Manifestaciones contra el fin de DACA.
LOS DEFENSORES DEL PROGRAMA DICEN QUE LOS BENEFICIARIOS DE DACA NO DEBERÍAN SER CASTIGADOS POR LAS DECISIONES DE SUS PADRES; NO QUEDA CLARO CÓMO SERÁ LA SOLUCIÓN LEGAL
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) fue implementado hace cinco años por el gobierno del ex presidente Barack Obama. Bajo dicha política, los beneficiarios reciben permisos de trabajo temporales, licencias de conducir y un número de seguridad social. Bajo este esquema, el gobierno acuerda «diferir» cualquier acción sobre el estatus migratorio por un periodo de dos años, con posibilidad de renovación, a personas que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños. La mayoría de los adscritos al programa, el 76%, son de nacionalidad mexicana. Quienes se oponen a DACA argumentan que este esquema supone una amnistía para los inmigrantes indocumentados, que gracias al programa obtienen empleos que podrían ser aprovechados por estadounidenses o inmigrantes con estatus legal. Donald Trump asumió una dura postura contra la inmigración durante su campaña electoral de 2016 y dijo que planeaba «terminar inmediatamente» la orden DACA de resultar electo. Sin embargo, desde entonces habló de que tomar una decisión sobre el tema era «muy, muy difícil». Se calcula que más de 750,000 inmigrantes indocumentados están adscritos al programa. Para poder pertener al mismo, debían: haber entrado en el país antes de cumplir los 16 años; haber tenido menos de 31 años el 15 de junio de 2012; no haber tenido estatus legal migratorio en Estados Unidos antes del 15 de junio de 2012; haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 y hasta la actualidad; estar escolarizados o licenciados del ejército y no haber sido condenados por algún delito ni suponer una amenaza para la seguridad nacional.
Este plan migratorio no ofrece un estatus legal permanente ni supone ningún paso para obtener la ciudadanía estadounidense. En noviembre de 2014, Obama intentó ampliar el programa para incluir a los inmigrantes indocumentados que hubieran entrado en el país antes de 2010 y eliminar el requisito de los 31 años de edad. Sin embargo, un fallo de un tribunal federal bloqueó estas últimas medidas.
De manera inmediata las principales afectaciones a los conocidos ‘Dreamers’, serán que no se aceptarán nuevas solicitudes para entrar al programa después del 5 de septiembre, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés). Sin embargo, los beneficiarios actuales de DACA no sufrirán cambios durante los próximos seis meses, el tiempo designado al Congreso de Estados Unidos para que «entreguen soluciones legislativas apropiadas».
Los que cuentan con un permiso de trabajo vigente podrán conservarlo hasta que expire, mientras que aquellos cuyos premisos vencen en menos de seis meses podrán renovarlos antes del 1 de octubre por un periodo de dos años. Al perder los beneficios de DACA y si no llegase a haber una legislación aprobada en el Congreso en los próximos seis meses, más de 750,000 personas perderían la protección de ser deportados con la que cuentan actualmente. Los republicanos han luchado para acordar una reforma migratoria durante años, así que hay una fuerte posibilidad de que DACA termine.
Alrededor de 1,000 beneficiarios de este esquema perderían sus empleos cada día hasta 2018, según estimaciones del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por su sigla en inglés) y de FWD, la fundación del presidente de Facebook, Mark Zuckerberg.
Unos 10,000 estudiantes en 11 estados del país perderían a sus maestros si se cancela DACA. Muchos adscritos al esquema temen, además, que la información personal que entregaron al DHS para registrarse en DACA pueda ser utilizada por las autoridades migratorias para agilizar los procesos de deportaciones en el futuro. Estudiar en una institución universitaria también se volvería más dificultoso al no tener un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Por este motivo, más de 500 universidades y centros de estudio superior firmaron una carta en marzo para pedirle a la Casa Blanca que despejara la «nube de miedo»sobre los estudiantes indocumentados. La Universidad de Harvard dio un paso más y contrató en enero a un abogado de inmigración que está en el campus para resolver las dudas de los Dreamers. La misma iniciativa fue replicada en otras prestigiosas instituciones como la Universidad de Columbia y la de Nueva York.
La endeble justificación en esto que ha sido un artero ataque directo contra la política impulsada por Obama, la dio el fiscal general de Estados Undios, Jeff Sessions, quien dijo que la consideraba «un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo». «Los efectos de esta amnistía ejecutiva unilateral, entre otras cosas, contribuyó al aumento del ingreso de menores de edad en la frontera sur del país, lo que tuvo consecuencias humanitarias terribles. «También les negó empleos a cientos de miles de estadounidenses al permitir que esos mismos inmigrantes indocumentados ocuparan esos puestos de trabajo». «La nación debe establecer un límite de cuántos inmigrantes admitimos cada año. No podemos admitir a todo aquel que quiera venir, es así de simple», prosiguió Sessions.
