Con mayoría del Pleno del Congreso del Estado, los diputados aprobaron nuevas reformas en materia de violencia política en cuestión de género, con sanciones económicas de 173 mil pesos a 8.6 millones de pesos.
Tras un receso de 7 horas, con el respaldo de 93 municipios, exceptuando Guadalajara, y el voto a favor de 31 de los 38 diputados, se determinaron modificaciones que regirán el siguiente proceso electoral de 2021.
Obstaculizar campañas electorales, calumniar, injuriar o realizar expresiones denigrantes o descalificativos a las mujeres, son algunas de las conductas sancionables que establece la reforma.
Las reformas se aplicarán para las elecciones de 2021.
La modificación decreta que aspirantes a cargos de elección popular no deberán de haber sido condenados de violencia de género, así como no ser deudores alimentarios. No obstante, la reforma no atenderá la petición de organizaciones civiles de anular candidaturas con denuncias por violencia de género, así como el rechazo de disponer de escoltas a mujeres con algún tipo de amenaza.
Los dictámenes avalados incluyen la modificación a los artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, y del Código Penal.
Para la presidenta de la Mesa Directiva, Sofía García Mosqueda y para la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Mirza Flores Gómez, la reforma es histórica, pues logra un piso político parejo para las mujeres.
La Fiscalía Estatal deberá formar la Base Estadística Estatal de violencia política contra las mujeres en razón de género, mientras que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) será el órgano encargado de vigilar y sancionar las conductas de violencia.
