La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de tres magistrados de Jalisco: Alberto Barba Gómez y Armando García Estrada, del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y de Celso Rodríguez González, del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
De acuerdo a esta dependencia federal, se congelaron las cuentas de estos magistrados debido a las investigaciones que se realizan ante un posible origen de recursos económicos ilegales.
La UIF indaga sobre el origen del dinero de los servidores públicos a partir de denuncias que se han interpuesto en contra de los tres magistrados tanto en la Fiscalía de Jalisco como en la Fiscalía General de la República (FGR).
Los magistrados han dado resoluciones polémicas.
En un informe de la Secretaría de Hacienda se ha determinado que el patrimonio de los magistrados no corresponde con sus ingresos económicos.
El diario El Informador especificó que los magistrados cuentan con inmuebles, vehículos, viajes y un estilo de vida “que no corresponde a sus ingresos como servidores públicos”; además, no han declarado que realicen otras actividades para obtener más ingresos.
Grupo Reforma informó que hay más de una decena de personas que están ligadas a los magistrados, como familiares y colaboradores, y que también están sujetos a investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Durante años, los tres magistrados han sido señalados y cuestionados por sus polémicas resoluciones, especialmente en aprobar desarrollos inmobiliarios calificados como “irregulares”.
Actores públicos y activistas les han llamado “corruptos” en numerosas ocasiones.
Por ejemplo, durante 2016, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, presentó una serie de denuncias penales y de juicio político contra Alberto Barba, “por irregularidades en sus sentencias”.
