“Los hechos son objetos inflexibles; y cualesquiera que puedan ser nuestros deseos, nuestras inclinaciones o los dictados de nuestras pasiones, no pueden alterar el estado de los hechos y de la evidencia”.
John Adams, segundo presidente de Estados Unidos de América
La enorme discusión en torno a la necesidad de una política pública que haga frente a los graves riesgos económicos que enfrenta México por el parón económico ocasionado por la presencia de la enfermedad infecciosa COVID 19 -causada por un coronavirus que se expandió como pandemia a partir del oriente asiático desde hace cuatro meses-, debe considerar como limitante, la debilidad endémica del estado mexicano para cobrar impuestos, pues ello determina también su potencial económico real para hacer frente al reto.
Los economistas hablan de la necesidad de una política “contracíclica”, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se niega a aplicarla porque a su juicio, implica salvar a los ricos, a la grandes empresas, y no a los pobres, que son su clara prioridad. ¿Qué es una política contracíclica?
Federico Rubli Kaiser, en El Economista, lo explicaba a finales de 2019: “El principio de una política fiscal contracíclica es muy persuasivo: cuando el ciclo es de expansión, el gobierno debe acumular y ahorrar recursos mediante un superávit en sus finanzas, el cual se utiliza cuando el ciclo es de contracción; es decir, gastando recursos para estimular el crecimiento, lo que implica incurrir en déficits públicos. Así, esta política suaviza el ciclo económico, compensando caídas temporales en la demanda privada con un mayor gasto público. Por el contrario, una política fiscal procíclica tiende a intensificar la volatilidad de la economía, acentuando las fases de expansión y contracción en relación con su tendencia. Dificulta también poder mantener la sostenibilidad de la deuda pública al crecer ésta con el ciclo”.
En México, añade, “se ha seguido una estrategia procíclica, por lo que se plantea diseñar una regla fiscal con fundamentos contracíclicos”. Curiosamente, al menos un sector del gobierno de AMLO lo habían considerado para este año fiscal, apunta el experto: “En ese contexto, en los Criterios Generales de Política Económica 2020, elaborados por la SHCP, en las páginas 77-79, se incluye un interesante recuadro analítico sobre este tema. Se presentan los lineamientos para diseñar una nueva regla fiscal: (a) determinar un nivel de deuda máximo sostenible como ancla fiscal de mediano plazo; (b) elementos que permitan la estabilización del ciclo económico mediante una regla de ingresos y egresos de largo plazo aproximada por el crecimiento de la tendencia del PIB; (c) creación y uso de un fondo contracíclico que permita ahorrar en la parte alta del ciclo y utilizar los recursos para financiar el gasto en la parte baja; (d) cláusulas de escape para enfrentar situaciones transitorias inesperadas que permitan una desviación temporal de la regla fiscal; (e) fortalecer la transparencia fiscal y adoptar un Consejo Asesor Independiente” (ver texto completo en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Regla-fiscal-contraciclica-20190924-0022.html).
Más allá de la pertinencia del enfoque, hay un callejón sin salida que se debe resolver antes, con tendencia a ser más definitivo, para que la discusión tenga sentido: en México se pagan muy pocos impuestos. Sé que esto va contra el imaginario colectivo, pero los registros mundiales son claros:
El informe anual «Revenue Statistics», que elabora la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el que mide por países el peso de los impuestos y contribuciones sociales en relación con el producto interno bruto (PIB), “lo que comúnmente se conoce como la presión fiscal”, arroja los peores resultados para nuestro país.
La media global de la OCDE alcanzó en 2017, 34,2 por ciento del PIB de los socios, “el nivel más alto de toda la serie histórica que se remonta a 1965, superando el 33.8 por ciento de 2000 y el 33.6 por ciento en 2007”, reporta el diario ABC de España (https://www.abc.es/economia/abci-espana-incrementa-presion-fiscal-hasta-337-por-ciento-pero-sigue-debajo-media-ocde-201812051419_noticia.html).
“El país con mayor peso de sus impuestos y contribuciones sociales en su PIB en 2017 ha sido Francia, con una carga fiscal del 46.2 por ciento. Lo que representa siete décimas más que lo registrado en 2016, y apartando a Dinamarca de lo más alto del podio por primera vez desde 2002. El país nórdico se ha tenido que conformar con un segundo puesto, con una presión del 46 por ciento del PIB el año pasado […] México representa el caso opuesto, ya que es el país con una menor presión fiscal de los miembros del conocido como ‘club de los países más ricos’, al situarse en 2017 en el 16,2 por ciento del PIB, perdiendo cuatro décimas respecto a 2016 y por delante de países como Chile (20.2 por ciento) o Irlanda (22.8 por ciento).
Esto significa que los recursos disponibles para un ejercicio de gasto público, sobre todo en tiempos de crisis, son escasos relativamente.
