Despojo es una palabra, un concepto, una definición muy clara: se trata de quitar a alguien o a una comunidad un territorio o un bien común para ponerlo al servicio, utilidad o usufructo de intereses particulares y privados. Esto es lo que ocurre desde hace 2008 cuando el gobierno de Guadalajara decidió entregar un predio destinado a un parque urbano para un proyecto inmobiliario privado que dejaría ganancias millonarias. Un negocio lucrativo y codicioso de miles de millones pesos. En detrimento de los tapatíos.
La historia sucinta de este caso de despojo urbano nace en 1978, cuando el entonces gobierno de Guadalajara emprendió una serie de compras de varios predios en el polígono comprendido entre la calzada Independencia norte, el Periférico, el Planetario y el Zoológico de la ciudad.
El destino de esos predios era para un gran parque metropolitano. De modo incongruente con los objetivos de brindar una vida digna a los habitantes de esa zona de la ciudad, el gobierno del panista Alfonso Petersen estableció un convenio de asociación con la empresa española Mecano América, para el desarrollo de lo que llamaron Puerta Guadalajara. En ese momento el terreno era de más de 136 mil metros cuadrados.
El gobierno tapatío entregó, sin recibir ningún peso, a la española Mecano a cambio de que esta realizara obras públicas como contraprestación. Mecano tuvo problemas financieros en España y transfirió sus derechos a la empresa sinaloense Operadora de Hoteles Salamanca (OHS) en febrero de 2012 sin que el ayuntamiento tapatío lo impidiera, pues Mecano incumplió los plazos de la contraprestaciones, por lo que el predio debería regresar al dominio municipal.
Los gobiernos priistas de Aristóteles Sandoval Díaz y de Ramiro Hernández García se mantuvieron indecisos de exigir a OHS la devolución del predio, a pesar de declaraciones en contrario y de las exigencias de los vecinos de Huentitán y colonias aledañas que exigían desde entonces volver al destino original del predio como parque urbano.
LA LLEGADA DE LOS GOBIERNOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO, DE ENRIQUE ALFARO Y DE ISMAEL DEL TORO, NO CAMBIÓ LA VENTAJOSA RELACIÓN DE LOS INTERESES INMOBILIARIOS SOBRE ESTE PROYECTO, AL CONTRARIO.
El episodio más reciente de abuso de los intereses privados sobre el interés público ocurrió en noviembre de 2017, cuando OHS vendió 57 mil metros cuadrados a la empresa Hoteles Riviera, por 500 millones de pesos sin que ingresara un solo peso a la ciudad. La historia la reveló la periodista Sonia Serrano Íñiguez (https://bit.ly/3ftuYiw).
A pesar de esa transacción que beneficia a la empresa apoderada del terreno, y de que ésta ha incumplido los plazos de las obras acordadas como contraprestación, el gobierno de Guadalajara no tiene intención de exigir la devolución del terreno.
A pesar de que no han cumplido los plazos de las contraprestaciones, OHS ya tiene en preventa departamentos en el complejo llamado Iconia. En su página en internet se informa que se pretende levantar ocho torres de 25 pisos con 200 departamentos cada una para un total de 1,600 unidades de vivienda. A precios moderados del mercado, se espera un negocio inmobiliario cercano a los 10 mil millones de pesos o más, considerando áreas comerciales y turísticas que se pretenden albergar en el mismo sitio.
Las manifestaciones de los vecinos de Huentitán.
Ante la toma de partido del gobierno de la ciudad a favor de los desarrollos inmobiliarios, los vecinos organizados de Huentitán y de otras colonias de la ciudad han tomado directamente los predios, exigen que se reincorpore el terreno como un bien público y se deje como parque metropolitano.
En este episodio de la resistencia de los vecinos de Huentitán contra este proyecto inmobiliario, ha aparecido como protagonista la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y su presidente Javier Armenta, lo que ha generado suspicacias políticas. Se lee en columnas de chismes políticos que la eventual desavenencia entre el Grupo UdeG que encabeza Raúl Padilla López y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez promovería acciones como la protesta de vecinos de Huentitán contra el proyecto Iconia. Es una lectura mecánica y simplista.
A pesar de la suspicacias políticas que pueda despertar la presencia de la FEU en la lucha vs Iconia, se trata de una justa lucha y resistencia contra el despojo de un bien común de la sociedad tapatía. De hecho el presidente de la FEU se presenta como vecino afectado, pues es residente de Huentitán.
La participación de la FEU ha aportado otros elementos que confirman este despojo urbano: obras a sobreprecio, trabajos sin concluirse, falta de documentación y pagos de impuestos que no se localizan son parte de las irregularidades que de manera preliminar ha descubierto la auditoría forense a las supuestas obras que la empresa Operadora Hotelera Salamanca realizó como parte del convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara para hacerse del predio donde se construye el desarrollo inmobiliario Distrito Iconia, reveló Ileana León González, académica del CUCEA de la UdeG y quien encabeza al equipo que realiza la auditoría forense, solicitada a fines de marzo por colectivos y la FEU de la UdeG (—–).
La lucha de los vecinos de Huentitán contra este despojo urbano se suma a la resistencia que desde hace años han hecho en defensa de los espacios públicos colectivos y organizaciones como El Retiro contra las Villas Panamericanas, Arcos de Guadalupe despojados de un parque público, colectivo de defensores del bosque el Nixticuil, así como defensores del Cerro de la Reina, o del parque San Rafael. La lucha por la defensa de los espacios públicos y bienes comunes ha sido difícil porque en cada una de ellas se ha manifestado que el gobierno no actúa a favor del bien común, sino a favor de los intereses particulares de los negocios inmobiliarios.
Iconia es un proyecto inmobiliario privado que busca lucro y ganancias. Es un megaproyecto urbano que necesita consumir territorio, agua y aire para sectores de ingresos medios y altos. La lucha y resistencia contra este megaproyecto inmobiliario es por la defensa de la vida y la búsqueda de una vida digna.
