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2021-02-25
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Guerrero, desastre forestal en un Estado fallido

SI NO HAY UNA INTERVENCIÓN EFECTIVA CONTRA LOS GRUPOS CRIMINALES QUE MANDE UN MENSAJE CLARO CONTRA LA IMPUNIDAD, LOS AYOTZINAPA SEGUIRÁN ESTALLANDO...

“…-No quisieron entregar el dinero, don Chico -volvió a escuchar.

Vio al hombre mover la mano derecha, para explicarse. De pronto se dio cuenta que tenía la boca abierta, que su aliento estaba muy caliente. Recordó a su hijo cuando era pequeño, corriendo en la huerta. Se miró las manos, anchas, las uñas muy crecidas. Le pareció extraño estar ahí. Recordó los ojos de Aída, su hija. A su esposa, sentada a la mesa. Levantó la vista. El cielo seguía azul, limpio. Era un azul que podía tocarse, que parecía extenderse como algo material, sobre el mundo.

-¿Dónde van a matarme? -preguntó sin mirar a nadie en especial, sin querer distinguir el temblor de su cuerpo.

Escuchaba otra vez el viento en los árboles. Le pareció escuchar ladridos de varios perros, a lo lejos, sofocados por la distancia.

-Aquí – le contestó una voz.

El hombre que había hablado lo estaba mirando.

-Sus hijos no quieren dar el dinero. No quisieron tratar con nosotros -agregó -. Se los debe a ellos, don Chico”.

Carlos Montemayor. Guerra en el paraíso.

 

 

“Vamos a ampliar el programa Sembrando Vida en Guerrero”, prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la audiencia campesina el pasado 16 de enero, en la cálida cabecera de Petatlán. “Hay que buscar opciones; que el campesino siembre para producir alimentos, para producir vida, que no se vea obligado a la siembra de droga”.

Mientras el mandatario daba su discurso optimista, en los linderos de la comunidad de Palos Blancos, de ese municipio de la Costa Grande, decenas de campesinos protestaban por lo que consideran cuentas alegres: no se ven reflejados en los 20 mil beneficiarios que el programa tiene en esta entidad, que reciben 5 mil pesos mensuales de subsidio por sembrar especies maderables y frutales en sus parcelas. “No está llegando a los sembradores de amapola”, reclamaron. Con la debacle de los precios internacionales del opio, se ha derrumbado la narcoeconomía del Afganistán mexicano (principal productor de adormidera en América Latina). Y ha escalado la violencia: los grupos delincuenciales apelan a la extracción ilegal de los bosques, a la extorsión, a los secuestros, para mantener ingresos que se han abatido a partir de 2017. Es la tormenta perfecta para la generalización de la violencia.

La entidad sureña ha sido históricamente la más convulsa socialmente. Hace medio siglo enfrentaba las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Pero aunque discutible por sus métodos, aquella era una auténtica lucha por ampliar los derechos del desarrollo para todos, como buena parte de la violencia utópica de los años sesenta y setenta del siglo XX en América Latina. Ahora se afronta una violencia que es ideológicamente huérfana, que se rige por el dinero. Muchos analistas no han vacilado en considerar la guerra del narco como una expresión de capitalismo ilegal; los grupos criminales en todo el país se organizan como grandes empresas, controlan territorios e imponen cargas tributarias a sus habitantes, como si fueran señores feudales, tan impunes como en la era medieval, tan señores de horca y cuchillo como en el siglo XIX y buena parte del XX mexicano, al ser omisa por conveniencia, o estar lejos, la mano de un Estado mexicano que alguna vez se aplicó con hierro en esa región montañosa.

Todos estos fenómenos complejos tienen múltiples consecuencias. Me llama la atención poderosamente  la devastación de los bosques que está acarreando, en una entidad que hace poco más de un lustro poseía uno de los proyectos modelo en desarrollo forestal comunitario: el proyecto de 16 comunidades agrarias centrado en el ejido El Balcón, que conocí en voz de sus gestores una tarde de diciembre de 2014, durante una Expo Forestal en Guadalajara.

