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2021-07-22
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Pensiones y abusos del dinero público

EL CASO DE LA PENSIÓN DORADA DE CHEMA MARTÍNEZ NO ES LA ÚNICA, AUNQUE SEA LA MÁS LLAMATIVA Y POLÍTICAMENTE LA MÁS RENTABLE PARA EL ACTUAL GOBIERNO...

La revelación de las pensiones abusivas que cientos de ex servidores públicos lograron pactar en el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), con pagos mensuales de 100 mil a 200 mil pesos, han abierto un saludable debate público sobre cómo se maneja esta institución que maneja las aportaciones jubilatorias de los trabajadores al servicio de los tres poderes públicos y los gobiernos municipales de Jalisco.

De entre los decenas de personajes con “pensiones doradas” sobresale de manera justificada el ex panista José María (Chema) Martínez Martínez, quien inventó una historia donde supuestamente comenzó a cotizar al Ipejal a los 13 años como notificador del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y después en diversos puestos como funcionario o como servidor público elegido por el voto popular, que le permitió solicitar en 2018 su jubilación a los 47 años con 106 mil pesos mensuales (un millón 272 mil pesos cada año del resto de su vida, más ajustes por inflación).  Es tan fantástica esta historia laboral que su caso ya está siendo revisado por la Contraloría del Estado, como dio a conocer el miércoles 21 de julio la contralora estatal Teresa Brito.

Como se sabe, el caso de la pensión dorada de Chema Martínez no es la única, aunque sea la más llamativa y políticamente la más rentable para el actual gobierno.

Los abusos de decenas de ex servidores públicos de cómo manipularon las leyes, el sistema y sus contactos políticos para asegurarse estas pensiones doradas indignan a la sociedad de Jalisco porque, de nuevo, muestra no sólo los contrastes entre los pensionados de lujo y la base de trabajadores condenada a sobrevivir con pensiones que no les garantizan una vida digna.

La exhibición de los pensionados dorados o VIP vuelve a confirmar, por si acaso hiciera falta, lo que implican los cargos públicos para los políticos profesionales. Se llenan la boca afirmando que llegan a los puestos de los poderes públicos para servir al pueblo cuando la norma muestra que se usan estos puestos para obtener beneficios personales y prebendas.

Se busca ser funcionario, regidor, diputado, juez, alcalde, gobernador, magistrado no para servir a la sociedad, como dice la ley y proclaman en su discurso, sino obtener el mayor beneficio posible del puesto público.

MIENTRAS SE ESTÁ EN EL CARGO, SE EXPRIMEN TODOS LOS BENEFICIOS DEL PUESTO Y, EN EL CASO DE ESTOS PENSIONADOS DORADOS, SE ESTIRA O TUERCEN LAS LEYES PARA OBTENER PRIVILEGIOS INDEBIDOS.

Puede ser que las pensiones doradas de las que gozan sean legales, pero sin duda son ilegítimas.

Las pensiones doradas son una nueva confirmación de la tendencia desenfrenada de que la mayoría de clase política profesional tiene para obtener la mayor ventaja posible al ocupar un puesto público.

Emparentados con las jubilaciones doradas se encuentran los casos de los diputados que pagaban a costa del Congreso del Estado (es decir, dinero del pueblo) desde zapatos, toallas sanitarias y hasta Bubulubus.

O los sobrepagos secretos en efectivo entregados en sobres amarillos; o los bonos cobrados por diputados; o los pagos por “fin de administración”; el mes trece que se pagaba en el Poder Judicial; los viajes al extranjero tan de moda en los funcionarios de los gobiernos de la “transición” y otros casos infinitos de abusos de los supuestos servidores públicos que se sirven del dinero público.

Periodista independiente. Conductor de @CosaPublica2 en @RadioUdeG. Al pendiente de las resistencias vs el despojo y las luchas sociales