Jorge García y Gustavo Macías.
EL CONSEJERO JORGE GARCÍA ACUSA A PANISTAS DE COBRAR CUOTAS EN LA JUDICATURA; DIPUTADOS BLANQUIAZULES BUSCAN SUSPENDERLO DEL CARGO
Explota el conflicto entre el consejero de la Judicatura, Jorge García González y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN): mientras el consejero sostiene que se presentarán denuncias en contra de miembros de dicho partido por cobrar cuotas, los legisladores buscan suspenderlo del cargo a través de un juicio político.
En mayo pasado, el Congreso del estado avaló en la Comisión de Responsabilidades que se inicie juicio político en contra de dos jueces y un consejero: el juez primero de lo civil en Chapala, Mario Sergio Luján; el juez de lo civil, Cielo Aguamarina Ledezma y el consejero Jorge García González.
En la penúltima sesión del Congreso, los diputados de Acción Nacional buscaban suspender del cargo a dichos funcionarios, por supuestos actos de corrupción. Sin embargo, se canceló la sesión tras una rueda de prensa en la que Jorge García González acusaba a los integrantes del PAN de cobrar cuotas en el Consejo de la Judicatura.
El consejero en su toma de protesta, en 2015.
García González señaló que los panistas cobraban entre el 20 y 50 por ciento del salario de los trabajadores; dijo: “Octavio Esqueda Ávalos y José Antonio de la Torre utilizaban al juez Alberto Fregoso Reyes para venir a cobrarles, con amenazas”.
El consejero aclaró que interpondría denuncias en contra de los panistas, quienes, “desde hace tres años”, solicitan las cuotas.
Al respecto del juicio en su contra, García González ha declarado que “carece de legitimidad”. Dijo a medios de comunicación: “no es posible que con un procedimiento ilegal, por capricho, venganza personal, nos quieran separar del cargo, es improcedente e inaplicable”.
Gustavo Macías Zambrano, coordinador de la bancada panista en el Legislativo local, explicó que se cancelaba la sesión debido a que habían llegado amparos que protegían a los acusados.
Macías Zambrano ha mencionado que solamente se busca limpiar el Poder Judicial y que todas las acciones están apegadas a la legalidad. “Estamos aplicando la ley, no hay ilegalidad porque la misma Ley de Responsabilidades permite la aplicación supletoria de otras disposiciones (…) aquí hay una denuncia presentada por un ciudadano por actos de corrupción”.