Parece que no supieron leer los hechos inquietantes que se veían del estado de célebres caciques como Juan Álvarez y Rubén Figueroa. Apenas dos meses antes había ocurrido la tragedia de Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes a manos de grupos criminales, un hecho que dañó la credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto y que es modélico en cuanto a la colisión de intereses criminales y de agentes del estado, desde presidente municipales hasta la milicia.

José Luis González Méndez, gerente de la industria forestal de El  Balcón, me aseguraba que el manejo de la Integradora Forestal del Estado de Guerrero había logrado exitosamente sobrevivir a los embates de violencia, para ser uno de los grandes milagros de la silvicultura comunitaria en México: manejo del bosque en 16 ejidos, empleo para cientos de ejidatarios, tecnología de punta, diversificación productiva y de mercados, inversión social multimillonaria y control del territorio por un Comité de Seguridad Civil, para paliar la impotencia de los actores gubernamentales en contener a los cárteles. 

Hoy, pasados poco más de seis años después, la debacle de este emporio con cuatro décadas de historia ha sido completa: toda la actividad forestal que queda en la Sierra Madre del Sur -entre las regiones Costa Grande, Tierra Caliente y Centro – la controlan las bandas criminales de la amapola, que han volteado hacia el bosque por la crisis.

Para ello, aprovecharon la quiebra interna del proyecto forestal, por las fuertes disensiones al interior de los ejidos por asuntos de dinero y transparencia. Fueron conflictos que frecuentemente se resolvieron con homicidios, lo que aprovecharon las bandas criminales para lograr progresivamente, entre 2015 y 2018, el control total.

HOY, LA AUTORIDAD LA EJERCEN LOS GRUPOS CRIMINALES.

“En muchos espacios de este gran territorio no puedes hacer aprovechamientos si no tienes permisos de ellos; das tu cuota, tu aportación, dices a quién le vas a vender y cuánto volumen, y va a ser decisión del administrador del territorios, que se entiende con el jefe de rutas y ambos rinden cuentas al jefe de plaza. Y como están en constante lucha por controlar el territorio, esto suele cambiar y hace más difícil saber con quién debes ponerte de acuerdo”, me dijo en octubre de 2020 Roberto, un ejidatario con identidad cambiada por seguridad, que ha participado en las iniciativas de paz que se trabajaron a lo largo de 2019 para convencer al gobierno sobre la urgencia de intervenir de forma decidida en la zona con un gran plan de desarrollo. 

Pero nunca ha habido muchas esperanzas. Apenas el 22 de agosto de 2020, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reconoció haber negociado con el cártel Guerreros Unidos para que una banda rival, los Tlacos, no pudiera disputarles el control de un espacio minero en el municipio de Cuetzala, con lo cual logró la liberación del presidente municipal Efrén Romero Sotelo, y de una carretera bloqueada. Un día después, los Tlacos se desquitaron con los pobladores de Tianquizolco y provocaron diez muertos en un ataque a la comunidad, según la noticia difundida por el periodista Ezequiel Flores Contreras, de la revista Proceso. “No hay mejor demostración de lo sometida que está la autoridad y de lo frágil que puede ser cualquier intento de cambio”, subrayaba mi corresponsal campesino.

Para estos ejidatarios de Guerrero, parece que “cualquiera tiempo pasado fue mejor”. El verso es de Jorge Manrique, pero lo documentó el investigador Claudio Garibay Orozco (El ejido El Balcón, el caso de una pequeña aldea campesina dueña de una gran industria forestal, Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable, 2006): desde su origen, el ejido El Balcón tuvo que lidiar con la violencia endémica que ha marcado a Guerrero. Tras haber tenido que huir a la Tierra Caliente por los conflictos por la tierra, las familias Anastasio, González y Quirino regresaron en los años sesenta para reclamar su ejido. Luego se les unieron los Villa y los Araujo. En 1966 obtuvieron una dotación de 2,400 hectáreas, pero el bosque lo lograron gracias a la ampliación de 1974, en que el presidente Luis Echeverría les dio 19,150 hectáreas más. El conflicto de linderos con la comunidad de Cuatro Cruces tuvo feliz término con una conciliación en 1986. Hoy se extiende sobre 24,633 hectáreas. Resolver esos conflictos de tenencia de la tierra  fue fundamental para dar el siguiente paso.

