La libertad de expresión y el acceso a la información son dos derechos constitucionales. En Jalisco, en los últimos años se han convertido en derechos permanentemente en riesgo.
Lo vimos recientemente con lo sucedido al equipo de noticias de MVS Jalisco, un espacio que se había convertido en una alternativa importante por su compromiso con el periodismo de investigación y con temas que afectan la vida de los jaliscienses: la inseguridad, la corrupción y la desaparición de personas. Lo hicieron durante el actual gobierno como con el anterior.
A ningún gobierno le gustan los cuestionamientos. Sin embargo, con los gobiernos de Movimiento Ciudadano y, en particular, con el gobierno estatal de Enrique Alfaro, no solo buscan reprimir las críticas y la vigilancia a su gestión, sino que quieren definir contenidos e imponer lo que ellos llaman su “narrativa”.
Para ello usan el presupuesto. Los recursos de comunicación social han sido utilizados solamente para enriquecer con contratos millonarios a los socios de EuZen, Indatcom y La Covacha, también los utilizan para ejercer presión sobre los medios.
Porque no podemos perder de vista que los medios de comunicación son empresas y, desafortunadamente, para muchos la publicidad oficial es su principal ingreso.
El problema es el manejo perverso de esos recursos, que no son de quienes están en el gobierno, sino que forman parte del dinero público, el dinero de todos los jaliscienses.
Con acciones más parecidas a la extorsión, desde Comunicación Social se imponen cabezas para las notas y líneas de discurso. Como en ningún gobierno, los medios son presionados para publicar lo que el gobierno impone. Quienes no están de acuerdo, no solamente quedan fuera de la asignación de recursos públicos para comunicación social, sino que también se convierten en el blanco de las críticas y descalificaciones del gobernador Enrique Alfaro.
Con todo esto, quienes pierden son los jaliscienses. Con la desaparición de espacios como el que conducía Víctor Hugo Magaña, perdemos todos.
