Los jaliscienses vimos pasar pocas legislaturas antes que los diputados volvieran a ser los diputados. Los escándalos por el uso que hacen de los recursos públicos en temas cuyo beneficio no queda claro, así como el crecimiento de la nómina para cumplir con compromisos, volvió a las notas sobre el Congreso.
El Poder Legislativo de Jalisco alcanzó la cima de los escándalos en aquella LVIII Legislatura. Usted recordará nombres de quienes participaron en un ofensivo reparto de millones de pesos, los que fueron coordinadores del Partido Acción Nacional, Jorge Salinas Osornio; del Revolucionario Institucional, Juan Carlos Casillas; de la Revolución Democrática, Samuel Romero Valle; del Verde Ecologista, Luis Manuel Vélez; de Nueva Alianza, Juan Óscar Díaz; y del Trabajo, Alfredo Zárate.
En esa legislatura, pero también en la anterior y la posterior, es decir, la LVII y la LIX, el incremento de la nómina se dio hasta que ya no fue posible pagar sueldos, sumado a escándalos como la compra del edificio Juárez, el contrato millonario con la empresa López Castro, las casas de enlace y, para cerrar el círculo los pagos al auditor superior Alonso Godoy Pelayo, quien les revisaría las cuentas y recibió 9.5 millones de pesos sin que a la fecha sepamos a cambio de qué.
Todos esos vergonzosos casos llevaron a tomar medidas en las dos legislaturas posteriores, como congelar las contrataciones, reducir los apoyos a los diputados y desaparecer la partida para casas de enlace.
Ese camino tuvo que seguirse ante el desprestigio de los legisladores. Pero el gusto duró poco, pues los actuales diputados han comenzado a tomar decisiones que les permiten tener acceso a más dinero público. Y lo hacen alcanzando consenso entre las bancadas, pues todos se benefician. Todo esto, sin que exista todavía un sistema de indicadores que nos permita revisar si además de salirnos caros sirven para algo.