El Balcón es una de las 16 comunidades agrarias de la Unión de Ejidos Hermenegildo Galeana. Y la que más despuntó en el tema forestal. Esto se debió a que logró establecer relaciones menos inequitativas que sus vecinos con la paraestatal Forestal Vicente Guerrero, en los años setenta, lo que permitió capitalizarse, comprar maquinaria en 1982 (cinco camiones y dos grúas), y en 1986, obtener financiamiento del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) para adquirir un aserradero. Como ha sido frecuente en la historia de la comunidad, no todo era miel sobre hojuelas: ese mismo año fue asesinado uno de sus líderes más prominentes, Plácido González. La empresa forestal lleva desde entonces su nombre.

El rápido éxito los sorprendió sin suficiente capital humano y con una administración precaria, lo que los llevó a tomar una decisión esencial: dejar la empresa forestal en manos del estadounidense John Vala en 1988, un experto que había trabajado para la industria paraestatal, pero acotado por un consejo de principales de la comunidad  que aprobaba las inversiones.

Vinieron los mejores años: Los investigadores David Barton Bray y Leticia Merino Pérez (El Balcón, Guerrero, un estudio de caso del beneficio de la globalización a una comunidad forestal, 2003), señalan que en los años 90 había ganancias anuales de un millón de dólares, pues John Vala logró una sociedad privilegiada con la empresa Westwood Forest Products, de Texas. Se logró modernizar el aserradero, adquirir dos estufas de secado, un cobertizo de afilado de sierras, una sierra para viruta, dos cargadores forntales, siete grúas y dos tractores. 500 hectáreas agrícolas de El Balcón fueron reconvertidas a plantación forestal. Se hizo un manejo especial para el Pinus chiapensis, protegido en la norma oficial mexicana NOM 059. Se exportaba a Estados Unidos hasta 45 por ciento del volumen aprovechado, en madera aserrada y molduras, lo que daba 65 por ciento del valor económico del comercio de la empresa. En 1993 y 1994 se obtuvo el Reconocimiento al  Mérito Forestal y de Vida Silvestre del gobierno mexicano.

Protestas de campesinos de Guerrero durante el año pasado.

De las ganancias, 60 por ciento se reinvertían, pero 40 eran para mejorar infraestructura y servicios comunitarios. Esto llevó a diversos beneficios como pensiones para las viudas de la violencia, cobertura médica total, redes de agua potable, introducción de infraestructura para energía solar, construcción de vivienda, reparación de caminos. En 2005 se informó de ingresos totales por 3.6 millones de dólares anuales.

En 2014, el gerente José Luis González Méndez reportaba 350 trabajadores de la empresa y 15 mil metros cúbicos de madera trabajada sólo de El Balcón. A los vecinos se les compraba hasta 30 mil m³ más de madera por año. Pero fue muy poco tiempo después de esa Expo Forestal, que todo se descompuso.

“Era tan grande el desarrollo forestal, incluso la empresa que ellos constituyeron le daba empleo a todo mundo. El manejo forestal era excelente, generaban un esquema de cadenas productivas con otros ejidos. Hace 5 años era una experiencia muy interesante. Pero se empezó a descomponer toda la sierra, la presencia de grupos que incluso influían en las deficiones sobre qué se aprovechaba y producía, siento que tuvo mucho que ver. Obviamente los problemas internos”, me dijo el consultor forestal Pablo González, quien trabajó la región con apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Coincidió la descomposición completa tras Ayotzinapa, “pero también internamente, El Balcón tenía un sistema de liderazgos en la comunidad. Había un grupo principal que decidía las cosas y el conflicto brotó por la falta de claridad de las cuentas, empezaron a cuestionar a los responsables. Creo que fue la decisión del pueblo a través de los principales, suspender todo tipo de actividades”.

