Los gobernadores de la Alianza.
Como si la sociedad mexicana no tuviera graves problemas sociales que la aquejan secularmente y en el pasado reciente, de la nada y de manera artificiosa un grupo de diez gobernadores, entre ellos Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco, pretenden imponer como un tema central y de supuesta relevancia nacional, el mentado federalismo y la revisión del pacto federal.
Se me ocurren al menos una decena más de graves problemas nacionales que son de mayor urgencia y más importantes que debatir y discutir sobre el pacto federal actual en México, entre ellos dar verdadera atención a la mayor crisis sanitaria que ha enfrentado el país en un siglo con motivo de la pandemia ocasionado por el Covid.19; o la virtual guerra que enfrenta la sociedad mexicana con sus dramáticas crisis por desaparición de personas, de fosas clandestinas y la crisis forense para la identificación correcta y digna de decenas de miles de cuerpos que se apilan en las morgues del país.
Esto para hablar de graves problemas nacionales que aquejan a la sociedad en los años recientes, y para luego sumar los graves problemas seculares que padece la sociedad mexicana, como la pobreza, la explotación, el despojo, la represión estatal, la violencia machista y de feminicidios, el racismo, el clasismo, el desprecio y exterminio cotidiano que enfrentan los pueblos indígenas y la dominación y opresión que una minoría rapaz ejerce sobre la mayoría de la sociedad mexicana.
Cualquiera de estos desafíos son más urgentes que discutir si es conveniente o no modificar el pacto federal y fiscal como proponen en su propia agenda de intereses el grupo de diez gobernadores que integran la Alianza Federalista.
Como se sabe, al menos teóricamente y según las leyes centrales del país, el Estado mexicano apostó desde el siglo XIX por crear los Estados Unidos Mexicanos que integrara a todas las entidades de la naciente nación independiente, es decir un pacto federal y no un sistema centralista. Como dije, en teoría y según la Constitución del país y la principales leyes naciones.
Todos los mexicanos sabemos que, sin embargo, las más de las veces ha funcionado un centralismo que en la práctica concentra el poder en el Ejecutivo y las principales decisiones del país en los poderes públicos federales en detrimento de las atribuciones de los gobiernos estatales y municipales.
Así fue durante gobiernos liberales como el de Benito Juárez, durante la dictadura de Porfirio Díaz o en la mayor parte de los gobiernos priistas que terminaron por construir una eficaz maquinaria política que terminó centralizando el poder nacional en el presidente en turno de la república, a grado tal que decidía sobre quienes serían gobernadores, los principales cargos en el Legislativo y el Judicial y hasta las grandes alcaldías del país, lo que algunos describieron un sistema más parecido a una monarquías sexenal.
¿La supuesta transición a la democracia que algunos fechan en 1988 y otros en el 2000 cambió ese sistema centralista? Al menos en las formas. Ahora no existe el centralismo del poder que ejercieron los presidentes durante la época de oro del autoritarismo priista.
Hoy un mandatario como Enrique Alfaro de Jalisco, Javier Corral de Chihuahua, Alfredo del Mazo del Estado de México o Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, tienen más poder que el que llegaron a tener los gobernadores durante la época de oro de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En la práctica, muchos de estos gobernadores se comportan al interior de sus propios estados, como en su época los presidentes de la república. Por ejemplo, Enrique Alfaro no sólo toma decisiones sobre lo que atañe al Ejecutivo , sino que también interfiere en decisiones del Legislativo, el Judicial, los gobiernos municipales, además de ser quien toma la última palabra en decisiones de su partido, no solo en Jalisco, sino a nivel nacional.
ALGO SEMEJANTE HACEN OTROS GOBERNADORES INTEGRANTES DE LA ALIANZA FEDERALISTA EN SUS RESPECTIVAS ENTIDADES, COMO JAIME RODRÍGUEZ, EL BRONCO, EN NUEVO LEÓN, O SILVANO AUREOLES EN MICHOACÁN.
Si ahora centran su programa político-electoral en un supuesto reclamo federalista es debido a las pifias, errores y también en el desafió que tienen al enfrentar a una figura como Andrés Manuel López Obrador, el político más popular de este país en varias décadas.
Las intenciones reales o mal interpretadas de centralizar el poder nacional otra vez en la figura del Ejecutivo federal, o las malas decisiones de desaparecer todos los fideicomisos y no solo aquellos donde se confirmaran irregularidades y malos manejos, han pavimentado el reclamo federalista de los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán, Durango, Chihuahua y Colima.
Pero sospecho que no es por verdaderas convicciones democráticas, sino porque el manejo centralista del presupuesto deja a los gobernadores de esta alianza sin recursos suficientes para sus programas electorales. Y por el contrario, forzar al actual gobierno de la Cuarta Transformación a entregar más tajada del pastel presupuestal para que sea manejado a su antojo por los propios gobernadores es el verdadero objetivo de su campaña federalista.
Si por alguna razón la Alianza Federalista ganara esta vencida de mano a López Obrador, un escenario difícil de ocurrir según la actual correlación de fuerzas, y se aumentaran los recursos fiscales a los gobernadores y con un manejo más discrecional amparados en la soberanía estatal que concedería un federalismo renovado, lo que tendríamos sería algo más parecido a virreyes ejerciendo a su antojo el presupuesto antes que gobiernos federalistas ejerciendo los recursos de modos más democráticos y transparentes.
No nos confundamos. Lo que está en juego en esta reyerta de partidos y del gobierno de la 4T y sus opositores no es ni el futuro del pacto federal, ni si una opción es más o menos democrática. Lo que se está jugando es las elecciones de 2021 y la construcción de carreras para la elección presidencial de 2024. Y en este juego la Alianza Federalista no apuesta por un cambio radical del sistema político, una eventual confederación democrática de gobiernos de base, sino por un pacto de virreyes que manejen los recursos fiscales en sus estados a su antojo.
