El mes pasado la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses abordó el tema de la crisis que enfrenta por la saturación de los diferentes espacios, sobre todo ante la recuperación de cuerpos de fosas clandestinas.
La decisión que se tomó fue utilizar las dos cámaras de refrigeración que se compraron para el resguardo de cuerpos por Covid 19, las cuales prácticamente no se utilizaron. Por estos refrigeradores, la Secretaría de Administración pagó 6.7 millones de pesos, los cuales salieron de la triangulación que hizo el gobierno del estado con la deuda de 6 mil 200 millones de pesos.
Actualmente los cuerpos que son rescatados de las fosas clandestinas, casi todos fraccionados, son colocados en cajas de plástico, sin identificar, violando todos los protocolos que deben seguirse y, lo más grave, permitiendo que se pierda información importantísima para la identificación de estas personas.
La medida se tuvo que tomar, según informó en comunicación interna la ex titular del Servicio Médico Forense al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque ya no había lugar para resguardar las secciones anatómicas. Como si fueran partes de objetos, empezaron a guardarlos en contenedores de plástico, que a su vez se apilaron en los pasillos de las cámaras refrigerantes.
DISPONER DE UN LUGAR PARA RESGUARDAR DE MANERA DIGNA LAS PARTES DE CUERPOS RESCATADOS DE LAS FOSAS CLANDESTINAS ES MUY IMPORTANTE.
Sin embargo, sigue siendo apenas un paso. La solución de fondo debe ser la estrategia que se seguirá para la identificación.
Porque el origen de este problema es la tragedia que vive Jalisco, estado que mantiene el liderazgo nacional en la cantidad de cuerpos encontrados en fosas clandestinas y uno de los primeros lugares del país en el número de sitios de inhumación ilegal.
Hasta ahora, las autoridades estatales han guardado silencio en torno a la crisis forense. No escuchan ni ven lo que sucede. Y, por ende, tampoco ofrecen soluciones integrales.