La crisis interna estuvo acompañada de violencia. Testigos regionales hablan de más de diez asesinatos de ejidatarios. El proceso culminó con el homicidio de Felipe Atanasio Saucedo en Tecpan de Galeana, el 13 de octubre de 2017.

Lo que significó a la región la caída de El Balcón. “esa empresa tenía una inversión de más de 50 millones de pesos, por maquinaria, el valor de bosques, grúas, tractores. Era una empresa de grandes utilidades, de contratos con el gobierno. Yo creo que ese conflicto que se dio por desconfianza, desinformación y falta de transparencia y obligó a los principales a poner orden. Hubo incluso asesinatos de líderes del ejido, uno fue asesinado en Tecpan, eso enrareció todo. Yo no creo que en el corto plazo se vuelva a abrir, siento que hay ausencia de políticas públicas que puedan rescatar este tipo de iniciativas”.

Violencia, connivencia o migración. En general, los antiguos trabajadores del proyecto forestal hoy están, o migrados a territorios más pacíficos, o trabajando bajo las nuevas reglas de la mafia. Los integrantes del Observatorio Comunitario para la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero, un ente al que se han sumado decenas de actores de la región, me dieron diversos documentos con sus diagnósticos y peticiones a las autoridades formales. Allí detallaron sus dramas cotidianos y exigieron respuestas enérgicas para recuperar la gobernabilidad, como base para retomar un modelo de desarrollo que incluya a unas 50 mil personas (casi 40 por ciento de la población de la región) integradas a la economía de la goma de opio desde los años sesenta del siglo XX. “No queremos seguir siendo el Afganistán americano; esta sierra es muy rica en recursos naturales y nos preocupa que el saqueo de los grupos criminales y el solapamiento a las mineras nos arrebaten todo”, sostiene Roberto.

“La Estrategia Nacional de Seguridad en marcha, refleja en territorio de la Costa Grande – Sierra – Tierra Caliente del estado de Guerrero, la disminución de los ingresos de los grupos delictivos basados principalmente en el cultivo y la comercialización de la enervantes, aunado al colapso del mercado de la goma de opio. Ante esta situación los grupos con presencia en la zona, han diversificado sus fuentes de ingresos y financiamiento, basados ahora en la tala ilegal o clandestina de madera en rollo en los ejidos forestales, se ha convertido en una actividad muy normal después del desplome del mercado de la goma de opio en la región de La Sierra, acompañada está de acciones y estrategias de intervención de los grupos de la delincuencia organizada para ir conquistando territorio, sumar partidarios e incondicionales a sus intereses regionales”, señala el documento denominado Bitácora 02, entregado al Congreso de Guerrero el 23 de mayo de 2020, que estableció en 2019 una comisión de paz para la sierra que preside el diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán. 

EN ESE TEXTO SE  ABUNDA SOBRE LA OPERACIÓN DE LA MAFIA EN TODA LA REGIÓN Y LOS NOMBRES DE SUS CÓMPLICES EN LAS COMUNIDADES.

“En el año 2018 se inicia a gestar [sic] un proceso de inestabilidad social por la tala ilegal de la familia Rentería (ejido Los Bajitos de La Laguna) que viven en la comunidad Zaragoza, liderada por José Rentería, alias “Joche” […] con la ayuda de los lugartenientes de “Chava” Granados (líder del cártel Los Granados, derivado del cártel de los Beltrán Leyva. Ver “El mapa rojo de Guerrero”, El Universal, 9 de noviembre de 2017, por Héctor de Mauleón)”, entre quienes destaca a Catalino López, alias Catacho, jefe de seguridad en la ruta San Luis San Pedro – Bajitos – La Trinidad. Esa alianza permitió extraer más de mil metros cúbicos en rollo (m3r), “es decir, 41 camiones tortón de 24 m3r”, refiere.

