El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval recibió un sistema de transporte público desordenado, con unidades en mal estado y manejado por transportistas que no querían acatar las reglas establecidas por la autoridad. El que entrega es prácticamente igual, solo con la ventaja de haber aprobado una nueva ley, unas cuantas rutas-empresa y la renovación de un porcentaje de unidades, pero que se mantiene en la anarquía y además con una tarifa que no corresponde al servicio que presta.
El reordenamiento del transporte público había sido una de las prioridades que se marcaron en 2012. En los primeros días, cuando el secretario de Movilidad era Mauricio Gudiño, se puso en funcionamiento una estrategia que solucionaría el problema: se acabaría con el hombre camión, se haría un diseño de rutas troncales y alimentadoras, y comenzaría el sistema de prepago. El sexenio terminó y no se alcanzaron los objetivos. Es decir, podemos ahora sí afirmar que el gobierno de Sandoval fracasó en este rubro.
El primer paso que se dio fue el de la Ley de Movilidad, lo que le permitió al gobierno del estado marcar en los indicadores un avance permanente. Esto significa que pusieron en papel lo que planeaban hacer, pero ahí se quedaron.
El proceso entró después en el mismo laberinto de los sexenios anteriores. Los transportistas quejándose de una tarifa insuficiente que, advierten, no garantiza un modelo de negocio; las autoridades con intervenciones que solo sembraron dudas, como lo fue el contrato con la empresa Tisa, la compra de camiones y el sistema de prepago, y los usuarios rechazando el incremento en la tarifa ante un pésimo servicio.
A TODO LO ANTERIOR SE SUMAN SEÑALAMIENTOS SOBRE HECHOS VIOLENTOS, EN PARTICULAR EN LAS ASIGNACIONES DE RUTAS EN PUERTO VALLARTA Y ZAPOTLÁN EL GRANDE.
Cuando se sortearon algunos de los obstáculos y se lanzaron las primeras rutas-empresa, de inmediato comenzó a trabajarse en el aumento en la tarifa. Esto, a pesar que la mayor parte de rutas siguen circulando bajo el viejo esquema, que el prepago no ha funcionado y que aún las rutas que ya trabajan como empresa tampoco han alcanzado el ideal de negocio.
Para mantenerlos callados y que continuaran con el trámite para el nuevo modelo, se entregó un subsidio de 60 mil pesos a cada transportista, que salió del fondo de las fotomultas.
La nueva tarifa, de 9.50 pesos para las unidades que se incorporaron al esquema de ruta-empresa, y de 10 pesos para Puerto Vallarta, fue aprobada desde el 7 de agosto pasado, y publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 25 de octubre. Sin embargo, no se había autorizado su entrada en vigor.
Desde octubre a la fecha no ha habido un cambio sustancial en el servicio de transporte público que justifique la decisión de permitir la nueva tarifa. Incluso, más bien se han confirmado los problemas con el prepago y la imposibilidad de incorporar más rutas al nuevo esquema. Es decir, el transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara sigue siendo un desastre.
El nuevo esquema de rutas solo puede tener éxito si funciona en su totalidad. Con incorporaciones parciales, la sensación de caos sigue siendo la misma.
A pesar de todo esto, Sandoval Díaz decidió, unos días antes de irse, dar la estocada final a los usuarios y autorizar que los transportistas hicieran efectiva la nueva tarifa. Solo hay dos opciones para que haya tomado esta medida: ayudar a los transportistas a cambio de que se comprometan a seguir con su incorporación al prepago y la compra de camiones o bien, un acuerdo con el gobierno entrante para asumir el costo político.
En cualquiera de los dos casos, quien pierde es el ciudadano.
