El Gobierno del Estado se convirtió en cómplice y socio de la devastación que sufre el campo en Jalisco a manos de las empresas tequileras, aguacateras, mineras, y promotoras de parques fotovoltaicos.
Nada de lo que está sucediendo por toda la geografía del estado de Jalisco, sería posible si el gobierno viera como suya la obligación de cuidar y proteger la tierra, los bosques, los ríos, las costas, las montañas, los valles, planicies y paisajes que constituyen el patrimonio natural de los jaliscienses.
Permitir su destrucción es un acto criminal. Avalarla y convertirse en el filtro institucional para transformar en legales acciones que atentan contra la riqueza natural de Jalisco, convierte al gobierno en cómplice del ecocidio disfrazado de desarrollo económico que sufren todas las regiones del Estado.
Ante la agresividad de estas devastaciones, las zonas rurales están por desaparecer y su lugar es ocupado a golpes de retroexcavadoras por industrias de todo tipo, sin ninguna relación con el mundo rural, que se establecen después de deforestar amplias extensiones de tierra, en detrimento de la riqueza de la flora y fauna endémicas, poniendo en peligro de extinción a una gran cantidad de especies.
Pero no solo son las innumerables especies vegetales y animales las que están a punto de desaparecer. Es la vida rural misma. Formas culturales creadas durante años por los habitantes de esas regiones, su idiosincracia, sus formas de religiosidad, su propia relación con la tierra, con la comida, sus festejos, costumbres y tradiciones, también son aniquiladas por el crecimiento ambicioso de esas empresas.
El mundo actual ya no debe ver a la naturaleza como simples recursos naturales o insumos para la producción de las empresas primarias. Tampoco a los habitantes de estas regiones como mano de obra temporal o poblaciones aferradas a sus antiguas tradiciones que las convierten en un obstáculo para el progreso.
El gobierno de Jalisco cree que la enorme y rica geografía del Estado está ahí en espera de que alguien llegue y haga negocio con ella. Bajo esta visión, los bosques son catalogados como tierras improductivas en donde, mediante el llamado cambio de uso de suelo, una de las formas mas empleadas por la corrupción institucionalizada, se puede instalar algún tipo de plantación para ser explotada por la empresa de algún socio del gobernador en turno.
El gobernador es cómplice de la destrucción y socio en los negocios que están acabando con el campo en Jalisco. Tanta permisividad otorgada para destruir el medio ambiente, no puede ser gratuita.
La inversión que hace el gobierno para ser cómplice y socio de las empresas que acaban con la riqueza natural del estado es la de convertir a sus secretarías responsables de cuidar y proteger al campo y al medio ambiente, en cabilderos para la gestión de permisos y en administradores de los instrumentos al servicio de la corrupción institucionalizada como lo son la Manifestación de impacto ambiental y la Evaluación de impacto social.
Por eso no es de extrañar que todas las muestras de inconformidad y rechazo a estas empresas por parte de los habitantes de las regiones afectadas, inmediatamente se convierten en actos en contra de la seguridad del estado y el gobierno hace suya la necesidad de usar la fuerza pública para reprimir estas muestras de inconformidad y para proteger a las empresas depredadoras.
Gracias a la corrupción institucionalizada la ecuación se invierte: quienes protegen la riqueza natural y cultural del estado y cuidan su patrimonio, se convierten en delincuentes, mientras que quienes destruyen los ecosistemas para apropiarse de tierras que consideran improductivas, se convierten en los grandes benefactores de Jalisco.
Al final, el gobernador, algunos miembros de su gabinete, varios de sus amigos, ciertos diputados y presidentes municipales, podrán seguir haciendo política, o negocios, a cuenta de la destrucción del patrimonio natural y cultural del Estado de Jalisco.
Bien por ellos.