A finales de ese año, “la familia Leyva y la familia Tapia Nava, son los principales promotores del aprovechamiento ilegal en este ejido, como también Gelasio Benítez alias “Lacho” quien se adhiere con la aportación de maquinaria para extraer y transportar madera (grúas y camiones tortón) de las áreas de corta hasta los patios de concentración y almacenamiento en las rutas que comunican al ejido, Tecpan – Arroyo Frío – Cordón Grande ó San Luís San Pedro – Bajitos – Zaragoza – Cordón Grande”, detalla. El operador de esta comercialización “actualmente cuenta con una demanda de la Profepa y la Fiscalía General de la República por delitos de aprovechamiento ilegal; afianzado y apoyado por los lugartenientes de Chava”, añade el texto.

Por su parte, Chava Granados “cuenta con varios representantes en las rutas principales de caminos que comunican de la costa a la sierra; en la ruta San Luis -San Pedro, Catalino López, Catacho, es encargado de cobrar cuota a los camiones cargados con madera en rollo que transitan por esa ruta; el encargado de plaza de la ciudad de Tecpan,  Mariano Barragán, El Malaco, también contrata y comercializa madera en rollo de algunos ejidos de la región”.

Pero la estrategia de intervención de los grupos delictivos no se suspendió con el nuevo estado de cosas generado por la pandemia de COVID 19. “Continúa con acciones simuladas de prevención y protección de la pandemia […] el día 1 de abril habitantes de la comunidad Zaragoza (El Tejón) anexo del ejido Cordón Grande, Bajitos (anexo ejido Los Bajitos), Santa Lucía (Tecpan), Piedras Grandes (Atoyac), [y] Pie de la Cuesta (Atoyac),  instalaron un filtro ó reten para impedir la entrada a personas ajenas a la comunidad como medida de prevención al contagio […] estrategia generada por Chava Granados y acatada por sus brazos armados de posicionarse de territorios donde ha sido difícil convencer a la ciudadanía adherirse a su estrategia de intervención”.

El ejido, a través de su máxima autoridad, la asamblea general de ejidatarios, “ha agotado todas las formas de convenir y acordar con las familias Leyva y Tapia para reconocerles un porcentaje de hasta el 30 por ciento del valor comercial del volumen extraído en sus terrenos ejidales, siempre y cuando se aproveche en base a las condicionantes del Programa de Manejo Forestal Maderable, pero hasta hoy en día no se ha resuelto”. Es decir, el ejido quiere regresar a la legalidad a los campesinos asociados con el cártel, pero sin resultados.

Manifestaciones por los normalistas de Ayotzinapa.

El riesgo inminente que se vislumbra es la polarización. Los miembros de la asamblea “han recibido amenazas de muerte, para que abandonen el territorio, acción que no van a permitir, y mucho menos ceder y abandonar su único hogar y patrimonio”. Por ello, llaman a “continuar con las acciones del Plan de Seguridad, Desarrollo y Paz para la Sierra, iniciando con reuniones sectoriales para ir resolviendo los asuntos más emergentes [sic] en La Sierra, como es caso de la tala ilegal travestida de aprovechamiento forestal maderable de los núcleos agrarios”, concluye el documento.

“Un modelo forestal deseable jamás se va a hacer si el gobierno federal, aunado con el gobierno estatal, no implementan un plan de desarrollo, de pacificación en la sierra. Hemos estado haciendo esfuerzos sobrehumanos para que nos escuchen. Con Secretaría de Bienestar, Gabriel García coordinador de asesores, se le presentó la propuesta de plan de desarrollo muy simple. Nunca se logró nada. Luego Secretaría de Gobernación. Si no hay acuerdo entre la federación y el estado, va a ser muy complicado. El gobierno debe ver a Guerrero como un caso especial de paz y desarrollo para demostrar que la estrategia es efectiva”, añade Roberto, miembro de ese observatorio comunitario.