Pero las reacciones como se sabe, no se han hecho esperar. En un comunicado, la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, dijo que la decisión de revocar la política era un «contundente golpe contra los jóvenes y brillantes Dreamers y todos aquellos que valoran el Sueño Americano». Pelosi urgió a los republicanos en el Congreso a que se unan a los demócratas para salvaguardar de inmediato a los beneficiarios de DACA.
Jóvenes pidieron que siga DACA.
Ahora bien, al pedirle al Congreso que solucione el problema, Trump puede haberle dado un nuevo aire a las prolongadas propuestas legislativas que buscan legalizar la estadía de los llamados Dreamers, luego de numerosos y fallidos intentos por abordar este problema.
Algunos observadores políticos se muestran escépticos de que, tanto demócratas como republicanos tengan la voluntad política para encontrar una causa común sobre un asunto tan tóxico para los conservadores. No queda claro cómo sería la solución, pues algunas voces conservadoras ya murmuran sobre la necesidad de vincular una solución para el dilema de los Dreamers a otras medidas de reforma migratoria, incluyendo la seguridad fronteriza o el financiamiento para el muro de Trump en la frontera entre Estados Unidos y nuestro país.
En ese escenario de componendas políticas, los analistas se preguntan si hay aspectos de la aplicación de las leyes de inmigración, tales como la mejora de la seguridad en los puertos fronterizos de entrada, que podrían ser aceptables para todas las partes involucradas.
El Congreso también tiene las manos llenas con el fondo para la ayuda a las víctimas del huracán Harvey — y otro desastre pendiente con el huracán Irma, el aumento del tope de deuda del país, así como la iniciativa de Trump a favor de una revisión fiscal. Hasta el momento, Trump no ha dado ninguna señal de qué solución apoyaría. Y es que Trump no es claro, si verdaderamente le preocuparan los Dreamers, sería el primero en pedir el cambio de la ley en el Congreso. Claramente, ha rechazado ese camino.
En el congreso ya existen proyectos de apoyo a los soñadores inmigrantes, pero todavía no hay resolución a las mismas, uno de esos proyectos es la Ley Dream. De ser aprobado, el proyecto de ley titulado Ley del Sueño 2017 (The Dream Act 2017) otorgaría un estatus de residente condicional a los dreamers, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional cancelaría las órdenes de deportación que pesan sobre ellos. El Dream Act 2017 cambia los requisitos de estudio exigidos por versiones anteriores, y el propio DACA. Establece que calificarían para solicitar la residencia condicional los dreamers protegidos por DACA, los jóvenes que demuestren estudios primarios o secundarios, y también aquellos con discapacidades. También reduce el tiempo de permanencia ininterrumpida de cinco a los cuatro últimos años en el país al momento de promulgarse la ley, y amplía el límite de edad de entrada al país para ser considerado dreamer de 16 a 17 años. El proyecto agrega que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, puede utilizar su discrecionalidad y renunciar a determinadas barreras de inadmisibilidad con fines humanitarios, unidad familiar o si la renuncia es de otro modo de interés público.
Añade que el jefe de la seguridad de Estados Unidos evaluará los expedientes de inadmisibilidad caso por caso, de acuerdo con la naturaleza y severidad del delito. Y precisa que cancelará las deportaciones y otorgará la residencia condicional a los inmigrantes que están protegidos por DACA, a menos que el individuo ya no sea elegible para renovar el amparo de su deportación porque cometió una falta que lo volvió inadmisible o deportable. El Dream Act 2017 también menciona que el Departamento de Seguridad Nacional puede fijar una cuota para obtener la residencia condicional. La tarifa será “razonable”, advierte, “y proporcional al costo por procesar la solicitud correspondiente”.
También señala que todos los beneficiarios para obtener la residencia condicional, deberán ser verificadas sus identidades y antecedentes criminales por medio del sistema biométrico y biográfico del Departamento de Seguridad. En otro apartado, el proyecto indica que las personas que solicitan el estatus de residente permanente condicional “están sujetas al registro en el Servicio Selectivo. El estatus como residente condicional será por ocho años, al término de los cuales el beneficiario podrá optar por la residencia legal permanente. El Dream Act 2017 iba a ser presentado en marzo, pero surgieron desavenencias de última hora que obligaron a los organizadores a modificar la fecha para coincidir con las agendas de la Cámara de Representantes y del Senado. Sin embargo, el tiempo pasó y los respaldos no llegaron.
