fronteras entre Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, es una guerra abierta por la disputa entre cárteles.  Por gracia de un Estado que ha renunciado a su monopolio de la violencia legítima, se impone la ley del más fuerte: la pesadilla hobbesiana danza sobre el tibio cadáver de un Leviatán cuyo diagnóstico forense sugiere suicidio.

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara