“Los liberales no tenían intenciones humorísticas al dirigir sus manifiestos a ‘los habitantes del estado soberano de …’ ni al decretar que ‘la opinión pública exige que…’. Todas las referencias a la opinión pública y a la voluntad popular, e incluso a la soberanía popular que se hacían en todo acto político del periodo, eran expresiones del sueño liberal. Cuando se hacía notar que las masas se hallaban fuera del sistema , la réplica aceptable era que los conservadores no las habían educado. Fuese ello cierto o no, los actos políticos no emanaban de la mayoría, lo cual era tan cierto cuando Juárez era ‘elegido popularmente’ en 1867 o 1871, como cuando cualquier general se ponía a la cabeza de un ‘pueblo despojado’ que ‘le solicitaba’ su desagravio”.
Laurens B. Perry. Juárez y Díaz, continuidad y ruptura en la política mexicana
El sistema institucional creado a partir de los años 90 del siglo XX para atender la grave crisis ambiental de México y preservar su patrimonio natural, está hoy en su crisis más profunda.
Esta crisis se agrava con el “rupturismo” que impera en el gobierno federal en funciones, que se ha empeñado en ver, en términos gruesos, como una herencia perversa de “los gobiernos neoliberales” ese complejo entramado de instituciones que nace en línea temporal a partir de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sobre todo, el Instituto Nacional de Ecología, del periodo salinista, y después irrumpe en el gobierno de Ernesto Zedillo con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap, que pierde la “p” a partir del gobierno de Vicente Fox Quesada, en 2001), de la que se desgranan organismos desconcentrados o descentralizados, con diversos grados de autonomía, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), y también con Fox, la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El desencuentro no lo puede expresar mejor el actual titular de la Semarnat, Víctor Toledo Manzur, quien en su más reciente artículo de opinión para La Jornada, considera que el movimiento ambiental de los 90 entra en tensión, y luego es acotado, por el neoliberalismo imperante tanto en gobiernos conservadores como socialdemócratas de ese periodo, cuando los intereses generales (que habrían regresado con el triunfo de López Obrador) fueron sacrificados a los negocios privados.
“En México esta tensión comienza formalmente con la aparición de la Semarnap 1994, nuevo ministerio que inició con gran vigor y calidad científica una legislación poderosa y dio lugar a instrumentos administrativos para la regulación ambiental. Sin embargo, al igual que en el resto del mundo, la eficacia de la Semarnap (t) se debilitó por las políticas neoliberales de los siguientes sexenios […] la llegada de funcionarios inexpertos y sin escrúpulos a los puestos claves, la entrega de casi la mitad del país a mineras para la extracción de oro, plata, hierro, zinc, cobre, incluyendo mil 900 concesiones en ¡68 por ciento de las áreas naturales protegidas!; la imparable contaminación industrial de los principales ríos del centro y norte del país que han dado lugar a infiernos ambientales por el alto número de enfermos de cáncer y otros males…”.
El recuento de Toledo se alarga: acusa a las instituciones de no actuar ante “más de 80 plaguicidas tóxicos encabezados por el glifosato” en la agricultura; de connivencia con corporaciones biotecnológicas y agroindustriales; de “la sobrexplotación o el uso ilegal y fraudulento de los mantos acuíferos por grandes productores agropecuarios, las mineras, las cerveceras y las refresqueras”; de la privatización de facto en playas y costas a favor de megadesarrollos turísticos; del olvido de los pobres de los espacios silvestres, la falta de justicia ambiental, el asesinato de activistas.
Toledo no deja “títere con cabeza”, pues lo mismo denuncia a los ocho gobernadores que la semana pasada cuestionaron la política energética del actual gobierno (a la cual, pese a que en los hechos es el regreso de combustibles fósiles, no hace ninguna crítica), que a intelectuales, y luego da una repasada a 24 exfuncionarios ambientales que firmaron una carta para pedir que no se reduzcan recursos a las instituciones ambientales, afectadas, como se sabe, por el severo recorte de 75 por ciento en los capítulos 2,000 y 3,000 del presupuesto de egresos de la federación (decreto presidencial de abril de 2020), lo que las dejaría al borde del colapso. Curiosamente, se ahorra adjetivos y ni siquiera cita al grupo fundador de las instituciones en los años 90, encabezado por el ex rector de la UNAM y actual titular de la Conabio, José Sarukhán Kermez, y por la ex secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, quienes también han lamentado la pérdida de relevancia del gasto público en el sector.
Hace bien Toledo en no reñir a sus colegas, y parece que permite matizar un poco la andanada contra el “neoliberalismo”, y más cuando es sabido que su equipo y la generación de Carabias/Sarukhán tienen casi tres décadas distanciados al seno de la misma UNAM. Independientemente de la teoría política argüida por el actual titular de la Semarnat, su diagnóstico sobre el defectuoso papel de las instituciones ambientales para hacer frente al deterioro del país tiene muchos aspectos de realidad.
Algunos matices: las concesiones mineras sobre áreas naturales protegidas datan en muchos casos de décadas atrás, incluso antes de la creación de áreas naturales protegidas, aunque ciertamente el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue el que llevó a su punto máximo el territorio concesionado. A la Semarnat se le debe reprochar la incapacidad porque la ley especial sobre ANP logrará impedir la actividad minera sobre demarcaciones protegidas. Como en el pasado, en el que se debe incluir al “desarrollo estabilizador” que tanto admira el presidente López Obrador (esto es, el “nacionalismo revolucionario”), la lógica economicista y de corto plazo se impuso. Respecto a las grandes líneas de la política económica, no se puede negar: pero también es común con el viejo modelo de los años 40 a 70 del siglo XX, que lo ambiental no fuera prioridad y que las diferentes líneas de gobierno pudieran oponerse esquizofrénicamente, sin que hasta ahora haya habido un arquitecto que lo rediseñe para que estas concurrencias establezcan por primera vez la prioridad que la realidad da al tema ambiental, previo a cualquier política de desarrollo.
Esta carencia evidente es la gran oportunidad que tiene el trabajo de Toledo para generar la armonización y el reconocimiento de la prelación que lleva lo ambiental a cualquier política pública, es decir, de darle la vuelta al “neoliberalismo” y hacer una institucionalidad fuerte y contundente que deje de regalar a los actores económicos los bienes naturales del país. Es la apuesta de un gobierno “liberal” que trabaja por el “pueblo”, como ha dicho el mismo presidente.
A decir verdad, las enormes facilidades otorgadas por la Semarnat al gobierno federal (eso sí, ya no a los temibles capitalistas privados) para no detener los megaproyectos de infraestructura de transporte, turismo y energía fósil definidos como prioritarios, en realidad apuntan a la persistencia de la subordinación y del libre juego económico de corto plazo, aunque sea estatal, sobre la planeación a futuro, en que es esencial que los bienes naturales se preserven si queremos hablar de un verdadero desarrollo.
Y aquí es necesario agregar, aunque suele molestar a los representantes de la 4t, que reducir el financiamiento de las instituciones ambientales no mejora las cosas, las empeora.
¿Cómo podrá haber justicia ambiental, reducción de la impunidad y regulación efectiva, si la Profepa cuenta con dos a tres inspectores por estado, y es competente legalmente en bosques y selvas, cuerpos de agua nacionales, subsuelo, aire, industria? ¿Cómo podrá haber eficaz lucha contra la pobreza si el millón y medio de habitantes de esas reservas ven como se pierde el financiamiento de sus proyectos productivos, y el vacío generado por la retirada de personal de servicio público, con la falta de transferencia de tecnología y conocimientos? ¿Cómo será posible que las demarcaciones rurales sean espacios de paz si la presencia del estado se reduce, y como bien sabemos, ese espacio es ocupado por bandas criminales que ya agravan la deforestación, la explotación minera ilegal, la extracción de flora y fauna, y aseguran un reinado de terror sobre decenas de miles de campesinos, a menos que acepten someterse?
Es verdad, esta crisis no nació en esta administración. Ningún gobierno de la transición democrática dotó al sector ambiental del poder suficiente para dar un golpe de timón al modelo económico. Pero con la llegada de la crisis generada por el cambio climático, esa discusión se tornará ineludible, porque un escenario de aumento de emisiones por encima de 1.5 grados implica colapsos regionales graves en los litorales del país, un descenso de la producción de alimentos y un auge de enfermedades infecciosas, a la par de desastres con creciente costo económico.
Es decir, lo más preocupante no es que México incumpla sus compromisos con el tema. Lo más grave es que eso afectará a su territorio y a millones de sus habitantes. Nada menos.
En lo que está a más corto plazo, ¿tenemos al menos una buena noticia respecto a la merma de recursos para las instituciones ambientales? El secretario lo aseguró públicamente a comienzos de esta semana. Pero a decir verdad, tras una consulta que hice con directores y administradores de ANP del país, no existe hasta hoy un mensaje claro: no hay elementos para señalar que no habrá despido de hasta 200 trabajadores de las áreas protegidas y que se evitará la pérdida de financiamiento para el trabajo de gestión en las reservas. El secretario Toledo no podrá evitar entrarle al tema: se debe definir cómo operarán estas instituciones no solamente en este año, de tremendo desplome económico, sino en general, saber cuál es el futuro de la Conanp, de la Conafor o la Conabio. O si hay alguna propuesta para reemplazarlas. ¿O de verdad piensan en la Semarnat que este complejo país y su enorme patrimonio natural se podrán preservar con un esquema centralizado a la secretaría, con una falta de crítica a proyectos de alto impacto ambiental definidos como prioridad por el presidente, y con un modelo de reservas bioculturales que funciona muy bien donde hay comunidades aborígenes y campesinas sólidas, pero en gran parte del país, implica otorgar el control de las ANP al narco y a los intereses extractivos?
La herencia de Enrique Peña Nieto fue la minimización de financiamiento para el sector ambiental. En líneas generales, desde 2015, las instituciones fundadas en los 90 han perdido 60 por ciento de sus recursos financieros. Es una responsabilidad de esa administración el constante coqueteo con los intereses privados y la idea perversa de que la sociedad mexicana, a través de sus impuestos, no debe financiar la preservación ambiental y social de los espacios naturales, no obstante la enorme evidencia científica de los beneficios que estas reportan para la economía, y en general, el desarrollo del país.
Es decir, se trata de un tema político, cultural y social, pero que sin duda, debe vertebrar un modelo económico exitoso. La continuidad verdadera bajo la tutela del estado es lo único que puede garantizar que los pobres de las ANP salgan de su miseria, y que esa enorme riqueza siga como base del desarrollo del país.
