La posibilidad de que en Jalisco exista un “sótano del poder”, desde donde se dirigen campañas de desprestigo o sucias, o se inflan de manera artificial tendencias en redes sociales, es un tema que debe preocupar a los jaliscienses, sobre todo porque se financia con recursos públicos.
De alguna manera, quienes formamos parte de la vida pública hemos aprendido a lidiar con estas campañas. Las acciones que se emprenden desde la empresa Indatcom, para desacreditar a políticos, activistas, actores sociales, periodistas o medios de comunicación, han inundado las redes sociales desde hace varios años, como en menor medida lo hicieron de otras formas y con menor intensidad los gobiernos de Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval.
La forma de enfrentarlos ha sido diversa. Algunos los bloquean o los silencian. Aquí cobra fuerza el refrán “ojos que no ven, corazón que no siente”. Pero siguen vivos y siguen haciendo daño.
Para algunos expertos en comunicación, lo que ha sucedido en los últimos años en las redes sociales y no solo con las empresas que prestan servicios a los gobiernos de Movimiento Ciudadano y al gobernador Enrique Alfaro, sino también al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido Movimiento de Regeneración Nacional, es debido a la falta de regulación.
Pero el problema es que siempre que los políticos diseñan una norma, encuentran la forma de darle la vuelta. No podemos esperar que en este caso sea distinto.
Por ello, además de la regulación, es importante quitar el velo y que los ciudadanos conozcan lo que sucede y a partir de ahí decidan. Porque el masivo acceso a las redes sociales tiene también una consecuencia terrible al disfrazar de verdad una mentira.
Además, es necesario exigir cuentas y que se transparenten los millonarios contratos. Es necesario saber lo que hacen estas empresas y cuáles son los resultados que entregan porque insisto, viven del dinero de los jaliscienses.
