El argumento de los diputados locales para modificar el plazo de la reforma constitucional local para el sistema anticorrupción, es la búsqueda de una propuesta que permita cumplir con el objetivo de acabar con este problema. Lo delicado sería que en realidad lo que les mueve sea el reparto de los espacios, en particular en lo que se refiere al nombramiento del nuevo auditor superior y de quienes conformarán el futuro tribunal de justicia administrativa.
El plazo que tenían los legisladores para la reforma vencía el 26 de enero, según los primeros cambios que se hicieron a la Constitución local y que se publicaron en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 26 de noviembre del año pasado.
Ellos mismos especificaron en uno de los artículos transitorios que dispondrían de cuatro meses para completar la reforma constitucional y hasta el mes de julio para los cambios en la legislación secundaria.
El tiempo se vino encima y la reforma constitucional no avanzó, por lo que en lugar de trabajar a marchas forzadas, decidieron volver a modificar la Constitución y eliminar el artículo transitorio que les obligaba a aprobar el complemento. Ahora, mandaron todos los cambios hasta el mes de julio.
Si los legisladores no estaban listos y el consenso no se había alcanzado, aplazar la reforma es sin duda una buena medida. Hay muchas expectativas sobre el sistema anticorrupción porque ataca uno de los problemas más delicados que enfrenta el país; por ello, mejor que salga por consenso y en condiciones de cumplirse.
El problema sería que en realidad esté atorado en el reparto de cargos, pues entonces terminará sucediendo lo mismo que con otras reformas, que en el papel prometen y en la realidad sólo se convierten en una carga burocrática más.
Entre los nombramientos que serán claves en el nuevo sistema, está el del nuevo auditor superior.
Hay que recordar que tras la salida del cuestionado Alonso Godoy Pelayo, los diputados no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién sería su sucesor, por lo que tuvo que dejarse una encargada de despacho.
Ahora, junto con la reforma en materia de fiscalización, que será uno de los puntos centrales del sistema anticorrupción, también deberá definirse el perfil. En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya comienza a manejarse como la candidata del gobernador Aristóteles Sandoval a la actual presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei), Cynthia Patricia Cantero Pacheco. Según algunos priistas, la funcionaria también les permitiría conseguir los votos de los legisladores del grupo Universidad de Guadalajara.
Movimiento Ciudadano también reclama derechos sobre el nombramiento, aunque no han destapado sus cartas.
En cuanto al tribunal, todavía no ha terminado de desenredarse cómo se integrará y qué pasará con el actual Tribunal de lo Administrativo en el Estado.
Con todo esto, la ampliación del plazo se justifica, aunque ahora les toca a los legisladores ponerse a trabajar.