Para ello se hicieron tres reuniones regionales durante 2019: una en Lindavista, un pueblo grande de San Miguel Totolapan. La segunda en El Aguacate de Coyuca de Catalán y la tercera en Pozitos de El Balcón, el anexo más grande del ejido. “Fueron las consultas, el diseño y la muestra de la organización para poder concluir en la comisión especial para la sierra. Lamentablemente esta comisión no avanzó más, y creemos que no avanzará más […] el colapso del mercado de la goma de opio vino a demostrar que la presencia de criminales no dependía de eso. Provocó una caída tremenda a la mano de obra, a los ingresos de la gran mayoría de los campesinos de la sierra. Por eso la diversificación. Y a la madera la van a saquear hasta donde les dejen, y destruirán lo que queda de los bosques”, lamenta el campesino.

Los otros documentos hablan de los efectos del caos: en 2019, el Congreso de Guerrero aprobó un punto de acuerdo a solicitud de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas. Allí destaca hechos violentos como el despoblamiento total de aldeas enteras. La Guitarra, cerca de los linderos de los municipios de San Miguel Totolalpan, Heliodoro Castillo y Atoyac de Álvarez, fue abandonado tras un ataque e incendio. La comunidad de Puerto Progreso, donde “quemaron personas”, reseña el texto. Destaca el drama del poblado Vallecitos de Zaragoza, abandonado por la mitad de su población tras cinco años de acoso de Los Cornudos de la Sierra, un grupo que lideran los hermanos Delgado Cruz (ver “Los Cornudos regresan y amenazan a ciudadanos”, El Sol de Chilpancingo, 1 de febrero de 2019). En una carta llena de firmas de sus moradores, clamaban en octubre de 2018 al coronel Julián Tadeo González Calzada que instalara de forma permanente al 75 batallón de infantería, único modo de detener los abusos. No fueron escuchados. “Después de 2017 han huido muchos, ni siquiera hay alumnos suficientes para la escuela primaria […] no podemos más vivir así”, protestan.

La respuesta de Sembrando Vida “ayudará muy poco o nada”, opinaron, después de la visita de López Obrador, los dirigentes del Observatorio Ciudadano para el Desarrollo de la Sierra de Guerrero.

Insistieron en que “antes de que este programa funcione se necesita implementar un plan de pacificación y desarrollo en la sierra y con esto generar las condiciones para que las autoridades tengan presencia en la zona”.

Sembrando Vida operó en el 2020 en el municipio de San Miguel Totolapan, que es uno de los mayores productores de amapola y marihuana, pero solo dos comunidades pequeñas fueron beneficiadas; otro municipio con amplio historial en la siembra de enervantes, Heliodoro Castillo, no fue integrado y en Coyuca de Catalán solo se atendió a una comunidad muy pequeña, le dijeron a periodistas locales. El principal argumento “por el que otras comunidades no aprobaron para ser beneficiadas es que tienen conflictos y eso les parece contradictorio pues justamente en las zonas donde hay conflictos es donde se requiere que llegue la ayuda […] el programa es una belleza, así como lo anunció el presidente, es el mejor programa que alguna vez se haya presentado, lamentablemente no está llegando a las comunidades donde se requiere y así no sirve para nada”.

No es exagerado decir que Guerrero es el principal reto de política social del gobierno de López Obrador, y que su distopía normalizada es la pesadilla que se extiende casi inexorablemente sobre otros territorios rurales del país, en Jalisco, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán o Tamaulipas. Pero en su gabinete no están leyendo con seriedad o con agudeza las causas de este desastre. La realidad es que si no hay una intervención efectiva contra los grupos criminales que mande un mensaje claro contra la impunidad, los Ayotzinapa seguirán estallando, con su lastre lamentable de sangre, cadáveres y la omnipresente y difusa rumorología del miedo, la mejor herramienta propagandística del crimen para subsistir como el árbitro del statu quo.

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara
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