Además de la Ley Dream, hay otras tres propuestas legislativas para legalizar a los Dreamers.
En marzo, el congresista de Miami, Carlos Curbelo (republicano de Florida), presentó una propuesta, la Ley Recognizing America’s Children, que también toma mucho de lo que había en DACA y lo codifica, mientras que también proporciona un camino hacia el estatus legal y, eventualmente, la ciudadanía.
La Ley de Esperanza Americana, patrocinada por el representante Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois, cuenta con el respaldo del Comité Hispano del Congreso (Congressional Hispanic Caucus) y no incluye ningún tipo de requerimientos laborales, educativos o militares, además de proporcionar una vía más rápida hacia la ciudadanía. Esta propuesta tiene cero apoyos republicanos y tiene pocas posibilidades de aprobarse.
La Ley Bridge, patrocinada por el representante Mike Coffman, republicano de Colorado, fue propuesta en enero y prolongaría temporalmente el actual programa DACA durante tres años como parte de un esfuerzo por llegar a una reforma integral para el sistema de inmigración de todo el país.
El Dream Act, patrocinado por los senadores Dick Durbin (demócrata por Illinois), y Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), incluye las mismas protecciones que DACA, pero crea una vía hacia la ciudadanía o el estatus de residente permanente legal si los solicitantes cumplen ciertos requisitos, como el haber vivido en Estados Unidos por un periodo de tiempo determinado, tienen estudios, experiencia laboral y estar inscritos en el Servicio Selectivo. Les tomaría al menos 13 años obtener la ciudadanía a quienes reúnen los requisitos.
El presidente Donald Trump.
Pero, los analistas dicen que, ni el Dream Act ni varias otras propuestas similares, por ahora tienen los votos necesarios para convertirse en ley (60 en el senado y 218 en la cámara). Existen indicios de que algunos republicanos están relajando sus posturas. La representante Cathy McMorris Rodgers (Washington), quien preside la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado que, aunque ella se opuso a la orden ejecutiva de Obama que creó DACA, creía que el Congreso debía proteger a los Dreamers. Pero los líderes republicanos pueden estar preocupados por alienar a la base política de Trump, que exige mayor control fronterizo y la oposición a cualquier medida que otorgue estatus legal, o amnistía, a los inmigrantes indocumentados. Los escépticos dicen que el debate es inútil, señalando los anteriores esfuerzos en el Congreso para aprobar legislaciones para proteger a los Dreamers. Resulta extraño que Sessions fuera ahora la persona instando al Congreso a aprobar una legislación que proteja a los Dreamers, pues habrá que recordar que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, encabezó la lucha para detenerla y eso es el colmo de la hipocresía. Con la decisión de Trump, y en caso de que el Senado y la Cámara de Representantes no logren articular una ley a favor de los dreamers, estos jóvenes pasarán a ser nuevamente indocumentados —perdiendo eventualmente sus permisos de trabajo, seguro de salud y, en muchos estados, sus licencias de conducir. Los puestos de trabajos perdidos —alrededor de 30,000 al mes— costarán billones de dólares en impuestos y en la capacitación de personal
Así, mientras por ahora toda la atención se centrará durante los próximos meses en el Congreso, al menos 4 mil personas se manifestaron en Nueva York, a fin de mostrar su solidaridad con los llamados dreamers, por las consecuencias que sufrirán con la eliminación del programa DACA.
Los manifestantes se reunieron frente a la Torre Trump, en la Rotonda de Colón, a un costado del Central Park, con carteles donde denunciaban las políticas que consideran racistas y fascistas del Presidente.
La marcha fue una de las más numerosas demostraciones organizadas desde que el Gobierno anunció su decisión de eliminar el programa DACA que ha otorgado desde 2012 permisos de trabajo a más de 750 mil personas, 78 por ciento de ellas de origen mexicano.
Trump ha puesto el balón en la cancha del Congreso norteamericano donde la suerte del programa que nació de una orden ejecutiva del ex presidente Barack Obama aún no está echada. Los críticos al programa DACA aducen que es un ejemplo clásico de los excesos en que incurre el Poder Ejecutivo y que resta plazas laborales a los ciudadanos y residentes legales. También advierten que Trump enfrentaría una vigorosa oposición en caso de que hubiera roto su promesa de campaña.
Sin embargo, los múltiples defensores del programa dicen que los beneficiarios de DACA no deberían ser castigados por las decisiones tomadas por sus padres, y que ellos están llevando a cabo una contribución valiosa para la sociedad estadounidense.