El gobierno federal en funciones no ha querido resolver la paradoja: hay una enorme apuesta por una política redistributiva, mediante entregas en efectivo a los menos favorecidos (que como política primordial, casi en solitario, no necesariamente es lo más eficaz para salir de la pobreza), que ha significado debilitar instituciones y bienes públicos, además de dar una clara prioridad a proyectos de infraestructura que distraen cientos de miles de millones de pesos del gasto, a la par de una apuesta por la paraestatal Pemex, la empresa petrolera más ineficiente del mundo, con el afán de rescatarla y convertirla en puntal de “la soberanía energética”.
El presidente no negocia esas prioridades. Por eso se negó a establecer una política contracíclica aunque en apenas dos meses se reportan ya casi 350 mil empleos perdidos. Tal vez podría conjugar las dos cosas (la necesaria discusión de la priorización de sus proyectos aparte), si realmente se decidiera a dar el brinco hacia un Estado recaudador, digamos, al nivel de España (lo que significa obtener el doble de dinero por impuestos). Pero también ha sido claro respecto a la no creación de más impuestos o la no alteración de la estructura fiscal dada.
El mandatario aludió al presidente Franklin D. Roosevelt como inspirador del estado benefactor que quiere establecer, pero se le olvida que la base del éxito del célebre presidente estadounidense fue una ambiciosa política fiscal. Los más ricos llegaron a padecer una tasa impositiva superior a 90 por ciento sobre sus ingresos, pero en promedio, aportaban 42 por ciento de estos, lo cual es un gran contraste con los porcentajes actuales de Estados Unidos: hoy recauda globalmente (incluidos ricos, clases medias y pobres) apenas 27 por ciento del PIB, es un estado relativamente, contra la riqueza generada, más pobre que en 1945, por citar una fecha (ver Los ricos no siempre ganan. El triunfo sobre la plutocracia que originó la clase media, Sam Pízzigati, Capitán Swing Libros, 2013).
Es decir, un rescate de empresas en México obligaría a incrementar la deuda pública, algo que por principio se niega a contraer la administración federal; pero si esta medida se aplicara a condición de una ambiciosa política fiscal que duplicara el ingreso del gobierno, no caemos necesariamente en el temido fantasmas de privatizar ganancias y socializar las pérdidas. Sencillamente, aumentar impuestos lleva a que los ricos paguen a la larga el rescate, ¿no es el mundo perfecto para la llamada Cuarta Transformación?.
Lo que lamentan los expertos es que si el gobierno no se decide a ser un actor importante en el tema, la pérdida de empleos trastornará la economía… y hará que el pago de impuestos se reduzca.
Por lo pronto, El Consejo Coordinador Empresarial, al que el presidente le rechazó su plan, anuncia un paliativo muy temporal: “las grandes empresas del país ‘adoptarán’ por al menos un mes a firmas de menor tamaño para poderles cubrir necesidades como pago de salarios, generar apoyos entre proveedores, asesoría administrativa y procesos de digitalización, ante la falta de apoyo suficiente por parte del gobierno, en medio de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 […] hay que hacer un esfuerzo privado para coordinar recursos privados ante esta negativa de apoyos de recursos públicos, y ver qué alcance podríamos lograr”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del máximo organismo empresarial, según una noticia de El Financiero, el pasado 7 de abril. Esto nomás retrasará lo inevitable.
El proyecto del gobierno es ampliar el reparto de apoyos directos, y dar 25 mil pesos en promedio de “crédito a la palabra” para micros, pequeñas y medianas empresas, así como impulsar sus proyectos de infraestructura como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y el corredor Transistmico, además de otorgar recursos a la paraestatal Pemex en medio del bajón mundial de precios del petróleo (y pérdidas por más de 300 mil millones de pesos en 2019 para la empresa). Los recursos para este plan provienen de fondos de contingencias creados durante el “periodo neoliberal” y de fideicomisos de los que se reapropió por decreto la nueva administración, cuya desaparición afectará áreas esenciales como la ciencia y la cultura, a nombre de la austeridad.
Pero ni deuda, ni creación o escalamiento de impuestos. Cuando el presidente dijo que la crisis del COVID 19 le caía “como anillo al dedo”, fue objeto de acres críticas. Pero lo podía haber revertido con la presentación un ambicioso plan fiscal que paliara un endeudamiento temporal que en el consenso de los economistas, es inevitable. Pero está aferrado a la austeridad y no se quiere pelear con los megamillonarios del país, como cualquier modélico gobierno neoliberal. La pregunta es cuánto tiempo tardará esta debilidad del Estado mexicano y esta falta de decisión hacia nuevos caminos contrarios a su corpus ideológico, en pasar su factura completa a la economía nacional.
